lunes, 28 de enero de 2013
Alianza entre Telefe y YouTube
Telefe cerró un acuerdo con YouTube como Partner, en el marco de potenciar los contenidos para multiplataformas. Ya están disponibles en YouTube los canales youtube.com/user/oficialtelefe y youtube.com/user/telefenoticias con contenido artístico y de noticias
Los canales de Telefe tienen disponible hasta el momento más de 930 horas de contenidos originales, lo que equivale a más de un mes entero de programación 24 horas.
Mike Mecham, Gerente de Alianzas de Contenido de YouTube para el Cono Sur, explicó que “celebramos que Telefe haya elegido a YouTube como plataforma para distribuir su contenido original. Esta alianza no sólo permite acercar a la audiencia online contenido en español de altísima calidad, sino que demuestra cómo la nueva generación de canales incorpora al video online como un componente estratégico y complementario".
Mediante esta alianza estratégica se pueden revivir los ciclos de Telefe en el canal YouTube/oficialtelefe: Chiquititas, Poné a Francella, El hombre de tu vida, El elegido, Los Roldán, Vidas Robadas, Los Exitosos Pells, La Dueña, entre otros. Además se estrenó, de manera exclusiva, el teaser en 3D de la nueva película de Juan Jose Campanella “Metegol”.
Asimismo desde youtube/telefenoticias, se puede ver su amplia cobertura periodística y excelencia en el tratamiento de las noticias.
Por otra parte, se complementan la propuestas en video online con iniciativas para relacionarse con el público: a través de su página de Google+ , se realizan hangouts en vivo (videconferencias que se transmiten en simultáneo por YouTube) con artistas y programas en exclusiva.
También, a través de un video en YouTube y Google+ invitan a los usuarios a comentar/votar para definir cuál será la próxima ficción en ser subida al canal. Por su parte Telefe.com aloja todo el contenido de la pantalla, material exclusivo, entrevistas, grilla de programación, episodios completos, Telefe Noticias, entre otras.
Fuente: Dossiernet
Los canales de Telefe tienen disponible hasta el momento más de 930 horas de contenidos originales, lo que equivale a más de un mes entero de programación 24 horas.
Mediante esta alianza estratégica se pueden revivir los ciclos de Telefe en el canal YouTube/oficialtelefe: Chiquititas, Poné a Francella, El hombre de tu vida, El elegido, Los Roldán, Vidas Robadas, Los Exitosos Pells, La Dueña, entre otros. Además se estrenó, de manera exclusiva, el teaser en 3D de la nueva película de Juan Jose Campanella “Metegol”.
Asimismo desde youtube/telefenoticias, se puede ver su amplia cobertura periodística y excelencia en el tratamiento de las noticias.
Por otra parte, se complementan la propuestas en video online con iniciativas para relacionarse con el público: a través de su página de Google+ , se realizan hangouts en vivo (videconferencias que se transmiten en simultáneo por YouTube) con artistas y programas en exclusiva.
También, a través de un video en YouTube y Google+ invitan a los usuarios a comentar/votar para definir cuál será la próxima ficción en ser subida al canal. Por su parte Telefe.com aloja todo el contenido de la pantalla, material exclusivo, entrevistas, grilla de programación, episodios completos, Telefe Noticias, entre otras.
Fuente: Dossiernet
José Mujica: "Hay que separar la opinión y la especulación del capítulo de la información"
En su audición radial por M24, el Presidente de la República, José Mujica, cuestionó a los medios de prensa y les solicitó separar la especulación de la información. Por otra parte, se refirió a los problemas del narcotráfico y expresó que la figura del “sicario” se impone lentamente en Uruguay
Según el mandatario, el país está "asistiendo a paulatinamente al sicariato", y agregó que "esta metodología es la que ha sembrado y está desparramando por América el narcotráfico".
Advirtió que se "terminó la etapa del narcotráfico filantrópico a lo (Pablo) Escobar" y que ahora "la táctica de plata o plomo ha hecho del narcotráfico una especie de enemigo invencible".
"Por lo menos si lo único que se levanta (para enfrentarlo) es la represión (porque) coloca a los cuerpos represivos del mundo entero ante dilemas como este, o aceptás la coima o castigo a tus familiares, o las dos cosas. En esas condiciones no se le puede pedir a la humanidad milagros", afirmó.
Según Mujica, estas organizaciones son "las únicas multinacionales de claro origen latinoamericano que se han impuesto en el mundo" porque tienen una "eficiencia atroz, una crueldad atroz, y una deshumanización creciente".
"Mucho más infamia que la droga es el vehículo porque nos termina pudriendo la sociedad, el narcotráfico (...) Pero lo más peligroso es esa sensación de no querer ver la realidad", aseveró.
El presidente dijo que el tratamiento de la información en los medios debe realizarse "lo más fiel posible de la realidad" y agregó que "cuando no hay información hay derecho a hacer conjeturas, pero hay que separarlo". "Y esto no se hace y se sustituye con imaginación y con falta de objetividad la realidad", aseguró molesto y añadió: "hay que separar la opinión y la especulación del capítulo de la información".
