Por: Horacio Verbitsky
Ricardo Echegaray presentó su renuncia a la presidente CFK, quien no la aceptó. Ninguna posible lectura del operativo intimidatorio sobre la sede del Grupo Clarín lo deja bien parado: si lo ordenó cometió una torpeza, si sucedió sin su conocimiento, como dijo en su carta de excusas al editor Ricardo Kirschbaum, no controla el organismo.
El rechazo de su dimisión sugiere que el episodio no ha generado dudas sobre la lealtad del funcionario, que acompaña al matrimonio presidencial desde los tiempos de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, aunque sí acerca de su eficacia. Lo sucedido requiere una explicación que hasta ahora nadie tiene. La preocupación gubernativa es negar que la aparatosa inspección haya obedecido a una orden oficial, pero sin admitir que cualquier control impositivo pueda considerarse una agresión, como pretende el sector agropecuario, cuya dirigencia admitió que dos de cada diez contribuyentes evaden o eluden sus obligaciones tributarias. Esta superposición de objetivos acusa una cierta dificultad para establecer prioridades. En este caso lo fundamental es deslindar la responsabilidad por el desembarco en el multimedio de la calle Tacuarí. Al gobierno también le interesa determinar el grado y las formas de penetración de intereses económicos y de inteligencia en el aparato del Estado. Si algo está fuera de discusión es que a nadie perjudica más lo sucedido que al gobierno. El enrarecimiento del clima en torno del Grupo Clarín dificulta la sanción de la ley, porque todas las posiciones se tornan más rígidas. Concluida la ronda de audiencias, el gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en los puntos del proyecto que concitaron más cuestionamientos, como la autoridad de aplicación o el acceso de las telefónicas al mercado de la televisión. Pero ahora teme que aun así la oposición se abroquele en forma irreductible. En torno de Echegaray se afirma que el 3 de setiembre se elaboró el plan de inspecciones de grandes contribuyentes para el resto del año y que las empresas de medios recién figuraban para diciembre, una vez sancionada la nueva ley de servicios audiovisuales. El responsable del operativo fue el jefe de la regional sur metropolitana Andrés Vázquez, un personaje sobre el que ahora se fija la atención. Fue uno de los funcionarios que Echegaray apartó al asumir en la Aduana, junto con Carlos García Lorea, según recordó Martín Granovsky en 2005, cuando se descubrieron las valijas con cocaína que Southern Winds transportó hasta Madrid.García Lorea hizo la carrera en el organismo fiscalizador vinculado con la SIDE. Fue subdirector de la Aduana cuando el director era el actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien hoy es el más estridente objetor del procedimiento en Clarín, luego de declarar que los diputados de su provincia no apoyarían la ley audiovisual. Antes aún, García Lorea fue el investigador de la entonces DGI en el caso Konex-Salgado y asistió a una comida en la que se intentó extorsionar al empresario investigado para que arreglara su situación con el investigador. Con su presencia allí el extorsionador intentaba probar que no era un falso influyente. Desde su época de universitario, García Lorea estuvo muy próximo a Guillermo Yacobucci, un colaborador de la revista nacionalista católica Cabildo, en los años en que la publicación reclamaba a la dictadura extender la represión a cada vez más sectores de la sociedad. Los operadores judiciales de la SIDE incidieron en la designación de Yacobucci como subrogante en la Cámara Nacional de Casación Penal. Desde hace meses está firmando la puesta en libertad de militares arrestados por crímenes de lesa humanidad. Echegaray separó a Vázquez de la Aduana pero no está claro cómo reapareció en la AFIP, convertido en un talibán que no espera órdenes porque cree que sabe interpretar deseos. Si hay un lugar en el que el legado de la dictadura no se extingue es en la SIDE, cuyo hombre fuerte, Antonio Stiuso ya había querellado a los directivos de Clarín y La Nación, en otro flaco favor al gobierno de CFK, que igual que ahora, se enteró por los diarios. El proyecto de ley de despenalización de calumnias e injurias que la presidente anunció en el homenaje a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anulará esas querellas. Pero la comunicación audiovisual no es lo único que reclama cambios que la hagan más democrática. El camino al desastre está pavimentado de las buenas intenciones de Servicios fuera de control.
