"Le vamos a dejar el bolsillo roto, le vamos a embargar el traje y la corbata. Lo vamos a dejar en bolas". Así se manifestó tiempo atrás Gregorio Dalbón, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar que demandaría al periodista Feinmann por hablar en un programa de televisión de la ex presidente.
Este caso nos hace pensar en lo sucedido, en la provincia de Formosa, cuando el periodista Gabriel Hernández fue condenado, por la justicia civil y comercial de la provincia a pagar 1.200.000 pesos, a raíz de la demanda iniciada por el Gobernador Gildo Insfrán, por los dichos no vertidos por Hernández sino por un oyente que salió al aire en el programa que él conduce refiriéndose al Gobernador.
No es un problema que afecta solo a nuestro país, sino que podemos mencionar casos en distintos lugares del mundo. Un ejemplo, es el de Claudia López en Colombia, quien fue demanda por el ex presidente Ernesto Samper por injurias y calumnias y al pago de una indemnización de 50 millones de pesos colombianos (cerca de 25.000 dólares). Si bien la periodista fue absuelta, el proceso que tuvo que transitar le implicó un gran sufrimiento a nivel personal y la llevo a autocensurarse, tanto a ella como a otros periodistas.
Este tipo de acciones, sobre la supuesta afectación del honor de funcionarios públicos pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión. Puede afectar el derecho a hablar o escribir y utilizar cualquier medio para difundir el pensamiento y a su vez, impedir a las personas conocer ideas e informaciones divulgadas por otros.
Con diputados de Cambiemos creemos que es necesario cerrar la deuda que existe con los derechos humanos. A raíz del caso Kimel que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner modificó la legislación penal en materia de calumnias e injurias, sin embargo dejo habilitada la acción civil de daños y perjuicios, contradiciendo así las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por ello presentamos un proyecto donde se establecen requisitos para que los funcionarios públicos puedan reclamar indemnizaciones por supuestas afectaciones a su honor. En todos los casos, los servidores públicos deberán probar que las expresiones o informaciones que consideren agraviantes son falsas, así como la existencia de una intención maliciosa, es decir que la persona haya tenido como único propósito, el de generar un daño. De esta forma, la carga de probar esta situación pesará sobre los funcionarios y no sobre los particulares.
Se trata de un estándar que nos da el Sistema interamericano de Derechos Humanos, en tanto se encuentran en juego los derechos de los ciudadanos de a pie frente a personas que son o fueron funcionarios públicos, a los que corresponde un nivel de protección diferente al de los demás individuos.
Actualmente, tanto los ciudadanos como los periodistas se expresan de forma constante a través de las redes sociales y portales web, todas estas manifestaciones pueden dar lugar a responsabilidad civil. Resulta necesario hacer esta modificación para brindar mayores herramientas de protección a la libertad de expresión de todas las personas, y que efectivamente todos podamos contribuir a la formación de la opinión pública sin sufrir represalias.
Un punto central para introducir esta iniciativa es que las restricciones a los derechos humanos tienen carácter excepcional. Es decir, no deben limitar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo indirecto de censura. De lo contrario, caeríamos en el absurdo de que por cada pensamiento o dicho de un periodista que molestara o no le gustara a un funcionario, correspondería un proceso judicial. Esto no debe pasar, porque se atenta contra un derecho humano y se coarta la libertad que todas las personas tenemos de opinar o decir lo que querámos.
Fuente: Agencia TelAm
