Por: Omar Méndez
Septiembre y octubre serán meses clave para la suerte de la administración Kirchner y su fin de diezmar o exterminar al principal grupo de medios de Argentina: Cablevisión, la
cableoperadora de Clarín, una de sus mayores usinas de dinero contante y sonante, y Fibertel, su poderosa compañía de banda ancha, están en la mira. Para la Casa Rosada, ambas tienen los días contados. Clarín corre buscando techo y cubierta en los estrados judiciales, mientras que la ciudadanía sigue azorada los acontecimientos.Cada año de los últimos transcurridos, especialmente los del último lustro, la televisión de pago de Argentina ha vivido episodios que parecían merecer la tacha de “decisivos” para su suerte futura. Eso ha sido, simplemente, una presunción equivocada. El año en curso, en cambio, sí tiene merecimientos reales para ganarse tamaño cartel: nunca antes un Gobierno nacional había hecho tanto para mover cada ladrillo de la estructura del mercado nacional, poniéndose en las antípodas de la inacción histórica de todas las administraciones nacionales que ocuparon la Casa Rosada. Contra lo que puede suponer esta exposición extraordinaria de una intervención gubernamental en las suertes del negocio de televisión por suscripción, su móvil no ha sido ni será la construcción o el mejoramiento de un mercado desde hace años necesitado de reglas que contengan los avances tecnológicos y la seguridad jurídica para afrontar los tiempos ya presentes de convergencia de plataformas.
Con un fin claramente alejado del Bien Común, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, guiado por el ex presidente Néstor Kirchner, dispara munición gruesa al que considera en sus pesadillas el peor de sus enemigos, el Grupo Clarín. Para ello tramó una ley cuya matriz persigue la extinción del enemigo, no la construcción tan exigida por los players de la industria, los históricos y los nuevos. Para dar en el corazón del rival, hurga en su historia visos de alguna operación irregular. Cualquier argumento le será de utilidad para cargar sus cañones y embatir, brutalmente, fiel a su estilo.
Los Kirchner saben que, muerto o herido de seriedad el contrincante, no sólo callarán la voz crítica en un mar de medios de comunicación plagado de empresarios acólitos a fuerza del dinero público o de promesas de futuros premios, sino que también lograrán limpiar el campo para instalar “la nueva media” argentina, llena de panfletos oficiales, diarios serviles, radios propaladoras de las ganas presidenciales, televisoras al servicio de horas y horas de emisiones planificadas en la Rosada.
Todo ello, por supuesto, sostenido con publicidad oficial, es decir, pesos de la caja pública. Esa catarata de negocios “mediáticos”, a cargo del empresariado monaguillo -fácilmente detectable en estos días entre los aplaudidores en los actos públicos-, según sus críticos, aumentará el nivel de ingresos “oscuros” de los actuales administradores.
En este tramo de fuego cruzado, el blanco más visible lo representan los bienes “estratégicos” del Grupo Clarín, es decir, Cablevisión; su controlada de banda ancha, Fibertel; y la fábrica de papel de diarios, otro activo fundamental de Clarín, Papel Prensa.
Los Kirchner, en agosto, han comenzado un ataque central contra los tres pues los días pre-electorales están cada vez más cerca. En ese embate cuerpo a cuerpo, el Gobierno fija reglas de juego extremas, reñidas con la regularidad y los buenos procederes. Desconoce o ha decidido "desconocer" el impacto que tendrá en toda la industria que se mueve alrededor de la TV de pago argentina y de los medios de comunicación locales.
El hambre de poder y codicia ha sido la característica ya expuesta en las dos administraciones kirchneristas, aunque tapada “mágicamente” durante la primera gestión de Néstor Kirchner, gracias a grupos de medios que le fueron útiles y afines, Clarín entre ellos. La disputa abierta entre el conglomerado de medios y la presidenta, apenas ascendió al Poder -generado por un “desacuerdo” nunca confesado- ha llevado la situación a merecer la carátula de grave “in extremis”.
La batalla por Cablevisión. Al cierre de agosto, junto con Fibertel, apareció en el paredón de fusilamiento una de las mayores empresas de televisión de pago de Iberoamérica. Los investigadores de viejos trapos enlodados por algunas cuentas pendientes encontraron una mancha más en la historia de Cablevisión.