Entre avances y goles en contra
La Selección y la política, emparentadas. El operativo de la AFIP, una movida que no cierra y que hiere al Gobierno. Negociaciones y debates que aportan. Dos suecos mal parados en Rosario. La flexibilidad, requisito para ser fuerte. Qué pasa si la ley no pasa.
Por: Mario Wainfeld
“Los príncipes siempre cuidaron de no descontentar a los grandes hasta reducirlos al grado de la desesperación, como también de tener contento al pueblo.”
Nicolás Maquiavelo, El príncipe.
“Pero los grandes que me vi obligado a hacer se sienten furiosos cuando cesé un instante de colmarlos de bienes.”A la Selección de fútbol le falta sólo esa recaída pero forma parte del contexto general: en estos meses se ha puesto de moda el gol en contra.
Napoleón Bonaparte, Nota escrita al pie de la cita anterior
Nadie hizo más por diluir el potencial futuro de Elisa Carrió que ella misma. Carlos Reutemann se basta solito para empiojar su porvenir, que lucía venturoso el 29 de junio.
El oficialismo, que recobró ímpetus tras la derrota, consiguió las facultades delegadas y recobró el manejo de la agenda, también mete la pata con asiduidad. En la semana que hoy termina enturbió más que nadie la discusión sobre el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales con la torpeza del operativo de la AFIP en dependencias del Grupo Clarín.
Un operativo bullanguero, retractado con disculpas y un par de cesantías, parece dibujado a la medida de sus antagonistas. Si la intención era amedrentar, era imposible conseguirlo con un despliegue brancaleónico y un retroceso. No es sensato, tampoco, deducir que el oficialismo (duro cuando se lo propone) lanzó la medida y se detuvo ante su repercusión, que no superó en nada lo predecible. Ninguna explicación racional cierra del todo. Tampoco la tesis que expresó Aníbal Fernández: una traición interna de cuadros de la AFIP, ajenos a su titular. La hipótesis dejaría muy mal parado a Ricardo Echegaray, que no controlaría a sus propios empleados. Además, queda vacante un flanco explicativo: si fue así ¿por qué no hubo una reacción inmediata, desautorizando el operativo? El kirchnerismo suele tener reflejos rápidos y capacidad de verticalizar. Pasaron horas entre la supuesta sorpresa y la contraorden.
El cronista confiesa su limitación: ninguna explicación le encaja del todo, suponiendo a los actores racionales y dotados de información mínima. Con esa carencia, las interpretaciones son apenas especulaciones. Los hechos verificados perjudican al Gobierno en cualquier caso: lastiman el debate sobre la ley, favorecen el discurso autovictimizador y simplista del Frente del Rechazo.
En política la presunción de inocencia se invierte, sobre todo cuando se alega la propia torpeza. Para hacer creíble su versión, el oficialismo debería aportar pruebas contundentes, mientras la tribuna opositora vitorea el gol en contra.
Las audiencias públicas y el debate que se propaga en medios y espacios académicos son más satisfactorios y sistémicos. El desfile de expositores en Diputados mostró una superioridad de representación social a favor del proyecto. Las dos centrales de trabajadores, actores, directores de cine, docentes universitarios se pronunciaron muy mayoritariamente. Hugo Yasky, José Campanella, Víctor Hugo Morales se hicieron oír, con argumentaciones valorables cimentadas en sus trayectorias personales. Fue mucho más que una sucesión de la escudería K. También, como se contó en este diario, hubo empresarios que contaron maniobras de abuso de posición dominante que impiden, por ejemplo, que un importante programa sobre temas agropecuarios se emita en su terruño, la capital cordobesa, porque competiría con el Canal Rural del Grupo Clarín. Comunicadores alternativos y representantes de minorías hicieron sentir sus voces y reclamaron poder hacerlo en el ágora mediática.
El proyecto se viene macerando desde hace meses y sintetiza propuestas añejadas en décadas. Su redacción base circula desde hace meses lo que facilita el debate, así sea del lado de los cuestionadores.
Varios puntos fueron definidos como centrales, para mocionar rectificaciones o rechazos. La polémica tiene momentos racionales, aunque cuando se lleva a la tele prima el estilo Intrusos.
