"El proyecto va a estar listo en mayo", se expidió un funcionario cercano a la Presidenta. Se refiere, nada más y nada menos que al borrador de la nueva Ley de Radiodifusión. Sus palabras entran en sintonía con el mensaje pronunciado por Cristina Kirchner en el Congreso, el domingo último, cuando concentró todas las miradas del recinto, sobre todo por el momento y el espacio elegidos. Fue el único anuncio que hizo en la apertura de las sesiones parlamentarias, algo así como la inauguración del año político.Sin embargo, y más allá de estas afirmaciones, el tema sigue cosechando más preguntas que certezas. ¿Se puede esperar alguna definición para antes de las elecciones de octubre próximo? ¿Qué va a pasar con las empresas de telecomunicaciones? ¿Y la televisión por cable?
Por el momento, como es habitual antes de cualquier desenlace, en Balcarce 50 reina el mutis, y más en este caso donde las respuestas parecen depender de la temperatura que regule la relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Pero, si se analizan los comentarios que se hacen de uno y de otro lado, todo parece indicar que el multimedio llevará tanto las de ganar como las de perder en la negociación.
Hasta ahora, en lo único que coincide el elenco oficial es en afirmar que la decisión está tomada. La pregunta que cabe hacerse, entonces, es por qué no antes y por qué ahora, cuando además de padecer una fuga de legisladores, el Gobierno deberá enfrentarse con lo que augura ser el test electoral más difícil en estos seis años. Conscientes de este escenario, desde el oficialismo anticipan a Debate que la estrategia será someter el proyecto a una consulta popular antes de mandarlo al Parlamento. Se sabe, la mayoría de la opinión pública está a favor de una reforma del actual régimen de radiodifusión. En este sentido, el razonamiento que hacen en la Casa Rosada es que el apoyo servirá como un buen empujón para doblegar a diputados indecisos y acallar los argumentos en contra.
Claro que no es un tema fácil. Se trata de un terreno en el que aparecen muchos intereses y muchos actores en juego. Hoy, la disputa prácticamente parecería concentrarse en una cuestión: el triple play (la posibilidad de brindar los servicios de telefonía, Internet y televisión a través de un mismo soporte). O, mejor dicho, entre dos empresas, Telefónica y el Grupo Clarín.
Actualmente, las operadoras de telecomunicaciones tienen vedado el mercado de la radiodifusión, ya que la ley 22.285 prohíbe la adjudicación de licencias a las prestadoras de un servicio público y, si bien en un primer momento trascendió que el proyecto no admitía cambios, ahora hay una segunda versión que habla de ciertos matices técnicos como para dejar conformes a las dos partes.
Por ejemplo, se distingue entre “emisor de señal” y “medio de señal”, con lo que las telefónicas harían su entrada en el mercado como transportadoras, mientras que los multimedios seguirían como “emisoras”.
Al respecto, un dato curioso es la negociación que dejó trascender estos días el diario La Nación entre Telefónica y Direct TV, tendiente a incluir sus servicios en una única oferta, lo que pretendería ser una salida alternativa de la compañía española para ingresar en el negocio televisivo sin quebrar las trabas regulatorias.
En otras palabras, Telefónica se anticipó al peor de los escenarios sacando un peso de encima al Gobierno con la posibilidad de que la pelea se traslade a los tribunales, ya que algunos competidores estarían evaluando la posibilidad de una presentación judicial para impedir el acuerdo.
Concentración vs. Democratización
“No va a haber monopolios informativos, ni de un rubro ni de otro. El objetivo será democratizar las comunicaciones”, sintetiza una fuente oficial intentando pintar -de manera escueta y sin agregar nada nuevo, por cierto- el estado del proyecto en el que trabaja el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), Gabriel Mariotto, junto a un equipo de asesores.
Con respecto a cómo será el régimen de licencias, se informa que se reducirá de 24 a 12, o a 10, el número de licencias por operador, pero no se dan más detalles acerca de, por ejemplo, cómo funcionará territorialmente la delimitación, o si las absorciones de medios, especialmente en el interior del país, serán consideradas como una nueva licencia.
