Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el día después

Analiza Clarín: El proyecto del oficialismo mantiene todos sus aspectos más polémicos. Solo aparecen cambios "cosméticos" respecto del anteproyecto presentado en marzo
Plantea un control discrecional sobre los medios, inseguridad jurídica y avance del poder estatal.
Con algunas modificaciones -ninguna de fondo- respecto del anteproyecto presentado el 18 de marzo, en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siguen apareciendo riesgos para la libertad de expresión y la independencia de los medios. En el texto subsisten amplios márgenes de arbitrariedad del gobierno a la hora de manejar las licencias. También hay afectación a la seguridad jurídica y una apuesta a generar medios dependientes de la pauta estatal. Las principales críticas se centran en tres aspectos:
Intervencionismo y control sobre los medios: La ley le da amplias facultades al poder político para diseñar un sistema mediático a medida. Esto se observa, por ejemplo, cuando permite autorizar o no la existencia de señales de cable (hoy de libre generación, como los canales de noticias). O cuando impone restricciones que no existen a nivel internacional, como la imposibilidad de tener un cable y un canal abierto en la misma área. Los especialistas en defensa de la competencia, como Gabriel Bouzat, consideran esta restricción arbitraria y explican que ambos mercados (cable y TV abierta) son diferentes, ya que uno produce contenidos y otro los distribuye.
Entre las escasas novedades, aparece un nuevo gravamen a las señales de cable, lo que podría desalentar su producción. Otras directamente deberían desaparecer, ya que sus licencias se computan como si utilizaran espectro radioeléctrico.
Con la idea de forjar un sistema comunicacional adicto, el proyecto no sólo amplía la cantidad de medios estatales sino que deliberadamente omite regular la publicidad oficial, lo que le permitirá al Gobierno controlar medios comunitarios y privados, que ahora serán más débiles. Además, al avanzar sobre los actuales licenciatarios, obligándolos a desinvertir aunque estén cumpliendo la ley, permite que esos medios sean comprados a precio de remate por empresas cercanas al poder, como ya sucedió con radios y canales de TV.
Otra de las críticas es que la autoridad de aplicación siga siendo dependiente del poder político y no un organismo técnico. Uno de los artículos retocados es el 40, que establecía una revisión de las reglas de licencias cada dos años. Ahora se mantiene ese plazo, pero se agregó que sea en virtud "de la aplicación de nuevas tecnologías, preservando los derechos de los titulares de licencias". No queda claro, de todos modos, qué implicancias o efectos tendría esa revisión bianual.
Un punto polémico que ni siquiera se tocó fue la discrecionalidad del Poder Ejecutivo cuando los solicitantes de una licencia sean medios de comunicación, como diarios o revistas. Aquí el Gobierno podría usar un sistema de premios y castigos, autorizando a los leales y castigando a los críticos.
Presiones y arbitrariedad: La amplia y reiterada delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, y el gran espacio que se le reserva al nuevo Comfer a la hora de otorgar y renovar las licencias, se traduce en una herramienta de presión sobre las emisoras. El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asdrúbal Aguiar, señaló las similitudes de este proyecto con la ley venezolana de medios (aprobada por el chavismo en 2005), que abrió la puerta para el control de contenidos y el acallamiento de voces.
Amenaza a la seguridad jurídica: Como sostuvo el constitucionalista Gregorio Badeni, "en la Argentina las leyes no pueden tener efecto retroactivo si afectan derechos adquiridos o garantías constitucionales, por lo que la norma supone una lesión grave". Este fue uno de los puntos más cuestionados y sin embargo no fue modificado. Obliga a los licenciatarios a desinvertir en menos de un año, ignorando inversiones hechas en base a un marco legal y económico vigente. Según ADEPA, "más que normas generales se trata casi de medidas de presión frente a situaciones particulares. El peligro es que voces nacidas al amparo de la ley terminen restringidas bajo criterios ex-post".
El proyecto mantiene, con pequeños cambios de redacción, la polémica autorización a las empresas telefónicas para ingresar en el mercado de medios, a pesar de la prohibición establecida en sus pliegos y de la asimetría económica que presentan, por ejemplo, frente a los cables.
