El CEO de Telecom Italia aseguró ayer que la empresa ejercerá un derecho de compra del porcentaje que está en manos de la familia Werthein. Por contrato podrían adquirirla a US$ 499 millones, pero los socios locales pretenden US$ 1.000 millones. La decisión de los italianos desató una seguidilla de operaciones de prensa: se hizo circular un supuesto informe de la Comisión de Defensa de la Competencia que obligaría a los italianos a negociar con un socio local para poder controlar la empresa. El elegido podría ser Clarín, al que el Gobierno le aprobó la fusión Multicanal-Cablevisión.
Por Rodolfo Barros, Diario Perfil
Con el anuncio se desató la última batalla por controlar la mitad del mercado de telecomunicaciones en la Argentina. Telecom Italia manifestó ayer su decisión de adquirir antes de fin de año la porción accionaria que el grupo Werthein tiene en Telecom Argentina, lo que, por un lado, significaría la salida de los dueños de La Caja y únicos controlantes argentinos de la segunda operadora del país. Por el otro, el reposicionamiento de los italianos en la empresa. Esto no sería llamativo, de no ser porque su principal rival local, Telefónica, compró una pequeña porción de la compañía en Italia, cuestionamiento que el Gobierno utilizaría para obligar a los italianos a encontrar un socio local que diluya su poder. El principal candidato podría ser el grupo Clarín.
La batalla es de alto voltaje: durante la tarde de ayer, varias redacciones recibieron un set de documentos que supuestamente pertenecen a la Comisión de Defensa de la Competencia que está estudiando el impacto en la Argentina del ingreso de Telefónica en Telecom Italia. Los mismos se basan en los informes de los veedores que entrevistaron a los principales gerentes de Telecom Argentina, y comentan las reuniones de directorio de la compañía para certificar lo que es conocido en el mundo de los negocios: que los accionistas no se llevan bien.
“Estamos teniendo algunas diferencias con nuestro socio local, pero mantenemos conversaciones con él al respecto. Definitivamente, nuestra voluntad es ejercer la opción de compra que tenemos”, dijo ayer Franco Bernabé, Consejero Delegado y CEO de Telecom Italia, en una deslucida conferencia para los inversores en Roma, que le respondieron con una baja del precio de la acción de 10 por ciento.
El socio local que le provoca dolores de cabeza a Bernabé no es otro que el grupo Werthein, considerado por el Gobierno como ejemplo a seguir por los empresarios locales. Los W adquirieron el 48% de Sofora, el corazón del control de Telecom Argentina, en 2003, cuando la salida de la crisis apenas se vislumbraba, aprovechando la retirada de la Argentina de France Telecom.
Desde el año pasado, “Los W” se quejan del trato que tienen con los italianos y piensan en su salida. Ocurre que en 2003 firmaron un contrato en el que le otorgan a Telecom Italia una opción de compra de su 48%, un tanto complejo: 30% a un precio fijo de unos US$ 99 millones. El 18% restante a valor de mercado, que se estima en unos US$ 400 millones.
En el mundo de los negocios se afirma que los W no quieren irse con sólo US$ 499 millones y pretenden hacer caer el acuerdo para que el 30% de las acciones se vendan también a precio de mercado, con lo que sumarían otros US$ 500 millones a su fortuna.
Así se explica que “Los W” sean los principales impulsores para que el Estado intervenga la compañía. El mes pasado lograron una acción judicial para que un veedor investigue si el desembarco de Telefónica en Telecom afecta a la competitividad del mercado.
Antes, en noviembre, la Comisión de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Comunicaciones nombraron a dos veedores para que hagan lo mismo.
Telecom Argentina es dueña de la mitad de las redes troncales de telecomunicaciones del país. Con ella se controla la mitad del negocio de la telefonía fija, un tercio del ascendente mercado de las comunicaciones móviles y la mitad del explosivo y redituable comercio de Internet. Este último es además una pieza clave en el mundo de los negocios ya que, a través de la red, los tradicionales operadores de telefonía también ofrecen un jugoso servicio de televisión paga.
Allí es donde entraría Clarín. El principal grupo de medios de la Argentina tiene buen trato con el Gobierno y hasta logró la aprobación para la fusión de las dos mayores compañías de cable, Multicanal y Cablevisión, con lo que controla ese negocio y tiene una posición dominante en algunas zonas del país.
Clarín le aportaría a Telecom los contenidos que no tiene para el negocio del triple play (el paquete de telefonía, acceso a Internet y televisión). Es por ello que, de acuerdo con lo publicado por revista Noticias la semana pasada (no desmentido por los italianos), Telecom Italia le pidió autorización al ministro de Planificación, Julio De Vido, para comenzar a negociar con Clarín.
De esta manera, el negocio de telecomunicaciones tendrá a Clarín y a Telefónica como principales exponentes.
Los documentos y la competencia
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) estudia las implicancias en la Argentina del ingreso de Telefónica en Telecom Italia. Para ello, designó a dos veedores en Telecom Argentina que están entrevistando a sus directivos y asistiendo a reuniones de directorio desde noviembre pasado.
Ayer, fuentes no identificadas distribuyeron en varias redacciones los documentos que contendrían los informes de estos veedores y un borrador de la resolución de la CNDC, que recomendaría no autorizar la operación.
Fuentes de la CNDC negaron que los informes distribuidos pertenecieran a ese organismo y aseguraron que faltan al menos dos semanas para que se dicte la resolución oficial.
En rigor, la CNDC debe primero decidir sobre una presentación realizada por el grupo Werthein, que denunció que Telefónica debería haber informado de la operación a la CNDC. Este proceso se realiza cuando el comprador toma una parte sustantiva de la compañía. No sería el caso de Telefónica que, según varios expertos consultados, en la Argentina tendría menos de 1% del control accionario de Telecom.
La CNDC estudiará luego los efectos de la operación, trámite que, se asegura desde ese organismo, demora no menos de otros seis meses.