Las alertas surgieron poco después de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Plan Ceibal y la empresa estadounidense sellaran un acuerdo en mayo para utilizar herramientas incluidas en la suite de productos Google Apps for Education (GAFE). El trato incluye que todos los estudiantes de educación pública y privada de enseñanza básica y media podrán contar con una cuenta de Gmail y acceder al servicio de almacenamiento Drive, en ambos casos, de manera ilimitada. El temor principal sobre el acuerdo consiste en qué usos hará la compañía de los datos personales de alumnos y docentes.
Inspirado en “One Laptop per Child” presentado por Nicholas Negroponte en el Foro Económico Mundial de 2005, el Plan Ceibal es un proyecto creado en 2007 cuyo objetivo es entregar un computador portátil a cada niño en edad escolar y a cada maestro de la escuela pública, así como también capacitar a los docentes en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas.
La primera advertencia ciudadana frente al acuerdo con Google tuvo lugar a principios de junio, cuando varias decenas de docentes y profesionales, relacionados con la educación y la tecnología, además de organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado oponiéndose al acuerdo.
En el texto señalaron como preocupación que “la información personal que se genera en el uso de estas herramientas por parte de profesores, estudiantes, jóvenes y niños, quede almacenada en servidores que están fuera del Uruguay y en la órbita legal de los EEUU”, es decir, fuera de la jurisdicción del país sudamericano y de la competencia de los jueces uruguayos.
El comunicado expuso algunos contrastes surgidos a partir del espionaje en Internet que realiza la Agencia de Seguridad de EEUU (NSA), actividad revelada por Edward Snowden, un ex empleado de la CIA y la NSA. Como consecuencia de esos descubrimientos, el gobierno uruguayo emitió el decreto 92/014 que considera las comunicaciones del Estado central “dignas de protección”. En este sentido, los docentes consideraron que “los mismos derechos deberían ser extendidos, por parte de las autoridades de toda la Educación Pública, a quienes estudian y trabajan en ella”. Vale recordar que una de las voces regionales más críticas sobre este asunto fue la del gobierno de Brasil, cuyas comunicaciones estaban siendo interceptadas. Como resultado, las autoridades brasileñas comenzaron a idear un sistema propio de comunicaciones electrónicas.
De manera tajante, la carta de los docentes indica que “los beneficios para el país no quedan claros, pero sí pueden identificarse los beneficios que este acuerdo le aporta a la estrategia comercial de Google”, cuyo modelo de negocio “se basa en la entrega de servicios gratuitos a cambio de datos que serán usados para generar perfiles de usuario de forma automatizada y, en base a cada perfil, ofrecer publicidad de diferentes formas”.
El texto recuerda que “Google ha enfrentado en los últimos años numerosas demandas en los Estados Unidos por violación de leyes federales (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) que involucran la privacidad de los estudiantes usuarios de la plataforma Google Apps for Education”, ya que procesaba los correos electrónicos de los estudiantes “para luego ofrecerles publicidad personalizada, pese a que esta funcionalidad estaba deshabilitada en la mencionada plataforma”.
Por su parte, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, también se sumó al debate, con una declaración votada de manera unánime que indicaba su “honda preocupación” por el convenio. Otras voces del ámbito educativo universitario privado se mostraron a favor del uso de GAFE.
A favor y en contra
Entre tanta polémica, los responsables del Plan Ceibal difundieron más información sobre el acuerdo, como los términos de privacidad y condiciones, resumen de servicios y la declaración de compromisos de Google con la protección de información de los usuarios. Aclararon que el acuerdo para utilizar las herramientas es voluntario. Sin embargo, es sabido que para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas ofrecidas en una plataforma educativa sea cabal deben ser utilizadas por la mayor parte de los participantes, caso contrario se desvirtúa el hecho de compartir el conocimiento y los beneficios que esto conlleva.
Por pedido de las autoridades del Plan Ceibal, el acuerdo fue remitido al análisis de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales (URCDP), quien dictaminó que el convenio cumple con la normativa actual en materia de protección de datos personales.
Sin embargo, lo que comenzó como una preocupación por el posible uso que Google haría sobre los datos personales de alumnos y docentes se transformó en una discusión sobre la necesidad de contratar los servicios de la empresa estadounidense. Legisladores nacionales mantuvieron reuniones con representantes de Antel y surgieron ideas de diseñar una plataforma tecnológica nacional y autónoma para el Plan Ceibal. Si bien el plan es muy ambicioso y exigente en términos financieros y de recursos humanos, una de las opciones podría ser que la empresa estatal de telecomunicaciones aloje en su data center las aplicaciones de Google.
Desde el lado de quienes favorecen el acuerdo con Google en desmedro de un desarrollo tecnológico local apuntan que no habrá ventajas comparativas para el usuario, aunque reconocen que existirán ventajas políticas. Sostienen que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, aunque el punto débil es el modelo de negocios: las GAFE son gratuitas por lo no se podrá cobrar por la versión local. También suponen que el emprendimiento sería difícil de exportar ya que si otro país decidiera no utilizar las GAFE intentaría un desarrollo propio, por lo que no compraría la plataforma uruguaya.