Alcanzó con ese detalle para que Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y representante de los cuadros más fieles de Kirchner, exigiera a Cablevisión su descargo por una serie de irregularidades administrativas, invocando la obligación de que se ajuste a derecho “completamente”. Precisamente un aspecto que ha sido violado de forma sistemática por el actual Gobierno.
"Una de las irregularidades es la superposición de licencias en la misma área, que transgrede todas las leyes y también la delegación de explotación, porque los abonados han recibido la facturación de Cablevisión por servicios que antes tenía Multicanal", sostuvo Mariotto, como dato amenazante, recordando los términos de la fusión, evidentemente desequilibrada para el mercado, y avalada completamente por la administración de Néstor Kirchner en los días de relaciones amistosas.
“De la fusión hubo un dictamen de Defensa de la Competencia, que establecía que, la operación de fusionadas no trasgredía la ley la defensa de la competencia, esto en tanto no violara otras leyes. El tema es que viola la nueva y la vieja ley de radiodifusión. Esto viene sucediendo desde 2007 y en esta instancia intimamos a que haga su descargo con plena constancia de que esto no se deja al usuario sin servicio”.
Esto es irresistible para el mandamás de la radiodifusión argentina, hasta el punto que explicitó la decisión de penalizar la operación, el objetivo central como antesala de su desguace.
“Desde De la Rúa no había posibilidad de comprar nuevos pliegos para poner nuevos cables. La conducta monopólica ha sido absorber pequeños cables y no había posibilidad de que hubiera nuevos licenciatarios, estaba suspendida la venta de pliegos y esto se fue normalizando con la plena vigencia de la ley”, citó Mariotto, con una displicencia propia de sabios. Lo que no dice Mariotto, porque habla desde el desconocimiento, es la total falta de interés por la industria mostrada históricamente por los distintos gobiernos, especialmente el de su actual jefe, Néstor Kirchner. Esa inacción no ha tenido como responsable a la actividad privada, sustentadora exclusiva y desarrolladora única del mercado de medios en la República Argentina, especialmente el que tiene que ver con la TV para abonados.
En caso de que el objetivo gubernamental llegue a buen puerto, alrededor de 1,2 millones de clientes de la cableoperadora estarían afectados y obligados a cambiar de operador. Además de los abonados de Buenos Aires, las intimaciones alcanzan las operaciones de Cablevisión en Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires; Villa María y Córdoba, en la provincia de Córdoba; la ciudad de Santa Fe; y Santa Rosa y General Pico, en La Pampa.
Banda ancha del enemigo en la picota. Fiel a su estilo, acostumbrado a violentar todo espacio que no le resulte útil o sea hostil o inconveniente para sus planes de negocios o simplemente crítico a su política populista y dictatorial, el Gobierno de Cristina Fernández y Néstor Kirchner fue por otra joya de Clarín durante agosto.
Otro funcionario del Gobierno, Julio De Vido, citando irregularidades cometidas en otras décadas, anunció la caducidad de la licencia de Fibertel, el negocio de banda ancha del conglomerado de medios. Si la Justicia no lograra frenar esta disposición abrupta de los Kirchner, Fibertel ya no podrá ofrecer los servicios de acceso a Internet al millón de clientes con los que cuenta. Apelando al conocido tono con el que el Gobierno acostumbra a dirigirse a lo que supone una población idiocia, De Vido aclaró que los abonados al servicio tendrán un plazo de 90 días para hacer la migración de datos, y agregó un dato extra: que “el millón de clientes de la compañía contará con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para migrar de proveedor”. Es decir: alarmó doblemente a la clientela de su enemigo, primero imponiéndole un rótulo de cosa juzgada a la resolución, algo mentiroso pues ignora el período de apelaciones lícitas; y, segundo, citando el asesoramiento de uno de los entes más discapacitados e inútiles de la historia democrática argentina.
Diputados de la oposición, representantes del radicalismo, el Peronismo Federal, el PRO y la Coalición Cívica repudiaron casi inmediatamente la decisión de “exterminar” la licencia de prestador de Internet. “Repudiamos la medida tomada por el ministro Julio De Vido, que, sin intimación previa ni habilitación de derecho de defensa, determina la caducidad de una licencia de prestador de Internet otorgada hace ocho años a la empresa Fibertel”, indicaron los legisladores. “En su batalla por controlar los medios de comunicación, el Gobierno vulnera los derechos y libertades y avanza hacia el dominio de Internet como una herramienta más para la hegemonía política”, agregaron.
