Por: Nicolás Wiñaski
Daniel Vila, presidente de América TV, mandamás del Grupo Uno, el segundo multimedios del país, camina por el living de su piso 12 con vista infinita a los árboles del Jardín Japonés, los lagos de Palermo y el Río de la Plata. Esquiva los sillones, las
mesas espejadas, pasa delante de varios óleos de colores oscuros, en su escritorio descansa una laptop Mac y cinco televisores reflejan las noticias, pero sin volumen. Todo parece muy señorial, salvo un detalle. El dueño de casa, de jeans, saco oscuro y camisa blanca, tiene en su muñeca una pulsera de goma verde claro con una inscripción: “Hasta K”. Es su nuevo chiche. Mandó a fabricar un millón, dice. Las va a repartir para expresar “el desagrado por el proyecto de Ley de Radiodifusión y a modo de defensa de la libertad de expresión”.Hasta hace poco tiempo, Vila, que comparte sus negocios mediáticos con Francisco de Narváez y José Luis Manzano, llevaba una relación diplomática con el Gobierno y no expresaba públicamente críticas a la gestión. Pero esta semana explotó. El miércoles a la noche inauguró las oficinas multimedias de su grupo en Mendoza con un discurso durísimo en el que acusó a los Kirchner, entre muchas otras cosas, de “mentirosos”, los imaginó en la cárcel, los comparó con Chávez y rogó a la Presidenta que “deje de esconderse detrás de una falsa ideología setentista y piquetera”.
¿Qué le pasó?
Dije lo que pienso. Pero hice un clic con el envío al Congreso del proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión. Más allá de los intereses personales que están afectados por este tema, hay otro problema: ¿qué modelo de país se está proponiendo? ¿Queremos parecernos al modelo de Chávez? Antes de dar el discurso, charlé con mi familia y con José Luis (Manzano), que me pidió prudencia. No le hice mucho caso, ¿no? (Se ríe).
Si la ley del Gobierno se aprueba, el Grupo Uno va a tener que vender algunos de sus medios. No me diga que eso no lo irritó.
Es que la ley no está pensada contra el Grupo Uno, que si bien es el segundo multimedios del país, está todavía a mucha distancia de Clarín. La cosa es que, como efecto colateral de la pelea del Gobierno con Clarín, la ligamos nosotros. La ley tiene dos partes, una que es maquillaje y la otra que esconde el verdadero motivo de su envío al Congreso.
¿Cuál es?
El Gobierno tiene un plan con Telecom pactado con Telefónica. Hay un acuerdo mediante el cual Telefónica retira su participación en Telecom, entra ahí vaya a saber quién y el Gobierno se queda, entonces, con un canal de aire. A cambio, Telefónica entra al negocio del Triple Play.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que usted ahora los critica pero que hasta hace poco era un “alcahuete” que había refinanciado con el Estado deuda previsional por 48 millones de pesos.
No refinancié nada. El Gobierno permitió que los medios que tenían pasivos fiscales los cancelaran mediante el canje de espacio publicitario. Y, sí, Fernández dijo que yo era un chupamedias. Pero, cada vez que uno va a la Casa Rosada, queda registrado. Se puede sacar la cuenta de cuántas veces fui.
¿Cuántas fueron?
¿En estos últimos seis años? Debo de haber ido seis u ocho veces. Y no siempre a verlo a él, sino a Alberto Fernández o a Juan Carlos Mazzón.
En esas charlas, ¿no le pidieron que baje el nivel de críticas de sus medios?
No. Nos acogimos al plan de canje, pero a cambio de nada. Este Gobierno es errático con los medios. Aprobó la fusión de Cablevisión con Multicanal y extendió la licencia de los canales por diez años sin que nadie se lo pidiera, aunque creo que fue una cosa de Daniel Hadad. Y ahora nos hace la guerra nuclear.
De golpe, usted parece ser un aliado de Clarín, su enemigo histórico.
