Santiago de Chile, 5 de mayo del 2024
Quienes asistimos al Día Mundial de la Libertad de Prensa convocado por UNESCO en la ciudad de Santiago de Chile, presenciamos con estupor la firma por parte del gobierno argentino de una Declaración sobre libertad de expresión junto a otros países.
En la misma se sostiene, entre muchos otros temas, la importancia de la existencia de medios de comunicación "libres, independientes, plurales y diversos"; de "mantener la confianza de la sociedad en el periodismo y salvaguardar su credibilidad"; y de la "promoción y la protección de la seguridad de los periodistas".
Ninguna de estas afirmaciones representa al gobierno presidido por Javier Milei que, desde que asumió en diciembre del 2023:
- El periodismo es agredido constantemente por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones.
- La tarea periodística se realiza en un contexto de agresión y violencia contra cualquier posicionamiento crítico, o incluso apenas interrogativo.
- Se trata de una violencia ejercida particularmente en el ámbito digital y focalizada especialmente en las mujeres.
- Fue habilitado que los medios públicos se transformen en sociedades anónimas.
- Se intervino el sistema de medios públicos (RTA) y las señales educativas.
- Dejó de funcionar la agencia de noticias TelAm y se "dispensó" a sus trabajadoras/es.
- Fueron eliminadas las direcciones de las 49 emisoras de Radio Nacional en diferentes puntos del país.
- Fueron eliminadas áreas de programación y de trabajo en la Televisión Pública.
- Se desfinanció a las universidades, lo cual abarca a los medios públicos de las mismas.
- Fueron suspendidos los FoMeCA (fondos de fomento a los medios comunitarios).
- Fue eliminada la publicidad oficial otorgada por el Poder Ejecutivo.
- Fue desmantelado el Instituto Nacional de Cine (INCAA).
- Se cerraron delegaciones del ENaCom (autoridad regulatoria de las comunicaciones) en todo el país.
- No hay garantías de continuidad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- Hay en general represión y criminalización de la protesta social y política, con prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
- El enorme aumento de las tarifas de servicios básicos dificulta las tareas comunicacionales.
Este hecho deja en evidencia la necesidad de unir esfuerzos en defensa de la comunicación libre y democrática.
Cynthia Ottaviano, presidenta de la Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias (OID).
Martín Becerra, Director del Centro de Investigación ICEP de la Universidad Nacional de Quilmes.
Miriam Lewin, periodista, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sandra Chaher, presidenta Asociación Civil Comunicación para la Igualdad.
Silvia Bacher, directora de Otras Voces.
Roberto Caballero, Director Revista Contraeditorial
Camila Parodi, editora de Marcha y coordinadora de la agenda socioambiental de Latfem.
Ernesto Lamas, docente UBA y UNPAZ e investigador asociado OBSERVACOM.
Sebastián Novomisky. Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. UNLP.
Daniela Urribarri, Directora Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
