El proyecto de ley que discute la Legislatura de la Provincia de Santa Fe es el primero que aprovecha la disposición de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522/09 que reserva a las provincias la posibilidad de gestionar emisoras de televisión y radio.
Es un buen comienzo por varios motivos: en primer lugar porque el proyecto en general se inscribe en el ideal de que los medios de gestión estatal deben cumplir un servicio público para evitar su manipulación comercial (algo que en la historia de Canal 7 sucedió cuando fue gestionado por Gerardo Sofovich, por ejemplo) o su utilización gubernamental-partidaria, lo cual restringe la representación de la diversidad política y social de lo público (esté identificado o no electoralmente con el gobierno de turno), y erosiona la legitimidad de la emisora.
El proyecto indica que el destinatario de los medios públicos provinciales no será interpelado ni en términos de cliente comercial, ni como cliente político. Esto es otro gran acierto de la iniciativa.
En segundo lugar, Santa Fe es una provincia con una representación política peculiar, gobernada por el Partido Socialista en alianza con la UCR y fuerzas menores, y con un Congreso con mayoría justicialista (que a partir de diciembre será a su vez compuesto mayoritariamente por el Frente para la Victoria). El tipo de diálogo político que exige la construcción de medios públicos, y que necesariamente incluye a orientaciones distintas, se halla presente en la correlación de fuerzas en Santa Fe.
Sin embargo, pensando en observaciones críticas que puedan inspirar mejoras en el proyecto, de una primera lectura del proyecto que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados santafesina surge que:
- Las funciones asignadas a las emisoras públicas provinciales son adecuadas, aunque tienen un déficit en el mandato de pluralismo informativo que una emisora de servicio público debería promover y garantizar;
- Si bien existen un buen diseño institucional de los medios públicos provinciales (a imagen y semejanza del diseño, aún no concretado, a nivel nacional) sin embargo la integración del Directorio es excesivamente político-partidaria, con muy poca (casi nula) injerencia de la sociedad civil. Experiencias internacionales (Italia, Chile, por ejemplo) demuestran que la representación exclusivamente político-partidaria en la dirección de los medios de gestión estatal influye a la larga en un perfil endogámico, poco permeable a la problemática social, y que se presta además a componendas entre partidos.
- La designación de miembros del Directorio podría aprovechar el mecanismo previsto por el Decreto 222/2003 del ex presidente Néstor Kirchner para designar, mediante un procedimiento público, a los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia.
- Los mecanismos de auditoría social y política de los medios públicos podrían ser más estrictos.
- Si bien la ley recoge lo dispuesto por la Ley 26522 en cuanto a topes publicitarios, el Estado debe diferenciarse de los privados, autolimitándose en anuncios para poblaciones vulnerables, por ejemplo: los medios públicos deberían abstenerse de emitir publicidad para niños, deberían dejar claro que no se interrumpirán películas ni documentales con publicidad comercial.
- El Consejo Consultivo cuenta entre sus miembros a "difusores" (se entiende privados) lo cual es una contradicción con la misión de servicio público encargada a los medios provinciales de gestión estatal, toda vez que las funciones de los licenciatarios con fines de lucro no se corresponden con la lógica de servicio público y su presencia desnaturaliza el objeto de la regulación propuesta.
- Por último, el proyecto de ley imita en un defecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y es que su referencia a los medios es exclusivamente al sistema analógico. Como la Argentina está implementando la Televisión Digital Terrestre, el “canal” de televisión de la Provincia de Santa Fe será en realidad un ancho de banda que permitirá la coexistencia de varias señales. Por lo tanto, más que un “canal” de televisión el Directorio será un administrador de “ancho de banda” para complementar diferentes programaciones en simultáneo. Esta diferencia es central, porque permitirá emitir programación segmentada y apuntar a diferentes necesidades sociales y geográficas de comunicación en la provincia.
Fuente: Quipu
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