Por: Javier Calvo
“La Verdad”. CFK presentó el informe oficial el 24/8. Ahora llega la denunciaEl escrito, al que accedió Perfil, lleva la firma del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el patrocinio del procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha. Allí, a lo largo de dos centenares de páginas, se describe el presunto traspaso irregular de las acciones de la empresa Papel Prensa (principal fabricante de papel para diarios del país) de la familia Graiver a Clarín, La Nación, La Razón y al propio Estado.
Por aquella transferencia accionaria de fin de 1976 y principios de 1977, en plena dictadura, serán denunciados penalmente por extorsión, amenazas, tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestro y homicidio los ex jerarcas Jorge R. Videla, Emilio Massera, José A. Martínez de Hoz y Raymundo Podestá (ex secretario de Desarrollo Industrial), en calidad de autores y coautores de esos delitos.
La acusación abarcará también a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (principales accionistas de Clarín) y Bartolomé Mitre (director de La Nación), en calidad de “partícipes necesarios”.
La novedad, si es que así se la puede considerar, no termina ahí. Como los delitos de los que se acusa son considerados de lesa humanidad –esto es, imprescriptibles y no excarcelables–, la denuncia reclama la “inmediata detención” de todos los involucrados. Videla y Martínez de Hoy ya están privados de su libertad por otras causas. Massera, también condenado, está alojado desde hace años en el Hospital Naval. La orden de arresto recaería entonces sólo sobre Podestá, Mitre, Herrera de Noble y Magnetto, quien semanas atrás hizo referencia a la posibilidad de ser detenido.
Las penas previstas para este tipo de delitos pueden llegar hasta la reclusión perpetua, condena que puede abarcar tanto a autores y coautores como a partícipes necesarios.
Pero hay más. Decidió incorporarse a la acusación la figura del homicidio. Es con relación al secuestro y posterior muerte bajo tormento de Jorge Rubinstein, que era abogado de los Graiver.
Sr. juez. La denuncia de Duhalde/Da Rocha se presentará la próxima semana y tendrá como destino la Unidad Fiscal especial de delitos de lesa humanidad de La Plata, donde ya hay una investigación iniciada por el pase de las acciones de Papel Prensa. A las manos de los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro llegó la papa caliente de parte del juez platense Arnaldo Corazza, que lleva las causas de los centros clandestinos de detención del llamado “circuito Camps”. El secretario de Derechos Humanos fue el iniciador de ese expediente especial sobre Papel Prensa, hace cuatro meses, donde entre otros ya declararon Rafael Ianover, Osvaldo Papaleo y Lidia Papaleo (testaferro, cuñado y viuda de David Graiver, respectivamente). Duhalde ahora busca ponerle la frutilla al postre.
La cena empezó a servirse el 24 de agosto, cuando Cristina presentó en la Rosada el informe de
Guillermo Moreno sobre Papel Prensa. En ese marco, anunció que el tema iba a ser puesto en manos de la Justicia y que el Congreso iba a recibir un proyecto para que la fabricación de papel para diarios fuera de interés público. Cuatro días después, Perfil reveló que el kirchnerismo quería ver preso antes de fin de año a Magnetto, el CEO de Clarín, según admitían dos funcionarios.Aquella parecía ser la apuesta mayor del acto liderado por la Presidenta. Ello no sólo no sucedió, sino que Clarín y La Nación contraatacaron con el testimonio ante escribano de Isidoro Graiver, hermano del fallecido David, en el que aseguraba que la venta de acciones de Papel Prensa había sido poco menos que una operación normal. Esa aparición generó algunos pases de facturas en el oficialismo, con epicentro en Moreno, hacedor del informe “La Verdad” junto a su fiel Beatriz Paglieri.
Giro. Acaso por este y otros deslices, la denuncia del tándem Duhalde/Da Rocha no se sostiene básicamente en el documento morenista.
Por caso, de acuerdo a lo observado por este diario y según reconoció una fuente con acceso a ambas investigaciones, apenas unas cuatro o cinco páginas del escrito que irá a La Plata fueron tomadas del informe de Moreno. El secretario de Derechos Humanos y el procurador del Tesoro prefirieron incorporar sustancialmente el dictamen de hace 22 años del entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas.
En aquel trabajo, que demandó cuatro años, Molinas concluyó que las máximas autoridades de la dictadura “tomaron la determinación de liquidar el grupo” Graiver y que “decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas”.
Molinas había tomado declaración tanto a Lidia Papaleo como a Isidoro Graiver, quienes cobraron indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado y por haber sido despojados de numerosos bienes. En aquel testimonio, Graiver relata las presiones que padecieron, lo que fue retomado en la denuncia del Gobierno como otro intento de intentar desacreditar la postura de Clarín y La Nación.
Papaleo también se refirió ante Molinas a las presiones para vender. Su declaración no fue tan concluyente como su reciente reaparición en el informe “La Verdad”, su posterior comparecencia en el juzgado de La Plata y sus dichos públicos, todos incriminatorios acerca del rol que cumplieron los diarios que se quedaron con la propiedad de Papel Prensa hace más de treinta años.
Del informe de Moreno al del fiscal Molinas
Brindis. El presidente de facto Jorge Videla celebra en 1978 con Ernestina Herrera de Noble la inauguración de Papel Prensa.El Gobierno tenía la intención de utilizar como base de sustentación de su denuncia penal las 26 mil fojas del informe “Papel Prensa. La Verdad”, fogoneado por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y Beatriz Paglieri, ladera del funcionario y directora estatal en PP.
La súbita aparición del hermano de David Graiver contradiciendo ese informe motivó no pocos enojos en el oficialismo. Hasta el periodista Horacio Verbitsky (insospechado de destituyente) consideró que fue hecho con los guantes de box de juguete con los que Moreno chicaneó en PP.
Tal vez por estos resbalones, el secretario Duhalde y el procurador Da Rocha prefirieron tomar el dictamen del ex fiscal Ricardo Molinas como base de la denuncia de 200 páginas. Allí, Molinas acusaba a Videla, Massera, Martínez de Hoz y Podestá de encubrimiento, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. De lesa humanidad, nada.
Y en cuanto a los diarios, Molinas concluyó que no tenía pruebas para incriminarlos y que aparecían como compradores “de buena fe”. Eso, claro, no fue tomado por la denuncia oficial. Habrá que ver si las pruebas que se presentan tuercen la historia o la convierten en una parodia.
Fuente: Diario Perfíl