Ante la sociedad, la voz de políticos opositores ha perdido fuerza y, consecuentemente, respeto. Sus viejas desuniones, riñas interiores, miserables aprovechamientos de las debilidades circunstanciales de alguno de sus pares, no han hecho otra cosa que minar la única pared democrática que puede defender a los ciudadanos de un Gobierno que abusa explícitamente del poder. La cultura del despojo y debilitamiento de toda fuerza que se interponga en el camino ha sido una constante en la administración kirchnerista. Minan un sector para luego asumir su control, sea para aprovecharlo demagógicamente o para explotarlo económicamente a través de grupos empresariales amigos-socios-funcionales.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) salió a repudiar la decisión del Gobierno, remarcando la decisión de favorecer a directas competencias del cableoperador con esta resolución.
“El Gobierno prohibió dar servicios de conexión a Internet al mayor operador de televisión por cable del país, mediante la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones, y propicia que los monopolios de telecomunicaciones se queden con el millón de clientes de banda ancha que tienen contratados esos servicios”, sostiene la cámara de cableoperadores. Y agrega: “El sector ya se ve seriamente amenazado por la puesta en vigencia de la Ley de Medios, que desalienta la instalación de redes modernas que sean una alternativa a las telefónicas. Ambas disposiciones convergen en la misma dirección: desmantelar la industria del cable en Argentina, y así afectar a empleados y empresarios”.
Precisamente ese último punto, el desmantelamiento de la industria de televisión de pago, es lo primero que logrará tamaño embate contra la propiedad privada y contra un mercado abandonado por los gobiernos y ahora atropellado brutalmente por una administración que carece de propuestas bienintencionadas y pro-bien público. La mácula perceptible en la actual ley de medios audiovisuales se hace evidente en muchos de sus articulados.
MiniPyMES y Contenidos. Las Jornadas de Cable seguramente serán un escenario ideal para ser escuchados. Hay un sector del mercado que será diezmado en el momento en que la ley de medios ya aprobada comience a tener efectos reales. Los cableoperadores micro, pequeños y medianos con actividad independiente en el interior del país finalmente han comenzado a cerrar filas y a armar un referente que les sirva de escudo para la gravosa situación a la que ha quedado expuesto este colectivo. Estos operadores, que no forman parte de los grupos predominantes en la televisión de pago argentina -lo que los debería colocar en las antípodas del objetivo belicoso de la presidenta Cristina Kirchner y de su esposo, el ex presidente-, están bajo el fuego abierto y alentados desde la Casa Rosada.
Ya está rodando el proyecto de constitución de la Cámara de Cableoperadores Pymes de Argentina para nuclear operaciones, que en su gran mayoría, no formaron parte de la oleada de compras por parte de los grandes grupos -en especial de Clarín- sobre todo por no tener la escala conveniente, y en menor medida porque los pequeños emprendedores locales se resistieron a las ofertas recibidas.
El colectivo entiende que pueden desaparecer cuando comienzan a disputar sus territorios con las cooperativas de servicios locales, que entran en la oferta de televisión de pago con la nueva reglamentación. También el colectivo se ha levantado contra la decisión del Gobierno nacional de lanzar un servicio DTH gratuito (usando dinero público) con más de 16 canales.
Este frente está constituido por más de 700 sistemas de cable que operan en pequeñas y medianas localidades del interior argentino. Todos ellos vienen alertando sobre la imposibilidad competitiva a la que los expondrá la nueva ley audiovisual, principalmente por acción de las cooperativas de servicios públicos que actúan como monopolios en cada uno de esos lugares, al ofrecer en una misma factura gas, agua, luz y telefonía. A esa oferta, en la que también figura acceso a internet, sumarían ahora televisión multicanal. Los sistemas de cable no tienen acceso al triple play, lo que los dejaría en una posición insostenible.
Otro colectivo fundamental para el negocio es el de los programadores de canales de pago. Varias de las compañías de origen argentino, y la gran mayoría de los internacionales que cubren el mercado local y latinoamericano, están exponiendo su voz ante las autoridades para que revisen los articulados que los afectan. De no sufrir una marcha atrás tales disposiciones, son muchas las programadoras que verán afectado su futuro en el mercado argentino.
Fuente: TodoTV News
