La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto a otras organizaciones argentinas de la sociedad civil, pidió al gobierno nacional que la Argentina apoye de manera expresa y clara el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las organizaciones destacaron la deuda ética y política que Argentina mantiene con la Comisión y sostuvieron que honrar esa deuda requiere que nuestro país mantenga y exprese un compromiso público y contundente con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 3 al 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, se tiene previsto discutir las recomendaciones presentadas por el Consejo Permanente, que modificarían el funcionamiento del Sistema Interamericano y, en especial, el trabajo que realiza la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Entre las recomendaciones, se pretende equiparar los recursos de las diferentes relatorías de la CIDH, lo cual dificulta el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, pues esta es la única que debe recaudar sus propios fondos, no recibe recursos de la OEA, y en todo caso, los recaudados son insuficientes para atender la urgente situación que vive la Región. A su vez, se propone incluir todos los informes de las relatorías en un solo capítulo, cuando actualmente la Relatoría Especial hace un informe anual detallado por país sobre la situación de los Estados miembros de la OEA. Por último, se busca imponer un código de conducta a todas las relatorías, cuando hoy se rigen por el reglamento interno de la CIDH, y lo único que haría es añadir una fiscalización innecesaria de los Estados.
Las organizaciones argentinas firmantes (que incluyen al Foro de Periodismo Argentino, Poder Ciudadano y Fundación Igualitaria) destacaron la importancia de la Relatoría Especial en la promoción del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información en los países de la región. Consideraron que el rol de esa oficina es fundamental para echar luz sobre el estado de la situación de la libertad de expresión, principalmente a través de sus informes anuales. Su papel ha sido indispensable para demostrar la importancia que tiene este derecho fundamental en la consolidación de los estados democráticos en nuestra región.
En función de ello, las organizaciones firmantes solicitaron por carta a diversos funcionarios del gobierno nacional que nuestro país mantenga una posición clara de apoyo al sistema interamericano. Específicamente, solicitaron que la Argentina continúe apoyando la autonomía de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y que se oponga a cualquier iniciativa que debilite o restrinja al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fuente: ADC
IFEX-ALC apela para la protección del mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
En anticipación de la 42º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 3 al 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, las organizaciones integrantes de IFEX-ALC - una alianza de 16 miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) en América Latina y el Caribe - aprovechan la oportunidad de agradecer los importantes avances que el Sistema de Protección de Derechos Humanos ha cumplido y las intenciones de fortalecer todos los componentes integrales del sistema tanto a la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Estos avances han beneficiado no solo las organizaciones civiles como las nuestras, sino también han servido para vigorizar el posicionamiento de estados receptivos como representantes de la población en general. Además, han sido posibles porque la mayoría de los países que subscriben a los valores de la Carta Democrática muestran apoyo continuo para el sistema y, en particular, valor para el refuerzo mutuo del trabajo de la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Queremos llamar a su atención los logros significativos de la Relatoría Especial en el transcurso de su mandato, que reflejan el impacto significante y positivo para gobiernos y la sociedad civil y los cuales se ha convertido a la Oficina en un modelo para otros organismos continentales de derechos humanos:
- Impulsó activamente procesos de despenalización de la calumnia y la injuria en toda la región y especialmente del delito de desacato, que otorga especial protección a la reputación de los funcionarios públicos.
- Lideró con mucha fuerza, a nivel regional, junto con organizaciones de la sociedad civil, el movimiento a favor de la transparencia, que ha tenido importantes éxitos.
- Visibilizó los riesgos particulares que enfrentan los periodistas especialmente frente al crimen organizado y ha promovido de manera vigorosa la necesidad de crear mecanismos especiales de protección para salvar sus vidas.
- Impulsó procesos de lucha contra la impunidad con relación a los crímenes contra periodistas.
- Hizo visibles los mecanismos indirectos de censura a nivel regional, como por ejemplo la asignación arbitraria de la publicidad oficial o de las licencias de radio y televisión, entre otros.
En una carta el 11 de enero de 2012, IFEX-ALC destacó las tres recomendaciones preocupantes sobre el mandato de la Relatoría Especial, analizadas durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el 25 de enero de 2012, que en vez de fortalecer su trabajo, debilitan su mandato e autonomía para promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ante ello instamos nuestra preocupación por los siguientes temas con relación a las recomendaciones que sugerimos que fueran retiradas:
- Que la Relatoría deje de publicar anualmente su Informe Especial sobre el estado de la libertad de expresión en todos los países de las Américas, que la Relatoría incorpora al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de 10 años. Para las organizaciones que suscribímos este documento, este informe resulta fundamental para ubicar la problemática y los retos en materia de libertad de expresión en la región.