Un beneficio colateral, tardío pero valioso, es la propuesta de desincriminación de las calumnias e injurias. Se acata con mora un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Gobierno catalizó al allanarse a reclamos del periodista Eduardo Kimel. El oficialismo se avino a pretensiones de otras fuerzas, que instaban a ampliar el conjunto de leyes que defendieran la libertad de expresión. Varios potenciales aliados del Frente para la Victoria en el recinto empujaron la movida, también opositores frontales. Negociación, concesión o transacción son la savia misma del sistema democrático, aunque tengan mala prensa. La construcción de coaliciones transitorias, en pos de acciones progresivas, es un paso adelante, propiciado por los aires frescos que genera el debate.
Válido es que se aúnen fuerzas, máxime cuando hay destellos de provocación de la derecha autoritaria. Hay quien defiende paráfrasis del desacato en la Argentina. Tan es así que la diputada Cynthia Hotton (como informó la periodista Mariana Carbajal en una nota publicada pocos días atrás en PáginaI12) presentó un proyecto de ley que instala, por vía oblicua, una variante del desacato para quienes “agredan de palabra” a ministros de confesiones religiosas conocidas. Hotton revista en Unión PRO pero se acerca políticamente a Julio Cobos. El ejemplo sirve para demostrar (contra lo que predica la Vulgata dominante) que las pretensiones de acallar a la prensa no sólo emanan del poder político y que no todo es unanimidad a la hora de consagrar libertades públicas. Digresión escandinava: El politólogo sueco que hace su tesis de posgrado sobre la Argentina atraviesa un trance infausto. Su padrino de tesis, el decano de Sociales de Estocolmo, lo tiene a mal traer exigiéndole análisis racionales y prospectivos sobre la coyuntura. La seguidilla de predicciones desbaratadas, la crónica de errores y desmanejos, le pone los pelos de punta. Un mal día, el politólogo inventa una explicación conspirativa: la mayoría de los líderes políticos argentinos tiene el entorno infiltrado por sus oponentes. Se suceden módicas maniobras de corte renacentista: algún allegado hace beber al referente (o “referenta”) brebajes que inducen al error impensable. En verdad, quien había libado alcohol en exceso fue nuestro estudioso, herido por sucesivos desdenes de su amiga, la pelirroja progre que acompaña las propuestas del Gobierno pero no está convencida de ser kirchnerista.
El decano contrata y envía a este Sur al inspector Kurt Wallander, famoso integrante de la policía sueca. Formalmente, para que ayude al politólogo a internarse en esa trama de conspiraciones. Wallander trae también la misión secreta de investigar la condición mental del politólogo y sus manejos financieros. El susodicho trata de sobornarlo llevándolo a ver Argentina-Brasil, compra plateas costosas, no consiguen entrar a la cancha. El desenlace tiene un giro provechoso: el pesquisa escribe a Estocolmo y le sugiere a su contratante que Argentina escapa a la lógica cartesiana, que su clima preponderantemente templado es un engaña pichanga. “Todo es posible en este suelo, profesor. Por ahí, las divagaciones del politólogo son el único relato posible.” De cualquier modo, pide un refuerzo de honorarios y viáticos, más tiempo para profundizar su pesquisa y disca, como quien no quiere la cosa, el número de teléfono de la pelirroja.
Expresiones como “la madre de todas las batallas” no sacian al cronista que las juzga impropias para abordar la complejidad democrática. Claro que se trata de una ley esencial, relegada por correlaciones de fuerzas perversas hace demasiado tiempo. Por eso mismo, es un desafío para el oficialismo construir consensos amplios que limiten las ínfulas transfuguistas en el Senado y den cuenta del consenso social acumulado. Y, last but not least, que muestren al kirchnerismo generoso y con capacidad de sumar. Cuenta con una herramienta: mejorar el proyecto contemplando los reclamos del centroizquierda y el socialismo respecto de la autoridad de aplicación y el ingreso de las telefónicas en el mercado.
Como viene ocurriendo desde que se trataron las retenciones móviles, los operadores del FpV en Diputados tienen buen pulso para negociar acuerdos y captar el clima de la Cámara mientras en Olivos se propende a mayor cerrazón. La entidad atribuida al proyecto compele a la flexibilidad política.
Oficialistas y opositores que ansían un cambio en el paradigma de las comunicaciones masivas deberían preguntarse cuál es el escenario si la norma recibe votación no positiva. A los ojos del cronista, ese futuro está cantado: la entente entre radicales, Unión PRO, Coalición Cívica y peronismo disidente la diferirá hasta las calendas griegas, más allá de sus discursos reformistas. Incluso, desestimando eventuales reclamos de coherencia histórica que puedan tener legisladores radicales, en especial de la nueva camada que entrará al Congreso. Ese horizonte, debería formatear el manejo de quienes de buena fe quieren una nueva ley aperturista y antimonopólica.