Para el mandatario, la responsabilidad de las prácticas que criticó en su audición es del periodismo escrito, ya que "el grueso de los informativos se forman en gran medida con los aportes de la prensa escrita y la prensa escrita, poco leída, se reproduce en los informativos".
Fuente: Presidencia de Urtuguay y El País Digital
Según el mandatario, el país está "asistiendo a paulatinamente al sicariato", y agregó que "esta metodología es la que ha sembrado y está desparramando por América el narcotráfico".Advirtió que se "terminó la etapa del narcotráfico filantrópico a lo (Pablo) Escobar" y que ahora "la táctica de plata o plomo ha hecho del narcotráfico una especie de enemigo invencible".
"Por lo menos si lo único que se levanta (para enfrentarlo) es la represión (porque) coloca a los cuerpos represivos del mundo entero ante dilemas como este, o aceptás la coima o castigo a tus familiares, o las dos cosas. En esas condiciones no se le puede pedir a la humanidad milagros", afirmó.
Según Mujica, estas organizaciones son "las únicas multinacionales de claro origen latinoamericano que se han impuesto en el mundo" porque tienen una "eficiencia atroz, una crueldad atroz, y una deshumanización creciente".
"Mucho más infamia que la droga es el vehículo porque nos termina pudriendo la sociedad, el narcotráfico (...) Pero lo más peligroso es esa sensación de no querer ver la realidad", aseveró.
El presidente dijo que el tratamiento de la información en los medios debe realizarse "lo más fiel posible de la realidad" y agregó que "cuando no hay información hay derecho a hacer conjeturas, pero hay que separarlo". "Y esto no se hace y se sustituye con imaginación y con falta de objetividad la realidad", aseguró molesto y añadió: "hay que separar la opinión y la especulación del capítulo de la información".
Para el mandatario, la responsabilidad de las prácticas que criticó en su audición es del periodismo escrito, ya que "el grueso de los informativos se forman en gran medida con los aportes de la prensa escrita y la prensa escrita, poco leída, se reproduce en los informativos".
Fuente: Presidencia de Urtuguay y El País Digital
La enfermedad de "El País"
Por: Rodrigo Lloret
Tuvieron que pasar veinte horas para que El País ofreciera explicaciones por el error que cometió esta semana cuando publicó en su portada una imagen falsa de Hugo Chávez. En un curioso editorial titulado “La foto que ‘El País’ nunca debió publicar”, el diario español pidió “disculpas” y reconoció a sus lectores que se enteró “por las redes sociales” que la foto no era la de un Chávez convaleciente en La Habana, “sino que procedía de un video de 2008 sobre una operación a un paciente sin relación con el presidente”.
La edición maldita del diario que se imprime en Madrid había sido titulada “El secreto de la enfermedad de Chávez”, pero lo cierto es que la foto no era acompañaba por información relevante sobre la situación del venezolano. “La imagen que hoy publica ‘El País’, tomada hace unos días, muestra un momento del tratamiento médico en Cuba, según las fuentes consultadas por este diario”, se podía leer el jueves. No obstante, aún no se precisaron cuáles fueron las fuentes consultadas, ni por qué el famoso periódico español decidió difundir esa toma sin tener en claro lo que realmente le estaba pasando a Chávez. Más allá de la veracidad de la foto, lo concreto es que ningún “secreto” revelaba El País al publicarla. El propio diario recordó que su Manual de Estilo establece que “las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando añadan información”. ¿Qué información aportaría ver a Chávez entubado? ¿Saber que estuvo en terapia intensiva? ¿No se trata de un hecho conocido?
No es la primera vez que El País tuvo que dar explicaciones. En marzo de 2004 se vio obligado a publicar una nota de la defensora de los lectores para enmendar el error de haber acusado a ETA –siguiendo la voz oficial del gobierno de José María Aznar– de ser responsable de los atentados terroristas en Atocha que, en verdad, habían sido perpetrados por Al Qaeda.
Ahora, El País vuelve a ceder un poco de su prestigio, un respeto que fue construyendo durante la “primavera española”. El diario de información general más vendido de España nació seis meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y rápidamente se convirtió en un ícono del periodismo porque fue el primer medio español en concebirse bajo una clara impronta de valores democráticos.
En la historia del buen periodismo quedará aquella emblemática tapa de febrero de 1981 titulada “‘El País’, con la Constitución”, cuando el diario ayudó a contener el intento golpista de Antonio Tejero, que buscaba reinstaurar el franquismo por otras vías. El buen nombre de El País también se consolidó gracias a haber sido el primer diario español en crear la figura del ombudsman y en redactar su Manual de Estilo.
Sin embargo, en los últimos años, –años de crisis–, su tendencia socialista se convirtió en una trampa. La dureza con la que en sus páginas hoy se critica el ajuste de Mariano Rajoy no se reflejaba cuando el que recortaba era José Luis Rodríguez Zapatero. Y es en su relación con el chavismo donde vuelve a tropezar. En abril de 2002, tras el fallido golpe contra Chávez, El País tituló “Golpe al caudillo” su editorial: “La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón”. Pero, a decir verdad, antes y ahora, el empujón lo sufrió El País.
