El embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, propuso en Ecuador que la nueva ley de medios del país incorpore elementos de las leyes del sector ecuatorianas y de Argentina, y que el Estado ejerza mayor control sobre ellos. La ley de medios de Ecuador fue cuestionada en ese país y se la denominó la "ley mordaza”.
Las declaraciones de Llorenti fueron emitidas en el canal de televisión Gama TV de Quito a finales de diciembre de 2013.
Dijo que la Ley de Imprenta en Bolivia tiene unos 100 años y no considera a la radio ni a las actuales formas de comunicación.
"(Las leyes de medios de Argentina, Bolivia y Ecuador) son parte de la lógica de transformaciones estructurales que vive nuestra región, porque se dan otros procesos de distribución de la riqueza, reducción de la pobreza, modernización de nuestras instituciones y uno de los temas esenciales de la democracia es la comunicación, entonces también hay transformaciones”.
Aclaró que es necesario un debate sobre la ley de medios y que además del proceso de autorregulación "debe haber presencia del Estado para garantizar el derecho no sólo del periodista a informar, sino del ciudadano a recibir una información responsable o que una persona afectada tenga derecho a la verdad.
"Si es que hay una autorregulación, ahí primarán otros intereses. Está bien una etapa de autorregulación, pero hay que avanzar hacia la presencia del Estado en la toma de decisiones de la protección del ciudadano. Es importante que el Estado asuma su rol”, recalcó.
APLP rechaza declaraciones de Sacha Llorenti
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, rechazó las declaraciones de Sacha Llorenti y le exhortó a recordar su trabajo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
"Hay que recordar que el derecho humano fundamental, que permite los otros derechos, es, precisamente, el derecho a la libertad de expresión y que de ninguna manera puede estar conculcado por el propio Estado que le da origen”, indicó.
Explicó que rechaza las declaraciones porque vienen de alguien que vulneró la Constitución Política del Estado y los derechos humanos en Chaparina (TIPNIS, 2011). Además, afirmó que se trata de una persona que tiene un entendimiento limitado con respecto a la regulación de los medios de comunicación. "La regulación del Estado no se debe hacer para favorecer a un partido, a una persona y, muchísimo menos, a una ideología. Por lo tanto, el ente regulador que se cree para regular los medios de comunicación debe cumplir dos características. En primer lugar debe ser plural y, en segundo lugar, debe ser completamente democrática su elección, que ahora no tenemos”, sostuvo el representante de la APLP.
Fuentes: Página Siete y GamaTV