Todavía, incluso, se debate qué va a pasar con las cooperativas. La norma vigente sólo contempla a “una persona física o sociedad comercial”, obligando a los medios alternativos de comunicación a permanecer en el limbo legal. La posibilidad de abrir el juego constituye uno de los principales reclamos de diversos sectores sociales, e inclusive, hay dos fallos de la Corte Suprema donde el artículo de la ley fue declarado inconstitucional.
Otro punto en conflicto es la regulación de la televisión por cable. Hasta el momento, el único borrador que se dio a conocer pasaba a considerarla como un servicio público, en lugar de un servicio complementario, lo que en la práctica significa que el Estado será el que determine las titularidades, fije tarifas y rescinda los contratos del área. Como es de esperar, se trata de una cuestión que no termina de caer bien al Grupo Clarín, que a pesar de haber conseguido la aprobación durante la gestión de Néstor Kirchner para fusionar Multicanal y Cablevisión, desde el conflicto con el campo ha tenido que luchar con el oficialismo sobre el tema. Es más, en el ComFeR aseguran que se sigue evaluando si el mencionado grupo no excedió la cantidad de licencias permitidas por ley y se especula con que la nueva regulación del espacio podría poner punto final a la operación.
En sintonía con esto, el Gobierno también está evaluando sumar canales de aire para ampliar la oferta y estimular la competencia. Eso sí, su implementación dependerá de las posibilidades de digitalización del sistema, otra discusión que se ha venido postergando por años.
En 1998 se adoptó, por decisión del ex secretario de Comunicaciones de Carlos Menem, Germán Kammerath, la norma ATSC, de origen norteamericano. Sin embargo, la resolución fue declarada “nula” dos años más tarde por Henoch Aguiar, al frente de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) en la gestión de Fernando de la Rúa. En la actualidad, todo parece indicar que, finalmente, será adoptado el régimen japonés, el mismo que eligió Brasil. Aunque muchos aseguran que, para tener la ley de televisión digital, primero habrá que esperar a ver la de Radiodifusión.
Al Congreso
Pero el signo de interrogación no sólo está puesto en qué dice o no dice el borrador, o si el Gobierno presentará de una vez por todas el proyecto. La otra gran incógnita es, si lo presentara, qué podría llegar a pasar. Se sabe que, por estos días, el marcador en el Congreso aparece bastante incierto, y el que hoy juega como local, mañana puede ser visitante. La renuncia del senador Carlos Reutemann al bloque oficialista y la pequeña ola de deserciones que trajo aparejada, dejó al oficialismo no en situación de desventaja numérica pero sí en condiciones más débiles. Y, si se observan las declaraciones que han hecho representantes de la oposición tras el anuncio de Cristina, es de presumir que la batalla que le espera al oficialismo no será fácil.
Además, no hay que olvidar los antecedentes e intentos frustrados de reforma que, en estos veinticinco años, acumuló la ley, por cierto, mal llamada “de la dictadura”, si se toman en cuenta todos los remiendos con los que los sucesivos gobiernos democráticos lograron empeorarla.
Es más, el único proyecto presentado actualmente en el Congreso (muchos ya perdieron estado parlamentario) también proviene del kirchnerismo; en verdad, de un grupo de radicales K liderado por el hoy subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López.
En lo que podría considerarse como un intento para abrir la cancha al proyecto oficial, esta iniciativa llevada al Congreso, en diciembre último, por los diputados Silvia Vázquez y Claudio Morgado tiene muy pocas disonancias con el borrador que se estudia en el ComFeR.A saber: destaca la necesidad de que haya una fiscalización parlamentaria dentro del régimen de radiodifusión, no modifica el artículo referido a las empresas de servicios públicos y mantiene el cable como un servicio complementario.
“Quisimos mostrar que hay una voluntad política por avanzar en este tema. En diciembre, se cumplieron veinticinco años de democracia y quisimos dejar testimonio de que aún se sigue sin una nueva ley que apunte a la democratización del espectro”, explicó López. Inmediatamente, apuntó contra la oposición, sobre todo, al senador y jefe del radicalismo, Gerardo Morales, quien acusó al Gobierno de perseguir “el control de los medios de comunicación”. Al respecto, López concluyó: “La oposición, al plantear que no es el momento, termina siendo funcional a los grandes grupos. Critican al ComFeR por prohibirle al Grupo Prisa (empresa española propietaria de Radio Continental y editora del diario El País, de Madrid) retransmitir programación, cuando, en realidad, lo que está haciendo es aplicar la ley vigente; y critican al Gobierno cuando intenta reformar esa ley. Y ellos, ¿qué hacen? El problema es que no quieren una nueva ley, porque eso va a implicar cambiar las reglas del juego”.