En definitiva, el proyecto no modifica en lo sustancial lo conocido hace cinco meses en el Teatro Argentino de La Plata. Meses donde el gobierno pareció elegir a los medios de comunicación como otro de sus blancos predilectos para la confrontación.

"En 30 días será sancionado"
El diputado ultra K Carlos Kunkel dio una muestra del apuro del Gobierno para aprobar la Ley de Medios cuando ayer manifestó que "el proyecto estará sancionado en 30 días".
Kunkel criticó a la oposición por su pedido de postergar el tratamiento hasta que asuman los nuevos legisladores electos. "Quieren cerrar el Congreso hasta el 10 de diciembre, es un absurdo", afirmó el diputado e insistió en que "ninguna corporación mediática va paralizar el Congreso para que no funcione".

Dice Ernestina: "Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad"
Después de entregar las medallas y distinciones, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, pronunció un breve discurso ante el personal.
"Queridos amigos: Clarín cumple 64 años de periodismo, al servicio del desarrollo del país. Hemos construido nuestra fuerza en la fidelidad a la gente. Y eso muchas veces termina molestando al poder de turno", comenzó el discurso, al lado de sus hijos Marcela y Felipe Noble Herrera.
"Hoy -agregó- sufrimos nuevos embates por defender nuestra integridad periodística. Ataques disfrazados con argumentos falsos y contradictorios. Campañas de una virulencia inusitada, originadas en zonas oscuras del poder. A las que incluso se prestan algunos que creen lucrar con eso. No es la primera vez, ni será la última".
Y concluyó: "Ningún 'apriete' torcerá nuestro compromiso con la sociedad. Nuestra misión y principios están expresados públicamente. Se reflejan todos los días en nuestros medios. A ellos nos atenemos".
Las palabras de la directora recibieron un fuerte y cálido aplauso de todos los presentes.

Ricardo Roa, editor general de Clarín editorializa: "Los Kirchner frente al espejo"
En el espejo donde deberían verse, los Kirchner ven a los otros. Ayer la Presidenta distinguió entre libertad de expresión y libertad de extorsión, al justificar su proyecto para colonizar los medios ¿Quién extorsiona en la Argentina? Extorsiona quien manipula datos públicos como los del Indec, extorsiona quien no entrega la plata de la coparticipación a los gobernadores que no están alineados, extorsiona quien ampara en la oscuridad a funcionarios corruptos. Extorsiona quien compra o alquila medios con dinero público y castiga con la quita de publicidad oficial a los que no son obsecuentes. Y extorsiona quien propone una ley que dará a los K el control discrecional de las licencias de TV, para que ingresen por la ventana los amigos y los truchos.
Como si blandiese una espada, la Presidenta había sacado a relucir este proyecto en mayo del año pasado, en medio de su pelea absurda contra el campo y molesta por la cobertura periodística de casos de corrupción como Skanska o la valija venezolana de Antonini Wilson. La reactualizó apenas días después de convocar a comicios anticipados, para disciplinar a los medios. Y ahora, tras las elecciones perdidas, trata de aprovechar la agonía de su mayoría legislativa. Pura revancha. Todo rodeado de agresiones contra los medios en general y Clarín en particular. Y en nombre de un modelo que usa y banaliza el drama de los desaparecidos, pero que en verdad consiste en una sola cosa: acumular poder para los Kirchner. El Gobierno avanza sobre la independencia de la prensa como si estuviese solo en el escenario político. Pero ayer mismo empezaron a alzarse voces que denuncian este nuevo intento de debilitar al periodismo. No extorsionan los medios. Los medios son el espejo que muestra a los verdaderos extorsionadores.

El editorial central de Clarín afirma: “Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los medios”
Existe una concepción muy particular de la democracia y de la libertad de expresión en un Gobierno cuyos principales voceros, comenzando por la propia Presidenta, se empeñan en señalar que los medios de comunicación independientes constituyen una suerte de interferencia, estorbo o amenaza para la ciudadanía. En base a esa idea, se ha lanzado una verdadera campaña de acoso contra las empresas periodísticas que no pueden controlar, presentándolas como un obstáculo o una desviación del interés colectivo.