Si Diputados aprueba el proyecto, se husmea un debate reglamentario de aquéllos en el Senado. Cobos ahora se propone como vanguardia del rechazo, tal como sinceró en un cónclave desairado por Elisa Carrió, Felipe Solá y Carlos Reutemann. Incluso auguró una “revisión” (en rigor, una derogación total o parcial) de la ley, si fuera aprobada antes del 10 de diciembre. No se aclaró si esa derogación implicará volver al funesto régimen vigente, que es lo que quedará si hay rechazo parlamentario. Todo eso se dirimirá más adelante, si la iniciativa pasa de pantalla.
Las distintas visiones del centroizquierda frente a la Ley de Medios
El vaso medio lleno o medio vacío
Las fuerzas progresistas debaten qué hacer frente al proyecto del Ejecutivo. Todas dicen estar dispuestas a acompañarlo si el oficialismo accede a realizar cambios, aunque algunos exhiben mayor voluntad de acompañar al oficialismo que otros.
Por: Santiago Rodríguez
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso una vez más las fuerzas de centroizquierda en la disyuntiva de rechazar la
iniciativa del Ejecutivo en caso de no conseguir las modificaciones deseadas o conformarse con los cambios que puedan realizar y acompañarla aun cuando no acuerden con la totalidad de su contenido. El debate al respecto corre en paralelo con el de la propia ley y si el tema se tratara mañana en el recinto encontraría otra vez al progresismo dividido: los legisladores del espacio liderado por Fernando “Pino” Solanas y los socialistas no parecen, tal como están las cosas, dispuestos a levantar la mano a favor del proyecto del kirchnerismo, a diferencia del resto de las bancadas progresistas que en última instancia la aprobarían, aunque sea en general. La discusión, de todos modos, sigue abierta y la foto de la votación dependerá de la redacción final del dictamen oficialista.La situación que plantea para el centroizquierda el debate de la nueva ley de comunicación no es nueva. La discusión de cómo plantarse frente a las iniciativas del oficialismo se repitió al cabo del último año cada vez que la Presidenta giró un proyecto de trascendencia al Congreso. Se dio durante el tratamiento de la vuelta al sistema jubilatorio de reparto que puso fin a las AFJP, la resolución 125, la estatización de Aerolíneas Argentinas y, mucho más acá en el tiempo, la prórroga de las facultades delegadas al Ejecutivo.
Como entonces, ahora también las posiciones en el centroizquierda están divididas, aunque todos aseguran que una nueva ley de comunicación es necesaria y afirman estar dispuestos a votarla si el oficialismo acepta introducir cambios a su proyecto. La cuestión a resolver es hasta qué punto exigir modificaciones: de un lado están los dirigentes de centroizquierda que dicen que es necesario negociar todo lo posible, pero sin poner en riesgo la sanción de la ley; del otro, quienes advierten que en determinados aspectos –como el ingreso de las telefónicas– no se puede estar parcialmente de acuerdo.
En este punto del debate, los primeros se imponen por ahora en número. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, el cooperativista Carlos Heller, quien llama a tener cuidado “de no caer en la trampa de buscar la perfección y dejar las cosas como están”. El electo diputado por el Encuentro Popular para la Victoria es de los que afirma que “el desafío es hacer el mejor proyecto posible, pero teniendo siempre claro que debemos reemplazar la actual ley” y advierte que el progresismo “podría terminar dividiendo los votos y siendo funcional a quienes quieren que todo quede como está”.
No opina lo mismo Claudio Lozano. “La decisión de dar curso al ingreso de las telefónicas termina de desnaturalizar el sentido por el cual se promueve la norma”, señala el diputado de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, quien explica que ese punto impide el apoyo aunque sea parcial del proyecto. Desde ese mismo espacio Solanas dijo ayer en sintonía con Lozano que es una “payasada” abrir el debate para modificar la actual ley de radiodifusión y después alentar la participación de las “telefónicas que son monopólicas”.
