sábado, 30 de enero de 2010

Laurence Lessig: "El periodismo es un bien público y necesita financiación institucional"

El profesor de Harvard propone la tecnología como herramienta de fiscalización política
Por: Rosa J. Cano
Padre de las licencias creative commons, alternativa al copyright menos restrictiva y adaptada por cada autor, entusiasmó en Campus Party con su concepción de la cultura. "Brasil es el país más importante del mundo para el futuro de la cultura digital", dijo como aperitivo de muchas más píldoras que escandalizarían a muchos dirigentes de la cultura española.
En Brasil es muy diferente, el Secretario Ejecutivo del Ministerio de Cultura de Brasil, Alfredo Manevy, propone una reforma de su ley completamente opuesta a la que se baraja en España. "Nuestro copyright es antiguo y cerrado. Claro que queremos defender los derechos de autor, porque no es sólo una cuestión moral, sino también económica, pero sí vemos internet como un derecho básico; como la luz y el agua. Nuestra intención es debatir, sin prisa, pero aprobar una ley que dé acceso a todos los brasileños y se permita la copia privada", insiste este ministro interino con aire hippie.
Añade que, lo contrario sería un paso atrás: "En la Universidad hay libros agotados que hacen falta pero es ilegal copiar. En un país de 200 millones de habitantes los libros salen con una tirada de 5000 ejemplares. En Brasil el 90% de la población no va a la bibliotecas, cines y teatros. Con internet sí podrán conocer la cultura. En los últimos años se ha creado una clase media con más de 40 millones de habitantes. No los podemos traicionar cerrándoles las puertas. Esto no es un país de 40 millones de piratas, sino de gente con ganas de conocer".
El joven ministro se mostraba tajante: "El camino no es cerrar la tecnología sino cambiar la gestión económica. Hay un flujo de dinero bajo la red que los intermediarios del pasado no nos dejan ver. Hay que mirar el conjunto, no el ombligo".
Con políticos con esta implicación en la red, es normal que Laurence Lessig se sienta como en casa y vaya un paso más allá en sus ideas, si ha conseguido que muchos artistas publique sus obras con algunas cláusulas que les permiten compartir, ¿por qué no hacer lo propio con los laboratorios médicos? Todavía no se ha adentrado en este campo, pero no parece que lo descarte: "Una de las cosas grotescas del sistema de sanidad que propone Obama es que no se contempla una bajada del precio de los medicamentos. Eso sólo lo han conseguido parcialmente Brasil e India".
Una vez popularizadas las licencias copyleft se propone un nuevo reto: fiscalizar la transparencia política haciendo uso de la tecnología. "Las donaciones que esperan una votación favorable a cambio no se pueden considerar como tales. Se está haciendo mucho daño a las instituciones y nos vamos dar cuenta cuando sea demasiado tarde" se lamentaba.
Una primer paso para esta transparencia pasa por la liberación de datos. Las acciones de Open Government son cada vez más comunes. Con la llegada de Barack Obama, la Casa Blanca pasó a crear contenidos en Creative Commons para ayudar a difundir sus vídeos, fotos y discursos, siempre que no se haga negocio con ello. En su opinión, esta medida se queda corta: "Sólo es un paso, faltan más. Los gobiernos son lentos pero el dinero influye en la política, tendría que poner mecanismos de control porque afecta a la sociedad lo que decida en ecología, salud o educación".
Poco amigo de los conservadores de Estados Unidos no se pudo aguantar al preguntar por su opinión en la guerra entre News Corp. y Google. La compañía de Rupert Murdoch no quiere que las noticias de sus medios aparezcan en el buscador más conocido. "Personalmente, me encantaría que Fox News dejase de aparecer en los resultados cuando hago una búsqueda. Creí que Google lo dejaría pasar, sin embargo, se han involucrado y es algo justo. El nuevo periodismo es un reto del siglo XXI", insistía, "¿Cómo vamos a saber si los periodistas hacen bien su trabajo si no se les da sustento?".
En su defensa de los valores democráticos apoyó la idea de dar financiación pública e institucional a los medios, "porque hacen una labor social. Sin los medios libres y con periodistas formados no se entiende la democracia".