Fuente: Diario Perfil
Tuvieron que pasar veinte horas para que El País ofreciera explicaciones por el error que cometió esta semana cuando publicó en su portada una imagen falsa de Hugo Chávez. En un curioso editorial titulado “La foto que ‘El País’ nunca debió publicar”, el diario español pidió “disculpas” y reconoció a sus lectores que se enteró “por las redes sociales” que la foto no era la de un Chávez convaleciente en La Habana, “sino que procedía de un video de 2008 sobre una operación a un paciente sin relación con el presidente”.
La edición maldita del diario que se imprime en Madrid había sido titulada “El secreto de la enfermedad de Chávez”, pero lo cierto es que la foto no era acompañaba por información relevante sobre la situación del venezolano. “La imagen que hoy publica ‘El País’, tomada hace unos días, muestra un momento del tratamiento médico en Cuba, según las fuentes consultadas por este diario”, se podía leer el jueves. No obstante, aún no se precisaron cuáles fueron las fuentes consultadas, ni por qué el famoso periódico español decidió difundir esa toma sin tener en claro lo que realmente le estaba pasando a Chávez. Más allá de la veracidad de la foto, lo concreto es que ningún “secreto” revelaba El País al publicarla. El propio diario recordó que su Manual de Estilo establece que “las fotografías con imágenes desagradables sólo se publicarán cuando añadan información”. ¿Qué información aportaría ver a Chávez entubado? ¿Saber que estuvo en terapia intensiva? ¿No se trata de un hecho conocido?
No es la primera vez que El País tuvo que dar explicaciones. En marzo de 2004 se vio obligado a publicar una nota de la defensora de los lectores para enmendar el error de haber acusado a ETA –siguiendo la voz oficial del gobierno de José María Aznar– de ser responsable de los atentados terroristas en Atocha que, en verdad, habían sido perpetrados por Al Qaeda.
Ahora, El País vuelve a ceder un poco de su prestigio, un respeto que fue construyendo durante la “primavera española”. El diario de información general más vendido de España nació seis meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y rápidamente se convirtió en un ícono del periodismo porque fue el primer medio español en concebirse bajo una clara impronta de valores democráticos.
En la historia del buen periodismo quedará aquella emblemática tapa de febrero de 1981 titulada “‘El País’, con la Constitución”, cuando el diario ayudó a contener el intento golpista de Antonio Tejero, que buscaba reinstaurar el franquismo por otras vías. El buen nombre de El País también se consolidó gracias a haber sido el primer diario español en crear la figura del ombudsman y en redactar su Manual de Estilo.
Sin embargo, en los últimos años, –años de crisis–, su tendencia socialista se convirtió en una trampa. La dureza con la que en sus páginas hoy se critica el ajuste de Mariano Rajoy no se reflejaba cuando el que recortaba era José Luis Rodríguez Zapatero. Y es en su relación con el chavismo donde vuelve a tropezar. En abril de 2002, tras el fallido golpe contra Chávez, El País tituló “Golpe al caudillo” su editorial: “La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón”. Pero, a decir verdad, antes y ahora, el empujón lo sufrió El País.
Fuente: Diario Perfil
El Consejo de Europa preocupado por las presiones políticas sobre las radio televisiones públicas
Una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobada el pasado 24 de enero “toma nota con preocupación de informaciones recientes acerca de presiones políticas sobre las emisoras de servicio público en Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania”. Además reclama que “las emisoras de servicio público deben estar protegidas de las injerencias políticas en su gestión diaria y su trabajo editorial” , así como que en los puestos de dirección “se excluya a las personas con afiliaciones políticas claras”. También pide que en las radio televisiones públicas se elaboren códigos internos de conducta de los periodistas y de independencia editorial
En concreto el punto 19 de la resolución número 1920 (2013) dice :
Más adelante la resolución advierte que cuando la profesión periodística se debilita, la calidad profesional y la ética se ponen en riesgo.
Los tres miembros españoles adscritos al Partido Popular Europeo votaron en contra tanto de la resolución como de las recomendaciones. En concreto según la Agencia EFE “el senador del PP Pedro Agramunt, tomó la palabra durante el debate para decir que la acusación relativa a España “es absolutamente falsa y una barbaridad”, porque “no hay ningún tipo de problema con este tema, no es verdad”. También dijo que “algún partido de la oposición ha venido aquí a contar mentiras”. El senador popular intentó presentar una subenmienda para eliminar a España del listado, pero el presidente de la Cámara no lo permitió por “no ajustarse al Reglamento”.
En el debate de la enmienda el ponente, el sueco Mats Johansson, miembro también del Partido Popular Europeo, comenta además que tiene datos nuevos para incluir el nombre de España en esa resolución y modificar el texto inicial donde no aparecía.
La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo de Europa. A diferencia del Parlamento Europeo, el poder de la Asamblea se extiende solo a la capacidad de investigar, recomendar y aconsejar. Aun así, sus recomendaciones sobre temas tales como los derechos humanos tienen un peso significativo en el contexto político europeo.
