Silvana Giudici (42), está en el ojo de la tormenta. Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, Diputada Nacional por Capital Federal, radical, y por segundo período en el Congreso de la Nación; esta mujer de carácter
firme es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, y tiene un rol clave en el tratamiento legislativo, y político, claro; de la Ley de Medios que ha enfrentado al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner con casi todos los medios audiovisuales del país, en una guerra que tuvo principio, y que nadie sabe cuándo va a terminar.La diputada Giudici llegó anoche a Mendoza. Hoy va a participar del foro organizado por la Cámara de Diputados de la provincia, en el Centro de Congresos y Exposiciones; el mismo que fue denunciado por la organización kirchnerista Carta Abierta, que alertó sobre la “claudicación” de la Legislatura local, y anunció que organizaciones afines al gobierno nacional se movilizarán hoy al lugar en el que los interesados en esta ley se reunirán a debatir sobre el polémico instrumento.
El proyecto de ley del oficialismo tiene varios puntos de discordia. Entre ellos, la conformación de la autoridad de aplicación, la revisión bianual de las licencias, el plazo que se otorga para vender medios y acomodarse a las nuevas condiciones, la posibilidad de su expropiación, la invalidez de los derechos adquiridos, y una larga serie de contenidos que –al decir de la oposición y de los grandes multimedios- significan un avance sobre la libertad de prensa y la destrucción de la industria audiovisual argentina, y esconde la intención del oficialismo de confeccionar un multimedios estatal, virtualmente monopólico, para ponerlo al servicio de las necesidades políticas de los Kirchner a través de sus amigos.
Compartimos algunos minutos con la diputada Giudici a su arribo a Mendoza. Y lo que sigue, es el resumen de lo que piensa sobre esta ley, y sus temas relacionados, en los que viene trabajando desde hace cuatro años, y con más intensidad desde hace dos años, cuando apareció el primer anteproyecto oficial.
¿Cuáles son los principales aspectos negativos que ven en esta ley?
Creo que la autoridad de aplicación, que es algo que todos señalamos, está constituida de manera discriminatoria. Así como está depende del Secretario de Medios, es decir, funcionario del Poder Ejecutivo que reparte la pauta oficial y que tiene la relación gubernamental con los medios. Esto en sí mismo es un contrasentido. Y la composición en sí de la autoridad también es objetable. Dos miembros electos por el Congreso, y otros tres a discreción por el Poder Ejecutivo Nacional. Además, la cantidad de competencias que reúne esa autoridad es casi única en el mundo en materia de regulación. Tiene muchas más competencias que la ley vigente. Por ejemplo, en el artículo 41 esta autoridad se reserva el derecho de revisar cuáles son tus intereses comunicacionales antes de darte una licencia, lo que abre la puerta a la discrecionalidad. Después, la revisión bianual de las licencias... El oficialismo dice que es por razones técnicas, pero la verdad es que facilita los condicionamientos editoriales. Otros dos artículos, el 38 y el 39, indican que a partir de esas revisiones, se pueden cambiar las reglas por las que se dan las licencias. Es decir, cambiar las reglas de juego. Si lo que se busca es una revisión técnica, hay que redactarlo de otra manera.
Este proyecto es además inseguro jurídicamente. Hay un artículo que dice que ni el actual régimen ni el que se sancione podrán alegarse como derecho adquirido. Eso va en contramano de la jurisprudencia.
Finalmente, el artículo que le abre el negocio a las telefónicas –en realidad a una de ellas, a Telecom- va a generar competencia desleal y reconcentrar el mercado. Se dice que se quiere favorecer la pluralidad, pero la verdad es que el ingreso de alguien tan fuerte como una telefónica, que va a competir con los grupos grandes que ya existen, va a hacer desaparecer a los medianos y pequeños.
Bueno… Hay gente que ha invertido mucho y se viene preparando para la oferta del “triple pay” desde hace rato…
En verdad, cambiar la política audiovisual sólo desde la radiodifusión no tiene sentido. Las telefónicas tienen una prohibición expresa de participar en la radiodifusión por 99 años, producto de su propio marco regulatorio, y esta nueva ley no lo deroga. Pero supongamos que se las puede obligar a pagar una compensación, ya que cuando asumieron el servicio pagaron más barato precisamente por que no podían ingresar al negocio de los contenidos. Lo que va a ocurrir es que no se van a generar las condiciones que este gobierno tanto declama.
¿Es verdad que esta nueva ley cambia “un monopolio por otro”?
Así es. Lo advertí hace dos años, cuando apareció el primer borrador de anteproyecto.
¿Pero usted está de acuerdo en tener una nueva ley de radiodifusión?
Sí, por supuesto.