Proyecto Sur convoca a una manifestación frente al Congreso pasado mañana bajo la consigna “Sí a la ley de medios, no a las telefónicas” y para acompañar al oficialismo le reclama que el ingreso de las empresas de telefonía se postergue hasta que se revisen los pliegos de licitación de ENtel y los tratados de inversión. Muchos entienden que se trata de una condición pensada para que sea rechazada y que eso justifique después el no acompañamiento de la iniciativa.
“Algunos priorizan su conveniencia política partidaria y no la del conjunto de la sociedad”, denuncia Ariel Basteiro, del bloque Encuentro Popular y Social. Anotado entre los que se muestran proclives a votar junto con el oficialismo, Basteiro destaca que la bancada K “muestra voluntad de introducir cambios y mejorar la ley” y reflexiona que “hay que tener en cuenta quiénes apoyan: son organizaciones amigas, con cuyos dirigentes hemos coincidido en mayor o menor medida en distintos espacios políticos. Eso nos marca un camino”.
“La forma en que este gobierno aborda los temas y las trampas que subyacen detrás de sus planteos terminan prostituyendo las ideas. Con el campo hicieron lo mismo: valía lo mismo la oligarquía y los terratenientes que un chacarero. El socialismo se resiste a meter todo en la misma bolsa”, refuta Roy Cortina. El Partido Socialista ya advirtió que “así como está” no avalará el proyecto oficialista. “Era una excelente oportunidad para discutir con todos los partidos que siempre hemos trabajado por una ley de medios de la democracia”, lamenta Cortina.
“Yo no me paro entre quienes advierten que este gobierno está deslegitimado y no para de cometer errores, como lo de la AFIP en Clarín, y quieren quedar mañana bien parados políticamente. Entiendo esa lógica, pero prefiero ver que este proyecto es el resultado perfectible de un debate público dado durante muchos años por un actor social muy rico del campo popular al que yo aspiro representar”, plantea el diputado del SI Carlos Raimundi. Dice, además, pensar en “qué prefieren los grupos en cuyas manos no quiero que quede la Argentina” y subraya que la discusión de estos días “va desnudando cuántos ceros hay detrás de cada título de un multimedio y cómo los grupos poderosos utilizan cadenas de medios para lograr sus objetivos”. Pero deja en claro una cosa: “Consideraría una afrenta que, por un llamado de la Rosada a último momento todos los cambios quedaran en el tintero”.
Entre los que tratan de introducir cambios al proyecto del Ejecutivo con ánimo de avalarlo están también los diputados de la Concertación. “Tenemos que tratar de sacar la mejor ley y el Gobierno no debe cometer errores ni permitir que nadie los cometa, pero acá no hay posibilidad de estar en el medio: se está de un lado o del otro”, reflexiona desde ese bloque la radical Silvia Vázquez. También sostiene que “uno no se puede hacer el distraído y no darse cuenta de que la oposición no está discutiendo la ley de medios, sino embarcada en un proyecto destituyente junto a Julio Cobos” y declara que “nunca vi, como ahora, que haya diputados y senadores que reciten al pie de la letra el discurso que les baja una empresa”.
En medio del debate que una vez más se plantea en el centroizquierda, Martín Sabbatella realizó ayer un llamado. “En un tema de esta trascendencia sería importante que todo el progresismo tenga una opinión común”, expuso el diputado electo por el Partido Encuentro y exhortó también al oficialismo a aceptar los cambios a la iniciativa que impulsan las fuerzas progresistas.
Un hecho, dos reacciones
La peronista disidente Marta Velarde presentó un pedido de informes para que el Gobierno “explique los motivos” del operativo de la AFIP en Clarín, al que calificó como “un agravio a la libertad de expresión”, mientras que el Sindicato de Trabajadores del organismo recaudador sostuvo que se trató de “una inspección de rutina altamente profesional” y anticipó que no se “pedirá perdón ni habrá privilegios”. Velarde consideró que la inspección “se enmarca en una serie de agresiones a directivos, campañas difamatorias y fuertes presiones” contra Clarín y advirtió que “el Ejecutivo tiene que explicar los motivos” del operativo. “Los trabajadores simplemente cumplen con las tareas encomendadas. No vamos a permitir que se los maltrate o se le falte el respeto”, afirmó, por su parte, el gremio que agrupa a los empleados de la AFIP. El sindicato añadió que “si una empresa tiene sus documentos en regla y está al día con sus obligaciones fiscales, no debería sentirse perseguida por una inspección de rutina”.