Para esto no sólo están haciendo un uso desvergonzado de las herramientas del poder público, con acciones oficiales o paraoficiales, como lo es la propaganda difamatoria en la Capital o en el interior del país, sino también confluyen otros factores que tratan de esconder sin éxito, tras una pátina de pretendido profesionalismo, sus desmesuradas ambiciones particulares. Confluyen así, objetivamente, con la arrogancia y soberbia del poder.
La obscena demostración de pragmatismo y oportunismo ramplón al anunciar un acuerdo para televisar el fútbol, en el que la Presidenta cometió un gravísimo error al comparar un negocio de la AFA, su actual socio, con los desaparecidos sólo ha sido posible por ese peligroso clima de triunfalismo que favorece esa incontinencia verbal. Ayer, al anunciar el envío del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales volvió a cometer otro grave error al desconocer no sólo los proyectos anteriores que habían sido remitidos al Congreso sino las 147 reformas legislativas que se introdujeron a la actual ley.
La aventurada mención a la "libertad de extorsión" es una acusación gratuita y debería ser dirigida a una administración que no ha hecho otra cosa que tratar de silenciar al periodismo mediante la presión directa, la descalificación y la extorsión económica. El manejo arbitrario de la pauta publicitaria, premiando a los amigos y sofocando a los enemigos, es una demostración palmaria de los que utilizan los métodos que cínicamente denuncian.
La creencia equivocada que la derrota electoral ha sido producto de la información y crítica del periodismo independiente y, en particular, del Grupo Clarín, es una coartada para ignorar la contundencia de la decisión popular, y ha determinado esta suerte de declaración de guerra santa, con la activa colaboración de quienes, de manera ilusoria, ingenua o interesada, creen que van a quedar a salvo de esta concepción autoritaria que anima a esta administración.
Una sociedad libre y desarrollada se distingue como tal por la calidad y cantidad de sus medios de expresión y comunicación. Las libertades, la igualdad de oportunidades y las posibilidades de generar prosperidad económica se articulan con el ideario democrático no sólo como preceptos constitucionales o promesas abstractas sino como valores concretos, encarnados en las prácticas individuales y sociales.
En una concepción genuina y realista de la democracia, la actividad privada y la acción pública no se plantean como constelaciones antitéticas sino como componentes necesarios de la dinámica social, aun cuando puedan suscitarse naturales conflictos y tensiones.
El presupuesto básico de la existencia de medios de comunicación independientes está apoyado en pilares fundamentales. Uno de los principales es la credibilidad.
No existe fortaleza posible si un medio no es creíble en las informaciones que transmite, en las interpretaciones y análisis que difunde, en las visiones alternativas y enfoques que puede ofrecer para la mejor formación de la opinión pública. Esta fortaleza que se refleja en la preferencia de lectores, televidentes, oyentes, cibernautas, clientes y anunciantes, no es factible sin un respaldo económico que permita, precisamente, garantizar condiciones de independencia respecto de cualquier manipulación o presión por parte de gobiernos, funcionarios o grupos de interés e influencia.
Cuando una empresa periodística carece de rentabilidad, construida y obtenida en base a reglas y a códigos de conducta, pasa a depender de los subsidios públicos o privados, y en consecuencia inevitablemente queda asociada a los intereses de quienes proveen su sustento. Su credibilidad, más temprano que tarde, se verá mellada e irá desapareciendo.
Lo que verdaderamente molesta a los Gobiernos que se enfrentan a medios de comunicación de amplia difusión, con calidad periodística y solvencia económica, no es tanto dicha fortaleza como la impotencia para domesticar, controlar o manipular su presencia y evitar el reconocimiento en la sociedad. Por eso es que se ataca sus dos pilares: credibilidad e independencia. Recordamos así las campañas que se han lanzado que rezan que "Clarín miente" en la que se involucró personalmente el matrimonio Kirchner y cuyo punto de partida fue aquel insulto al prestigioso y célebre artista, Hermenegildo Sábat.
La concepción equivocada de que los votantes dan un gigantesco cheque en blanco a los gobernantes lleva invariablemente a considerar hostiles al periodismo que, desde la autonomía, ejerce la crítica y mantiene el escrutinio permanente de funcionarios, gestión pública y sistema político. Esa creencia de "democracia delegativa", lleva a cometer estos errores graves que son, en realidad, el afán e interés de mantener el control del poder con una concepción autoritaria, aunque se envuelvan en banderas "democráticas".