Fuente: Diario El País

La Jornada: Firma mexicana hizo una venta ilegal en Argentina

Denuncia el gobierno la transacción
Por: Stella Calloni
El gobierno argentino ha denunciado ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la venta realizada por la empresa mexicana Corporación Interamericana de Entretenimientos (CIe) de varias radios a una sociedad en la que tiene control el empresario Raúl Moneta, de dudosa trayectoria en tiempos del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y que está en la mira de la justicia.
En la denuncia consta que la transacción viola el artículo 45, inciso 2 de la nueva ley, que limita a dos la cantidad de licencias de modulación por frecuencia (FM) que puede tener una misma "persona de existencia visible o ideal" ya sea por ser titular o tener participación en las sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión,
El grupo CIE, señalan aquí "ya se encontraba fuera de los parámetros de la nueva ley, porque excedía la cantidad de licencias que ésta prevé por licenciatario."
Además como empresa extranjera está impedida por otro artículo de realizar este tipo de acciones y en la Ley de Radiodifusión, existía un impedimento legal para que las emisoras estuviesen controladas por personas físicas, jurídicas y extranjeras.
Ni la mayor excepción a esta regla, que es la llamada Ley Clarín o Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003, permite que una empresa con más del 30 por ciento de capital extranjero controle un medio de comunicación.
Ante esta situación el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) había ordenado CIE vender antes de fines de 2010, pero cuando esta semana se conoció el anuncio de la empresa que anunciaba la venta del grupo de radios integradas por FM Rock & Pop, Metro, FM Blue, AM Splendid, San Isidro Labrador, entre otras, ya hubo una serie de movimientos periodísticos y tanto Página 12, como el diario Crítica de esta capital informaron sobre las características del comprador, un hombre de oscura historia legado a poderosos grupos extranjeros, entre otras y por lo tanto esta transacción no estaba permitida por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Se saltaron además varios pasos legales, como que la autoridad de aplicación no fue informada y además de acuerdo al artículo 41 de la ley 26.522 "las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles".
En todo caso, como analiza "red Eco Alternativo" si como excepción se autorizara la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias, esta debe estar sujeta a una previa comprobación por la autoridad de aplicación, que además debe expedirse por medio de resolución sobre la autorización o rechazo de la transferencia.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es muy precisa al referirse a que los titulares de licencias, ya sean personas físicas o los socios de una empresa, deben poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión y no haber sido condenados por delito doloso.
“La sociedad que compró las emisoras está compuesta por Matías Garfunkel, un joven empresario que es uno de los directivos de la firma BGH y se le adjudica estar en pareja con la hija del ex presidente Menem.
Su socio, Raúl Moneta, tiene un perfil más extenso. Vivió la década del menemismo del lado del poder, haciendo negocios que lo llevaron a la justicia en más de una oportunidad” señala la investigación de Red Eco Alternativo.
Moneta estuvo seis meses como prófugo de la Justicia, por el vaciamiento de los bancos República y Mendoza, además de acusación por lavado de dinero.
Nunca ha dado cuenta de los fondos que utilizó para sus negociados y ahora acaba de hacer una compra que a todas luces es ilegal, y será difícil para los directivos de CIE explicar que no conocían ni ellos ni sus abogados la legislación argentina.
Lo cierto es que el tema es clave aquí, cuando esta venta que resulta ilegal pasa a formar parte de una serie de acciones corporativas de los grandes medios de comunicación, que como se denuncia aquí, “intentan golpear la nueva Ley de Medios, que reemplazó a la arbitraria e injusta ley de la pasada dictadura militar, que "impedía la verdadera democratización en las comunicaciones".

Fuente:
Diario La Jornada

Carta abierta, debate y desmentida....

A todos los periodistas del Grupo Clarín
Presente
Estimados colegas:
Los que abajo firmamos somos periodistas y comunicadores de todo el país, algunos conocidos por el gran público, otros simplemente por los colegas y algunos completamente desconocidos, pero todos orgullosos de esta profesión que elegimos llenos de optimismo.
El motivo de esta carta es apelar a la reflexión y la conciencia de todos ustedes que, a sabiendas o no, colaboran con sus artículos, sus escritos, sus columnas y sus comentarios con la furiosa e irracional campaña de debilitamiento, desprestigio y derrocamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzada por el directorio del grupo y su CEO, el señor Héctor Magneto.
Sabemos, porque ha tomado estado público, que todos ustedes son sometidos diariamente a un proceso de adoctrinamiento y presiones, para que la actividad intelectual por la cual han sido contratados, sirva de manera exclusiva - cualquiera sea la sección o especialidad periodística en la que desarrollen su labor- a la finalidad arriba descripta. Para ello, denigran por todos los medios la acción de gobierno; calumnian, insultan y descalifican a la señora presidenta, al ex presidente Néstor Kirchner y a los funcionarios y políticos del oficialismo e, incluso, a cualquier simpatizante del mismo; ocultan de manera sistemática los aciertos, las obras de gobierno y las intervenciones presidenciales; generan un clima de zozobra, angustia y miedo en la sociedad; esconden los signos de recuperación económica, para generar desesperanza y crispación; agigantan y repiten hasta el cansancio las malas noticias, las desgracias, los crímenes y delitos, para dejar la sensación y el efecto de sentido de que todo ello es culpa del gobierno y la presidenta. Estas son, entre otras del mismo tenor, las tareas a las que están, suponemos, obligados a realizar. Como todos ustedes saben, todo lo aquí enumerado atenta tanto contra los principios éticos que rigen nuestra profesión, como contra los más elementales conceptos de lo que es el periodismo y la comunicación.
Creemos que, de una manera u otra, deben reaccionar frente a esto. ¿Pretenden ustedes pasar a la historia como los oficiales y soldados que, cumpliendo órdenes, lograron el desprestigio y la destitución de una presidente constitucional argentina, votada por el 45% de la ciudadanía? ¿Están dispuestos a aceptar que sus hijos, el día de mañana, lean en los libros de historia que ustedes, sus padres, fueron la fuerza de choque, el grupo de tareas que pretendió llevarse puesta a una presidenta? ¿Con qué cara los mirarán cuando ellos pregunten, después de la escuela, qué hicieron cuando un grupo de millonarios monopólicos intentó con mentiras y manipulaciones destituir a un gobierno democrático y popular?
No tendrán posibilidad de recurrir a la Obediencia Debida y explicar a sus hijos que sólo seguían órdenes, porque este mismo gobierno contra el que sus patrones los lanzan, derogó esa falacia y mandó a prisión a quienes la argumentaron.
Sabemos que entre ustedes hay algunos –pocos- que han elegido un camino sin retorno, que les han hecho creer que eran ligeros para que corran, y hoy son verdaderos y concientes oficiales del Estado Mayor golpista, antidemocrático y monopólico. Pero no todos son Nelson Castro, Marcelo Bonelli, Ricardo Kirchbaum o Morales Solá, cuyos siderales honorarios los convierten en sicarios, cómplices y gustosos de la infamia.
Entre ustedes hay muchos, la mayoría, que están avergonzados del papel que el odio y el revanchismo políticos les están haciendo jugar, a cambio de un sueldo, imprescindible –es cierto-, pero que no alcanza para comprar la dignidad y la honra, colegas periodistas.
Los abajo firmantes los instamos a rebelarse contra esta perversa maniobra. Protesten, resistan y, si es necesario, renuncien y denuncien a sus patrones destituyentes. Una profesión que tiene a Mariano Moreno como paradigma no puede ser mancillada por un plato de sopa.

