Desde la asunción del presidente Macri, la agenda en defensa de la libertad de expresión tuvo varios y destacables logros. En primer lugar, fue restablecido el vínculo institucional con el periodismo, retornando las conferencias de prensa a su ámbito natural, la Casa Rosada. En segundo lugar se impulsó y dio media sanción a la ley de acceso a la información pública y se modificó el marco regulatorio de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales para asegurar condiciones igualitarias en la aplicación de la ley, atraer inversiones y generar mayor competencia en el sector más dinámico de la economía mundial como es el de las comunicaciones.
La Resolución 247E/16 de la Secretaría de Comunicación Pública publicada el 24 de agosto completa el conjunto de medidas positivas en defensa de la libertad de expresión ya que fija criterios objetivos para la distribución de los recursos públicos utilizados en concepto de publicidad oficial, fija límites precisos e incorpora los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de cumplir con las sentencias judiciales, al acatar los fallos de la Corte Suprema, esta medida restituye la normalidad en el vínculo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con respeto por la división de poderes y los valores republicanos.
Es una excelente noticia que la Argentina cuente con una norma para la regulación transparente de la publicidad oficial, algo que venía reclamándose desde distintas ONG’s, medios de comunicación, la Corte Suprema como ya señalamos, y también desde organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
A través de la ponderación en base a cuatro criterios objetivos -alcance del medio, pertinencia del mensaje, zona geográfica y fomento del federalismo y la pluralidad de voces- los recursos de dividirán en Campañas y se asignarán a aquellos medios que consten en el registro público de beneficiarios de pauta oficial. Se incorpora además la posibilidad de informar si se cuenta con códigos de ética periodística o protocolos de autorregulación para el tratamiento de temas como violencia de género o protección de la niñez. Esta novedad fue incorporada a sugerencia de FoPeA como un paso hacia la jerarquización de la labor periodística en los medios que son beneficiados por la pauta oficial. A través de esta nueva regulación se ejercerá control sobre los recursos destinados, sin lugar para los incrementos siderales de partidas, los favoritismos y la falta de información sobre el destino de los fondos. La utilización arbitraria de la pauta oficial, uno de los principales factores que causó la grieta cuyos efectos más tóxicos se vertieron sobre el periodismo independiente y la libertad editorial de los medios. Esta medida de autorregulación del Poder Ejecutivo marca el inicio de una nueva era y consolida el ejercicio pleno de la libertad de expresión en nuestro país.
Silvana Giudici es directora del ENaCom y ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados
Fuente: Diario Clarín
