Versiones publicadas en diferentes medios, basadas en su mayoría en fuentes no reveladas cercanas a los jueces de la Corte, venían coincidiendo en que la suerte de la constitucionalidad de la ley de medios estaría echada a favor de Clarín. Sobre informantes anónimos, poco se puede discutir.
Sea por influencia de esas versiones, alimentadas por los intercambios altisonantes entre el Poder Ejecutivo y la Corte por la reforma judicial y otras litis, o bien por información propia, no eran pocos, en las semanas pasadas, los pesimistas entre quienes apoyaron la sanción de la ley de medios, kirchneristas o no.En ese ambiente fue que la Corte Suprema, en una iniciativa con sello de Ricardo Lorenzetti, convocó a las dos audiencias públicas que tuvieron lugar el miércoles y ayer, en las que expusieron 12 amici curiae, divididos en partes iguales a favor y en contra de la ley de medios, más la procuradora Alejandra Gils Carbó. Ayer, la Corte trasladó preguntas a las partes, con un cuestionario atinado y amplio, y un manejo de repreguntas preciso por parte de Lorenzetti, lo que contrastó con cierto desdén de al menos tres jueces del tribunal que miraban desde lo alto.
Ante el llamado a la audiencia de "amigos del tribunal", una primera reacción de los escépticos fue creer que se trataba de una maniobra de la Corte para beneficiar a Clarín. La denuncia comprendía dos acepciones. O bien una puesta en escena para simular ecuanimidad, o una maniobra dilatoria que se sumaría a la demora de cuatro años, un plazo inaudito para el que el máximo tribunal aportó lo suyo.
Pues bien, pasadas las audiencias, quedó evidenciado lo fallido de dicha sospecha. La cita fue la ocasión de debatir argumento contra argumento, de dejar de lado la hojarasca a la que con frecuencia contribuye el Gobierno, a veces tomando la iniciativa y muchas otras respondiendo insultos y agresiones que provienen del multimedios opositor. Y a la vez, aislando el problema (la constitucionalidad de la letra de la ley de medios sancionada en 2009) de los déficits de la Casa Rosada para "democratizar" la información, como el escaso acceso a la información pública y la partidización de los medios estatales, entre otros.
Letrados del Estado y amici designados por el Gobierno recuperaron la sonrisa ayer en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Buena parte del debate se había centrado en el llamativo argumento de que la única forma de ser sustentable en el mercado de medios y de resistir presiones de un Gobierno, es alcanzar una posición de mercado tan excepcional como la que ocupa Clarín hace décadas, prácticamente sin parangón en el mundo si se suman todos los segmentos del negocio. En el alegato final del multimedios, la abogada que llevó la voz cantante lo dijo con todas las letras: "Clarín es el único medio que hace periodismo de investigación en Argentina" y "el 80% de los medios son oficialistas", una boutade que, dicha en un programa de la noche del domingo en Canal 13 puede ser una estrategia de marketing, pero en una audiencia ante la Corte Suprema adquiere otra gravedad.
La mera formulación de varias de las preguntas de la Corte a Clarín, como si acaso el multimedios no era sustentable antes de la fusión de Multicanal y Cablevisión autorizada por Néstor Kirchner, o qué destino le espera a otros multimedios de un tamaño varias veces menor, si es que sólo "la escala" gigantesca garantiza la supervivencia, ubicaron el debate en términos más alejados de los fuegos artificiales.
Por otra parte, aunque la audiencia no fue vinculante y, en rigor, casi todo estaba dicho en el expediente, la posición de la Casa Rosada se encontró con la oportunidad de dar visibilidad a por qué debe ser controlado el negocio de la TV paga. Sobre ese punto nodal, relacionado a un negocio (cable más internet) que le da a Clarín nueve de cada diez pesos que gana antes de impuestos, los voceros gubernamentales se habían esmerado menos hasta el momento de la apelación del fallo de Cámara en aras de la sobreabundancia retórica. Durante las audiencias de esta semana fue puesto blanco sobre negro, con diferentes voces, cuánto puede afectar la libertad de expresión la concentración de ese nicho, con cierre de canales, encarecimiento del abono y unificación de noticieros.
La principal expositora de parte del Gobierno, Graciana Peñafort, se mostró solvente en los aspectos en los que el Gobierno se siente seguro (Clarín domina el mercado) y en el que tiene aliados (las víctimas que Clarín acumuló por décadas); y, aunque sea, se la vio templada cuando fue indagada sobre el flanco débil del Ejecutivo (la pobre implementación de la ley en todo lo que excede a Clarín y el giro que significó la norma para un Ejecutivo que le había concedido beneficios al grupo entre 2003 y 2007). Un letrado que expuso por Clarín llegó a felicitarla a la salida de la sala de audiencias. La paradoja es que Peñafort hace tiempo no ocupa la dirección legal de la AFSCA y recaló hace poco en el Ministerio de Defensa. El kirchnerismo sabrá explicar esa reubicación.
Por último, las audiencias fueron también la ocasión para dejar claro que algunos referentes, sean personas u ONG, que suelen ser enarbolados por su supuesto saber técnico, son, en realidad, "amici" de Clarín.
Fuente: Ámbito Financiero