Comisión Directiva de Faro de la Comunicación
Hugo Barcia, Presidente, Gustavo Granero, Vicepresidente
Vocales: Julio Fernández Baraibar, Enrique Masllorens, Mariana Baranchuk, Mario Paulela, Santiago Plaza, Javier González
Adhesiones: Orlando Barone, Jorge Rachid, Gustavo Bulla, Martín Piqué, Ricardo Hotvaht, Fernando Braga Méndez, Pedro Lantieri, Lilia Ferreira, Norberto Colominas, Gabriel Fernández Dante López Foresi, Oscar Rovito, Osvaldo Frances, Juan Manuel Rapacioli, Roberto Baschetti, Nelson Marinelli, Gloria Beretervide... siguen las firmas.


La Naranja de Prensa:

Apoyar un gobierno agotado no es una salida para los trabajadores de Clarín
Una solicitada denominada “Carta Abierta a los trabajadores de Clarín” con la firma de FATPren, el Foro de la Comunicación y otras organizaciones kirchneristas apareció en varios diarios el 29 de enero. La misma interpela a los trabajadores del diario por colaborar con “la furiosa e irracional campaña de debilitamiento, desprestigio y derrocamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzada por el directorio del grupo y su CEO, el señor Héctor Magneto”.
Por ese motivo, los firmantes señalan que los trabajadores del pulpo mediático deben “reaccionar frente a esto (el ataque al gobierno)”. Es más, los “instan (¡) a rebelarse contra esta perversa maniobra. Protesten, resistan y, si es necesario, renuncien y denuncien a sus patrones destituyentes”.
Es cierto que los trabajadores de Clarín deben “rebelarse” contra su patronal pero no en apoyo de un gobierno que se encuentra en una carrera furiosa por pagar la deuda externa para “volver al mercado de capitales”, es decir, endeudarse aún más.
De ninguna manera pueden poner su fuerza en la defensa de un gobierno que se ha caracterizado por la defensa irrestricta de los Roggio, Cristóbal López, Werthein, etc, y que más allá de uno que otro exabrupto verbal no ha hecho nada en defensa de los trabajadores de ese campo de concentración que es el grupo Clarín.
Todo lo contrario, en 2004, el gobierno puso a la Infantería a desalojar y reprimir la ocupación que los trabajadores gráficos le hacían a Noble y Magnetto, mientras que hoy deja hacer al "monopolio" que persiste en no reconoce a la Comisión Interna de Canal 13/TN y tampoco reincopora a los delegados despedidos, a pesar de los fallos favorables en la Justicia en ese sentido.
Peor aún resulta que uno de los firmantes e impulsores es nada menos que Granero, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), quien debería proponerse organizar sindicalmente a los trabajadores del diario para pelear contra los atropellos patronales y no instarlos a renunciar, abandonando toda posibilidad de pelea presente o futura.
Evidentemente como la mira de los firmantes está puesta en la pelea del kirchnerismo con Clarín antes que en los intereses de los trabajadores del diario, la orientación es que se produzca (si pueden conseguirlo) algo de escándalo con alguna renuncia aunque el resultado sea la desmoralización de los que sigan trabajando en el diario y no suponga un solo paso en la organización de los compañeros.
La salida a las terribles presiones patronales, a los retiros voluntarios compulsivos, a la precarización laboral, a los bajos salarios y a la manipulación de la labor periodística se encuentra en la organización independiente de los trabajadores en defensa de sus intereses, no los de un gobierno agotado.
Peleemos porque los trabajadores de Clarín puedan tener una Comisión Interna. Por la defensa de la CI de Canal 13. Ningún despido. Aumento salarial urgente. Por la plena vigencia del Estatuto del Periodista.

