Por: Carolina Gil Posse
En Argentina, a nueve días de las elecciones presidenciales, los diarios publican los resultados de una encuesta realizada a los hombres de negocios más importantes del país durante el Coloquio de IDEA, un tradicional encuentro anual de empresarios. Aunque se trata de los mismos datos, cada uno elige un enfoque particular: mientras que La Nación titula que “Las empresas preparan un ajuste por la crisis global” y Clarín asegura que lo que más les preocupa a los empresarios es la inflación, Tiempo Argentino consigna que “8 de cada 10 empresarios confían en el rumbo económico” y PáginaI12 reza que las expectativas “son favorables pese a la crisis mundial”, ya que la mitad de los encuestados prevé que “se mantendrán la demanda interna y el nivel de empleo”.
El ejemplo ilustra cómo los diarios argentinos construyen la noticia conforme a su línea editorial, con el objetivo de impactar en la percepción pública acerca de lo que podría suceder durante un probable segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, a quien las encuestas y el resultado de las primarias de agosto señalan como la gran favorita para ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo.La presidenta y los medios
La relación entre el gobierno de Cristina Fernández y los grandes medios tuvo su punto de inflexión en marzo de 2008, durante la protesta que llevaron adelante cuatro entidades patronales del campo en contra de la decisión de instaurar retenciones móviles a las exportaciones de granos. Desde entonces, el enfrentamiento entre el kirchnerismo y los medios que tradicionalmente dominaron la escena periodística local —en especial el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país—, se hizo explícito.
En los meses siguientes, dos grandes hitos marcaron a fuego esa relación: por un lado, la sanción de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que puso fin a la regulación anterior que databa de la última dictadura y limita la cantidad de licencias que puede tener un mismo grupo de medios; por el otro, la decisión del gobierno de investigar de qué manera se realizó el traspaso de acciones de la empresa Papel Prensa durante el último gobierno militar y de participar activamente en las reuniones de directorio de la empresa, ya que el Estado es dueño de un tercio de las acciones.
Nueva “Ley de Medios”
En octubre de 2009, el Congreso argentino sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en reemplazo del decreto-ley anterior, que había sido promulgado durante la dictadura militar. El proyecto, que fue presentado por el oficialismo, estaba basado en la propuesta de distintas organizaciones sociales reunidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y había sido debatido en foros que se realizaron en todo el país.
Además de fomentar la producción local de contenidos, limitar la participación de capitales extranjeros en las compañías de medios y plantear tres modelos de gestión —estatal, privada comercial y privada sin fines de lucro— con iguales oportunidades para acceder a las licencias, la ley establece que las empresas propietarias de medios podrán tener hasta un máximo de 10 licencias cada una. De esta manera, uno de sus principales objetivos es desarticular el poder de los grandes grupos mediáticos, que ahora deben adecuarse a la nueva regulación.
Sin embargo, el Grupo Clarín, que tiene más de 200 medios en todo el país —entre radios, canales de TV abierta y de cable—, recurrió a la justicia para pedir la suspensión del artículo en cuestión y obtuvo una medida cautelar que lo favorece provisoriamente. “El gobierno no se pelea contra Clarín. El gobierno no tolera los monopolios porque los estados democráticos no pueden convivir con el monopolio”, sostuvo hace algunos días el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, en referencia a la medida cautelar que beneficia a ese grupo de medios.
La verdad sobre Papel Prensa
Un año después, en agosto de 2010, la presidenta argentina presentó el informe “Papel Prensa: la verdad”, en el que se investiga de qué manera se transfirieron las acciones de esa empresa a los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura. Papel Prensa, la principal empresa productora de papel para diarios de Argentina, abastece a cerca de 170 periódicos de todo el país. Hoy, sus acciones están en manos de los dos diarios argentinos más importantes, Clarín (49% de las acciones) y La Nación (22,49%), del Estado nacional (28,08%) y, de manera minoritaria, de terceros (0,43%).
Ese día, además, la presidenta anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel de diario y establecer un precio igualitario para la venta de papel para todos los periódicos del país. Este proyecto será tratado próximamente en las sesiones parlamentarias.