- Que al pretender igualar el financiamiento de todas las Relatorías sin aumentar a los demás con la intención de restarle el financiamiento específico a la de libertad de expresión que es la que tiene el presupuesto mayor. El financiamiento es garantía para que la Relatoria puede llevar acabo más acciones y tareas en la región.
- La creación del "código de conducta" para incrementar el control estatal de la gestión de las distintas relatorías. Sin duda, uno de los ámbitos que más gozamos en las democracias es la libertad de expresar lo que se recupera desde la realidad. Incrementar el control sobre la relatoría de la libertad de expresión podría limitar su derecho de decir y lastimaría a la región.
Sinceramente,
Article 19
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Asociación brasilera de Periodismo de Investigación, ABRAJI) – Brasil
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Association of Caribbean Media Workers (Asociación de Trabajadores de los Medios del Caribe, ACM) – Trinidad & Tobago
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) – México
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA) – Guatemala
Comité por la Libre Expresión (C-Libre) – Honduras
Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) – Argentina
Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios (Fundamedios) - Ecuador
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Colombia
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)– Perú
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS VENEZUELA- Venezuela)
Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión (OLA) – Perú
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) – Paraguay
Asociación Mundial de Radios Comunitarias América (AMARC) Latina y el Caribe
Una amenaza a la libertad de expresión
Por: Eduardo Bertoni
La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que comienza hoy en Cochabamba, Bolivia, parecería un encuentro más de los cancilleres de la región. Una reunión prevista para un par de días, con la aprobación de decenas de resoluciones, cuyo cumplimiento tendrá un leve seguimiento. Sin embargo, a pesar de las apariencias, estamos frente a una asamblea envuelta en un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.
Todo comenzó el año pasado. Un grupo de funcionarios elaboró un documento para "fortalecer" el sistema interamericano de derechos humanos. Su redacción, impulsada por Ecuador, encendió la alerta porque transformaría a la RELE en una oficina burocrática sin las luces y los brillos de los últimos años.
Cuando, a comienzos de 2012, ese documento se discutió en el Consejo Permanente de la OEA, hubo países como la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Estados Unidos que expresaron la importancia de respetar la independencia y autonomía de la CIDH y la RELE. Pero la historia siguió, y hoy estamos frente a la posibilidad de que se adopte una resolución que puede significar un grave debilitamiento de la Relatoría.
Las propuestas de quienes siguen a Ecuador para "fortalecer" el sistema interamericano de protección de derechos humanos apuntan, en realidad, a lo contrario.
Por ejemplo, la RELE ya no podría publicar un informe anual propio donde se denuncian violaciones de la libertad de expresión, separado del informe de la CIDH. Es decir, se pretende "fortalecer" el cuidado de los derechos humanos impidiendo que se publique un informe que lleva una práctica de más de una década. En lugar de pedir más informes especiales, se pide que uno desaparezca.
Asimismo, se argumentó que se "fortalecería" el sistema interamericano si la RELE no tuviera los recursos financieros que hoy tiene para dar paso a una distribución balanceada entre las otras relatorías de la CIDH. En lugar de más relatorías bien financiadas, se propone que la oficina para la libertad de expresión, cuya eficacia ha sido demostrada, no tenga los recursos que necesita.
La RELE opera exclusivamente gracias a contribuciones de Estados europeos y de nuestro continente, que, es de destacar, nunca suspendieron su apoyo por estar en desacuerdo con el trabajo de la Relatoría. Su presupuesto operativo, en términos comparativos y teniendo en consideración que es una oficina que debe atender las necesidades de todo el continente, es llamativamente bajo. Las recepciones y cenas que se organizan durante la celebración de la asamblea general posiblemente se acerquen a cubrir parte de los gastos de la RELE.
Debemos estar atentos al rol que en Cochabamba jugarán países como Brasil, Colombia y México. El primero, porque dada su relevancia global y su pasado de violaciones de derechos humanos, daría un pésimo mensaje al mundo si, en la asamblea, se suma a los que prefieren que el sistema interamericano de derechos humanos en la práctica desaparezca [Ayer, el canciller brasileño Antonio Patriota se manifestó a favor de las recomendaciones de reforma y dijo que "buscan que el sistema goce de la más elevada legitimidad"].
En Colombia y México, los periodistas viven una situación alarmante. Por eso, esos países deberían contribuir a un genuino fortalecimiento de la RELE, alejándose de las propuestas de Ecuador.
Afortunadamente, a otros países del hemisferio, estos intentos de grave debilitamiento (y no de "fortalecimiento") no los han tomado distraídos y han demostrado estar dispuestos a detenerlo justamente en la asamblea general. Ojalá que así sea.
Fuente: Diario La Nación