En concreto el punto 19 de la resolución número 1920 (2013) dice :
“A pesar de la multiplicación de medios digitales, las emisoras de servicio público siguen siendo una fuente principal de información en Europa. La Asamblea toma nota con preocupación de informaciones recientes acerca de presiones políticas sobre las emisoras de servicio público en Hungría, Italia, Rumanía, Serbia, España y Ucrania e invita a la Unión Europea de Radiodifusión a colaborar con el Consejo de Europa en esta materia. La Asamblea recuerda a los Estados miembros los párrafos 8.20 y 8.21 de su Resolución 1636 (2008) sobre indicadores para los medios en democracia: las emisoras de servicio público deben estar protegidas de las injerencias políticas en su gestión diaria y su trabajo editorial; los puestos de alta dirección deberían excluir a personas con clara afiliación partidista; las emisoras de servicio público deberían establecer códigos internos de conducta para el trabajo periodístico y la independencia de influencias políticas”.Precariedad laboral en la profesión periodística
Más adelante la resolución advierte que cuando la profesión periodística se debilita, la calidad profesional y la ética se ponen en riesgo.
La Asamblea lamenta que muchos periodistas en Europa trabajen en situación precaria debido al incremento de los profesionales autónomos conocidos como “free lance”, la falta de respeto a los derechos sociales y unos ingresos generalmente bajos. Cuando la profesión periodística se debilita por este tipo de circunstancias, la calidad profesional y la ética se ponen en riesgo. La Asamblea recuerda a los Estados miembros la Carta Social Europea Revisada (Serie de Tratados Europeos Nº 163) e invita a los periodistas a usar sus derechos colectivos para mejorar sus condiciones laborales.Los españoles (miembros del PP) votaron en contra
Los tres miembros españoles adscritos al Partido Popular Europeo votaron en contra tanto de la resolución como de las recomendaciones. En concreto según la Agencia EFE “el senador del PP Pedro Agramunt, tomó la palabra durante el debate para decir que la acusación relativa a España “es absolutamente falsa y una barbaridad”, porque “no hay ningún tipo de problema con este tema, no es verdad”. También dijo que “algún partido de la oposición ha venido aquí a contar mentiras”. El senador popular intentó presentar una subenmienda para eliminar a España del listado, pero el presidente de la Cámara no lo permitió por “no ajustarse al Reglamento”.
En el debate de la enmienda el ponente, el sueco Mats Johansson, miembro también del Partido Popular Europeo, comenta además que tiene datos nuevos para incluir el nombre de España en esa resolución y modificar el texto inicial donde no aparecía.
La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo de Europa. A diferencia del Parlamento Europeo, el poder de la Asamblea se extiende solo a la capacidad de investigar, recomendar y aconsejar. Aun así, sus recomendaciones sobre temas tales como los derechos humanos tienen un peso significativo en el contexto político europeo.
Fuente: SalvemosTeleMadrid
domingo, 27 de enero de 2013
Por qué la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es referencia fundamental para América Latina
Por: Dênis de Moraes*
I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.
Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.
I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática. Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.
II – El escenario que debe cambiar
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales. Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
III- La Ley que impulsó “otra comunicación es posible”
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios. No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia.
(Traducción de Mariana Baranchuk).
*Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
Notas
1.- La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009
2.- La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009
3.- Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010
4.- El Manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil
5.- Entrevista a Frank La Rue.
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo, consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias. Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó. La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner– por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones). Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios. Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión. El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios. No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios. Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia.
(Traducción de Mariana Baranchuk).
*Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
Notas
1.- La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009
2.- La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009
3.- Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010
4.- El Manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil
5.- Entrevista a Frank La Rue.
Fuente: Agencia Latinoamericana de Información
Prisa, la caída del imperio
Por: Pascual Serrano
Cuando en marzo de 2009 publiqué un reportaje en Le Monde Diplomatique con el antetítulo “El Grupo Prisa se tambalea”, los directivos del diario El País se negaron a aceptar la publicidad que todos los meses contrataba la revista en el suplemento Babelia anunciando sus contenidos. Ahora, en octubre de 2012, el director del diario, Javier Moreno, ha afirmado ante los trabajadores que “el Grupo Prisa está arruinado”.
En realidad tanto la primera decisión como la segunda afirmación, aunque contradictorias, son coherentes con el estilo de Prisa: presentar la realidad según sus intereses. En 2009 necesitaba inversores para tapar la deuda millonaria que tenía con los bancos y no aceptaba que nadie difundiera su desastrosa situación económica. En otoño de 2012 debe justificar el despido de un tercio de su plantilla y le interesa decir que el grupo está arruinado. Ese comportamiento, intentar presentar la realidad conforme a tus intereses, es muy común y humano. Pero, cuando es el estilo constante de quien se presenta como el primer grupo de información y comunicación hispano en el mundo, nos podemos hacer idea de la falta de escrúpulos de quienes dicen estar al servicio de la verdad y la libertad de expresión.