Rossi rechazó modificar los "puntos antimonopólicos"
El presidente del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi, advirtió que esa bancada no debatirá los "puntos antimonopólicos" del proyecto de ley de medios, por considerarlos "medulares", aunque admitió que podrían revisarse tanto la autoridad de aplicación como el acceso, que afectaría a las telefónicas.
Rossi, por otra parte, calificó como una "amenaza" que desde la oposición se haya anunciado que, luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos diputados, se revisará la ley, si es que llega a ser sancionada como tal antes del recambio parlamentario. El legislador cuestionó la intención del vicepresidente Julio Cobos de que el texto sea revisado en más comisiones, al señalar que "si es así, no tiene intenciones de debatir, sino de dilatar el tratamiento, para que no se trate nunca".
El jefe de los diputados "K", además, dejó entrever la pretensión de tratar el proyecto esta semana, al expresar que "el martes" podría recibir el despacho de comisión y "ya podemos bajar al recinto" a debatirla.
Al respecto, dijo sentirse "confiado" en obtener los números de votos necesarios el martes, en el encuentro de comisión, ya que "venimos trabajando y dialogando mucho con los diferentes bloques".
Por ello, indicó a las radios Mitre y 10 que el proyecto original sufriría "modificaciones que nos plantearon varios bloques, seguramente en la autoridad de aplicación y en cláusulas más restrictivas al ingreso de las telefónicas".
Rossi planteó que se estudian "restricciones que tienen que ver con la cantidad de abonados para la competencia, para así habilitar el ingreso de las telefónicas" por las cuales "ningún sistema de cableoperador podrá tener más del 35 por ciento del mercado".
Igualmente, aclaró que el proyecto "tiene un fuerte espíritu antimonopólico" por lo que "todos esos puntos, la médula, no tienen que sufrir modificaciones".
Rossi se refirió también al operativo realizado el jueves último en el diario Clarín, por parte de inspectores de la AFIP, al que calificó de "torpe".
El diputado dijo esperar que "se conozcan a las responsables" del operativo "y sus motivaciones", y despegó a Echegaray de responsabilidad alguna en este hecho, al declarar: "es un buen funcionario, honesto y eficiente".
Echegaray aseguró desconocer tal operativo, y ordenó el sumario interno de dos directores de alto rango del organismo, aunque se investiga de dónde procedió la orden.
"Me dio una cuota de tranquilidad lo que dijo el titular de la AFIP (de que se buscará a los responsables), quien es un buen funcionario, honesto y eficiente", insistió.
Igualmente, dijo que quiere "que se conozcan a los responsables, lo que llevó a hacer una inspección de esas características" y dijo desconocer si se trató de una "mano negra" contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
"Fue torpe, pero la inmediata desmentida del titular de la AFIP me trajo tranquilidad", expresó Rossi.
La ley de medios y los porotos en el Congreso
Por: Mempo Giardinelli
De que la ley de servicios de comunicación audiovisual se apruebe, o no, depende en gran medida el futuro de nuestra democracia. No es exagerado decir que será una de las leyes fundamentales de esta República para los próximos años. Y después vendrá la Ley de Entidades Financieras, esa otra herencia maldita de la dictadura. Por eso hay tanta resistencia y se ha enturbiado el debate con la visión apocalíptica de quienes temen ver afectados sus intereses. Lo grave no es eso, sin embargo, sino cierta confusión que se ve en algunos sectores dizque progres que, a la hora de contarse los porotos, podrían votar divididos una vez más. Y tal como pasó con la 125, es posible que terminen alineados con los republicanos más diestros. Por ahora se los ve seguido en los programas que más atacan, desvirtúan y distorsionan el proyecto, llamándolo “Ley de Medios K”, una mentira. Lo saben los periodistas que se alinean con sus patrones con debida obediencia (vaya uno a saber qué dirían de estar desempleados o en otros conchabos) pero parece que lo ignoran los que van ahí a opinar y mayoritariamente a coincidir.