Desmentida al Faro de la Comunicación
Ni con el gobierno, ni con el monopolio de Clarín. Con los trabajadores del diario
"Ante la información que me hicieran llegar algunos compañeros al lugar donde me encuentro de vacaciones respecto de una supuesta firma mía a una solicitada de un llamado "Faro de la comunicación", de apoyo al gobierno kirchnerista y de ataque al grupo Clarín y a los trabajadores de ese diario en particular, quiero aclarar que no firmé ese escrito y ni siquiera sabía de su existencia. Desconozco quien y con que intenciones quizo colocarme en un terreno oficialista.
"Muchos compañeros del gremio conocen mis posiciones políticas y sindicales que nada tienen que ver con el monopolio de Clarín, explotador de sus trabajadores, represor a ultranza de la actividad sindical y censurador de los compañeros que trabajan en el multimedios. Y tampoco con el gobierno que mantiene al 40% de la población por debajo de la línea de pobreza y respalda a la burocracia sindical contra toda manifestación de independencia de los trabajadores (Subte, Radio Nacional, Aeronavegantes).
Aunque la solicitada merece una crítica más amplia, resulta en primer lugar inaceptable que los firmantes reales de la misma hagan recaer sobre los trabajadores de Clarín la responsabilidad de la línea editorial del diario y que los inciten a renunciar a sus trabajos. Más grave aún resulta esto cuando uno de los firmantes e impulsores es nada menos que Graneros, el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), quien debería proponerse organizar sindicalmente a los trabajadores del diario para pelear contra los atropellos patronales y no instarlos a renunciar, abandonando toda posiblidad de pelea presente o futura.
Los trabajadores del multimedios han dado pruebas varias de que no se resignan a la represión de los Noble y Magneto y han dado batallas enormes contra la patronal y por la defensa de su organización (Clarín, Canal 13). Evidentemente como la mira de los firmantes está puesta en la pelea del kirchnerismo con Clarín antes que en los intereses de los trabajadores del diario, la orientación es que se produzca (si pueden conseguirlo) algo de escándalo con alguna renuncia aunque el resultado sea la desmoralización de los que sigan trabajando en el diario y no suponga un solo paso en la organización de los compañeros".

Nelson Daniel Marinelli / DNI 11.613.789

La empresa mixta Albanisa, vinculada a Ortega, compra canal de televisión nicaragüense con fondos venezolanos

Albanisa es 51% de Venezuela y 49% del Estado de Nicaragua, representado por Petronic. La Constitución y las leyes prohíben sociedades y sobre todo medios con mayoría de capital extranjero. “Qué tiene de malo eso, Alba vino para quedarse, es un proyecto de país y construir un país no es poca cosa”, expresó el venezolano Paniagua, hablando como de una Nicaragua en fideicomiso
|
El gerente general de la sociedad ALBA de Nicaragua, S.A, Albanisa, el venezolano Rafael Paniagua, confirmó ayer que fueron fondos de esa firma los que financiaron la compra de Televisora Nicaragüense S.A., Telenica Canal 8.
Albanisa es una sociedad en que el 51% del capital es de Venezuela y el 49% del Estado de Nicaragua, representado por Petronic.
Paniagua accedió a conversar personalmente con El Nuevo Diario ayer y ratificó lo que este medio publicó desde inicios de diciembre del año pasado: que la televisora había sido adquirida por el grupo económico ligado a la pareja presidencial, pero con mayoría accionaria venezolana.
“Es cierto que compramos Canal 8 y qué tiene de extraño que aparezca ALBA-TV, y qué tendría de extraño más adelante apareciera ALBA-Ferrocarril, y luego ALBA-Líneas Aéreas; qué tendría de extraño que aparezca ALBA-Salud, yo no le vería nada de extraño”, dijo Paniagua (en la foto inferior).
El giro en el perfil noticioso e informativo de Canal 8 se ha visto en tan sólo la primera semana que el orteguismo tomó el control del medio, pues se transmiten reportes internacionales de la cadena Telesur, de la que es socio el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo, y el periodista oficialista William Grisgby, apareció con su programa “Sin Fronteras”, en lugar de “Esta Noche” de Carlos Fernando Chamorro. En los cortes comerciales aparecen las viñetas en las que habla el presidente Daniel Ortega en diversas actividades.

Confirma que fueron 10 millones de dólares
La entrevista con el gerente General de Albanisa fue corta, se dio a orillas del busto José Martí, en las cercanías de la Laguna de Tiscapa, hasta donde llegó Paniagua para poner una ofrenda foral al héroe nacional y poeta cubano, a propósito del 157 aniversario de su natalicio.

¿Cuánto pagó Albanisa por Canal 8?
“No tengo el dato exacto, esta mañana consulté casualmente, pero no lo tengo en detalle”, admitiendo que el comprador fue Albanisa.

Nosotros hemos informado que la suma que pagaron por Canal 8 fue de diez millones de dólares, ¿es cierto?
“Por ahí (es la cifra), pero a lo mejor, por lo menos en este momento no te podría decir con exactitud, yo vine la semana pasada de Venezuela, me ha costado ponerme al día de un montón de cosas y ese detalle no lo tengo así como tú lo quieres”.

El gerente General de la polémica firma no entró en detalles importantes de la transacción, entre ellos, cómo se hizo la negociación en la que no caben testaferros ya que Albanisa es 51% venezolana.
Tampoco mencionó cómo es que Albanisa siendo una sociedad anónima en la que Petróleos de Venezuela S.A, Pdvsa, tiene el 51 por ciento de las acciones y la Empresa Nicaragüense de Petróleos, Petronic, el 49, pudo haber obtenido las acciones de Telenica, cuando la Constitución política establece en su artículo 68, que “el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo. La ley regulará esta materia”.

