Los medios de comunicación hegemónicos son el caso emblemático de este fenómeno. Son, además, una parte fundamental de la estrategia de la derecha neoliberal en toda América Latina. Para sostener sus privilegios, buscan destruir cualquier resistencia. De eso se trata el periodismo de guerra. Mienten, humillan y difaman. Así quiebran el brazo a gran parte de la política y la justicia. Los gobiernos pasan y el Estado se debilita, ellos quedan y se fortalecen. Por ese motivo, la cobardía a la hora de enfrentarlos es una claudicación inaceptable para nosotros y nosotras.
Los y las abajo firmantes provenimos de distintos trayectos y tradiciones políticas pero todos pertenecemos a generaciones formadas en democracia, forjadas en las luchas contra la miseria neoliberal. Hemos visto que cada avance social, como los obtenidos durante los gobiernos populares, era destruido por una restauración neoliberal jalonada por estos mismos grupos empresarios. Agazapados tras las más nobles consignas, sólo defendían sus privilegios.
Nosotros y nosotras decidimos enfrentar estas corporaciones parasitarias en la lucha política, la incidencia legal, la batalla de ideas, la movilización popular, con la Constitución en la mano y la resistencia no violenta como método de acción. No se trata, como quieren hacernos creer, de ataques a la libertad de expresión, la propiedad privada o la iniciativa empresarial. Queremos terminar con los abusos y atropellos de estas corporaciones para recuperar la justicia social y la dignidad nacional.
Los casos de Clarín y La Nación son verdaderamente llamativos. No vamos a hacer un raconto histórico de los favores obtenidos por las dictaduras cívico-militares que los mencionados grupos empresarios apoyaron e integraron. Huelga documentación sobre el latrocinio de Papel Prensa, la estafa con las AFJP, las maniobras financieras especulativas, el incumplimiento grosero de la ley de medios audiovisuales, etc.
Quisiéramos sí referirnos a dos situaciones menos conocidas que expresan la impunidad con la que se manejan estos sectores. Se trata de cuestiones altamente simbólicas: el emplazamiento ilegítimo de los centros de operaciones de ambos grupos mediáticos sobre terrenos fiscales. Si discutimos las usurpaciones, reales o supuestas, que realizan los pobres, como mínimo deberíamos también discutir las que realizan los privilegiados.
En el caso de La Nación, se trata del edificio en Vicente López donde tiene sus oficinas el multimedio y la empresa Mercado Libre. El negociado consistió en la construcción del edificio de oficinas en el complejo Al Río. Involucró al empresario Carlos De Narváez. Este negocio consistía, una vez más, en la utilización de terrenos públicos para la construcción de oficinas y edificios de lujo. Fue una ocupación de facto sobre 30.000 m2 fiscales legalizada a posteriori por Jorge Macri. Decisión que fue revocada por la Administración de Bienes del Estado en mayo de este año.
En el caso de Clarín, se trata de un predio de 8700m2 sobre la Avenida 9 de Julio. El caso logró cierta visibilidad a partir de una protesta realizada por movimientos populares y medios de comunicación comunitaria en 2018. La acción de protesta fue presentada mediáticamente como una violenta usurpación en la propiedad privada. Lo cierto es que se trataba de una protesta pacífica en un terreno público y los verdaderos usurpadores eran ellos. Esto fue ratificado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N*12 que determinó que no había ninguna contravención puesto que el terreno era público.
La historia del predio es ilustrativa del modus operandi de estas corporaciones: Canal 13, nave insignia del Grupo Clarín, fue emplazado en tierras públicas a partir de una cesión gratuita con vigencia de 28 años realizada por la última dictadura militar. Una vez vencido ese plazo, en 2006, el Grupo se siguió beneficiando con prórrogas y extensiones a precio vil. El 12 de octubre de 2017, la cesión quedó revocada como consta en el acta suscripta por el Director General de Administración de Bienes y Concesiones y la firma Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Grupo sigue ocupando ilegalmente el predio con oficinas corporativas, estacionamiento particular para sus ejecutivos y otras instalaciones.
Esta situación de contubernio público-privado fue denunciada penalmente por algunos de nosotros en el año 2019 tras la mencionada protesta. El fiscal Federico Tropea pretendió archivarla pero la fiscalía de cámara revocó su decisión. En ese escenario, entre gallos y medianoche, el Grupo Clarín y los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron una maniobra de blanqueo tan escandalosa que solo se explica por la impunidad y el blindaje mediático: ¡subastaron la concesión del predio por otros treinta años!
La subasta tuvo un único oferente autorizado a presentarse: el Grupo Clarín. Se aprobó la oferta para usos expresamente prohibidos por ley como estacionamiento. Tuvo un precio de base ridículo, donde el GCABA pidió al Banco Ciudad un tratamiento “urgente y preferencial” informando que el inmueble en cuestión tenía una superficie total de 1.971 m², cuando la subasta se convocó por la totalidad del predio, que tiene 8.757m². Finalmente se adjudicó el predio por un irrisorio canon de 265 mil pesos mensuales, menos de 33 pesos por metro cuadrado.
En las últimas horas, logramos un avance judicial importante. La jueza María Soledad Larrea dictó una medida precautelar al recurso de amparo presentado por algunos de nosotros y nosotras y procedió a suspender los efectos de la subasta. Asimismo, admitió su sustanciación como acción de incidencia colectiva, invitando a todos aquellos con interés en la causa a presentarse. En ese contexto, convocamos a que adhieran al amparo presentando un sencillo escrito en el juzgado; contencioso administrativo y tributario N°21 de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestro objetivo es recuperar ese espacio público para fundar un Centro de Desarrollo Humano Integral que permita incluir socialmente a la población porteña descartada que vemos diariamente en el barrio de Constitución: niños y niñas, adultos y adultas mayores en situación de calle, personas con graves problemas de adicción, migrantes y refugiados y refugiadas que sufren constante violencia policial, mujeres y población trans en situación de prostitución y víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
A diferencia de quienes crean de cada interés un privilegio, nosotros y nosotras creemos que frente a cada necesidad nace un derecho.
Natalia Vinelli, Paula Penacca, Ofelia Fernández, Gabriela Carpineti, Lu Campora, Victoria Montenegro, Maru Bielli, Vanesa Siley, Victoria Donda, Cecilia Segura, Caren Tepp, Paula Abal Medina, Victoria Pugliese, Gabriela Cerruti, Lorena Pokoik, Jaquelina Flores, Victoria Freire, Carina López Monja, Natalia González, Angélica Graciano, Martina Pelinco, Nayla Lotegui, Lorena Crespo, María Paz Carriot, Vanesa Escobar, Maria Eva Koutsovitis, Sofia González, Mercedes Pombo, Itai Hagman, Federico Fagioli, Camilo Vaca Narvaja, Mario Santucho, Leandro Santoro, Javier Andrade, Claudio Morresi, Pablo Moyano, Beto Pianelli, Gervasio Muñoz, Bruno Rodríguez, Victorio Paulon, Carlos Monestes, Horacio Avila, Juan Monteverde, Daniel Catalano, Eduardo Lopez, Jose Oscari; Pablo Spataro; Manuel Bertoldi, Martin Ogando, Euguenio Begue, Juan Carlos Junio, Gabriel Zicolillo, Ignacio Alvarez, Hernan Gorreta , Osvaldo Balossi, Julián Cappa, Pablo Ortiz Maldonado, Leo Lucchese, Pino Solanas, Alejandro Marmoni, Jorge Selser, Juan Grabois y Mariano Recalde.