Es a la fuerza. No soy aliado (suspira). Lo que pasa es que acá están en juego varias cosas, no sólo el boliche de uno.
El Gobierno también lo acusa de sangrar por la herida porque quedó fuera del negocio de la transmisión del fútbol.
No. Son tan dispares los vales que están en juego que no puedo enojarme por no transmitir fútbol. Sería infantil.
Pero públicamente estaba de acuerdo con que el Estado se metiera en el negocio de las transmisiones de los partidos.
Vamos a aclararlo: estuve de acuerdo con que la AFA rescindiera el contrato con TSC. Pero no con que el Estado subsidiara para siempre el fútbol. Fernández dijo que el Gobierno no iba a poner un peso y ahora se sabe que va a costar seis mil millones por diez años. Eso no puede ser.
¿Por qué América TV no transmite los partidos?Nos cambiaron de “secuestrador”: antes, los goles los tenía “secuestrados” TyC, y ahora los “secuestra” la Jefatura de Gabinete.
Al final, ¿cree que tiene que haber o no una nueva Ley de Radiodifusión?
Por supuesto. Se tiene que arreglar la legislación actual, que es un pastiche. Pero si para eso se tiene que romper todo lo que se hizo hasta ahora, no estoy de acuerdo.
¿Realmente imagina que los Kirchner pueden terminar presos, como dijo en su discurso?
Lamentablemente, es una tradición de la Argentina que sus ex presidentes terminen en Comodoro Py. No me gusta que eso pase. Pero los Kirchner tienen varias denuncias, incluso por enriquecimiento ilícito.
Tironeos en el Congreso
El Triple Play divide los votos
La habilitación del negocio de la TV para el sector de las telecomunicaciones le complica al Gobierno el apoyo de sus aliados para la ley de medios.
Por: Damián Glanz
Un artículo del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podría hacer naufragar el intento del Gobierno de sancionar una nueva norma que altere el mapa de los
medios de la Argentina y sustituya la vetusta ley de la dictadura. Pero el 25 no es un artículo más. Se trata del capítulo que habilita a las empresas telefónicas a ingresar al mercado de la televisión por suscripción, el nicho más redituable del mercado de la radiodifusión. La mayoría de los bloques de los partidos políticos que anunciaron su apoyo a la iniciativa oficial condicionaron su respaldo a la eliminación de esa cláusula. Pero, para el Ejecutivo, la habilitación del Triple Play (TV, internet y telefonía) para esas compañías de servicios públicos no es un punto negociable. Es, de hecho, el fundamento del proyecto. La fortaleza que mostró el kirchnerismo en el inicio del debate podría desmoronarse en la disputa parlamentaria por la creación de los nuevos gigantes de los multimedios del país.“Se nos complica dar quórum para un proyecto que les permite a las telefónicas ingresar en el espacio de la radiodifusión. Tenemos que evitar que esto salga así”, afirmó ayer el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur. Junto al bloque de Solidaridad e Igualdad que preside Eduardo Macaluse, Lozano presentó un proyecto que recoge gran parte del texto kirchnerista, pero que impide en forma manifiesta que esas empresas ganen posiciones en el mercado de los medios. A esa iniciativa se plegaron los diez diputados del Partido Socialista que también anticiparon su apoyo al debate de una nueva Ley de Radiodifusión. “Nosotros nos oponemos a la excepción prevista en el proyecto oficial para que las empresas de servicios de telecomunicaciones adquieran licencias para TV. Pero no vamos a definir ahora qué posición vamos a tomar si el Gobierno no modifica ese artículo. Primero hay que ir al debate”, afirmó la jefa de esa bancada, la santafesina Silvia Augsburger.
Una posición menos crítica mostró Ariel Basteiro, que conduce el bloque Encuentro Popular y Social, anexo del oficialismo. “Lo ideal es eliminar ese artículo. Pero podemos negociar un límite a la participación de las telefónicas. Por ejemplo, acotaría la cuota de mercado que pueden controlar a un 17%, la mitad de lo que se les permitirá a las demás cableoperadoras”, afirmó.