La ley lo prohíbe
La Ley de Telecomunicaciones y Correos y el Código de Comercio en General prohíbe que extranjeros tengan más del 50 por ciento de las acciones de un medio de comunicación en su poder.
Ayer intentamos hablar con el presidente Ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, para conocer su posición frente a lo que sería un choque con la más alta norma del país, pero no respondió su celular.

“Nos están construyendo”
Le preguntamos a Paniagua que si todo lo que hacen es normal y legal a como dice, entonces porqué se maneja en secreto la identidad de los nuevos dueños y cada detalle de la operación. El respondió: “En realidad, la gente tiene su opinión, nosotros tenemos la nuestra y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y lo único que puedo asegurarte es que el ALBA vino para quedarse, porque el proyecto nuestro, es un proyecto de país y construir un país no es poca cosa, sino un proyecto de nación y yo invito a la gente de Nicaragua a que nos acompañe en ese proceso”.

Críticas
La empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), está vinculada al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo quien además es la encargada de manejar el aparato de comunicación del Estado.
El periodista Carlos Fernando Chamorro es el director, editor y conductor del programa de análisis político y periodismo de investigación Esta semana, retransmitido hasta el domingo pasado por el Canal 8 de la televisión de Managua.
Chamorro denunció, a través de reportajes de investigación, la utilización de la justicia que el mandatario nicaragüense hace para favorecer a su círculo íntimo. Esos reportajes demostraron que personeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, mantienen una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista, amenaza que no prosperó.
La semana pasada, un portavoz del Gobierno dijo a Carlos Fernando Chamorro que si quería podía mantener su programa en el Canal 8. Chamorro respondió a esa oferta el domingo en un emotivo discurso de despedida de los telespectadores: "Hoy ratifico ante la sociedad nicaragüense que no deseo ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos ni en sus negocios políticos, que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria".
Ortega mantiene su gestión bajo el secretismo más estricto, y las instituciones del Estado violan las leyes de acceso a la información vigentes en este país. La justificación es que los "medios de la derecha", como los llama el mandatario, quieren desestabilizar su Gobierno.
Y es así como, en ese contexto de intimidación, hasta ahora ninguna cadena de televisión nacional ha accedido a alojar el programa de Carlos Fernando Chamorro, a pesar de que Esta semana es uno de los de mayor audiencia del país. Ningún dueño de medios quiere correr el riesgo de que Ortega les cierre el negocio.
Periodistas y políticos de oposición han denunciado al Gobierno sandinista por pretender acaparar los medios de comunicación con la adquisición del Canal 8, que trasmitía programas críticos con la política del Ejecutivo.
La oposición nicaragüense ha acusado a Ortega de usar los fondos que genera el acuerdo petrolero con Venezuela y que no están presupuestados, para "hacer negocios partidarios" y enriquecerse a la sombra del poder.
Fuente: El Nuevo Diario, Agencia EFE, Diario El País
Ver más: Nicaragüa: La venta de un Canal de televisión reabre debate sobre patrimonio del presidente Ortega 

viernes, 29 de enero de 2010

Otra vez despidos en el Diario Crónica

En el día de la fecha la empresa editora del Diario Crónica despidió a más de 20 compañeros trabajadores de prensa, persistiendo en su objetivo de alcanzar los 150 despidos.
En el día de la fecha la empresa editora del Diario Crónica despidió a 20 compañeros trabajadores de prensa, superando largamente su manifestado objetivo de alcanzar los 150 despidos, ya que ya ha rescindido 130 contratos laborales en el sector gráfico y otros 30 en prensa.
En un marco en el que el Gobierno Nacional “aportó” a los dueños del diario Crónica 128 millones de pesos con el supuesto fin de salvaguardar los puestos de trabajo, los integrantes del Grupo Olmos –hermanos Raúl y Alejandro a la cabeza- pretenden “minimizar costos” y solo abonar el 50 por ciento de las indemnizaciones, ya que la empresa vuelve a argumentar en los telegramas de despido el artículo 241 del Procedimiento Preventivo de Crisis, que nunca fue homologado por el Ministerio de Trabajo.
Por este motivo los trabajadores de prensa del Diario Crónica estamos de paro por tiempo indeterminado, ratificando lo votado en todas las asambleas por unanimidad: ante cualquier despido la respuesta inmediata será el paro.
Convocamos a todos los trabajadores de prensa del Diario Crónica y a todos los compañeros del gremio que deseen acompañarnos a concentrarnos los días sábado 30 y domingo 31 de enero a las 16 horas en las puertas del diario, Bartolomé Mitre 760 de esta ciudad. Asimismo, el próximo lunes 1 de febrero a las 11 nos concentraremos en la Plaza Roma , situada en avenida Leandro N. Alem entre Lavalle y Tucumán, desde donde marcharemos a la sede del Ministerio de Trabajo.

Comisión Interna de Prensa
Diario Crónica


Foto: MAS

Según el cristal con que se mire IV...

