El 14 de mayo la cámara alta del Parlamento uruguayo aprobó el proyecto "Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual", solamente con 16 votos pertenecientes a legisladores de los partidos de la coalición de gobierno. El tratamiento se dio como "grave y urgente" sin discusión previa en la Comisión de Industria, hecho que fue ampliamente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil y el principal partido de la oposición -el Frente Amplio (FA)-, quien abandonó el recinto a la hora la votación. Volverá ahora a Diputados en busca de su ratificación final.
La iniciativa deroga gran parte de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 19.307 e incrementa la cantidad de licencias para servicios de radio y TV que una persona, empresa o grupo económico puede poseer y habilita una mayor extranjerización de la propiedad de los medios.
El proyecto también quita las consultas públicas establecidas sobre los procedimientos de transferencia y renovación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual, y suprime el organismo de control ciudadano ante los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias -la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca)-.
Sin debate previo y sin haberse siquiera tratado en Diputados, una de las más importantes novedades es la inclusión de un aditivo que obliga a los medios de comunicación a brindar "información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones" de manera "completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada", bajo penas de sanciones por parte del Estado.
De la normativa vigente, se mantienen algunos artículos que hacen referencia a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al derecho a objeción de conciencia de los periodistas, a la obligación de mecanismos de accesibilidad en los servicios de TV para proteger el derecho de personas con discapacidad visual y auditiva, así como a la emisión por TV abierta y en directo de los partidos de la selección nacional de fútbol y básquetbol, en las instancias definitorias de torneos internacionales.
Fuertes cuestionamientos
"Nunca pensé que vería en Uruguay una norma legal que impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera. Muy serio y grave. Si se aprueba el periodismo queda condicionado al regulador", sostuvo Edison Lanza, ex Relator Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) aseguraron que con esta reforma "se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos" (y) "un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión", advirtiendo las consecuencias que esto tiene para la calidad democrática, “especialmente en medio de un proceso electoral”.
Por su parte, desde Amnistía Uruguay expresaron que el Senado aprobó una iniciativa "sin un debido proceso de discusión política ni pública", advirtiendo que esto “puede implicar riesgos y un debilitamiento significativo del sistema de garantías de derechos humanos, teniendo un impacto negativo en la adjudicación y concentración de medios en Uruguay, así como también una incidencia en la labor periodística contraria a los estándares internacionales de libertad de prensa”.
El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) -sindicato de periodistas y otros trabajadores de los medios- expresó, por su parte, su "más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación express de una ‘Ley Audiovisual’ que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa".
El senador del Frente Amplio (oposición), José Mahía, sostuvo que el proyecto "cambia las reglas de juego desde el punto de vista político de uno de los temas de mayor sensibilidad que tiene la sociedad y que tiene que ver fundamentalmente con el acceso a los contenidos, con la propiedad de los mismos, con la administración y la relación del Estado con ellos", mientras que Oscar Andrade, senador del mismo partido, opinó que el hecho de que no existieran instancias de Comisión para consultar con la academia, expertos y la sociedad "es un despropósito".
La Ley Audiovisual aprobada la víspera por las bancadas oficialistas uruguayas y el voto contrario del Frente Amplio en el Senado, sumó hoy el rechazo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO).
El centro, que monitorea la libertad de prensa e información, emitió un comunicado en el que considera la normativa "regresiva, sin una discusión adecuada y contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos".
Añade que la reforma concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, "con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión".
El comunicado asegura que ello tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos.
También la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.
La organización recuerda los últimos datos de su informe sobre amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, que registró 59 casos entre el primero de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, lo cual consideró preocupantes en el marco de la actual campaña electoral.
El senador nacionalista Sergio Botana argumentó que esta ley es necesaria para "garantizar la viabilidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión".
"Es un tema fundamental para la democracia, para el funcionamiento de los medios, para asegurar la independencia de los medios, su viabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista económico", dijo.
Señaló que "la eliminación de la publicidad gratuita electoral de esta ley que va para otra ley (financiamiento de los partidos políticos) es porque la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esos artículos".
"La posibilidad de acumular algún medio más se debe a la necesidad de un mejor aprovechamiento de los recursos dentro de las propias empresas que se dedican a la comunicación porque su viabilidad económica está altamente comprometida", explicó Botana.
El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SeCAN) pasará a tener una autoridad que será nombrada por 6 años, lo que para el legislador nacionalista brinda "garantías" e "independencia del poder político", en el entendido de que "las personas nombradas para esos cargos serán capaces de mucha ecuanimidad, de mantener los equilibrios correspondientes necesarios en estas circunstancias".
El senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo que la ley "consagra algo que es brutal: dentro de 30 días este gobierno nombrará al presidente de los medios públicos y este durará 6 años en el cargo", y argumentó que "este gobierno pretende eternizarse designando quién será durante todo el próximo período de gobierno el director de los medios públicos, lo cual es un atropello atroz a la democracia, porque este gobierno se quiere arrogar el derecho de que el próximo gobierno no pueda decidir quién va a dirigir los medios públicos después de realizarse una elección".
