Luego de varias idas y venidas del expediente adentro del Ministerio y pidiéndonos que modifiquemos esta o aquella cuestión de forma, finalmente lo cajonearon y debimos recurrir a tribunales para que obligue al Ministerio ha hacer su trabajo.
El 15 de diciembre de 2011 recurrimos a la justicia pidiendo un amparo frente a la mora ministerial. El 23 de agosto de 2012 el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 5 dicta una resolución donde hace lugar a la acción de amparo y ordena al Ministerio que resuelva en un plazo de 15 días.
El Ministerio apeló y con fecha 13 de diciembre de 2012 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó lo que ya había resuelto -intimó al Ministerio a que nos de la personería- y se nos notificó a las partes el 6 de febrero de 2013.
Debido a que el Ministerio incumplió sistemáticamente cada una de las resoluciones de la justicia incluyendo la del 6 de febrero del año en curso, interpusimos una nueva acción de amparo por el art. 62 inc. D de la ley 23.551.
Nuevamente la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hace lugar a nuestra acción y traslada al Ministerio de Trabajo con plazo 30 días, para que se expida sobre nuestro trámite. Esos 30 días empiezan a correr ahora.
Adjuntamos la última presentación con su correspondiente resolución porque si bien un un poco tediosa del leer, es muy interesante, ya que es un racconto de todo lo que hemos venido haciendo para obtener la personería y una radiografía de cómo el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hace caso omiso de la justicia cuando le conviene.
Es el mismo Estado que juega sistemáticamente contra los trabajadores, votando leyes antiobreras como la nueva ley de ART, la derogación del 82% móvil a los jubilados, la ley antiterrorista, el “impuesto a las ganancias” que cercena nuestro salario y la discriminación en el pago de asignaciones familiares que deja afuera de ese beneficio a la mayoría de las familias trabajadoras.
Seguimos librando la batalla por el reconocimiento legal de ATRaNa, porque los trabajadores de Radio Nacional queremos tener voz y voto para decidir sobre nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario.