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo no es creación K ni mucho menos. Es producto de muchos años de lucha por el derecho a la información, y es el resultado de los famosos 21 puntos que en agosto de 2004 consensuaron 300 organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, las dos centrales sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, organizaciones sociales, movimientos cooperativos y pymes de la comunicación. La ley de facto 22.285, firmada por Videla en 1980 y que todavía rige –y ampara a los monopolios–, es un mamarracho jurídico insostenible, no sólo por su origen sino por las sucesivas enmiendas de todos los presidentes desde Alfonsín en adelante, incluyendo al binomio Kirchner, y que sólo sirvieron para favorecer los intereses de empresarios amigos del poder de turno.
Los monopolios son una de las más viejas lacras argentinas. Hemos sido siempre un país que estimuló legislativamente monopolios de todo tipo, y así nos fue y así nos va. Es hora de terminarlo: las condiciones están dadas y sería una maravilla que fuera precisamente esta ley la que señale un nuevo camino. Sobre todo si se logra que su espíritu y su letra antimonopólica no se desvirtúen después.
Es urgente sancionar esta ley. Y no importa en absoluto si responde a las convicciones del Gobierno o más bien –como pienso– a haberse dado cuenta de la gran metida de pata de Néstor Kirchner en 2005, cuando les concedió otra absurda prórroga a los concesionarios y abrió el camino a la fusión de Multicanal y Cablevisión, lo que fortaleció con desmesura a los actuales monopolios y concentró peligrosamente la (des)información en todo el país. Escribí entonces que el presidente estaba criando cuervos. Y así fue. La cuestión del llamado “campo” fue la muestra cabal de ese desatino político que también se debe cargar en la mochila de los desaciertos kirchneristas. Pero no por eso debe restarse apoyo a la nueva ley. Ni debe esperarse al 10 de diciembre, porque es válida toda sospecha de posibles nuevos cajoneos.
Y es claro que también hay que reconocer que el proyecto contiene puntos oscuros, que deben perfeccionarse en bien de la democracia y la información. Por caso, poner frenos estrictos a toda posible discrecionalidad; establecer controles plurales, democráticos y efectivos; y ni se diga de la sospechosa puerta abierta a las telefónicas. Porque el tema del triple-play es por lo menos peligroso, ya que el control de la fibra óptica puede condenar a la desaparición de los pequeños prestadores, si tecnológicamente las proveedoras de señales seguirán siendo las grandes corporaciones. Será cuestión de establecer reglas de juego claras y equitativas, así como normas y organismos de la sociedad civil para vigilar atentamente el sistema. No es imposible.
Y en ese sentido está muy bien que la oposición reclame cambios, garantías y seguridades antiautoritarias. Y mucho mejor está que los sectores progresistas –de Solanas a Macaluse, de Bonasso a Basteiro o de Lozano a Morandini, por citar algunos diputados/as– le muestren los dientes al Gobierno para que afloje en todo lo oscuro y confuso y acepte retroceder en aras de la claridad y las garantías que exige el derecho a la información, que es la versión popular, digamos, de la hoy empresarial libertad de expresión que hoy defienden paladines como la señora Bullrich, por caso, o la hasta hace poco ignota diputada Giudice.
Todo eso está muy bien. Pero lo que se diría que no está bien es cuando en los programas de tele donde uno esperaría que fuesen durísimos también con quienes los invitan; algunos progresistas en realidad terminan pegando palos solamente al Gobierno, al amparo de cartelitos que rezan “Ley de Medios K”, como si ellos compartieran esa mentira. Eso hace temer por el voto de algunos legisladores que, hasta ahora y por “no quedar pegados con los K” o por “diferenciarse”, parecerían capaces de terminar alineados una vez más con lo más reaccionario del país. Pobres de nosotros si algunos de ellos/as terminan votando en contra. Porque aun con sus errores e imprecisiones (corregibles antes de la sanción, si el Gobierno no repite necedades y torpezas, por difícil que les resulte) esta nueva ley tendrá la virtud principal de su claro contenido antimonopólico. Eso es lo que la hace tan necesaria y urgente. Será el mejor instrumento para frenar cualquier intento autoritario de pensamiento único, sea de éste o de futuros gobiernos, pero también –y sobre todo– de los monopolios mediáticos privados que hoy son los verdaderos dictadores de conciencia de la Argentina. Algo ya hemos ganado los argentinos: como sociedad avanzamos muchísimo, porque discutir esto que hoy discutimos era impensable hace cinco o diez años. Pero con eso no alcanza. Si, como parece, estamos asistiendo a un final de época, sería por lo menos incongruente que a la hora de la hora falten ciertos porotos.