“La llegada de las telefónicas es el gran debate”
Guillermo Mastrini, Ex Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA e integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática
¿Cuáles son los principales aspectos que debería contemplar la nueva Ley de Radiodifusión?
Creo que hoy, los aspectos ya los conocemos todos. Hace casi 25 años que venimos con este planteo. Hay que garantizar la posibilidad de acceso a los medios de comunicación y consolidar un servicio público de calidad. Todos los sectores de la sociedad, a través de sindicatos u otras organizaciones, deben poder tener algún tipo de representación en los medios. Creo que la definición de una política para legislar el entorno digital es una variante del último tiempo.
La gran pregunta parece ser que si se puede promover la convergencia tecnológica sin que haya monopolización del mercado de las comunicaciones.
La convergencia y la llegada de las telefónicas, en definitiva, es uno de los grandes debates, el más difícil que enfrenta el Gobierno en estos momentos. A nivel interno, se traduce directamente en intereses muy disímiles entre el grupo Clarín y Telefónica. Es una traba para una efectiva sanción de la ley porque, justamente, la ley implica poner las reglas de juego para los próximos años ante fenómenos como el Triple Play, y se trata de una cuestión de suma cero. Todo lo que gana uno, lo pierde el otro.
¿Entonces?
Hay que ver una diferencia por zonas regionales. La Unión Europea también pasó por esta polémica. Hubo una gran discusión acerca de si convenía favorecer a los “campeones europeos” para frenar el avance de los medios norteamericanos, o si era mejor potenciar mayor nivel de diversidad. También se discute qué hacer con el servicio público, que en el caso europeo ha sido históricamente fuerte. En América Latina, hasta ahora, las experiencias más importantes, que son las de México y Brasil, muestran que la capacidad legislativa no pudo dejar de estar vinculada a los grupos empresarios, en este caso Televisa y el Grupo Globo. Si uno analiza la famosa Ley Televisa, en México, y la definición del estándar japonés, que impuso Globo en Brasil, puede concluir que, a nivel regional, se dio un predominio de los grupos de medios por sobre las empresas de telecomunicaciones. Ahora bien, también es cierto que hay una tendencia tecnológica que estimula la convergencia y la llegada de las telefónicas a la radiodifusión, con todos los riesgos que esto implica.
Uno de los puntos en cuestión es el régimen de licencias. ¿Qué criterios deberían emplearse para definir cuántas licencias puede tener un operador?
Se puede tomar algunas de las normativas de Estados Unidos, donde se habla del dominio de mercado más que de la cantidad de licencias; porque, en realidad, definir al sistema en función de la cantidad de licencias puede ser complejo, se puede medir de distintas maneras.
¿Y cómo sería la definición en función del dominio del mercado?
Se pauta qué porcentaje del mercado domina un mismo operador; es decir, a cuánta audiencia llega. Porque en relación a las licencias, depende de las zonas de cobertura y de un conjunto de factores que vuelven difícil la ecuación. En cambio, medir la audiencia es mucho más sencillo. En Estados Unidos también hubo discusión. Se quería llevar el porcentaje que por ley ronda el 35 por ciento a un 45. Creo que el tema hoy lo tiene la Justicia.
Otro gran ítem es la televisión por cable…
Según la 22.285 es un servicio complementario. Eso es anacrónico y, obviamente, va a cambiar. Tiene que ajustarse a los tiempos en que vivimos. De hecho, hoy hay más argentinos que miran la televisión por cable que los que la reciben por canal abierto. Y no puede ser complementario el que es el servicio principal.
¿Qué expectativas le generó el anuncio de la Presidenta?
Creo que hay una gran confusión, que está dada, en realidad, porque no conocemos el proyecto.
Pero, ¿no hubo una convocatoria a diversos sectores, entre ellos, la Coalición que usted preside, para debatir el proyecto?
El año pasado hubo muchas convocatorias en las que participó la Coalición y también los directores de varias carreras de Comunicación. Pero eso fue en la primera mitad del año. Después, el tema quedó postergado y no tuvimos más información.
¿Qué se dice en el Congreso? Claudio Lozano (diputado Proyecto Sur): “Que se quiera llevar el debate al Congreso me parece una cuestión positiva. Los medios de comunicación constituyen una cuestión clave y nosotros vamos a estar predispuestos a la discusión. Creo que un punto fundamental es el cambio tecnológico, que plantea la necesidad de abrir el juego. Ésta es la oportunidad para fortalecer un multimedio público con contenidos de calidad. Ahora, si el debate va a significar concentración y favores a un determinado grupo empresario, es un camino que no vamos a apoyar.”
Gerardo Morales (senador UCR): “A nosotros nos preocupa que el modelo de poder gire no sólo en el manejo del dinero por la ley de superpoderes o la Ley del Consejo de la Magistratura, que presiona a los jueces, sino que ahora también sea con el control de los medios de comunicación. Si meten la Ley de Radiodifusión, Venezuela va a ser un poroto.”
Silvia Vázquez (diputada Partido de la Concertación): “Es una vieja deuda de la democracia. La democracia pudo juzgar a los autores de delitos aberrantes pero no pudo cambiar integralmente la Ley de Radiodifusión. Creo que es necesario fortalecer el federalismo comunicacional, la participación ciudadana instituyendo al ‘defensor del usuario’ y construyendo un servicio de comunicación pública plural que defienda el multiculturalismo nacional y aumente la producción y el empleo del sector.”
Eduardo Macaluse (diputado ARI): “Se trata de un debate imprescindible y de una deuda que tenemos los dirigentes políticos y también los medios. Ya que debe constituir una política de Estado, estamos de acuerdo con que sea el Gobierno el que tome la iniciativa. Tiene que haber regulación del Estado sin que se intervenga en la libertad de prensa, con límites claros para evitar la monopolización. Lo que creo que estaría faltando en esta discusión es la reglamentación de la pauta oficial. La publicidad no se puede arreglar en dos o tres despachos.”
Diana Conti (diputada del Frente para la Victoria): “Cuando llegue el proyecto, va a ser la primera vez que un gobierno en democracia logre instalar el tema. Muchas veces se intentó promoverlo, pero fue imposible. Por eso, es sumamente importante que la iniciativa venga desde el Poder Ejecutivo. Creo que hay consenso. Nosotros, desde el Congreso, hemos convocado a distintos sectores, incluyendo a la Iglesia y a entidades periodísticas. Respecto de los puntos, considero fundamental poner el eje en la pluralidad y en la libertad de prensa, así como también hay que crear una ley que refleje los avances tecnológicos. Eso implica pensar políticas para favorecer el acceso y terminar con los monopolios de la información.”
En una encuesta la mayoría de los periodistas considera necesario cambiar la Ley
Ibarómetro realizó, a fines del año último, una encuesta on line con un relevamiento a un panel de periodistas. De los 900 periodistas contactados, 240 contestaron el cuestionario.
El perfil de los periodistas que respondieron la encuesta:
- Un 9,7% tiene hasta 30 años, un 44,4% entre 31 y 45 años, y un 45,7% posee más de 45 años.
- El 51,3% posee estudios universitarios completos, el 24,4% estudios terciarios completos, el 19,5% universitario y terciario incompleto y sólo un 5,1% posee secundario completo e incompleto.
- El 53,8% trabaja principalmente en diarios, el 20,5 en revistas, el 10,6% en radios, el 9,3% en medios on line, el 5,1% en televisión y el 1,3% free lance.
Tres de cada cuatro periodistas comparte la idea de que haya una nueva Ley de Radiodifusión que limite la concentración en la propiedad de los medios de comunicación.
El 64,3% de los entrevistados considera que hay libertad de expresión en la Argentina. En cambio, más de la mitad (51,9 %) considera que los medios de comunicación no respetan la libertad de expresión de los periodistas.
Fuente: Revista Debate
