Por: Andrés Sanguinetti
A pesar del reposo que Néstor Kirchner debe realizar por orden médica luego de la angioplastia a la que fue sometido el sábado pasado, la embestida que el ex presidente y el Gobierno en general han encarado
en contra del Grupo Clarín continuará y tendrá nuevos y fuertes capítulos durante esta semana.Seguramente se volverán a librar batallas en todos los frentes abiertos hasta ahora (Papel Prensa, Fibertel, ley de Medios Audiovisuales, entre otros). Pero el más sobresaliente tendrá que ver con Cablevisión. En la principal operadora de televisión por cable del país se encendieron las alarmas durante este fin de semana a la espera de una importante decisión que tomaría el Poder Ejecutivo: la intervención de la empresa. Es decir, la designación de un representante del Estado copiando en cierta forma el ejemplo de Papel Prensa, donde se nombró a Beatriz Paglieri como coadministradora de la compañía.
Los argumentos para designar un delegado oficial tienen que ver con los conflictos que acumula Cablevisión y que, según la reglamentación de la Ley de Medios Audiovisuales, podrían poner en riesgo la continuidad del servicio. De hecho el artículo 50 del decreto reglamentario de la legislación establece que en las empresas de medios que se encuentren bajo sumario, por ejemplo, por transferencias societarias que no estén definitivamente aprobadas, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podrá nombrar un delegado coadministrador.
Y el tapiz de sumarios abiertos a la compañía, que a esta altura superan los 28 expedientes, la hace pasible de la aplicación de ese artículo. En Cablevisión lo saben y sus ejecutivos creen que la designación de un interventor estatal es cuestión de tiempos. Sin embargo, Gabriel Mariotto, titular del organismo que sucedió al ComFeR, le dijo a El Cronista que no se analiza dicha posibilidad y que “la empresa fue notificada para que presente documentación” vinculada con una serie de supuestas irregularidades por la superposición de licencias para operar en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 10 localidades del país. En este caso, la empresa tenía hasta el viernes para presentar una gran cantidad de documentación solicitada por AFSCA. En Cablevisión aseguraron haberlo hecho pero aclararon que no existen incumplimientos de ningún tipo y que las acusaciones del organismo oficial no tienen fundamento y forman parte de la campaña de persecución encarada por el Gobierno contra el grupo Clarín.
“Nos acusan de duplicidad de licencias que ya devolvimos y eso es lo que hemos aclarado en la presentación del viernes que en el Gobierno no nos querían recibir y por lo cual tuvimos que organizar un importante operativo para que finalmente nos aceptaran los papeles”, sostuvieron fuentes de Cablevisión.
Por su parte, Mariotto explicó que la empresa pidió vista del expediente “para ganar tiempo”. Y agregó que “de acuerdo a la documentación que hayan presentado se analizarán los pasos a seguir”.
Cablevisión también cuestionó la nueva disposición de la grilla, y sostuvieron que el Estado no puede inmiscuirse: “Es inconstitucional lo que están haciendo porque esta es una empresa privada, que invierte a su propio riesgo, no es una concesionaria de un servicio público”, advirtieron.
Fuente: Diario El Cronista
