Por: Margarita Stolbizer*
A casi cuatro años de su vigencia, este fracaso se debe a la obsesiva búsqueda de venganza contra un grupo.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple casi cuatro años de vigencia y merece un balance de su aplicación.
En tal sentido, se puede colegir que su inaplicabilidad derivó de su arbitraria y obsesiva búsqueda de hacerlo sobre una exclusiva empresa o grupo de empresas, demostrando el verdadero sentido de su nacimiento normativo, más cercano a la venganza que a la verdadera regulación de la actividad. A ello también se le debe sumar –y creo que con tanta importancia como lo anterior–, la absoluta demostración de la obsolescencia en la forma que se reguló en dicha norma.
No sería malo recordar que lo detallado en el párrafo anterior tuvo como conducción política a la actual Presidente de la Nación y su staff político, en el que participó el ex Jefe de Gabinete de Ministros que hoy asume la condición de candidato a diputado nacional en el rol opositor.
Lo dicho viene a cuento porque resulta necesario recordar a los que participan en la próxima contienda electoral, que además de elegir entre medios y periodistas que le preguntan en programas de interés general asistidos por su señora esposa, lo hagan también opinando sobre su participación como entrevistados en una estación de televisión abierta que debería explicar su localización en el barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de estar en la Ciudad de La Plata, donde se le otorgara la licencia originaria.
Esto, cuando el propio entrevistado fue parte de la construcción de la norma que impide el cambio de localización de la estación de televisión abierta bajo pena de caducidad de licencia.
O porque él, que promocionó la norma como Jefe de Gabinete del actual oficialismo, no se cuestiona la absurda limitante en cuanto a la titularidad de un canal abierto y una señal de cable en la misma área de cobertura –como es el Canal 2, si se lo toma como localizado en Buenos Aires en lugar de La Plata, y su relación con la señal América 24–, o lo que es peor, si merece continuar con la vigencia de la regla que la participación de sus accionistas en una licencia de televisión satelital –como el caso de DTH–, no implicó que deben desinvertir sobre el canal de aire en el que era entrevistado, además de la estación de radiodifusión sonora La Red y de otras licencias de cable en la zona de Cuyo.
Esta y otras limitantes absurdas que tiene la norma y que sólo sirven para la habilitación del ejercicio selectivo y arbitrario de la Autoridad de Aplicación, deberán ser revisadas en el futuro Congreso Nacional; para lo cual deberíamos empezar por asumir que resulta necesario, como principio básico de convivencia democrática, hacerlo dentro del respeto del marco de derechos y garantías que marca nuestra Constitución Nacional y no por la voluntad y sed de venganza de quien detenta la circunstancial mayoría parlamentaria.
Tal vez, con esa vocación de respeto al orden constitucional podamos dar respuesta al caos del espectro radioeléctrico en materia de radiodifusión sonora y de televisión abierta, a la franca caída en el proceso de inversión en materia de servicios convergentes y sobre todo, al camino del respeto al derecho de libertad de expresión, sin que haya hijos y entenados.
Esa construcción de voluntad política resolverá la insostenible permanencia de una norma que lo niega y que agudiza el retraso tecnológico en cuanto a la explotación de servicios que no ocupan espacio radioeléctrico como el cable, el satélite o Internet, y que además no resuelve el complejo caos del espectro radioeléctrico en materia de televisión abierta y radiodifusión sonora.
En ese camino, se podría mejorar la recepción en cuanto a los sistemas abiertos de radiodifusión, los que hoy en día son casi imposible de ser escuchados o vistos, fuera de su radio de cobertura primario o porque se acceden de una forma cerrada y por suscripción.
Realmente se entraría en la senda de la televisión digital y de alta definición (8K), en lugar en estar discutiendo la ubicación en la grilla de recepción de los sistemas de suscripción, como pretende hacer la AFSCA hacer, sin tomar dimensión de que la fuente de los problemas no es el voluntarismo, sino el ancho de banda para la mayor cantidad de señales posibles.
En la era de las tablet, los smartphones, o del servicio de streaming en valor agregado en telecomunicaciones, parece mentira que hoy se empeñen en resolverlos con una norma que nació vieja y que se aplica caprichosamente.
*Diputada nacional y candidata a diputada nacional por el Frente Progresista en la Provincia de Buenos Aires
Fuente: Diario Clarín
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