Durante el anuncio, la mandataria hizo referencia al poder de los grandes diarios para configurar la agenda: “Yo quiero una democracia sin tutelajes y sin que los políticos tengan temor a ver qué dice tal diario o tal otro de uno, o si aparezco o me borran o me arman una operación. Quiero una sociedad sin miedos. Porque debo decir algo también: no solamente los políticos sienten miedo. Yo he hablado con muchísimos empresarios importantísimos de la República Argentina que también tienen temor a que aparezca una operación de prensa en tal o cual lugar y su empresa, su prestigio comercial, sea mancillado de un solo golpe y perder tal vez lo que le costó toda una vida construir. Eso existe”.
Relación con futuro incierto
¿Cómo será la relación entre el gobierno y los grandes grupos de medios de Argentina durante los próximos cuatro años, en caso de que Cristina Fernández consiga su reelección? Martín Becerra, reconocido investigador y doctor en Comunicación, ensaya algunas respuestas: “La primera cuestión es pensar en qué medida se aplicará la Ley de Medios, que tiene artículos importantísimos que no han sido aplicados porque la justicia, a pedido del Grupo Clarín, decidió cautelarmente su no aplicación, o bien porque el propio gobierno, teniendo en cuenta las medidas cautelares que favorecen al Grupo Clarín, decidió no avanzar con otros grupos de comunicación que también son concentrados, como Telefónica de España. El gobierno parece operar con la lógica de que si no lo dejan desarticular a Clarín, entonces no va a desarticular a los demás”.
Además, Becerra hace referencia al proyecto de ley sobre Papel Prensa: “Con la próxima integración del Congreso, veremos hasta qué punto el gobierno decide avanzar con esa iniciativa. De esas señales, nosotros vamos a poder saber si persiste la lógica que actualmente es de confrontación entre el gobierno y los grandes grupos comerciales de medios o si, por el contrario, hay algún tipo de pausa o de atenuación de esa lógica de confrontación”.
La SIP versus las asociaciones de periodistas de Argentina
Este martes, en Lima, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a los dueños de cerca de 1300 medios impresos, emitió una resolución crítica hacia el gobierno de Cristina Fernández, en la que “alerta a la sociedad sobre el proceso de ‘colonización mediática’ que se viene desarrollando por parte del gobierno con cuantiosos recursos del Estado y otras herramientas, intentando monopolizar los canales de acceso a la información". Además, los titulares de los medios instaron al gobierno argentino “a que ponga fin al hostigamiento administrativo contra la empresa Papel Prensa que obstaculiza el normal funcionamiento de la empresa” y solicitaron al Congreso “que impida la intervención estatal en la producción y comercialización del papel, para que no se constituya en un elemento de presión para el libre ejercicio del periodismo, preservando la política de libre comercialización que rige desde hace largos años en el país”.
En el texto, los editores que forman parte de la SIP también solicitan que el gobierno argentino “finalice la escalada de agresiones contra los medios críticos, que lejos de atenuarse sigue sumando nuevas agresiones de manera ininterrumpida”, y exhortan al Poder Ejecutivo “a que cesen las presiones a la Justicia en temáticas vinculadas a la actividad de los medios de comunicación, lo que contraría la división de poderes y pone en riesgo el rol del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales”.
Al conocer el comunicado emitido por la entidad empresaria, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), Gustavo Granero, aseguró que Argentina goza “de muy buena salud” en cuanto a libertad de expresión y sostuvo que “la SIP da espacio a sus socios, como Clarín y La Nación, en cuyas páginas se leen crónicas sobre la Argentina que nada tienen que ver con lo que pasa en el país, sino que son artificios destinados a sostener su posición dominante”.
A su vez, la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Lidia Fagale, denunció que “lo que está haciendo la Sociedad Interamericana de Prensa es lo que ha hecho toda la vida: defender intereses corporativos asociados a grupos económicos”. En declaraciones al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Fagale agregó que la SIP “nació como una herramienta del sector empresarial que ha jugado a lo largo de la historia, como lo está haciendo ahora, un partido asociado a los proyectos más conservadores que uno pueda concebir en el terreno no sólo de la política comunicacional, sino de la política general, enfrentando los cambios que se han dado en la región latinoamericana”.
Escuchá el informe de Carolina Gil Posse:
Foto: Infobosta
Fuente: Radio Nederland