Para TelAm la renuncia de Redrado no existe, Crítica lo ve debilitado y sin apoyo y Clarín lo presenta criticando al gobierno...
Sobre esto Redrado dijo: si la renuncia no existe es que todavía sigo siendo presidente..
Clic en la imagen para ampliar

La izquierda radical, acusada de querer controlar los medios en Latinoamérica

Cierres de cadenas de televisión, creación de medios oficiales, leyes para impedir "mentir" a los medios... Liderados por el presidente venezolano, Hugo Chávez, dirigentes de la izquierda radical en América Latina buscan reglamentar la prensa, según opositores y ONG's.
Por: Marina De Russé
En Venezuela, la cadena RCTV, acusada por Chávez de apoyar un intento de golpe de Estado en su contra en 2002, fue suspendida el 24 de enero por no retransmitir los largos discursos del mandatario, tal y como obliga una reciente ley.
El ministro y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CoNaTel), Diosdado Cabello, incluso calificó la cadena de "porquería".
Su cierre desencadenó grandes manifestaciones en las que murieron dos personas y el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), William Echeverria, estimó "la democracia en peligro".
Estados Unidos, Canadá, Francia, España, directores de prensa, opositores venezolanos y ONG como Human Rights Watch (HRW) o Reporteros sin Fronteras (RSF), que habla de "guerra mediática", también criticaron la suspensión.
RCTV ya había perdido su licencia 'hertziana' en 2007. Otra cadena crítica con el gobierno, Globovisión, se encuentra igualmente amenazada mientras que 34 medios audiovisuales fueron cerrados el pasado año por "irregularidades administrativas".
Este incremento en el control de los medios se aprecia igualmente en Ecuador o Bolivia, miembros clave de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un bloque antiliberal creado en 2004 por Venezuela y Cuba.
"Cada uno de estos gobiernos se ha dado cuenta de que el poder que tienen los medios es muy fuerte, y por lo tanto aspiran a sacar partido de ello", constata el analista ecuatoriano Mauro Cerbino, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Esta ruptura "es también producto de la necesidad de reemplazar viejas leyes que en su mayoría fueron elaboradas durante las dictaduras en los 70", estima.
En Venezuela, una ley de 2004 que regula la difusión de programas violentos o de carácter sexual, también obliga a las cadenas "nacionales" -al menos 30% de los contenidos producidos en Venezuela- a difundir los discursos del presidente.
Chávez se lanzó así en una recomposición del paisaje mediático, mientras que según la Conatel, "27 familias poseen más de 32% del espectro radiofónico".
El mandatario creó una red de medios oficiales sin precedentes. "Seis televisoras, dos circuitos de radio, más de 150 páginas 'web', una agencia de noticias, un satélite y una imprenta", detalla Marcelino Bisbal, editor de un libro sobre el control de los medios.
En Ecuador el proceso es más reciente pero el tono es similar: la prensa es un poder "mediocre, corrupto y mentiroso", asegura el presidente del país, Rafael Correa, elegido en 2006.
El país acaba de crear su primera agencia de prensa oficial y un proyecto de ley que sanciona los "monopolios" (una "ley mordaza" según la oposición) está en proceso de debate en el Parlamento.
A fines de diciembre, la cadena opositora Teleamazonas fue suspendida durante tres días por el organismo público de telecomunicaciones. El Gobierno desmintió toda intervención, sin convencer a la oposición.
En Bolivia, el presidente del país, Evo Morales, reelegido por amplia mayoría en diciembre, también multiplicó los encontronazos con los medios controlados por grupos cercanos a la oposición de derecha.
Y mientras que el sector sigue rigiéndose por una ley de imprenta que data de 1925, Morales anunció el lunes que el Gobierno estudia la forma de controlar los medios " para que no mientan".

En la foto de AFP:
Activistas de una ONG protestan frente a la embajada de Venezuela en Tegucigalpa
Fuente: AFP

Genera debate la intención del gobierno de Ecuador de crear un diario gubernamental I

El Telégrafo cita a los accionistas
La Junta de Accionistas de Diario El Telégrafo sesiona hoy en Guayaquil. Aunque no está confirmada la hora, uno de los principales puntos a tratar es la intención de crear un nuevo órgano informativo del Gobierno, bajo el paraguas del matutino guayaquileño.
La Junta de Accionistas de Diario El Telégrafo sesiona hoy en Guayaquil. Aunque no está confirmada la hora, uno de los principales puntos a tratar es la intención de crear un nuevo órgano informativo del Gobierno, bajo el paraguas del matutino guayaquileño.
En una entrevista con El Comercio, el director de El Telégrafo, Rubén Montoya, indicó que el nuevo periódico tendría un corte propagandístico.
“Pero para ejecutarlo ha ordenado que parte del presupuesto inicial, para el diseño del proyecto y las instalaciones en donde trabajen, colabore diario El Telégrafo. Estoy en contra de esa disposición”, dijo en la entrevista.
Según Montoya, la orden preocupó al Directorio de El Telégrafo, que en su sesión del 11 de diciembre de 2009, pidió que se suspenda cualquier contratación referente a ese proyecto.
También mencionó que conversó con el Ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, Jorge Glass, quien también participaría de la sesión prevista para hoy. “Me ha dejado la mejor impresión posible. Y un espacio de reflexión será la próxima Junta de Accionistas del próximo viernes (hoy)”.
Se conoció que hoy se publicará un comunicado de la Redacción del diario, en el que dan su apoyo para que El Telégrafo se mantenga como un diario público, entregado a la ciudadanía.
Mientras, en la página de Facebook, ayer circuló una invitación para unirse al grupo ‘Por un verdadero periodismo público apoyamos a El Telégrafo’. La convocatoria menciona el proyecto del nuevo diario. “Las intenciones del Gobierno Nacional de crear un periódico de corte popular con los recursos, personal e infraestructura de El Telégrafo pone en riesgo su autonomía e independencia.
Defendamos el proyecto del primer diario público, que en sus dos años de existencia le ha abierto las puertas a grupos y agendas que no figuran en otros medios”. Hasta las 17:00 de ayer, se registraron 195 seguidores en el grupo.