Entre todos estos bloques, reúnen unos 30 legisladores que condicionan su apoyo al destino de las telefónicas. Estos sectores de cuño progresista no quieren quedar pegados a la concesión del millonario negocio de la televisión por cable a un conglomerado de empresas que busca sustituir con un poder mayor el predominio oligopólico de Clarín.
Los números de la matemática parlamentaria kirchnerista están ajustados. Necesitan 129 legisladores para iniciar el debate, que en los cálculos del presidente del bloque, Agustín Rossi, debería llegar al recinto en una semana. Entre los propios y aliados incondicionales no superarían los cien. Como anticipó el jueves Crítica de la Argentina, Graciela Camaño no aportará su voto. Tampoco lo hará el salteño Marcelo López Arias, ni los cinco chubutenses que responden al gobernador Mario Das Neves. Con el resto de los bloques reunidos en una férrea oposición al proyecto oficial, el oficialismo deberá ajustar su estrategia para lograr la sanción de la ley donde juega, como nunca antes, su poder.
“Eso no se toca”, dijo ayer un funcionario sobre el artículo 25. Ciertamente, ese apartado recoge un compromiso que la Casa Rosada selló con Telefónica durante la “guerra gaucha”, cuando el Gobierno comprendió que su otrora principal aliado periodístico de peso, el Grupo Clarín, se había vuelto en contra de sus intereses. En febrero de este año, en Madrid, las partes confesaron la jugada con un anuncio que sorprendió por su ostensible ilegalidad: el presidente de Telefónica, César Alierta, junto al ministro Julio De Vido, dio a conocer el plan de inversiones de 1.700 millones de pesos para este año, que incluía el desarrollo de la infraestructura para la implementación del Triple Play, algo que prohíbe la legislación vigente. Para ese entonces, De Vido ya le había prometido el cambio de las reglas de juego que les abre la chance de sumar un negocio que supera los seis mil millones de dólares por año.
No es un artículo más. Es, acaso, el artículo que explica cuánto vale y cómo será el mapa de medios que diseñaron los Kirchner en el tablero de Olivos.
En el gobierno admiten que no pretendían sumar tantos enemigos de los medios
Los “daños colaterales” preocupan a la Casa Rosada
El oficialismo comienza a padecer en su terreno los “daños colaterales” provocados por su propia artillería. El debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un proyecto pensado para desarticular al Grupo Clarín y reemplazarlo por un multimedios de Telefónica, aún más poderoso, pero adicto a la Casa Rosada, originó enemigos mediáticos que no estaban previstos en el plan de ataque.
Hace un año atrás se escuchaban a diario a funcionarios repetir que el proyecto “no era contra nadie”, sino en favor de la “democratización de los medios”. Ahora, en el Gobierno ya no ocultan que esta es la “batalla final contra Clarín”. “Con su esquema de poder actual es inviable el país”, se quejó un vocero oficial ante Crítica de la Argentina. Pero la embestida amenaza con afectar muchos más intereses de los que la defensa kirchnerista puede contener. Desde que la Presidenta anunció hace una semana el envío del proyecto al Congreso, no dejaron de sumarse las voces críticas, incluso desde sectores que el Gobierno consideraba como propios. “No pretendíamos tener a todos en contra”, confiesan. Ante esa reacción, el matrimonio presidencial instruyó a su tropa para que desplieguen una estrategia de contención. Y a diario, una decena de funcionarios de la Casa Rosada se ocupa de llamar a los empresarios periodísticos para intentar bajar el tono de la disputa y prometer que el plan de ataque K no los incluía. Pero hasta ahora, la maniobra está fracasando. Los hombres de negocios de los medios están convencidos de que ya no hay ninguna chance de pactar con los Kirchner. Consideran que si después de tantos años de concesiones y favores hacia el Grupo Clarín, terminaron lanzando semejante embestida, difícilmente acuerden para ellos un destino mejor.
Fuente: Crítica de la Argentina