La desesperada situación económica del Grupo Prisa es una constante informativa durante los últimos años, el reciente capítulo es el anuncio de un ERE que supone 128 despidos bajo las peores condiciones económicas que permite la ley, 21 prejubilaciones y una disminución del 15% del sueldo para el resto de una plantilla que ahora es de 464 trabajadores. Todo ello con la indignación que despierta en los trabajadores que el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, se embolse en torno a 13 millones de euros en 2011, una cantidad que viene a ser todo lo que ingresa el diario por publicidad en dos meses o lo que costaría contratar a 400 nuevos redactores.
El País ha sufrido una pérdida del 25% de su difusión desde 2008: de 459.000 a 343.000 ejemplares de media. Y sigue bajando. Al resto de diarios del grupo no le ha ido mejor, el deportivo As ha caído un 23% y el económico Cinco Días casi un 30%. Han perdido un 43,4% de su negocio en los últimos cinco años -en la media de la prensa española- y la publicidad se ha reducido a la mitad.
Historia: de Polanco a los bancos
Nacido en 1972, Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) fue el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa. Está presente en 22 países, principalmente en América Latina, Brasil, Portugal y Estados Unidos. Para hacernos una idea de su envergadura diremos que en prensa cuenta con los tres diarios ya citados; y participa en más de 30 cabeceras de revistas en el mercado español. Entre sus editoriales de libros, destacan Santillana en educación y Alfaguara en literatura. Es el accionista mayoritario de Unión Radio, el mayor grupo radiofónico de habla española con más de 1.250 emisoras entre propias y asociadas distribuidas por España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Prisa es el accionista mayoritario de la plataforma por satélite Digital + y minoritario de Cuatro. En cuanto a cine tiene la productora Sogecine y la comercializadora Sogepaq. También opera en la promoción y producción de eventos musicales, en el seguimiento de carreras artísticas, así como en derechos editoriales musicales. Posee cuatro empresas de publicidad y marketing y el 40 % de las acciones de la imprenta con la que trabajan. En Francia es dueña del 15,01% de Le Monde y, aunque Sarkozy les apoyó para aumentar su participación, los redactores lo impidieron.
Hasta que entró en crisis, el accionista de control de Prisa era el Grupo Timón, fundado en 1972 por Jesús Polanco (fallecido en julio de 2007). Tras una enloquecida expansión empresarial en la península ibérica, América Latina y Estados Unidos, Prisa inicia el año 2009 en una situación económica desesperante[4]. El año anterior el valor en Bolsa de sus acciones se desplomó en torno a un 80%. El principal problema de Prisa entonces era una deuda de alrededor de 5.000 millones de euros, que debía ir renegociando periódicamente con el grupo de bancos acreedores. Prisa y su proyecto de televisión de pago comenzaron su declive en su enfrentamiento con el Gobierno de José María Aznar, la “guerra del fútbol” y la de las plataformas digitales. El desarrollo de Internet, las nuevas licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago y el fin del privilegio para los derechos de la emisión del fútbol por imperativo de la Comisión Nacional de la Competencia despojó a Digital + de su principal razón de existencia. Pero, sin duda, fue la OPA sobre Sogecable (la empresa con la que opera Digital +) para lograr el 100% de las acciones lo que dejó noqueadas las cuentas del grupo. Las ventas de propiedades comenzaron en 2007 deshaciéndose de algunos periódicos regionales. En mayo de 2008 Prisa tuvo que dejar su casa en propiedad e irse a vivir de alquiler. Seis meses después cerraba Localia, una red de 80 emisoras locales de televisión que funcionaba desde el año 2000, y dejaba sin trabajo a 300 profesionales. En enero de 2009, anunciaba la venta de sus propiedades en televisión y prensa en Bolivia. Sin embargo, toda esa entrada de dinero no era suficiente. Para lograr calmar al consorcio de bancos acreedores, el grupo debe iniciar un proceso urgente de desinversiones. Durante 2009 se suceden las ventas en Prisa a grupos extranjeros. Por ejemplo, el 4,5% de sus acciones a Talos, filial financiera de la sociedad estadounidense InStore Broadcasting Network, LLC (IBN), y la venta del 25% de Santillana al fondo de capital privado DLJ South American Partners, participado por Credit Suisse. En noviembre de 2009 Telefónica adquiere el 21% del negocio de televisión de pago de Sogecable.
En diciembre se anuncia la fusión de Telecinco (Mediaset) y Cuatro (Prisa) en una empresa común. Creaban un holding para gestionar las dos cadenas, si bien el grupo italiano controlará el 81,7% de la empresa resultante, lo que sugiere más una absorción de Cuatro por los italianos. Prisa solo controlaría el 18% de la empresa. Los dueños de Telecinco adquieren además el 22% de Digital+.
En marzo de 2010 se confirma la gran venta, un acuerdo con la estadounidense Liberty Acquisition Holdings. Como resultado, la familia Polanco deja de ser el accionista de referencia de Prisa, para ser controlada por el grupo estadounidense. Fundada por Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, Liberty es una compañía que cotiza en el mercado norteamericano, se trata de una sociedad instrumental clasificada como Special Purpose Adquisition Company (SPAC). Su traducción sería Empresa con una Intención Especial de Compra. Para entenderlo mejor, Liberty es solo un mediador a través del cual la banca se queda con Prisa.