Por otra parte, afirmó que esta ley "lleva a una concentración de medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional en términos de la democratización de los medios de comunicación".
Añadió que "se generan mecanismos por los cuales los medios de comunicación no tendrán que abonar por utilizar el espacio radioeléctrico nacional que es propiedad del Estado uruguayo".
"Estos componentes hacen que se esté legislando de una manera particular por intereses espurios, por presiones de grupos de poder y no en aras de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos", valoró.
Aditivo de Cabildo Abierto
Cabildo Abierto presentó un aditivo, que fue aprobado conjuntamente con la ley, que señala que "los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada”, una obligación que “comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político".
Generalizado rechazo a Ley Audiovisual aprobada por la vía de "grave y urgente"
La Asociación de la Prensa Uruguaya rechazó el tratamiento "express" de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Senado de la República y consideró su aprobación como un "grave retroceso en materia de derechos humanos".
Los hechos
Este martes 14 de mayo la bancada oficialista de la Coalición Gobernante introdujo en la Cámara de Senadores del Uruguay un texto "grave y urgente" para considerar y aprobar modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha generado un amplio rechazo en el sistema político y organizaciones vinculada a la comunicación en Uruguay y en la región.
La bancada del opositor Frente Amplio cuestionó no solamente la forma, sino también el fondo del proyecto de urgente consideración presentado "de manera inconsulta y sin previo aviso" del texto finalmente aprobado y que, de acuerdo a especialistas en la materia y organismos que trabajan en la defensa de los derechos de la comunicación y la libertad de expresión, "representa un retroceso en materia de libertad de expresión y va a contrapelo de las recomendaciones internacionales en la materia"
Repercusiones
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió este miércoles un comunicado donde manifiesta su expreso y "más absoluto rechazo a la intempestiva decisión de la coalición gobernante de promover la aprobación exprés de una Ley Audiovisual que viola la libertad editorial y las libertades de expresión y de prensa, consagradas por la Constitución de la República y por convenios internacionales de larga data".
La APU considera que "la Ley Audiovisual que el oficialismo acaba de aprobar tiene expresamente establecida –entre otros elementos de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa–, la obligación de los medios de brindar opiniones y comentarios de manera "seria", "completa" e "imparcial" bajo pena de que el Estado los sancione"
Frente a lo cual "El Consejo Directivo de la APU advierte que esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar"
Por su parte, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO) destacó que "el Estado uruguayo comenzará, en plena campaña electoral, a incidir en los contenidos de los medios de comunicación, luego de la aprobación de una nueva Ley Audiovisual por parte del Senado este martes 14 de mayo. Se votó con los 16 legisladores de la coalición de gobierno en sala y la ausencia de la oposición".
Cainfo resaltó además que "con esta reforma, se concreta un retroceso significativo en materia de derechos humanos, con la aprobación de un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, lo cual tendrá, entre otras consecuencias, el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias".
Desde Cainfo recordaron que "en su último informe habían alertado de amenazas y restricciones a la libertad de expresión, publicado el 3 de mayo, sobre el alto número de propuestas de marco regulatorio contrario a estándares de libertad de expresión, y las consecuencias que esto tiene para la calidad democrática, especialmente en medio de un proceso electoral"
Para Edison Lanza, Ex Relator Libertad de Expresión de la CIDH, dijo que "frente a la discusión en el Senado de cambios a la ley de Medios de manera express, nunca pensé que vería en Uruguay una norma legal que impone la obligación de hacer periodismo de determinada manera". Lanza consideró esta situación planteada como algo "muy serio y grave" ya que -con su aprobación – "el periodismo queda condicionado al regulador"
El ex relator de Libertad de expresión agregó además que las modificaciones aprobadas de obligar "a medios a emitir información y opiniones "rigurosa", "completa", "plural"; habrá burócratas midiendo y pidiendo explicaciones. Es una forma de censura y una limitación", expresó.
En similar dirección se expresó Gustavo Gómez, especialista y director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) al precisar que "el oficialismo saltea el trámite parlamentario para aprobar la nueva #LeyAudiovisual sin pasar por Comisión del Senado". Gómez se cuestionó "¿Qué es tan grave y urgente? Las elecciones. Y las presiones/favores a los medios (derogar propaganda gratuita, más concentración, etc)"
Impacto en el exterior
La Alianza Regional - una red de 17 ONGs en 15 países de las Américas – afirmó que "esta norma, que se aprobó sin la discusión en la Comisión de Industria, sin el aviso a la oposición y sin escuchar a ninguna delegación opinar sobre su contenido, implica un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de #LibertadDeExpresión"
"El senado aprobó una nueva Ley de Comunicación que habilitará el aumento de la concentración de medios y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias", reseñó la Alianza.
