Martín Piqué, en el diario PáginaI12, abunda en detalles sobre el anteproyecto de Ley que lleva por título “proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se trata de un texto que hasta ahora tiene 100 páginas y cuenta con abundantes citas de legislación comparada. Es lo que en el derecho suele llamarse una “ley anotada”, un proyecto que para defender sus reglamentaciones se ampara en legislaciones que rigen en otros países. En este caso, el texto menciona leyes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Uruguay. El anteproyecto se está terminando de delinear en las oficinas del ComFeR. Sus reglamentaciones más importantes son:
- Reduce la cantidad de licencias de servicios que puede detentar un mismo operador. Según la ley actual, una empresa puede tener hasta 24 licencias. La idea es disminuir esa cifra a 10 o 12.
- Establece una división del espectro de frecuencias disponibles, en radio y TV, entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro (universidades, cooperativas, ONG, iglesias) y el sector público (Estado nacional, provincial y municipal).
- Determina que la TV por cable debe ser considerada un servicio público, y no un servicio complementario, como fija la ley vigente. El cambio permitiría que el Estado pueda supervisar las tarifas que cobran las empresas que se dedican al rubro, que se caracteriza por la concentración.
- Promueve que la digitalización favorezca la pluralidad de voces en vez de potenciar la concentración. La norma japonesa de TV digital, ya implementada por Brasil, sería más útil para este objetivo, aseguran.
- Levanta la prohibición existente para que las operadoras de telecomunicaciones -léase Telefónica y Telecom- puedan incorporarse al negocio de la radiodifusión con vistas al triple play (la posibilidad de brindar servicios de teléfonos, Internet y TV en un mismo soporte).
A la presentación fueron oficialmente invitados los gobernadores, legisladores nacionales del oficialismo y la oposición, la jerarquía de la Iglesia Católica, también representantes de las religiones judía y musulmana, las entidades empresarias de la comunicación (AdEPA, ADIRA, ARPA, ATA, ATVC), los secretarios generales de la CGT y la CTA, sindicatos del área, la comunidad universitaria nacional, las entidades que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una multisectorial que pugna por la sanción de una nueva ley democrática.
También se invitó a los embajadores de los países que aparecen citados en los párrafos de legislación comparada. Si los diplomáticos invitados hacen honor a las invitaciones, en el teatro se podrá ver al embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne, habitual visitante de varios propietarios de medios de la Argentina. La convocatoria se completará con miembros de los pueblos originarios que tienen radios cuya programación es transmitida en lengua indígena. También se espera que asistan el arzobispo Jorge Bergoglio, a quien el Gobierno invitó en calidad de titular del Episcopado, y el arzobispo de Mercedes, Agustín Radrizzani. La presencia de Bergoglio, que nunca tuvo demasiada empatía con el kirchnerismo, sería algo inédito.
El Teatro Argentino de La Plata es un lugar muy caro al kirchnerismo. Se trata, si hace falta recordarlo, del escenario preferido por el matrimonio presidencial para las ocasiones importantes. En sus instalaciones se lanzó la candidatura a senadora de Cristina Fernández en 2005, también allí se presentó la postulación de CFK para ocupar la Presidencia. Dentro de diez días, el teatro con mejor acústica del país -según algunos entendidos, compite con el Teatro Colón- será la plataforma de lanzamiento del nuevo proyecto oficial. En la Casa Rosada intuyen que el anteproyecto puede despertar resistencias entre los diversos sectores que se consideren perjudicados.
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