martes, 19 de enero de 2016

El negocio de la pauta contra la libertad de expresión

Desde la Red Nacional de Medios Alternativos - RNMA expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de prensa del Grupo 23, que hoy atraviesan momentos de incertidumbre por el futuro de su fuente laboral. A los despidos ya realizados se suman los salarios que les adeudan de varios meses y el aguinaldo del mes de diciembre.

Entendemos que la responsabilidad máxima de esta situación está en primera medida en los propios dueños de la empresa, Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, quienes ante el cambio de gobierno han encontrado el contexto para deslindar sus responsabilidades y dejar en abandono sus compromisos con los trabajadores y trabajadoras del grupo.

El argumento que esgrimen para esto es la pérdida del ingreso vía subsidios y/o pautas publicitarias que percibían de los gobiernos anteriores y que hoy golpea de lleno en la sustentabilidad de las empresas.

Queda demostrado el mecanismo que estos empresarios, para quienes la información es mercancía, implementan a partir del uso discrecional de la pauta; es decir, la construcción de grandes polos comunicacionales con estructuras basadas en el financiamiento estatal, que garantiza una ganancia limpia destinada en gran parte a los bolsillos de la Patronal pero deja a los trabajadores y trabajadoras a merced del cambio del poder político que dispone la pauta, siendo el primer punto de ajuste y por lo tanto los únicos perjudicados.

Ante la caída de estas empresas vinculadas al anterior gobierno y la rescisión de contratos con renombrados periodistas de público posicionamiento kirchnerista, como es el caso del despido de Víctor Hugo Morales por parte de Radio Continental, escuchamos en estos días la preocupación de quienes hasta ayer eran gobierno acerca de que en la nueva coyuntura se apagarían voces opositoras a la actual gestión.

Desde la RNMA entendemos que esta coyuntura es posible porque durante los últimos 6 años se perdió un tiempo valioso para aplicar cabalmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –LSCA- y avanzar verdaderamente hacia la democratización de la palabra. La apuesta de confrontar con el grupo Clarín y La Nación, vía el engorde de empresarios afines al kirchnerismo y desde el aparato comunicacional público estatal fracasó y la actual coyuntura deja en evidencia el castillo de naipes construido.

El actual contexto demuestra además que el discurso construido en torno al reconocimiento de los medios comunitarios o mal llamados sin fines de lucro, fue solo un fondo de escenario para legitimar la confrontación con las empresas de comunicación que no se amoldaron a las reglas de juego del gobierno pasado y para favorecer a empresarios que circunstancialmente se subordinaron.

NO creemos que la democratización de la palabra y las voces del pueblo vengan de la mano de un puñado de periodistas estrellas de millonarios contratos y menos de la mano de empresarios que usufructúan el dinero del Estado para enriquecerse. Menos aún creemos en la libertad de empresa que forja a decretazos el actual gobierno beneficiando claramente a un sector del poder económico las clases dominantes.

La situación de ilegalidad de los medios alternativos, comunitarios y populares de nuestro país ante la embestida neoliberal de Macri, es responsabilidad del anterior gobierno que poco hizo para dar reconocimiento y sustentabilidad al sector. Mientras millones de pesos llovían sobre el sector de empresarios afines al gobierno anterior y sus distintos medios, quienes desde la comunicación alternativa nos opusimos y nos continuamos oponiendo al modelo extractivista, represivo y de concentración de las riquezas, no hemos accedido a los recursos estatales necesarios para nuestro desarrollo ni nos hemos visto beneficiados con licencias que nos liberen del fantasma de los decomisos.

Desde los medios comunitarios, alternativos y populares y en particular desde la RNMA, levantamos bien alto la bandera que dice: “la Comunicación no es mercancía” y continuaremos llevando adelante múltiples construcciones comunicacionales que se basan en los conceptos de autogestión, autonomía y no jerarquía interna (horizontalidad) buscando formas de financiamiento que no generen dependencia política con ningún sector, sin dejar de lado nuestro compromiso con los intereses del campo popular.

Es por ello que continuamos exigiendo:
  • No al vaciamiento del grupo 23. Defensa de los puestos de trabajo y pago de salarios y aguinaldo adeudados.
  • La efectiva aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
  • La elaboración del plan técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro.
  • Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de los sin fines de lucro.
  • Apertura de concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.
  • Reapertura de AFSCA y AFTIC. Disolución del ENaCom
Red Nacional de Medios Alternativos

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