Fuente: El Comercio

------------------------------------------------------------------------------------------------
El debate dentro del diario El Telégrafo
El Director del diario a sus lectores:
Luchas que trascienden
Rubén Montoya Vega
Cuando usted lea estas líneas, el proyecto del primer diario público del Ecuador estará pasando una dura prueba: el ministro de Telecomunicaciones (o su delegado) decidirá -en nombre del Gobierno- si bajo el paraguas de El Telégrafo puede planearse y ejecutarse un diario popular, oficial. O si no debe hacerse así... Ojalá sea lo segundo y redireccionen su legítimo proyecto.
Quienes hemos levantado este proceso (cientos ya, enriquecidos en el crecimiento y en la lucha) sabemos que a pesar de los prejuicios y los odios, de las envidias y las ignorancias, vale la pena (¡y la alegría!) entregarle nuestro mejor tiempo y aliento. Porque creemos que todo lo trascendente cuesta, y todo lo que ES, es lucha... (pero de la verdadera, no la que solo esconde defensa de intereses y privilegios).
Creemos que son los tiempos germinales de este esfuerzo que tiene por fin dar a los ciudadanos un medio que nunca tuvieron... y merecen. Después, con un proceso consolidado (que incluye una necesaria Ley de Comunicación), los medios públicos deben ser administrados y dirigidos por la sociedad: hacia allá deben ir. Esa es parte de nuestra tarea... No es una pelea menor y hay que darla a la luz del día, maravilloso signo de estos tiempos nuevos, en que la democracia -creo- es muchísimo más que una palabra desvencijada y hueca.
Y para quienes piensan que “las cosas malas se lavan en casa”, hay que decirles primero que no es ‘cosa mala’ discrepar. Y luego habrá que preguntarles: ¿cuál creen que es la casa de un medio público?... A esa casa en la que creemos y por la que hemos luchado, le debemos gratitud y cuentas. Y ambas se hacen con transparencia... Se imprime

Fuente: El Telégrafo

------------------------------------------------------------------------------------------------
Los trabajadores del Diario El Telégrafo en un aviso que pagaron:
Carta pública de la redacción de El Telégrafo
El periodismo ciudadano no soluciona los problemas sociales, facilita soluciones. Esa es una de las premisas con las que un día, en la década de los ‘90, en los Estados Unidos, nació el también denominado periodismo cívico, participativo y público.
En nuestro país, esta experiencia no tiene antecedentes. Si bien la actual etapa de diario El Telégrafo apareció como iniciativa del presente Gobierno, tanto su proceso de construcción cuanto su funcionamiento actual están sujetos a su razón de ser: constituirse en el Primer Diario Público del Ecuador.
En este proceso nos hemos unido fotógrafos, periodistas, editores, el departamento de infografía y de diseño. Somos profesionales que, aunque podríamos trabajar en otra empresa, decidimos hacerlo aquí porque creemos en el proyecto inicial del diario público. Estamos convencidos de que es indispensable, necesario y urgente instaurar otro tipo de periodismo en el país. Un periodismo que, entre otras cosas, no sacralice a la información oficial y que no responda a ningún interés hegemónico.
Un periodismo que contribuya a la construcción de la esfera pública. Que visibilice las realidades de una sociedad tan compleja y diversa como la nuestra. Lo hacemos sin ninguna presión, sin ninguna afiliación política y sin más interés que el de hacer un trabajo profesional.
Estamos conscientes de que el proyecto del diario público todavía se encuentra en una etapa muy temprana y que necesita de un proceso de maduración. Sabemos que concebir así al periodismo implica dar un giro de 180 grados en la forma de entender a este oficio. No solo desde la perspectiva de los mismos periodistas -la mayoría formados en la práctica de medios privados-, sino también desde la del público lector, cuya única alternativa a la agenda de los medios tradicionales se reducía a la crónica roja, al mundo visto desde lo político o lo económico y a contenidos de farándula. No desconocemos la importancia de esta visión del periodismo y el papel que ha jugado. El periodismo público no es la panacea, pero si un esfuerzo en la búsqueda de encontrar nuevas rutas hacia la verdad, abriendo el debate y generando cambios.
Este cambio debe también ser comprendido por quienes de una u otra forma contribuyen a que el proyecto pueda llevarse a cabo. Un verdadero periodismo público no puede estar comprometido con los auspiciantes de un medio y mucho menos con alguna institución estatal. Un diario público, aún cuando se financie con fondos contemplados en el Presupuesto General del Estado, no se constituye de ninguna manera en una vocería gubernamental, sino en el espacio de los ciudadanos. En última instancia, la misión del periodista que trabaja en un medio público, es de dar voz a los que no la tienen.
De ahí que para nosotros tenga sentido el trabajo que hace El Telégrafo.
En secciones como Retrato, Diversidad, Zona Ciudadana, Sociedad, el Portafolio Gráfico o las entrevistas del Fin de Semana, encuentran voz aquellos personajes anónimos que construyen al Ecuador desde su quehacer diario. Las ediciones de Séptimo Día dan prioridad a géneros como la crónica y el reportaje, a través de los cuales se da cuenta de realidades desconocidas pero igual de importantes. El espacio que en el diario se ha reservado para la Cultura nos recuerda que las sociedades se definen mejor a través de su producción material intangible, porque en ella se revela lo más profundo de quienes las componen. También la sección económica abre un espacio para las iniciativas comunitarias y nuevos emprendimientos; no se detiene en el anuncio oficial de las propuestas, sino que trasciende a las necesidades y a la búsqueda de soluciones.
La página editorial es la muestra palpable del respeto a la diversidad de opinión y pensamiento. Algo similar pude decirse de Sociedad, Quito Metropolitano y Metrópoli Guayaquil.
Todas estas reflexiones vienen al caso debido a que, en los últimos días, hemos conocido de un proyecto que desde las altas esferas del Gobierno se piensa implementar, amparado por El Telégrafo, por ahora con el mismo presupuesto, y presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público, sino con la de un medio gubernamental.
Como profesionales esto nos preocupa, porque hasta ahora el Gobierno ha dado muestras de respetar el trabajo sin interferir con imposiciones de agenda o de otro estilo. Pretender construir un nuevo medio sobre las aún inacabadas bases de un proyecto inédito de periodismo público, es echar tierra sobre él; es enterrarlo.
Cerramos esta carta pública a la espera de una reflexión. De haber nuevos medios gubernamentales, éstos deben tener otro espacio y otra conducción, porque su fin no es del medio público, El Telégrafo. No mezclemos un proyecto histórico con un deseo coyuntural; porque se estaría acabando con las razones por las cuales en principio le apostamos al diario en el que trabajamos.
Como Redacción El Telégrafo, seguimos firmes voluntaria y profesionalmente en torno del diario público. Lo hacemos con la convicción de que al final la verdad nos hará libres.