Pareciera que este proyecto, tal como está; declama una cosa, y hace otra. ¿Quién puede no estar de acuerdo con desconcentrar, y con democratizar la información? Pero después en el articulado se hace algo diferente. ¿Cómo sería una ley de radiodifusión aceptable para la oposición?
Debe ser una ley objetiva que fije condiciones equivalentes e igualitarias para todos. Una ley no puede estar redactada desde un conflicto, o con el objetivo de perjudicar a alguien. Esto está mal. Y más, cuando una ley promueve además situaciones tan caprichosas como ésta –por ejemplo, sólo una de las telefónicas puede ingresar al negocio, por la limitación de la ley de Bienes Culturales-, o que quien tiene televisión de aire no puede tener un cable…
¿Por qué el oficialismo se afirma en este punto, si el cable no forma parte del espectro radioeléctrico?
Ese es el problema de esta ley. El proyecto va tocando cuestiones particulares en función de a quién se quiere perjudicar, y a quién beneficiar. Está pensada para la coyuntura y para las necesidades inmediatas del gobierno. No va a servir. Nosotros queremos una ley que sirva, que forme parte de una política de Estado en materia de libertad de expresión, de acceso a la información pública –algo a lo que este gobierno se ha negado de manera sistemática- de uso de la publicidad oficial que ahora se reparte de manera escandalosa, tiene que haber una ley que despenalice calumnias e injurias porque así se protege la labor periodística… Con mucha sorpresa vimos que la presidenta envió este proyecto el viernes. Tiene que garantizarse la transparencia en la relación medios-gobierno. Esa es la manera de generar una política de Estado. Y no con leyes parciales, destinadas a perjudicar o beneficiar a determinados actores. Este gobierno declama tanto la participación, la igualdad, la democratización, y en realidad van a concentrar mucho más todo, haciendo a los medios más dependientes. Lo que el Estado debe garantizar es generar una matriz de medios plurales e independientes. Esta ley, si se sanciona como está, va a consagrar precisamente la falta de respeto por la ley y la inseguridad jurídica.
¿En qué afecta esta ley al consumidor concreto, a la gente común, al que prende el televisor para informarse o entretenerse?
Nuestra industria audiovisual, que hoy exporta contenidos al mundo, que es perfectible seguramente, va a sufrir. ¿Quién va a querer producir ficción con estas condiciones? Las nuevas condiciones que se imponen, plenas de restricciones, van a impactar en las productoras. Por más que se quiera favorecer la industria independiente, la generación de contenidos de empresas más pequeñas, no es fácil sustituir una cosa por la otra. Vamos a tener que importar contenidos enlatados de Venezuela, o de Colombia, y en un año más, cuando venza el plazo de la ley para que las empresas se adapten a la nueva realidad y vendan sus canales, los argentinos vamos a ver cómo desaparecen del aire cosas que estamos acostumbrados a ver. Habrá menos posibilidad de elegir lo que uno quiere ver.
Esta ley abre en cada artículo una caja de Pandora. Veamos por ejemplo la prohibición que se impone a los cables de tener más de una señal de producción propia. En la Argentina ni siquiera la televisión abierta oficial, Canal 7, llega a todos lados. Los cables, en su mayoría PYMES que han subsistido con gran esfuerzo, han cumplido un rol social y cultural fundamental. A esos pequeños cables, como a los grandes, le van a prohibir más de una señal de generación propia. Va a tener que concentrarse en una sola señal.
La ley vigente permite que las organizaciones civiles, gremios, ONG, universidades, participen del espectro radioeléctrico...
Sí. Desde 2005. Sucede que no tienen ni el dinero ni los medios. Además, no hay lugar en el espectro. Está saturado. Esto es lo que esta ley no dice. Si no se les dio licencias a las radios comunitarias todavía, porque no hay lugar. Los planes de normalización se abandonaron en el país en 1999.
Este gobierno declama mucho la pluralidad, la necesidad de ayudar a los pequeños, pero la verdad es que no hizo nada en estos seis años, ni siquiera por blanquear a todas las radios que funcionan con permisos precarios. Y cuando pudo hacer algo, fue para los grandes, como el canje de deudas con la AFIP por pauta publicitaria, como hicieron este año.