El acuerdo entre el Plan Ceibal y Google pone al descubierto varios temas que hacen a la evolución de las plataformas tecnológicas. La privacidad de los datos personales y su utilización comercial es uno. También la jurisdicción geográfica de la “nube” que aloja la plataforma, en casos de problemas judiciales, es decir, hasta dónde puede llegar el alcance de la justicia de un país en casos de conflictos que atañen a sus habitantes que confiaron su información. El debate uruguayo se suma a otros, como el que propiciaron el cierre de Google News en España, o el avance de las plataformas sociales sobre los medios de comunicación.
En un mes crearán plan alternativo al de Google
En la comisión de Educación del Senado recibieron con calor ayer un planteo de la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simon, para que Uruguay, a través de Antel, desarrolle un sistema como el Google Apps for Education, que sustituya el que acordaron aplicar el Plan Ceibal y la multinacional Google.
Ayer, luego de la reunión con Simon, senadores de la comisión de Educación dijeron que el acuerdo con Google "está en el aire". El frenteamplista Marcos Carámbula explicó que la delegación de la Universidad trasmitió que Uruguay, a través de Antel, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), está en condiciones de desarrollar un sistema como el de Google.
La propuesta se hará en un mes, adelantó la también frenteamplista Constanza Moreira, vicepresidenta de la comisión de Educación.
Carámbula agregó que "ha surgido la posibilidad de revisarlo (al acuerdo con Google) y ver que tenemos las capacidades de hacerlo".
En tanto, el presidente de la comisión de Educación, el nacionalista José Carlos Cardoso, indicó que tanto Simon como los representantes del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería "fueron claros al señalar los riesgos e inconvenientes" de acordar con Google.
"Antel va a participar, va a hacer algo similar a lo que iba a hacer Google sin los riesgos de transferir toda la información afuera del país. El acuerdo con Google quedó en el fondo del mar", subrayó Cardoso.
El acuerdo con Google permite que los alumnos y profesores de Primaria, Secundaria y UTU tengan acceso a una cuenta de Gmail y a otra de almacenamiento online Dropbox con espacio ilimitado.
Según la Universidad de la República, toda esa información estará almacenada en servidores de Estados Unidos y puede prestarse para espionaje.
En la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) ven con escepticismo que el país desarrolle un sistema como el de Google, aunque técnicamente esté capacitado para hacerlo.
"Lo que Google ofrece es una capacidad ilimitada de alojamiento", dijo a El País Carlos Caetano, presidente de la CUTI. Además debe dar el servicio a 700.000 computadoras y "para equiparar eso se necesita una inversión de decenas de millones de dólares".
El empresario señaló que existe la capacidad técnica de hacer un proyecto, pero "el principal problema son los tiempos; Google invirtió varios años y mucho personal para lograr los productos que ofrece. No se hace de la noche a la mañana y ¿qué sentido tiene hacer una plataforma de menor calidad?". Y las advertencias de la CUTI no quedan solo ahí. "En Uruguay hay escasez de recursos humanos. ¿Con qué informáticos vamos a elaborar este proyecto? Porque, de contratar a personal que está trabajando en otras empresas, eso implicaría un aumento de los salarios".
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, entrevistada ayer en A Diario de El País TV, contó que usa Gmail, tiene su archivo en la nube (Google Drive) y que no se siente "para nada perseguida".
"No tengo esa preocupación de que el mundo me va a observar", afirmó y puso como ejemplo que "cuando uno usa la Internet, si entra a ver un hotel en Australia, en seguida le mandan propaganda de hoteles en ese país, pero eso en la educación no va a pasar" ya que el acuerdo no autoriza publicidad.
Muñoz reconoció que le "encantaría" que la plataforma sea nacional, tal como sugirió la Universidad. "Si hay una plataforma en el país sería fantástico, y si hay que crearla sería fantástico que pueda crearse. Nosotros no desconocemos los avances de Uruguay en todo lo que es la gente joven que se dedica a la creación de software", indicó la ministra.
Presupuesto
La ministra se refirió también al presupuesto para la educación. "Hablamos de 60.000 personas" y "cualquier detalle es mucho dinero en las arcas públicas", por lo que aseguró "no puede haber una decisión vertical".
"Lo que le corresponde al ministerio es empujar para que sin prisa y sin pausa se vayan produciendo cambios y se llegue a la meta planteada", 6% del PBI para la educación pública, aseguró. La ministra comentó que la aspiración de los docentes (salario de $ 30.000) no es descabellada, pero que el gobierno debe trabajar sobre el rezago salarial educativo en etapas y que en el primer año el aumento va a ser más moderado.
Fuentes: tynmagazine.com y El País