El acuerdo con Liberty supone que el fondo americano se hará definitivamente con el 57,7% del capital de Prisa. Liberty logró un compromiso de otros inversores para inyectar un mínimo de 500 millones de dólares en su capital. Se trata de los peces gordos de la banca española y mundial. Ahí se encuentra el banco británico HSBC, el Santander y los fondos Centaurus, Tyrus y Pentwater Growth, quienes negociaron con Liberty la compra de diversos paquetes de acciones de nueva emisión. El resultado es una empresa despedazada y repartida entre bancos y fondos de inversión estadounidenses, banca suiza,grupos de comunicación italianos (Mediaset), y empresa de telecomunicaciones (Telefónica).
La grave situación económica de Prisa ha tenido su reflejo en una alta conflictividad laboral. En 2008 El País abordó una profunda reestructuración que supuso su división en tres empresas (contenidos, impresión y servicios), además de la externalización del departamento comercial. Todo ello con el objetivo de debilitar al colectivo laboral y hacerle perder derechos y garantías laborales. Otro elemento de conflicto fue el contrato firmado en enero de 2010 con Indra, una empresa tecnológica que, entre otras actividades, da soporte electrónico a los cazas estadounidenses F-18 y a los misiles que fabrica MBDA, la segunda compañía de misiles más grande del mundo. Se estableció que Prisa externalizaba a los 300 trabajadores de su departamento de informática, que dejaban de pertenecer a la plantilla de la empresa de comunicación para estar en la nómina de esta compañía de Tecnologías de la Información y desplazarse a la sede de Indra en la localidad madrileña de Alcobendas. Finalmente, la entrada de los inversores estadounidenses mediante un acuerdo comercial tan complejo también creó la alarma en los profesionales. Todos esos temores se han confirmado.
Capitalismo de casino
Las conclusiones que se pueden sacar de la grave situación a la que se enfrenta el mayor grupo de comunicación español son muchas y variadas. Uno de los errores de Prisa podría haber sido buscar a toda costa un fuerte crecimiento que le garantizase ser un agente de poder político en España y América Latina, algo que sin duda logró, pero a costa de perder solidez empresarial. Ahora, sin muchos de los favoritismos que logró en España bajo el Gobierno de Felipe González -en especial los derechos exclusivos de emisión de los partidos de fútbol y el casi monopolio de la televisión de pago- y con una línea editorial en América Latina de agresividad contra los Gobiernos progresistas que ha superado a los medios tradicionalmente de derechas, su futuro se encuentra más en peligro que nunca. Los directivos del Grupo Prisa pretendieron algo más que crear un gran grupo empresarial de comunicación, quisieron -y necesitaban para continuar sus negocios- gobernar en muchos lugares y ámbitos sin presentarse a las elecciones y ahí es donde han fracasado. Sus cuentas de resultados terminaron dependiendo demasiado de unos poderes políticos a los que no se pudieron imponer. El emporio necesitaba para seguir avanzando concesiones de radio y televisión, exclusividades millonarias para la emisión de fútbol, contratos editoriales privilegiados… Al final no fueron tan poderosos para garantizarse todo ello.
El periodista Pere Rusiñol ha explicado en eldiario.es el desenlace de Prisa en términos empresariales. El grupo se incorporó al ‘capitalismo de casino’ que buscaba pelotazos sin relación con su negocio original; se apuntaron al crédito barato con decisiones tomadas por un reducido grupo de directivos que pensaban solo en el corto plazo y en su propia retribución, a costa de los intereses generales de la compañía, de sus accionistas y de sus trabajadores. Finalmente, cuando la burbuja pinchó, los bancos se hicieron con el control de la empresa, los ejecutivos se aseguraron retiros dorados y los trabajadores pagaron la fiesta con su despido.
La llegada de los americanos resolvió los bolsillos de los de siempre. El asesor jurídico Matías Cortés (miembro del Consejo de Administración), que llevaba contabilizados hace dos años 22 millones de euros en honorarios para su bufete. Juan Luis Cebrián, que se blinda con un salario multimillonario a pesar de ser el responsable de la ruina. Los directivos de Liberty, que facturan una suculenta comisión por conseguir inversores y se aseguraron una retribución del 7% de sus acciones durante tres años, mientras que los accionistas de Prisa de toda la vida hace más de un lustro que no perciben dividendo y sus viejas acciones valen apenas el 2% del valor que tenían cuando empezaron a cotizar.
Prisa ahora es de los bancos y sigue debiendo 3.500 millones de euros. El grupo que durante años ha estado intentado dar lecciones a Gobiernos progresistas latinoamericanos, partidos de izquierda europeos, sindicatos e intelectuales sobre cómo gestionar la política y la economía está probando su medicina. Le acompañan en su hundimiento los políticos y partidos que convirtieron sus lecciones en sagradas verdades. El problema es que Prisa arrastra trabajadores. Y políticos y partidos, a ciudadanos y países enteros.