Solamente esa idea distorsionada, la que coloca a los gobernantes como exclusivos representantes de la voluntad popular y de los intereses de la Nación, puede llevar a confundir el lugar de los medios de comunicación independientes con el de una corporación cerrada, un competidor político o, en el peor de los casos, un enemigo existencial que hay que destruir.
También se pretende desvirtuar esa condición de independencia asociándola a los intereses económicos del medio, como si éstos fueran en detrimento de su credibilidad. La declaración de la UNESCO que instituyó el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es muy clara al respecto: "Por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas".
Los medios de comunicación no son meras correas de transmisión entre la sociedad y el Estado (o entre el Estado, el Gobierno, y la sociedad), como lo sostiene una visión estrecha, simplista, ideologizada e interesada. Los medios, hay que recordarlo, son fundamentalmente un vehículo para ejercer un derecho fundamental de los ciudadanos.
En las sociedades actuales, y merced a las formidables oportunidades y herramientas surgidas de la revolución tecnológica, los nuevos soportes y formatos, los medios de comunicación -diarios, canales de televisión, radios, portales, blogs, etc.- son también espacios sociales donde se desarrollan intercambios, se reflejan temáticas e inquietudes, se denuncian negociados y corruptelas, se originan proyectos, se debaten ideas, se polemiza apasionadamente, se construyen proyectos.
Lo peor que pueden hacer los Gobiernos es pretender apropiarse de esos espacios de libertad, orientarlos y maniatarlos, con el pretexto de que se está "democratizando" la información. Un Gobierno que sistemáticamente ha sido enemigo de la práctica profesional del periodismo, trabando y obstaculizando la labor de informar, manipulando las estadísticas oficiales a su gusto, oscureciendo su gestión e impidiendo un seguimiento cercano de los actos oficiales, en todas sus etapas, no puede arrogarse banderas que en sus manos se convierten en mentiras verdaderas.
Si algún modelo sirviera de aproximación a la concepción verdadera del kirchnerismo sobre la función y desempeño de los medios, habría que rastrearlo en los períodos hegemónicos de los gobiernos ejercidos por Néstor Kirchner en Santa Cruz. En ellos surge que a través de una combinatoria de medios adictos, sojuzgados por el arbitrio de una pauta publicitaria diseñada para silenciar voces críticas, se impuso en esa provincia un curioso reinado de la libertad proclamada sin libertades efectivas, como no hayan sido las del poder sin límites y las expresiones disidentes conculcadas, las mismas que ahora se presume defender.
La genuina representación democrática no es la que se concentra en una persona, figura o institución: es el resultado del libre juego entre las instituciones, representaciones y mediaciones políticas y sociales.
Es por eso que no existe democracia sin pluralismo. Una democracia es débil y pobre cuando sus medios de comunicación son débiles y maleables. La democracia se desvirtúa cuando los gobernantes se atribuyen la exclusividad de la representación popular y se disfrazan de víctimas frente a las manifestaciones plurales de una sociedad libre.
La promoción de una prensa con libertad, independiente y pluralista es un componente esencial de toda sociedad democrática. La ausencia de democracia coarta la libre expresión, pero el deterioro de la libertad de prensa afecta inequívocamente la vigencia plena de las libertades e instituciones democráticas.
La Argentina y gran parte de la América latina lo han experimentado en carne propia a lo largo de décadas de autoritarismo, intolerancia y censura. La existencia de gobiernos democráticos no es, en tal sentido, un punto de llegada sino el requisito mínimo para la vigencia y desarrollo de las libertades y las oportunidades. Socavar la existencia de medios independientes no es otra cosa que socavar esos fundamentos que nos alejan del silencio y del monólogo; que nos defienden de la imposición de cualquier autoritarismo.
Los Gobiernos deberían aprender de la historia. Los aliados circunstanciales, también.

Ahora se plantan en cinco mil. Como contamos ayer el multimedio fluctuó la cantidad de asistentes a la marcha en apoyo a la presentación del proyecto de Ley entre 1.000 a 5.000. La edición papel brinda esta crónica:
El oficialismo movilizó adherentes para apoyar el envío del proyecto al Parlamento.
La marcha tuvo mucho colorido, pero una convocatoria escasa.
Unas 5 mil personas se desplazaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso.
