domingo, 3 de enero de 2016

El gobierno podría sumar una denuncia penal por la Ley Audiovisual

Sergio Surano, ex director de Legales de AFSCA, advirtió que si publica en el Boletín Oficial el DNU cuya aplicación frenó el juez platense Luis Arias, estaría cometiendo un delito
Mientras se cuentan las horas para saber si el gobierno nacional finalmente publicará en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Medios, desde el kirchnerismo y sectores afines volvieron a advertir que, en caso de publicarse y efectivizarse, el DNU "no solamente sería nulo" sino que "el presidente Mauricio Macri estaría cometiendo el delito de desobediencia" a la contracautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias y podría quedar expuesto a una "denuncia penal" por infringir el artículo 239 del Código Penal, según consignó a Tiempo Argentino Sergio Zurano, ex director de Legales de la AFSCA despedido por orden del interventor Agustín Garzón.

Desde el gobierno, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad reconoció esta semana que mediante el decreto "se hizo una modificación parcial, urgente y necesaria" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mientras la administración nacional previó y anunció, antes del fallo de Arias, que el actual secretario de Medios del gobierno de la Ciudad, Miguel de Godoy, asuma mañana como titular del Ente Nacional de Comunicación (ENaCom), el organismo que fusiona la AFSCA y la AFTIC, las administraciones que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital (telecomunicaciones), respectivamente, normas que las nuevas autoridades pretenden derogar y fusionar en una sola legislación. "Tomamos la decisión de ir hacia una ley de convergencia digital, que será estudiada por el Congreso y llevará un tiempo importante. Serán por lo menos dos años, para que se tenga una ley que les permita a los medios expresarse y que la gente pueda comunicarse", justificó el ministro Aguad en declaraciones a una radio porteña.

También en declaraciones radiales, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay se mostró "en contra" de la sanción de este DNU al recordar que la Carta Magna "sólo lo permite en circunstancias excepcionales". Para el letrado, "aquí no hay excepcionalidad ni imposibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso".

Martín Sabbatella, por su parte, señaló que "la justicia prohibió expresamente tocar la actual regulación de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta tanto se resuelva si es legal o no el decreto con el que se intervino AFSCA. Por lo tanto, Macri tiene que respetar al Poder Judicial, al Congreso y a todas las instituciones democráticas y dejar de actuar como un patrón de estancia". El dirigente fue desplazado de la presidencia de la AFSCA junto al resto del directorio con otro decreto que dictó la intervención, por 180 días, tanto del ente que aplica la Ley de Medios como de la AFTIC. "Eso significa que no puede sacar el DNU que anunció el Jefe de Gabinete, mediante el cual quieren arrasar con la Ley de Medios, porque se lo prohibió la justicia", explicó. Desde Villa Gesell, donde varias organizaciones afines del kirchnerismo continuaron con las llamadas "Plazas del Pueblo", el dirigente acusó al actual gobierno de construir "una patria para pocos".

La causa que inició Arias, por disposición del magistrado, deberá ir a sorteo en el fuero Federal. La medida precautelar no modifica la intervención ni implica reposición de los directores desplazados. Pero sí suspende cualquier acción efectuada a partir del martes 29 de diciembre pasado, incluyendo las medidas anunciadas a partir de esa fecha. De manera que, si finalmente se publica el DNU anunciado, el gobierno estaría infringiendo la resolución judicial. En los hechos, la resolución de Arias anula la medida de disolver AFSCA y fusionarla con AFTIC, creando ENaCom, y suspende el despido de 15 directivos, además de todos los cambios anunciados a partir de allí en relación con la Ley de Medios. En términos políticos y jurídicos, el gobierno presidido por Mauricio Macri tiene dos caminos: apelar la resolución de Arias, para no exponer al presidente a una denuncia penal, o publicar el DNU y avanzar una vez más de facto para que Miguel de Godoy ponga en funcionamiento, de hecho, ENaCom.
Fuente: Tiempo Argentino

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