En el marco de la celebración del Día Mundial por le Derechos al Acceso a la Información, la ADC presenta el informe "Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina". El mismo sistematiza los argumentos jurídicos que cuestionan la utilización por parte del Estado de la Ley de Protección de Datos Personales para negar el acceso a información claramente pública
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta su informe Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina. El trabajo sistematiza los argumentos jurídicos desarrollados en cinco casos judiciales en los que la ADC cuestionó la utilización por parte del Estado de la Ley de Protección de Datos Personales para negar, de manera arbitraria, el acceso a información claramente pública.
En efecto, en los últimos tiempos hemos detectado que las autoridades recurren cada vez más a la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública. Sostienen que cuando la información solicitada sea “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables” quien solicita la información debe demostrar tener un interés legitimo en acceder a la misma. De acuerdo a la investigación Un derecho débil, difundida por la ADC en mayo pasado, ella es la principal excusa invocada por la autoridades para negar información en el orden federal. Y es el producto de una errónea interpretación del ordenamiento jurídico vigente.
Como consecuencia de ese diagnóstico, la ADC diseñó y llevó adelante una estrategia de litigio estratégico tendiente a cuestionar las razones ofrecidas por el Estado ante los tribunales. Para ello, buscó y tomó casos de interés público en los que el Estado invocaba estas razones para negar información. Así, patrocinó a la periodista Mariel Fitz Patrick y a los legisladores Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido –este último, recientemente– en amparos en defensa de su derecho constitucional a acceder a información pública. En los últimos dos casos, además, se cuestionó la afirmación del poder ejecutivo de acuerdo a la cual los diputados renuncian a su derecho constitucional de acceso a la información pública al acceder al Congreso de la Nación.
Los casos mencionados forman parte de una estrategia de litigio que tiene por objeto garantizar judicialmente el acceso a la información. Esperamos, además, que los tribunales locales se comprometan con una visión robusta del derecho de acceso a la información como lo hizo la Corte Suprema en el caso ADC c. PAMI, en diciembre de 2012. El máximo tribunal tiene en sus manos otro caso llevado adelante por la ADC en el que se cuestionaba –justamente– el uso de los datos personales como barrera al acceso a la información. Un pronunciamiento del tribunal sobre esta cuestión permitiría destrabar un conflicto interpretativo que, hoy en día, impide la plena vigencia de un derecho fundamental en una comunidad democrática.
En el documento Un mal balance, la ADC sistematiza los argumentos jurídicos utilizados en los casos mencionados en el párrafo anterior. Asimismo, se hace un un breve repaso por los cinco casos judiciales que integran nuestra estrategia de litigio. El trabajo es complementario de la investigación Un derecho débil: investigación sobre el acceso a la información pública en la Argentina, dado a conocer en mayo pasado.
Esta agenda de trabajo de la ADC se vincula con la necesidad de no retroceder en materia de acceso a la información. En el día mundial por el acceso a la información, que se celebra cada año el 28 de septiembre, se vuelve necesario recordar –una vez más– que avanzar en este agenda exige una ley nacional de acceso a la información que se adecue a los estándares internacionales que rigen en la materia.
Descargue los documentos aquí:
Un mal balance: los datos personales como barrera al acceso a la información en la Argentina
Un derecho débil
Para que el Derecho a Saber sea patrimonio de toda la sociedad
Cuando se cumple otro 28 de septiembre, Día Mundial del Derecho a Saber, el Sindicato de Prensa Rosario recuerda la importante deuda que los legisladores provinciales, y también los nacionales, tienen respecto de una ley de acceso a la información pública sin restricciones. En diciembre próximo se cumplirán 30 años del regreso al período constitucional en la Argentina, después de la sangrienta dictadura militar que se inició en marzo de 1976, y durante ese lapso fueron muchos los proyectos que en la materia hubo en los dos niveles del Estado, sin que se pudiera aprobar una norma que contemple el derecho a conocer la información que está en manos de los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La cultura del ocultamiento y el oscurantismo sigue primando por sobre la de la democracia y la transparencia.
El acceso a la información que poseen los distintos niveles del gobierno fortalece y profundiza el sistema democrático. A la vez que volvemos a reclamar por las leyes correspondientes, lo hacemos en cuanto a la imperiosa necesidad de divulgar y poner en conocimiento de la sociedad toda, los instrumentos que existen en la materia, como el decreto provincial firmado oportunamente por el entonces gobernador Hermes Binner, y las respectivas ordenanzas que rigen desde hace años en la ciudad de Rosario, en la de Santa Fe y en la de San Lorenzo, por poner sólo algunos ejemplos provinciales.
También existen normas similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en otros puntos de esa provincia, del país y el que tiene validez para el ámbito del Ejecutivo nacional (Decreto Nº 1132 firmado por Néstor Kirchner), pero en ninguno de los casos se llevó a cabo una campaña sostenida de capacitación ciudadana. Es necesario que las y los destinatarios de esas leyes puedan conocer el derecho que les asiste, de qué utilidad puede serles el conocer determinadas informaciones y cómo deben canalizar en cada caso los pedidos correspondientes.
El derecho que se consagró con esas leyes termina ignorado por las grandes mayorías y la realidad limita el ejercicio del derecho a la información a alguna ONG y muy pocos periodistas que lo tienen en cuenta.
En el Día Mundial del Derecho a Saber es necesario, además, volver a reclamar por la total aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, después de cuatro años en que fue sancionada. Y desde otro lugar expresar nuestra convicción de que el proyecto para la creación de Radio y TV Santafesina, Sociedad del Estado, debe ser modificado en la media sanción que le dio la Cámara de Senadores. Esa modificación que solicitamos tiene como objetivo adecuar su texto para consagrar un sistema de medios públicos plural, participativo y que sea una alternativa para tener un nuevo espacio de información y comunicación que recoja la voz de los más diversos sectores santafesinos.
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Sindicato de Prensa Rosario
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