Por: Pablo Dorfman
Fue una movilización calurosa y ruidosa, por los 27 grados y un sol imponente sobre la Ciudad y por los coloridos bombos y trompetas; pero muy floja en convocatoria.
En el momento cumbre, cuando la presidenta, Cristina Kirchner, anunciaba el envío del proyecto de Ley de Radiodifusión, en la afueras de Casa Rosada apenas 5 mil manifestantes, del núcleo duro del kirchnerismo, se congregaron para respaldar con fervor la medida anunciada.
Sobre Balcarce 50, se destacó la convocatoria de los camioneros de Hugo Moyano, y más atrás, entre los gremios cercanos al Gobierno, los Judiciales que comanda Julio Piumato, una de las caras visibles de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, el núcleo que congrega a las diferentes agrupaciones que apoyaron la medida oficial. También estuvieron al frente de la convocatoria intelectuales que están dentro del espacio bautizado Carta Abierta.
A ellos se sumaron un sector de la CTA que comanda el secretario general de esa entidad, Hugo Yasky, y movimientos políticos como la JP, y la agrupación La Cámpora que desde las sombras controla el hijo presidencial, Máximo Kirchner, aunque en efecto es comandada por el legislador porteño Juan Cabandié.
También fue importante la movilización que realizaron los militantes de la agrupación Los Pibes que comanda el dirigente social Angel "Lito" Borello, de buena relación con las ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
La marcha tuvo además de calor, tradicionales cantos en respaldo a la gestión presidencial y aireados insultos en forma de canción contra el Grupo Clarín.
Puntualmente, se repartieron unos panfletos de cuatro páginas a color, prolijamente pulidos y en hoja de buena calidad, que directamente insultaban a los principales accionistas del grupo.
Además, el piquetero Emilio Pérsico estuvo al frente de las filas del Movimiento Evita que llevó su tradicional cartel con el mensaje: "Clarín Miente".
La Central de Movimientos Populares (CMP), tuvo presencia, aunque Luis D´Elía se mantuvo en un sugestivo perfil bajo, acosado por varias denuncias judiciales por las cuales deberá declarar a partir de setiembre.
La movilización arrancó frente a la Casa de Gobierno donde los manifestaban trataron, sin éxito, escuchar el discurso de la jefa de Estado. Y culminó sobre el Congreso, con la presencia de un grupo de legisladores oficialistas encabezados por el titular del bloque del kirchnerismo en Diputados, Agustín Rossi, quien recibió simbólicamente el proyecto de Ley de manos de Yasky y Piumato que estuvieron al frente de la convocatoria. Rossi estaba eufórico.
En el palco también se vio al legislador porteño electo Francisco "Tito" Nenna, y como un militante más y conversando sobre avenida Rivadavia se mostró, sereno, el padre Luis Farinello.
El Frente Transversal, trabajadores del SUTEBA, del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y los telefónicos de FOETra también estuvieron presentes.
La marcha fue ruidosa pero lejos de reunir a una cantidad de gente esperable por el oficialismo.
En vano, los camioneros de Moyano aguardaron frente a Casa Rosada que saliera Cristina Kirchner para saludar a los manifestantes, pero se fueron con las manos vacías. Ni siquiera hicieron la corta caminata al Congreso donde concluyó la manifestación.

La iniciativa será tratada sólo por dos comisiones que maneja el kirchnerismo
Por: Marcelo Helfgot, Diario Clarín
El nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión elaborado por el Gobierno ingresó anoche por la Cámara de Diputados y, según revelaron fuentes parlamentarias, será girado hoy solo a dos comisiones controladas por el oficialismo: Comunicaciones y Presupuesto.
La oposición reclamó que, por la naturaleza de su contenido, el debate se inicie en Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici. Pero las autoridades de la cámara no darían siquiera la posibilidad de que esa comisión intervenga en la discusión.
Se especula que es para evitar interferencias en la estrategia oficialista de apurar el proyecto, para que pueda aprobarse sin demasiado debate antes del 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos el 28 de junio y cambie la relación de fuerzas.
En la transición, el kirchnerismo y sus aliados mantienen una ajustada mayoría en ambas cámaras y la instrucción del Gobierno a sus jefes parlamentarios es que aprovechen la circunstancia para avanzar con su propuesta, pese a la advertencia opositora de que un tema de tal envergadura debe discutirse con la nueva composición legitimada en las urnas.
