Cuando varios gobiernos progresistas de la región aprobaron reformas que se conocieron como “leyes de medios”, las oposiciones de derecha los acusaron por intentar amordazar a los medios de comunicación y cercenar la libertad de expresión. El de Argentina fue el primer caso en el que esa oposición llegó al poder, de la mano de Mauricio Macri. Pero la reforma a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no fue para eliminar esos supuestos perjuicios causados a los medios o para aumentar la pluralidad y la diversidad de la escena mediática argentina, sino para favorecer a los privados que ya estaban en el mercado y que habían sido perjudicados por las disposiciones de la ley que buscaban paliar la concentración, especialmente la llevada a cabo por el Grupo Clarín, advierten especialistas. “Evidentemente, las modificaciones van en línea de favorecer a los que estaban en el mercado”, opinó, en diálogo con la diaria, Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Macri empezó su mandato con pie firme y tomó varias decisiones respecto de los órganos de control, independientes y autónomos, creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, mediante un decreto ordenó que fueran absorbidos por el recién creado Ministerio de Comunicaciones, y después dictaminó su intervención, hasta que finalmente los disolvió. En su lugar, creó el Ente Nacional de Comunicaciones, integrado por un presidente y seis directores. Además, el gobierno de Macri eliminó o modificó una parte fundamental de la ley de medios argentina, la que iba en contra de la concentración de medios y de las prácticas monopólicas.
Nuevamente, el mandatario recurrió a un decreto para modificar una ley aprobada por el Congreso y, entre otras cosas, amplió el límite al número de licencias que podía tener un mismo operador de televisión abierta y eliminó los que regían sobre la cantidad de ciudades en las que podían operar las empresas de cable y sobre la conformación de las cadenas privadas de radio y televisión. La televisión por cable dejó de estar sujeta a esta norma, ya que se consideró que operaba dentro de las telecomunicaciones, y se terminó de eliminar toda participación civil en los órganos de regulación y fiscalización de los medios de comunicación.
Al ser consultado por la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH por estos cambios, el gobierno de Macri defendió las modificaciones argumentando, entre otras cosas, que las medidas dispuestas contaron con el respaldo de cámaras empresariales como la Asociación Argentina de Televisión por Cable y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Acerca de los cambios en la legislación argentina, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su “preocupación” por los efectos que “podrían tener” en cuanto a “concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”.
En paralelo, el gobierno argentino trabaja en la elaboración de lo que denomina una Ley de Comunicaciones Convergentes, que unificará las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, regulando a medios radiales, televisivos y digitales.
No tan autónomos
También en Brasil el nuevo gobierno tomó decisiones que afectaron a los medios de comunicación, en particular al público, que había sido fortalecido durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. El Ejecutivo de Michel Temer implementó, en los primeros meses de su gestión, varias modificaciones a la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), que gestiona dos canales de televisión —NBR y TV Brasil—, siete radios y tres páginas de noticias. A los pocos días de asumir el cargo de presidente, Temer destituyó al director de la EBC designado por Dilma Rousseff, Ricardo Pereira de Melo. En los meses siguientes profundizó las modificaciones, haciendo que el organismo perdiera autonomía e independencia. En primer lugar, dictaminó el traspaso de la EBC de la órbita de la Secretaría de Comunicación Social a la del Ministerio de Presidencia, por lo cual la designación de su responsable pasó a depender directamente del presidente. En segunda instancia, modificó la estructura de la administración de la EBC, eliminando al Consejo Curador, el órgano que gestionaba la EBC y que estaba integrado por 22 representantes —15 de organizaciones civiles y los demás del gobierno y el Congreso—. En tercer lugar, el gobierno dispuso una modificación en la ley que reglamenta el funcionamiento de la EBC de forma tal que su presidente podrá ser designado y exonerado por el presidente brasileño en cualquier momento de su mandato sólo por decisión política; anteriormente, se establecía que quien ocupara ese cargo podía ser exonerado sólo en casos específicos.
Las medidas llevaron a que el Consejo Curador, ya disuelto, denunciara una violación de la autonomía de la EBC. Además, de forma conjunta, la Organización de las Naciones Unidas y la CIDH emitieron un comunicado en el que advierten que este tipo de decisiones representan “un paso negativo”, condenan la “interferencia en la administración de una emisora pública nacional” y señalan que Brasil “necesita garantizar la preservación de los avances que se alcanzaron en la promoción de la libertad de expresión y de acceso a la información pública a lo largo de las últimas décadas”.
“Temer hizo menos independientes los medios públicos. Tanto en Brasil como en Argentina los cambios de la derecha implicaron revisiones que no son a favor de la libertad de expresión”, indicó a la diaria el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Gustavo Gómez. “En los países donde asumen gobiernos de derecha, claramente las decisiones son a favor de restituir los privilegios de los grupos concentrados o de reducir la independencia de medios públicos a favor del gobierno de turno”, agregó.
