lunes, 24 de junio de 2013

Se venía venir: La oposición uruguaya no votará proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Críticas de todo tipo y color recibió el viernes el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Fue durante una mesa redonda organizada por el semanario colorado Opinar, en la antesala de la Cámara de Senadores
Por: Santiago Sánchez
La composición de la mesa permitía suponer cómo iba a desarrollarse la cosa: estaban los senadores José Amorín (Propuesta Batllista) y Gustavo Penadés (Unidad Nacional); el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres; el director de Búsqueda y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paolillo, y el director de Opinar, César García.
El único vocero del gobierno presente era el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, quien durante sus intervenciones siguió con atención las críticias que le hacían los demás panelistas. La actividad fue moderada por el senador colorado Tabaré Viera.
Paolillo fue presentado como el representante de la “prensa interamericana”. Si bien el periodista fue crítico con la ley, el proyecto cuenta con el apoyo de la Coalición por una Comunicación Democrática, integrada, entre otros colectivos, por la Asociación de la Prensa Uruguaya.
Tras destacar que actualmente se vive la “plena y absoluta libertad de expresión” en el país, dividió a la ley en dos grandes capítulos: los negocios de los medios y la “regulación de contenidos”. “A mi juicio, este segundo punto es el que tiene la potencialidad de dañar la libertad de expresión”, expresó.
Paolillo opinó que se trata de un proyecto de ley “confuso” que reafirma la libertad de expresión, pero “también abre espacio a la censura”. Puso ejemplos: identificó en el articulado visiones “contrapuestas” que por un lado le “prohíben al Estado” atentar contra la libertad de expresión, pero al mismo tiempo le entrega herramientas para que haga “lo que se le da la gana”. En concreto, planteó que los artículos 13 y 14 del proyecto garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa, pero los artículos 4 y 5 definen a los SCA como un elemento “estratégico para el desarrollo nacional” y “de interés público”. “El Estado estaría en condiciones de definir para dónde orientar lo que se difunde en esos elementos estratégicos para el desarrollo nacional en función de un interés público, cuyo alcance y definición se reservaría para sí”, advirtió.
Luego, se quejó por la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, ya que éste, según dijo, “podría incidir muy peligrosamente en los contenidos”, en la medida que “dictamina sobre asuntos absolutamente vagos e imprecisos”: “cuándo un contenido es plural y no lo es, cuándo es diverso, cuándo es igualitario, cuándo es discriminatorio, respetuoso, inclusivo, difunde percepciones estereotipadas y promueve la identidad nacional”. Los cinco individuos que integran este organismo, destacó, son todos representantes designados por el Poder Ejecutivo y estarían facultados a imponer sanciones.

Batería pesada
Luego le tocó el turno a Ortuño, quien explicó los objetivos y alcances de la ley. Destacó que se busca poner al “ciudadano en el centro” y garantizar el “acceso universal” a todos los servicios, así como “promover el desarrollo de la producción nacional”, ya que se estipula que 60% de la programación de los servicios de televisión comerciales o públicos deberá tener producción o coproducción nacional. Afirmó que se trata de un proyecto “garantista” debido a que “prohíbe la censura” y garantiza la “libertad editorial”, pero además hace hincapié en los “derechos de las personas”, lo que ejemplificó destacando los puntos de la ley que buscan el acceso de personas con discapacidad a contenidos audiovisuales y resaltando la transmisión abierta en instancias definitorias de fútbol o básquetbol. Por último, enfatizó en la elaboración del proceso “transparente” que se prevé para la asignación de frecuencias, los límites a la concentración en la posesión de medios y la publicidad electoral gratuita para los partidos políticos en tiempos electorales.
En adelante todo fueron ataques al proyecto. Sin decirlo expresamente, Amorín dejó en claro que no va a votarlo. Dijo que se trata de un debate que “ya se ha dado en la región, en países expertos en perseguir a quienes piensan distinto”, entre los que enumeró a Ecuador, Venezuela y Argentina. Recordó la frase de José Mujica citada en la revista brasileña Veja en 2010, cuando reflexionó que “la mejor ley de prensa es la que no existe” (incluso dijo haberse sentido “orgulloso de ser uruguayo” en aquel momento) y dijo que las regulaciones de la ley, especialmente en lo que refiere a publicidad infantil, son “absurdas”.
Según advirtió, la ley no se aplicará a “las cuestiones audiovisuales que vienen por internet”, como un canal televisivo transmitido por internet, por lo que concluyó que “los únicos que van a poder dar comunicación audiovisual sin ninguna de estas limitaciones son los que pasen por internet. Hoy es Antel”.

No hay chances
El senador Penadés arrancó asegurando que el Partido Nacional “no va a votar esta ley, al menos como está”. Aseguró que es una “mala ley” y dijo que no logra entender “por qué la mandan”. Dijo que la libertad de expresión “ya está garantizada” y que cuando se insiste tanto con estos temas es porque “evidentemente no se tienen las firmezas conceptuales esenciales como para decir que esas cosas son básicas y no es necesario aplicarlas una y otra vez”. “En el gobierno hay demócratas, pero que no tienen los principios liberales que nosotros tenemos”, observó. También cuestionó que se prohíba la publicidad dirigida a los niños en televisión abierta, “cuando están Nickelodeon y Disney Channel”, en los que, según aseguró, hasta publicitan marcas uruguayas. Además, cuestionó el interés del gobierno de promover la participación de los “usuarios”: “Se me viene a la mente el delegado de los usuarios de ASSE, que nadie sabe quién es. Fue catapultado por un partido político y no representa a nadie”. Por último, admitió el “rotundo fracaso de las administraciones públicas [incluyó las del Frente Amplio y las anteriores] en la promoción de la realización de producciones nacionales en el canal oficial”.
Mieres también cuestionó el proyecto de ley, enfatizando que si bien fue estudiado previamente por varias organizaciones sociales, no se hizo la consulta previa a los partidos políticos. “El proyecto tiene una especie de esquizofrenia entre su parte programática, compartible, y su parte propositiva”, interpretó. Lo describió como una iniciativa “estatista, fuertemente intervencionista y corporativista”. El vocero del Partido Independiente finalizó suponiendo que el Consejo de Comunicación Audiovisual “dependerá de Presidencia para no tener control parlamentario”.

Palabra final
Al final volvió a tomar la palabra Ortuño; según Viera, “para hacer sus descargos”. Volvió a destacar que la ley es “garantista para los prestadores de SCA y fundamentalmente piensa en la gente, en el oyente”. Agregó que permite superar “algunas prácticas y esquemas regulatorios que creemos que deben ser superados”, haciendo referencia a la adjudicación de las radiofrecuencias de televisión y radio. Quizá dando respuesta al argumento de que los partidos no fueron consultados, expuso que el interés del gobierno es que el proyecto “se defina y debata en el Parlamento”, aunque también deben existir espacios “para la sociedad organizada”. “Si hay algo que no queremos es autoritarismo”, aseguró.
Fuente: La Diaria

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