Y en Francia también
El amplio sistema de medios estatales perdió el derecho a vender publicidad, una transferencia de recursos a los privados. Y el gobierno tendrá que pagar 450 millones de euros.
Por: Eduardo Febbro, desde París
El Ejecutivo conservador de Nicolas Sarkozy emprendió una controvertida y profunda reforma de la Radio Televisión estatal. Hasta el plan presentado por el gobierno, el audiovisual público estaba financiado con dos fuentes: los recursos administrados por el Estado a través de un impuesto de 150 dólares por año que los ciudadanos pagan y que entra en vigor en cuanto se compra un aparato de televisión, y los fondos de la publicidad, de origen privado. La reforma de Sarkozy fue votada en 2008 y además de la supresión de 900 puestos de trabajo en el grupo público France Televisions –los canales France 2, France 3, France 4, France 5 y France Ô principalmente– también apunta a sacar la publicidad de los difusores estatales en un proceso que abarca dos etapas. La primera, que suprime la publicidad entre las ocho de la noche y la seis de la mañana, ya se aplica desde enero. La segunda, la desaparición total de los avisos, entrará en vigencia en 2010.El Ejecutivo se comprometió a compensar los 450 millones de euros que la supresión de la publicidad acarrea, pero los adversarios de la reforma ponen en tela de juicio su validez, tanto más cuanto que durante la campaña electoral de 2007 Nicolas Sarkozy se había comprometido no ya a sacar la publicidad del sector público sino a aumentarla. Los críticos de la medida ponen de relieve dos problemas: el primero radica en que al privar de ganancias publicitarias a los canales públicos, éstos quedan enteramente en manos del Estado, con una autonomía reducida; el segundo, que la publicidad que no se difunde en los canales estatales va en beneficio inmediato del sector privado.
Los principales beneficiarios de la reforma audiovisual son los canales de aire que, además de recuperar publicidad tienen ahora permiso de poder operar dos cortes publicitarios durante la difusión de películas. La oposición socialista juzga que la reforma encarna “un auténtico retroceso democrático” ilustrado en el hecho de que, de ahora en más, es el Ejecutivo el que nombra al presidente del grupo de canales públicos. La polémica sobrepasó las fronteras de Francia y el primero de septiembre la Comisión Europea abrió una investigación sobre la reforma impulsada por Sarkozy. Los canales privados, con TFI y M6 a la cabeza, consideran en efecto que los 450 millones de euros que el Estado pagará en compensación por la publicidad son excesivos y que ese aporte desequilibra el proceso normal de competencia.
La reforma Sarkozy transfiere así capitales privados –publicidad– a los canales comerciales y fondos públicos a las cadenas estatales. A su manera, desviste un santo para vestir a otro al tiempo que acrecienta su control sobre el primero. Este cambio profundo suscitó un encendido debate y también la intervención de centenas de intelectuales, directores de cine y productores de radio y televisión. En una carta abierta publicada por el semanario Le Nouvel Observateur, el colectivo de “Los 500” –el número de firmantes del llamado– interpeló al presidente sobre el alcance de la reforma. Los firmantes estiman que la misma “hace pesar sobre el servicio público una profunda regresión”. Los 500 evocan un “retroceso de la historia” cuando critican el retorno de una práctica que imperó en Francia hasta los años ’80, cuando el Ejecutivo nombraba a los directores de los canales, los presentadores y jefes de información de los servicios informativos. Eso cambió a partir de 1981, luego de la victoria del socialista François Mitterrand en las elecciones presidenciales. A partir de ahí, el Ejecutivo aplicó una vasta reforma del audiovisual público. Sus principales ejes fueron la privatización de un canal, TF1, la creación de canales privados y de una Alta Autoridad del Audiovisual encargada de mantener un equilibrio entre los poderes en el momento de nombrar a los dirigentes de los canales públicos.
En lo que atañe a los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol, se adquieren por licitación. En principio, el servicio público no está excluido, pero este año los precios alcanzaron tales niveles que, por primera vez en 31 años, los canales del Estado se quedaron sin derechos para retransmitir un solo partido. De los 12 lotes propuestos para el campeonato de fútbol francés, Canal+ se llevó 9 con el pago de 600 millones de dólares para el período 2008-2011.
Fuente: Diario PáginaI12