Con esta ley, o con la que salga, los más grandes como Clarín o el Multimedios Uno van a perder…
Yo creo que todos van a perder. Con una ley que sacude con esta violencia el andamiaje jurídico de una actividad, todos terminan perdiendo. Y si no, basta ver lo que ocurrió el otro día. En medio del momento más álgido de la discusión del tema, apareció un ejército allanando Clarín. Los diputados oficialistas no lo pueden sostener. Agustín Rossi, el jefe de la bancada, decía hasta ese día que la ley no era en contra de nadie. Y la verdad es que la ley no es sólo contra Clarín, sino que representa la concepción del kirchnerismo en el poder frente a la prensa independiente. Cuando no les dio resultado la cooptación, la compra de medios para amigos del gobierno como Rudy Ulloa Igor, que pasó de chofer a empresario multimediático, o el uso discrecional de la pauta oficial para domesticar a los medios, o las prebendas, entonces apareció esto. A ver… Yo quiero reconocer lo de los 21 puntos para la radiodifusión democrática e independiente. Eso lo hizo gente con buenas intenciones… Pero después apareció este articulado… En el Congreso el oficialismo dice que esta ley es por los 21 puntos, que es una ley de principios. Pero lo que nos parece a nosotros es que esta es una ley de revancha.
Jorge Fontevecchia escribió en perfil un artículo maravilloso, en el que además expone cómo Clarín fue ejerciendo su poder con brutalidad, y cómo fue cosechando enemigos que ahora militan a favor de esta ley, con tal de hacerles algo de daño… ¿Cómo se hace para analizar este proyecto de manera abstracta, tratando de sustraerse del contexto político y de los protagonistas?
Es imposible. Ya hace cuatro años nos veíamos venir que la libertad de expresión en la Argentina iba a sufrir. Y lo vimos ni bien asumió Cristina. La cantidad de reacciones oficiales contra los medios a partir de la pelea con el campo es enorme. No sólo hay problemas con Clarín. Los hubo con Perfil… con La Nación… acá hay todos los días alguna denuncia en el interior del país… algún periodista o algún medio cuestionado por el gobierno.
No se puede descontextualizar. Esta ley nació en un clima de confrontación del gobierno con toda la prensa. Hacemos mal al analizarla desagregando principios de los 21 puntos, o cuestiones académicas o conceptuales. Acá, vemos que hay una situación de conflicto con la prensa. Y si no empezamos a poner límites… esto va a terminar siendo la Venezuela de Chávez.
Hay “prensa”, y “prensa”. Esto quiere decir que muchas empresas periodísticas viven de su negocio de contenidos informativos, producción y publicidad, y muchas otras que utilizan a sus medios para hacer otro tipo de negocios, ya sea políticos, o económicos… como concesiones de servicios con el Estado… ¿Cómo analizan este problema en el marco de la nueva ley?
Los medios tienen que ser independientes siempre. Si no lo son, la nueva ley debe servir para generar una matriz de medios privados que sí lo sean, en todos los niveles, reconociendo que hay medios pequeños, medianos, y grandes. No hay por qué eludir ello. En el mundo vemos cómo conviven y compiten todo tipo de medios. Aquí hay que fortalecer mucho los pequeños y medianos. Y hay que dejar de una vez esa idea de que aquel que llega al gobierno quiere tener medios para garantizarse la propaganda política. Eso es lo que está pasando. Y si no, veamos Canal 7. Reemplazaron la cultura por el fútbol, y la dosis de publicidad oficial que nos aplican es importante, en emisiones de alta penetración como el fútbol. Me pregunto qué va a pasar cerca de las elecciones. Es obsceno…
Bueno… el gobierno tiene derecho a hacer publicidad oficial…
Pero no en este contexto. La han llevado de 46 millones de pesos en 2003 a más de 622 millones de pesos. Eso desequilibra la política argentina. La publicidad oficial debe servir para dos cosas. Para promocionar los actos de gobierno, y para ayudar a los medios pequeños. Pero no se hace ni una cosa ni la otra. Quedó claro cómo en el conflicto con el campo el gobierno usó la publicidad oficial y los medios estatales para hacer propaganda política. Y el dinero que se podía usar para subvencionar la democratización que tanto declaman, ahora debe ir al fútbol. Funcionarios improvisados e ineficientes no comercializan ni siquiera la publicad para la estatización de esos derechos televisivos. Los anunciantes lo llaman a Mariotto (titular del ComFeR) y no los atiende. Ya en pocas fechas vimos cómo el país pierde plata, o deja de ganar. Un jefe de gabinete no tiene por qué saber de fútbol. Pero parece que en la Argentina sí.
¿Qué expectativa hay con el debate en Mendoza?
Muy importante. Las provincias tienen mucho que decir en este problema. Hay que federalizar la discusión. Ojalá varias legislaturas tomaran la posición de la Legislatura mendocina. Es hora de ponerle límites al abuso de poder y a la locura en la República Argentina. Kirchner ya fracturó al país con la 125. Si dejamos que esta ley prospere con este nivel de confrontación con los medios, en este clima; tendremos que tener en claro que se empobrecen la institucionalidad del país, y la calidad de nuestras libertades.
Fuente: Mendoza On Line