Publicado en el número 23 de la revista asturiana Atlántica XXII
Cuando en marzo de 2009 publiqué un reportaje en Le Monde Diplomatique con el antetítulo “El Grupo Prisa se tambalea”, los directivos del diario El País se negaron a aceptar la publicidad que todos los meses contrataba la revista en el suplemento Babelia anunciando sus contenidos. Ahora, en octubre de 2012, el director del diario, Javier Moreno, ha afirmado ante los trabajadores que “el Grupo Prisa está arruinado”.
La desesperada situación económica del Grupo Prisa es una constante informativa durante los últimos años, el reciente capítulo es el anuncio de un ERE que supone 128 despidos bajo las peores condiciones económicas que permite la ley, 21 prejubilaciones y una disminución del 15% del sueldo para el resto de una plantilla que ahora es de 464 trabajadores. Todo ello con la indignación que despierta en los trabajadores que el consejero delegado, Juan Luis Cebrián, se embolse en torno a 13 millones de euros en 2011, una cantidad que viene a ser todo lo que ingresa el diario por publicidad en dos meses o lo que costaría contratar a 400 nuevos redactores.
El País ha sufrido una pérdida del 25% de su difusión desde 2008: de 459.000 a 343.000 ejemplares de media. Y sigue bajando. Al resto de diarios del grupo no le ha ido mejor, el deportivo As ha caído un 23% y el económico Cinco Días casi un 30%. Han perdido un 43,4% de su negocio en los últimos cinco años -en la media de la prensa española- y la publicidad se ha reducido a la mitad.
Historia: de Polanco a los bancos
Nacido en 1972, Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) fue el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa. Está presente en 22 países, principalmente en América Latina, Brasil, Portugal y Estados Unidos. Para hacernos una idea de su envergadura diremos que en prensa cuenta con los tres diarios ya citados; y participa en más de 30 cabeceras de revistas en el mercado español. Entre sus editoriales de libros, destacan Santillana en educación y Alfaguara en literatura. Es el accionista mayoritario de Unión Radio, el mayor grupo radiofónico de habla española con más de 1.250 emisoras entre propias y asociadas distribuidas por España, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Prisa es el accionista mayoritario de la plataforma por satélite Digital + y minoritario de Cuatro. En cuanto a cine tiene la productora Sogecine y la comercializadora Sogepaq. También opera en la promoción y producción de eventos musicales, en el seguimiento de carreras artísticas, así como en derechos editoriales musicales. Posee cuatro empresas de publicidad y marketing y el 40 % de las acciones de la imprenta con la que trabajan. En Francia es dueña del 15,01% de Le Monde y, aunque Sarkozy les apoyó para aumentar su participación, los redactores lo impidieron.
Hasta que entró en crisis, el accionista de control de Prisa era el Grupo Timón, fundado en 1972 por Jesús Polanco (fallecido en julio de 2007). Tras una enloquecida expansión empresarial en la península ibérica, América Latina y Estados Unidos, Prisa inicia el año 2009 en una situación económica desesperante[4]. El año anterior el valor en Bolsa de sus acciones se desplomó en torno a un 80%. El principal problema de Prisa entonces era una deuda de alrededor de 5.000 millones de euros, que debía ir renegociando periódicamente con el grupo de bancos acreedores. Prisa y su proyecto de televisión de pago comenzaron su declive en su enfrentamiento con el Gobierno de José María Aznar, la “guerra del fútbol” y la de las plataformas digitales. El desarrollo de Internet, las nuevas licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago y el fin del privilegio para los derechos de la emisión del fútbol por imperativo de la Comisión Nacional de la Competencia despojó a Digital + de su principal razón de existencia. Pero, sin duda, fue la OPA sobre Sogecable (la empresa con la que opera Digital +) para lograr el 100% de las acciones lo que dejó noqueadas las cuentas del grupo. Las ventas de propiedades comenzaron en 2007 deshaciéndose de algunos periódicos regionales. En mayo de 2008 Prisa tuvo que dejar su casa en propiedad e irse a vivir de alquiler. Seis meses después cerraba Localia, una red de 80 emisoras locales de televisión que funcionaba desde el año 2000, y dejaba sin trabajo a 300 profesionales. En enero de 2009, anunciaba la venta de sus propiedades en televisión y prensa en Bolivia. Sin embargo, toda esa entrada de dinero no era suficiente. Para lograr calmar al consorcio de bancos acreedores, el grupo debe iniciar un proceso urgente de desinversiones. Durante 2009 se suceden las ventas en Prisa a grupos extranjeros. Por ejemplo, el 4,5% de sus acciones a Talos, filial financiera de la sociedad estadounidense InStore Broadcasting Network, LLC (IBN), y la venta del 25% de Santillana al fondo de capital privado DLJ South American Partners, participado por Credit Suisse. En noviembre de 2009 Telefónica adquiere el 21% del negocio de televisión de pago de Sogecable.
En diciembre se anuncia la fusión de Telecinco (Mediaset) y Cuatro (Prisa) en una empresa común. Creaban un holding para gestionar las dos cadenas, si bien el grupo italiano controlará el 81,7% de la empresa resultante, lo que sugiere más una absorción de Cuatro por los italianos. Prisa solo controlaría el 18% de la empresa. Los dueños de Telecinco adquieren además el 22% de Digital+.
