Por: Alfonso Gumucio Dagron
El libro refleja el contenido de los trabajos presentados y de las discusiones sostenidas durante el seminario internacional “La radio local en América Latina: políticas y legislación”, que organizamos a fines del 2008 con Karina Herrera-Miller, Erick Torrico Villanueva, José Luis Aguirre y Cecilia Quiroga, con el propósito de alentar la reflexión y la discusión sobre las experiencias latinoamericanas.
Tanto para el seminario como para el libro tuvimos la fortuna de contar con un grupo selecto de 15 expertos internacionales, entre ellos Rosa María Alfaro (Perú), Néstor Busso (Argentina), Gustavo Gómez (Uruguay), José Ignacio López Vigil (Ecuador), Aleida Calleja (México), Jeanine El’Gazi (Colombia), Omar Rincón (Colombia), Cicilia Peruzzo (Brasil), Oscar Pérez (El Salvador), Carlos Cortés (Colombia), Carlos Rivadeneyra (Perú), Braulio Ribeiro (Brasil), Thomas Tufte (Dinamarca), Manuel Chaparro (España), y Christoph Dietz (Alemania), todos ellos con amplia trayectoria y ascendencia intelectual.
A ellos se sumaron los bolivianos Luis Ramiro Beltrán, Sandra Aliaga, Gastón Núñez, Carlos Arroyo, Andrés Gómez, Carlos Soria Galvarro, Fernando Andrade, Guimer Zambrana, Ana Limachi, y un centenar de representantes de radios locales y comunitarias de todos los rincones del país.
El libro recoge casi todos los trabajos que fueron presentados, ahora corregidos y ampliados. Sólo se auto-excluyeron los autores que no respondieron a nuestro llamado de enviar sus textos, pero añadimos un capítulo de Carlos Camacho quien no pudo participar en el seminario.
Tanto el seminario como el libro quieren ser un aporte a una discusión que parece encontrar muchos tropiezos. Cuando hace dos años nos lanzamos a esa aventura, creíamos que serviría para estimular el debate sobre la necesidad de contar con una legislación que pudiera amparar a las radios locales que sirven a sus comunidades con contenidos que promueven temas de educación, salud, agricultura y desarrollo en general.
Nuestro principal objetivo era promover el derecho a la comunicación que tienen todas las personas, y no solamente la libertad de expresión que defienden los periodistas y los dueños de medios de información, auto-designados “intermediarios” entre los ciudadanos y el poder político.
Hoy, dos años más tarde, pareciera que un grueso cristal blindado separa aspiraciones que tienen mucho en común, pues nadie niega la necesidad de fortalecer los derechos humanos y en particular el derecho a la comunicación, pero algunos piensan que una reglamentación no es la mejor manera de hacerlo.
Paradójicamente, en el campo de quienes afirman que “la mejor ley es la que no existe”, no están solamente los dueños de medios de prensa, radio o televisión (quienes prefieren operar sin responsabilidad social), sino las propias asociaciones de periodistas que –por timoratos o por cuidar sus empleos- defienden los intereses patronales. Esa alianza de facto es por demás curiosa si consideramos los innumerables estudios y análisis que revelan que los medios comerciales y privados, en su mayoría, no contribuyen a la educación, a la cultura o al desarrollo, sino que más bien envilecen con sus contenidos de vocación puramente comercial y con su avidez por la rentabilidad, la profesión de los periodistas, y por supuesto el imaginario de los ciudadanos que consumen esos productos.
En el campo de quienes están mejor dispuestos a hacer propuestas sobre políticas y leyes que regulen el ámbito de la comunicación y de las telecomunicaciones, hay algunas organizaciones tan importantes como la Fundación UNIR y la red ERBol (Educación Radiofónica de Bolivia); pero llama la atención la timidez de las carreras de comunicación de las universidades, y de la propia Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación (ABOIC), que permanece a la expectativa sin plantear propuestas concretas y sin saltar a la palestra de la discusión.
En el ámbito del Estado, que toma las iniciativas que debería tomar la sociedad civil, las contradicciones se agudizan, porque mientras algunos funcionarios declaran enfáticamente que el Gobierno de Evo Morales no tiene intenciones de propulsar una ley de comunicación, un grupo de reconocidos especialistas en el tema desarrolla propuestas -de manera más discreta- a la sombra de la Vice-Presidencia.
Es tan posible que la propuesta de un sector del gobierno sea muy buena, como que sea rechazada en plancha por los dueños de medios, las asociaciones de periodistas, y todos los opositores que no necesitan conocer los detalles para declararse en contra. A tan absurdo grado de polarización hemos llegado, que toda iniciativa desde el Estado corre el riesgo de darse de cara contra una pared de cemento, independientemente de sus contenidos.
Sin duda el propio gobierno del MAS es responsable, en la medida en que promueve la descalificación de toda oposición, no solamente de derecha. El gobierno vilipendia a quienes fueron sus aliados en la izquierda y a todos los que quisieran contribuir en el proceso de cambio desde una perspectiva progresista y crítica.
Lo ideal hubiera sido un proceso como el de Argentina, donde las organizaciones de la sociedad civil llevaron adelante un arduo trabajo de reflexión y discusión para buscar consensos, y luego, la propuesta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue debatida y aprobada en el parlamento de ese país, a pesar de los ataques furibundos de los grupos de poder que vieron afectados los intereses económicos y políticos que habían podido fortalecer a la sombra de las dictaduras militares.
El libro “Políticas y legislación para la radio local en América Latina” solamente aborda el llamado “tercer sector”, es decir una parte de los que debería abarcar una Ley de Comunicación amplia, pero es un aporte y ya quisiéramos ver pronto otras contribuciones similares referidas a los otros sectores, no solamente con relación a los medios privados y públicos, sino con una visión abarcadora y completa del derecho a la comunicación.
Fuente: Bolpress
