De Narváez dijo que buscan "condicionar" a las empresas periodísticas; Bonasso anunció que si no se modifica la autoridad de aplicación, votará en contra; Raimundi y Lozano, conformes con la medida
La decisión del Gobierno de dejar fuera del negocio de los medios audiovisuales a las empresas telefónicas cosechó adhesiones y rechazos en los partidos de la oposición.
El diputado nacional reelecto por Unión Pro, Francisco de Narváez, rechazó la modificación que anunció hoy la presidenta Cristina Kirchner y aseguró que el proyecto busca "condicionar" a los medios de comunicación.
"La esencia del proyecto oficialista es condicionar a los medios de comunicación y eso sigue intacto. La prohibición del ingreso de las telefónicas no resuelve lo esencial que es el control de los medios de comunicación y su condicionamiento sobre la opinión publica", sostuvo De Narváez.
En sintonía, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) aseguró que si no se modifica la autoridad de aplicación de la ley de radiodifusión que presentó el Gobierno, no acompañara el proyecto oficial.
"Aclaro en forma terminante que no voy a ceder al punto de la autoridad de aplicación. El reemplazo del viejo y desprestigiado ComFeR, debe ser un ente autárquico, federal, controlado por el Parlamento y asociaciones de la sociedad civil. Nunca bajo la órbita del Poder Ejecutivo, ni de este, ni de ningún gobierno. Si este supuesto no ocurre, presentaré en el plenario de la Comisiones, mi dictamen por la minoría", dijo el legislador en un comunicado.
A través de un comunicado, el legislador –que presentó su propio proyecto- dejó en claro sólo acompañará el proyecto oficial si "se modifica la autoridad de aplicación de la Ley de Radiodifusión".
Gerardo Morales, presidente de la UCR sostuvo :"Esta es una señal para juntar votos, más que para democratizar el sistema de medios. La presidenta esquiva el debate ideológico. La libertad de expresión no puede quedar en manos del poder político o económico. Por lo tanto, con la modificación propuesta por la Presidente de dejar afuera del negocio de las telecomunicaciones a las empresas telefónicas sólo se resolvería parcialmente la transferencia de la posición dominante de unos actores económicos a otros"
Martín Sabbatella, diputado electo por Nuevo Encuentro bonaerense: "El anuncio sobre la limitación a las telefónicas avala lo que venimos pidiendo. También se debe modificar la composición de la autoridad de aplicación" de la ley. Evidentemente, hay voluntad de corregir los puntos débiles del proyecto de ley en la misma dirección que venimos reclamando.
Si se corrigen estos aspectos estaremos ante un excelente proyecto de ley, que recoge uno a uno los 21 puntos propuestos por la Coalición para una Radiodifusión Democrática".
Cristian Ritondo, legislador porteño PRO-Peronista: "Esta es una primera concesión del gobierno frente a una opinión pública que mayoritariamente está en contra de la ley de servicio de comunicación audiovisual".
La Coalición Cívica considera “auspicioso” el cambio anunciado, "La incompatibilidad de las empresas de servicios públicos para transformarse en actores centrales de la comunicación audiovisual, siendo algo que habrá que regular con mucho cuidado para evitar futuros monopolios. Me parece sana la revisión hecha por el Gobierno", dijo el diputado electo de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay.
"Resulta auspicioso que el gobierno esté dispuesto a revisar el proyecto", afirmó Prat Gay y expresó su coincidencia con "la incompatibilidad de las empresas de servicios públicos para transformarse en actores centrales de la comunicación audiovisual, siendo algo que habrá que regular con mucho cuidado para evitar futuros monopolios". "Me parece sana la revisión hecha por el Gobierno", agregó.
Del mismo modo, Prat Gay pidió cambios en la autoridad de aplicación para que sea "independiente y autárquica". "Debe estar fuera del Poder Ejecutivo y sus miembros no pueden estar a tiro de decreto", agregó
En tanto, el bloque de Solidaridad e Igualdad (SI, ex ARI) y Proyecto Sur recibieron hoy como una "buena noticia" la decisión del oficialismo de modificar el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual que se debate en Diputados, que eliminó la injerencia de las empresas telefónicas en los medios televisivos.
"Se despeja un escollo grande como es la presencia de las telefónicas en el proyecto de Ley para que apoyemos esta norma", admitió el diputado del SI, Carlos Raimundi, en diálogo con TelAm.
Raimundi interpretó la decisión anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la intención de "despejar un obstáculo mayor para ampliar el consenso", y agregó que su bloque está "dispuesto a apoyar" en general el proyecto.
"De todas maneras, no queremos que las telefónicas continúen con su situación monopólica. Se despeja un escollo grande, pero eso genera un compromiso mayor", argumentó Raimundi.
A su turno, el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, dijo que la modificación impulsada por el oficialismo "puede ser determinante para votar positivamente" la iniciativa.
"El voto lo definiremos con Proyecto Sur y con la CTA. Puede definirse como un voto positivo. Pero antes lo quiero ver escrito", remarcó Lozano.
En esa línea, el legislador agregó que "hay que avanzar con la autoridad de aplicación que para nosotros debe tener un componente federal y que dependa del Parlamento". Y añadió: "Lo fundamental era el tema de las telefónicas".
El ingreso de las telefónicas al negocio audiovisual es una de las aristas más cuestionadas del proyecto que el Poder Ejecutivo giró al Congreso y que comenzó a ser debatido en comisión en la Cámara de Diputados la semana pasada. No sólo era cuestionado por la oposición, sino también por habituales aliados legislativos del kirchnerismo.
Advierten que la ley de medios "representa un grave ataque al interior". Lo aseguraron hoy las Asociaciones de Televisión Privada (ATA) y Radiodifusoras Privadas de Argentina(ARPA) en conferencia de prensa.
Los titulares de ATA, Carlos Fontán Balestra y de ARPA, Carlos Molina, lamentaron que la Pressidenta, Cristina Fernández de Kirchner no haya reformulado los artículos referidos al régimen de licencias. Ambos señalaron que la puesta en práctica de esta ley, "representa un grave ataque al interior", ya que aclararon "el interior dependerá cada vez más de Capital Federal".
Fuente: DyN
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