El acuerdo con Liberty supone que el fondo americano se hará definitivamente con el 57,7% del capital de Prisa. Liberty logró un compromiso de otros inversores para inyectar un mínimo de 500 millones de dólares en su capital. Se trata de los peces gordos de la banca española y mundial. Ahí se encuentra el banco británico HSBC, el Santander y los fondos Centaurus, Tyrus y Pentwater Growth, quienes negociaron con Liberty la compra de diversos paquetes de acciones de nueva emisión. El resultado es una empresa despedazada y repartida entre bancos y fondos de inversión estadounidenses, banca suiza,grupos de comunicación italianos (Mediaset), y empresa de telecomunicaciones (Telefónica).
La grave situación económica de Prisa ha tenido su reflejo en una alta conflictividad laboral. En 2008 El País abordó una profunda reestructuración que supuso su división en tres empresas (contenidos, impresión y servicios), además de la externalización del departamento comercial. Todo ello con el objetivo de debilitar al colectivo laboral y hacerle perder derechos y garantías laborales. Otro elemento de conflicto fue el contrato firmado en enero de 2010 con Indra, una empresa tecnológica que, entre otras actividades, da soporte electrónico a los cazas estadounidenses F-18 y a los misiles que fabrica MBDA, la segunda compañía de misiles más grande del mundo. Se estableció que Prisa externalizaba a los 300 trabajadores de su departamento de informática, que dejaban de pertenecer a la plantilla de la empresa de comunicación para estar en la nómina de esta compañía de Tecnologías de la Información y desplazarse a la sede de Indra en la localidad madrileña de Alcobendas. Finalmente, la entrada de los inversores estadounidenses mediante un acuerdo comercial tan complejo también creó la alarma en los profesionales. Todos esos temores se han confirmado.
Capitalismo de casino
Las conclusiones que se pueden sacar de la grave situación a la que se enfrenta el mayor grupo de comunicación español son muchas y variadas. Uno de los errores de Prisa podría haber sido buscar a toda costa un fuerte crecimiento que le garantizase ser un agente de poder político en España y América Latina, algo que sin duda logró, pero a costa de perder solidez empresarial. Ahora, sin muchos de los favoritismos que logró en España bajo el Gobierno de Felipe González -en especial los derechos exclusivos de emisión de los partidos de fútbol y el casi monopolio de la televisión de pago- y con una línea editorial en América Latina de agresividad contra los Gobiernos progresistas que ha superado a los medios tradicionalmente de derechas, su futuro se encuentra más en peligro que nunca. Los directivos del Grupo Prisa pretendieron algo más que crear un gran grupo empresarial de comunicación, quisieron -y necesitaban para continuar sus negocios- gobernar en muchos lugares y ámbitos sin presentarse a las elecciones y ahí es donde han fracasado. Sus cuentas de resultados terminaron dependiendo demasiado de unos poderes políticos a los que no se pudieron imponer. El emporio necesitaba para seguir avanzando concesiones de radio y televisión, exclusividades millonarias para la emisión de fútbol, contratos editoriales privilegiados… Al final no fueron tan poderosos para garantizarse todo ello.
El periodista Pere Rusiñol ha explicado en eldiario.es el desenlace de Prisa en términos empresariales. El grupo se incorporó al ‘capitalismo de casino’ que buscaba pelotazos sin relación con su negocio original; se apuntaron al crédito barato con decisiones tomadas por un reducido grupo de directivos que pensaban solo en el corto plazo y en su propia retribución, a costa de los intereses generales de la compañía, de sus accionistas y de sus trabajadores. Finalmente, cuando la burbuja pinchó, los bancos se hicieron con el control de la empresa, los ejecutivos se aseguraron retiros dorados y los trabajadores pagaron la fiesta con su despido.
La llegada de los americanos resolvió los bolsillos de los de siempre. El asesor jurídico Matías Cortés (miembro del Consejo de Administración), que llevaba contabilizados hace dos años 22 millones de euros en honorarios para su bufete. Juan Luis Cebrián, que se blinda con un salario multimillonario a pesar de ser el responsable de la ruina. Los directivos de Liberty, que facturan una suculenta comisión por conseguir inversores y se aseguraron una retribución del 7% de sus acciones durante tres años, mientras que los accionistas de Prisa de toda la vida hace más de un lustro que no perciben dividendo y sus viejas acciones valen apenas el 2% del valor que tenían cuando empezaron a cotizar.
Prisa ahora es de los bancos y sigue debiendo 3.500 millones de euros. El grupo que durante años ha estado intentado dar lecciones a Gobiernos progresistas latinoamericanos, partidos de izquierda europeos, sindicatos e intelectuales sobre cómo gestionar la política y la economía está probando su medicina. Le acompañan en su hundimiento los políticos y partidos que convirtieron sus lecciones en sagradas verdades. El problema es que Prisa arrastra trabajadores. Y políticos y partidos, a ciudadanos y países enteros.
Publicado en el número 23 de la revista asturiana Atlántica XXII
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