La Redacción de Diario El Telégrafo

Ecuador, 28 de enero de 2010.
Este artículo fue respaldado y pagado por 63 firmantes

------------------------------------------------------------------------------------------------
Los columnistas del Diario El Telégrafo a sus lectores en una carta abierta:
Quito, 27 de enero de 2010
Señores Junta de Accionistas de Diario El Telégrafo
Señores Miembros del Directorio de Diario El Telégrafo
C.C.: Rubén Montoya Vega, director de El Telégrafo
Carol Murillo Ruiz, subdirectora

La historia ecuatoriana, así como la de muchas sociedades contemporáneas, registra la importancia de los medios de comunicación y del periodismo como espacios de construcción del discurso y el debate públicos. Podemos decir que, a la par de la cultura política, responsable del modo de organización social, se ha desarrollado una cultura periodística, responsable del modo de entender las relaciones sociales.
En el Ecuador, la cultura periodística -cuyos elementos vertebradotes son: propiedad, condiciones de producción y prioridades informativas de los medios- se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito de los medios privados. Por ello, la creación de medios públicos ha sido una de las iniciativas más acertadas del actual Gobierno en la gran tarea de diversificar y democratizar la oferta informativa y devolver a ésta su condición de bien público.
No obstante, el desarrollo y consolidación de los medios públicos tienen como condición indispensable su independencia informativa respecto del poder político. Cualquier decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso, no solo en la cultura periodística sino también en las posibilidades de democratización del espacio mediático en el país.
En las últimas semanas ha trascendido, por diversos espacios informativos, la intención de algunos funcionarios del Gobierno Nacional de crear un órgano de difusión oficial que, valga recordarlo, no es ni remotamente lo mismo que un medio público. En principio, ese no es el problema, puesto que el Gobierno está en su derecho de informar sobre su desempeño y el de sus funcionarios. El problema radica en que ese medio nacería, como lo han advertido varias fuentes, cobijado bajo la infraestructura de diario El Telégrafo. Esta cercanía de hecho entre un medio público y un órgano de difusión y propaganda oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como medio público.
De este modo, la sociedad recibiría un mensaje contradictorio sobre la naturaleza y los alcances del proyecto de medios públicos y podría interpretar que el mismo Gobierno que abrió la posibilidad de construir un espacio de discusión e información desde el interés de ciudadanos y ciudadanas, ahora pretende manejar y controlar esos mismos medios que contribuyó a crear. Adicionalmente, en el marco de la campaña instrumentada en contra de la regulación de la actividad de los medios de comunicación, este mensaje, con seguridad, será capitalizado a su conveniencia -es decir de modo perverso- por los medios privados.
Por ello, quienes colaboramos con El Telégrafo, desde una posición crítica e independiente del poder político, expresamos nuestra preocupación por este proyecto que, según información de dominio público, está próximo a concretarse. Expresamos, además, nuestro apoyo a la existencia y consolidación de medios públicos, como El Telégrafo, orientados a ofrecer información periodística al servicio del interés ciudadano antes que del gubernamental.
Firman 34 columnistas de diario El Telégrafo

Clic en las imágenes para ampliar

Otras Señales

Quizás también le interese: