Como si el problema fueran las leyes y no su cumplimiento, ahora el Gobierno promete que la Argentina se apresta a establecer un nuevo marco normativo para organizar el fenomenal caos en el que coexisten las diferentes industrias audiovisuales.
Por: Pepe Eliaschev
Como si el problema fueran las leyes y no su cumplimiento, ahora el Gobierno promete que la Argentina se apresta a establecer un nuevo marco normativo para organizar el fenomenal caos en el que coexisten las diferentes industrias audiovisuales.
Es mentira que, con una nueva ley, ahora sí habrá progreso y equidad en radio y televisión. El berenjenal actual, la anomia estructural en que viven los medios electrónicos, no es el resultado de esta, ni otra ley en vigencia.
En la Argentina las leyes y normas son promulgadas de manera prácticamente virtual. La clave está en el escaso, accidentado o nulo cumplimiento de todo instrumento que se proponga aportar orden, racionalidad y criterios a los medios de comunicación.
El argumento preferido del Gobierno en esta inminente elevación de un proyecto de ley de medios que pagaría la “deuda” de la politica con la sociedad, es que la norma teóricamente en vigencia fue perpetrada por un gobierno de facto, y su subsistencia de casi 30 años es una reliquia maloliente.
Es sencillo y popular afirmar que nada puede tener de bueno una “ley” descerrajada por una dictadura y que al pie llevaba, en ese hoy remoto 1979, las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Argumento eficaz y taquillero, sí, pero esencialmente engañoso.
Si los medios electrónicos operan hoy en un demencial desquicio, no es por esa ley, sino porque, en lugar de derogarla y reemplazarla por una nueva, moderna, democrática, rigurosa y realista, la fueron remendando con parches y ajustes que terminaron en el actual desesperante panorama. Concentrados, vitalicios, empujándose unas a otras, radios y televisiones libran hoy una batalla sin códigos, una guerra sin normas ni poder de policía.
Tras cinco años y nueve meses de gobierno, Néstor y Cristina Kirchner van ahora por los medios por mera y ramplona necesidad. Pero hasta ahora, ¿qué hicieron en la materia? ¿Cuáles fueron sus pasos desde mayo de 2003 para preparar la inminente elevación al Congreso de un proyecto del que nazca, tres décadas más tarde, una nueva ley, que –ésa sí– sería cumplida?
El decreto 527, “de necesidad y urgencia”, firmado por Néstor Kirchner el 20 de mayo de 2005, a menos de dos años de asumir la presidencia, suspendió “por el plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley Nº 22.285 y sus modificaciones”. Ese decreto K se emitió a pocos meses de que vencieran las licencias de varios medios. Fue una prórroga colosal, porque a los quince años (con posibilidad de prórroga por diez años más) otorgados por Ley 22.285 de 1980, se agregaron diez más, beneficiando así de modo impresionante y directo a los licenciatarios de televisión abierta, radio y TV por cable.
Kirchner pretendió, toscamente, justificar el regalo de la extensión de las licencias en una supuesta necesidad de otorgarle a los medios “un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera”. De modo que, antes de cumplir dos años de vida en la Casa Rosada, Kirchner no sólo no había derogado el Decreto-ley 22.285, sino que lo blindaba y potenciaba. Telefe (Telefónica) y Canal 13 (Grupo Clarín) conservaron sus licencias hasta 2025, América (Vila, Manzano, De Narváez) hasta 2022, y Canal 9 hasta 2019, mientras que la estratégica Radio 10 (Daniel Hadad) la retenía hasta 2025.
Para los abogados Ricardo Porto y Claudio Schifer “los aspectos sustantivos de la radiodifusión en rigor no son regulados por la Ley 22.285 en su versión original. Por el contrario, las sucesivas modificaciones a esa ley fueron consagrando otros criterios, en muchos casos decididamente opuestos, a la redacción original. De modo que es incorrecto afirmar que la radiodifusión argentina se encuentra regida por la Ley 22.285”.
Kirchner siguió fielmente los pasos de su padrino político, porque a poco de iniciar su corta gestión, el presidente Eduardo Duhalde obtenía del Congreso una modificación de la Ley Nº 24.522 (concursos y quiebras), extendiendo plazos de negociación y evitando que un acreedor se apropie de una compañía con anterioridad a una eventual quiebra.
Esa decisión benefició a las principales corporaciones de medios. Kirchner complementó a Duhalde y promulgó la Ley 25.750, que limita al 30% la participación extranjera en las empresas propietarias y licenciatarias de medios de comunicación. Ahora se desgañita y enrojece de furia, gritando desde los atriles: “¿Qué te pasa, Clarín?”.
Esas medidas de Duhalde y Kirchner fueron precedidas en 1998, cuando Carlos S. Menem autorizó la transferencia de licencias de radiodifusión, hasta entonces prohibidas, para legalizar al multimedio oficial CEI (Citibank, grupo Moneta y Editorial Atlántida) que entre 1998 y 1999 compró ocho canales de TV abierta, aun cuando la ley vigente sólo permitía un máximo de cuatro.
Además de 3.000 emisoras de radio con licencia normalizada, 2.500 con solicitudes en tramitación y otras 170 a la firma del interventor del ComFeR, surgieron entre 600 y 700 radios en las zonas más pobladas, y hay 4.000 radios más que para la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) son directamente “truchas”, además de unas 500 radios comunitarias.
Se estima que en la Argentina pululan, grosso modo, hasta 10.000 estaciones de radio que se superponen, ocupan frecuencias no adjudicadas, entran y salen del aire, interfieren y operan de hecho, facturan publicidad o favores políticos, configurando un desbarajuste radioeléctrico monstruoso.
Nada más revolucionario en la Argentina que evolucionar con urgencia hacia el gobierno de la ley. Sin embargo, nada más fraudulento y perverso que “vender” a la sociedad la idea de que más leyes cumplirán el milagro de superar la anomia jurídica, algo que en la radio y TV argentinas es especialmente escandaloso, porque funcionan en un marco jurídico extravagante, concubinato de hecho con rasgos a la vez dictatoriales, pluralistas, ordenancistas, liberales, nacionalistas y propicios al capital extranjero.
Por eso, los anuncios del Gobierno sobre medios de comunicación me provocan suspicacia y temor, porque ya ha nacido y avanza con viento en popa un conglomerado oficiosamente gubernamental con fachada privada, y los pocos y débiles medios oficiales son botín del partido de gobierno.
Desenlace sombrío: hay que ser muy optimista y candoroso para imaginar que esta gente y este liderazgo político se proponen aportar a los medios solvencia técnica, seguridad jurídica, consistencia democrática y normas equitativas que habiliten una radio y una TV superadoras de lo que hay ahora, que es –desde luego– calamitoso.
Fuente: Perfil.com
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