Un tímido camino
Ni todas las leyes son “de medios”, ni todas fueron aprobadas por gobiernos progresistas, señala Gómez, contrario a las generalizaciones. Las leyes aprobadas en la región regularon la radio y la televisión, no la prensa, con la excepción de la ecuatoriana. Las aprobaciones se produjeron tanto en Bolivia y Venezuela, gobernados por partidos de izquierda, como en Colombia y México, donde los gobiernos estaban en manos de la derecha. Otra diferencia marcada por Gómez es que incluso hay países en los que los gobiernos progresistas no intentaron aprobar leyes vinculadas a los medios, como Brasil o Chile.
Los alcances de las leyes aprobadas en la región también varían. Algunas son específicas y buscan regular exclusivamente un medio, como la Ley de Radiodifusión Comunitaria aprobada en Uruguay en 2007 o la de televisión digital que se promulgó en Chile en 2014. Otras son más amplias e incluyen una regulación del mercado de medios, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela (2004), la aprobada en Argentina en 2009 o la reforma constitucional llevada adelante en México en 2014.
Es difícil encontrar coincidencias entre los objetivos de las leyes vinculadas a los medios de comunicación, más allá del de regular un sector, pero sí se puede considerar que la mayoría buscó evitar la concentración de medios, señaló Gómez. Sin embargo, los efectos reales de las leyes en este sentido son más bien moderados, en gran medida por los problemas que se presentaron a la hora de aplicarlas.
Varios factores jugaron en este sentido. Lanza apuntó, por ejemplo, que las empresas que tienen una posición de dominio en el mercado reaccionaron ante estas nuevas normas. “En algunos casos, con legitimidad, dijeron que se podían afectar sus intereses, en otros fue porque simplemente querían mantener una posición de casi dominio”, opinó. También sucedió que algunas leyes se centraban más en otros aspectos que en las cláusulas anticoncentración, como en el caso de Ecuador. Por último, un tercer escenario que se presentó en este sentido fue la existencia de argumentos legales para actuar contra la concentración, pero una falta de voluntad política para hacerlo. Un ejemplo mencionado por Lanza y Gómez de este tercer escenario es el de Argentina: “Es una buena ley que superó el test constitucional pero que, o no se aplicó en partes importantes, o se hizo de manera discriminatoria. Se intentó aplicar más duramente sobre el Grupo Clarín, pero finalmente no se hizo”, señaló Gómez.
Además de que sus efectos fueron muy tibios, algunas de estas leyes incluso permitieron abusos por parte de gobiernos. En este sentido, Gómez señaló que en Ecuador la norma fue utilizada para condenar a medios por no haber informado, “con la debida profundidad y detalle”, sobre un premio honoris causa recibido por Rafael Correa cuando todavía era presidente. Por su parte, Lanza indicó que en el caso de Venezuela las leyes de medios, junto a otras normas aprobadas por el gobierno de Hugo Chávez, permitieron, por ejemplo, la expropiación de Radio Caracas Televisión, por la cual el gobierno venezolano fue condenado por la CIDH.
De acuerdo a lo sucedido en la región en los últimos años con respecto a este tema, se puede concluir que para que una ley de medios sea buena y tenga los resultados esperados, una de las claves reside en que el organismo de control tenga herramientas y recursos para actuar y sea independiente del gobierno de turno, algo en lo que Uruguay tiene “una prueba importante” por delante, indicó Lanza. El organismo regulador “tiene que estar fuera de la presión política directa y tener garantías para blindarse del lobby de los intereses económicos que hay en los medios”, consideró.
La regulación de medios está inconclusa en la región, pero es un tema central para la democracia, indicó Lanza, y concluyó: “Tal vez la propia inmadurez de nuestras democracias hace que juegue mucho la vinculación que hay entre el poder político y los medios. Los distintos partidos que llegan al gobierno ven este tema más como un asunto instrumental a su estrategia de poder que como un área en la que generar políticas claras y neutrales”.
Pluralismo
Yendo un poco más allá de la legislación, Lanza señaló que le preocupa “cómo desde el sector comercial no hay empresarios o proyectos sustentables con una línea editorial distinta de la de los medios que ya existían”. Mencionó que en los países europeos o en Estados Unidos hay importantes diarios y canales de televisión de izquierda, pero siguen siendo muy pocos los casos en América Latina, pese a que ha habido gobiernos de este signo por más de una década. “Al final uno ve que Clarín y La Nación siguen siendo los grandes medios en Argentina, El Mercurio y La Tercera en Chile, etcétera. Uno no se encuentra con un panorama ni parecido al que hay, por ejemplo, en España”, señaló.
Sin embargo, Lanza también destacó que hay “una diversificación importante en las plataformas digitales” en varios países de la región, con iniciativas como La silla vacía en Colombia, Aristegui Noticias en México o el Centro de Investigación e Información Periodística de Chile. Estas iniciativas “han logrado ganar un espacio bien interesante en la prensa profesional, con gente joven, profesional e independiente. Me parece que ahí hay cosas interesantes y muy alentadoras”, agregó.
Fuente: La Diaria