Ayer al mediodía, cuando aún no había ingresado el proyecto, la task force que armó el bloque K para imponer la nueva ley se reunió para definir un plan de acción. El jefe de la bancada, Agustín Rossi, junto al pampeano Manuel Baladrón y el santafesino Gustavo Marconato, titulares de Comunicaciones y de Presupuesto, decidieron citar con una urgencia poco usual a un plenario de ambas comisiones para la semana próxima. La idea, que se ajustará el martes en un nuevo encuentro del trío, contempla una convocatoria a Gabriel Mariotto, titular del ComFeR y autor del texto, que fue descalificado por la oposición por el extremo intervencionismo que concede al Estado.
Previamente, Mariotto será citado a una reunión del bloque kirchnerista para que baje línea a los soldados K sobre los argumentos para defender la iniciativa que lleva la firma de Cristina Kirchner.
Allí, además, Rossi y los coroneles del bloque podrán repasar el grado de disciplinamiento de su tropa. De movida, basan sus expectativas en mantener las mayorías que consiguieron para la aprobación de la prórroga de las retenciones, dos semanas atrás, cuando obtuvieron 136 votos (106 propios y 30 aliados) contra 100 de la oposición.
Si logran mantener la unidad del bloque -hecho que desde la derrota electoral les resulta complicado, como revelan los constantes amagues de ruptura de los 5 chubutenses que responden al gobernador Mario Das Neves y de 3 jujeños encabezados por Carlos Snopek-, el paso posterior consistiría en negociar algunos retoques al proyecto con los aliados del radicalismo K y parte de la centroizquierda, fundamentales para llegar a los 129 votos del quórum y garantizar la votación. Esos sectores advirtieron que apoyarán si se introducen fuertes controles al Estado para la concesión de las frecuencias.

Preocupación por saber quién regulará la aplicación de la ley
Legisladores y expertos regionales alertaron sobre casos de arbitrariedad.
Por: Atilio Bleta, Diario Clarín
La importancia de la autoridad de aplicación a propósito del proyecto de nueva ley de radiodifusión presentada ayer por el Gobierno fue el tema central de un seminario que se llevó a cabo ayer en la Cámara alta. Fue organizado por la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), que contó con el respaldo del vicepresidente Julio Cobos y la participación de representantes de organismos reguladores de Uruguay, Chile y Brasil.
Cobos bendijo -mediante una nota- la realización del encuentro "acerca de un tema impostergable". Más tarde, a través de un comunicado de prensa, se pronunció sobre el tema.
La senadora Estenssoro consideró que "podemos tener la mejor ley pero si el órgano de aplicación y control no es independiente, nada impedirá que esa ley de radiodifusión se convierta en letra muerta. O una herramienta pensada para castigar a medios críticos, favorecer a los leales y crear nuevos medios dependientes del gobierno".
A su turno el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar comparó a la autoridad de aplicación con un árbitro de fútbol que "si es malo o corrupto se arma una gresca tremenda". Para Aguiar la función del regulador es "muy parecida a la de un juez. Por eso debe ser independiente, porque el derecho a comunicar atraviesa toda la sociedad".
La presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, diputada Silvana Giúdice criticó a la presidenta Cristina Fernández por calificar ayer a los medios de prensa como un "supra-poder cuando en realidad se trata de un factor de poder, como otros que hay en democracia". Pidió "un debate serio con el tiempo necesario porque también tenemos proyectos sobre este tema". Y se pronunció a favor de una "matriz de medios diversa, pero no se puede propiciar la matriz de medios públicos y neopúblicos como hace el Gobierno".
Los legisladores no conocían todavía la letra del proyecto, pero presumen que "el Gobierno tendrá mayoría en el órgano de aplicación", apuntó Estenssoro.
De la experiencia uruguaya, Gustavo Gómez, presidente de la Comisión Honoraria Asesora Independiente dijo que de los 10 miembros que la integran sólo dos son del Gobierno, Y que si bien las licencias para radio y TV "todavía" las otorga el Gobierno "hay audiencias públicas".
Apkar Minassaian del organismo regulador de Brasil detalló la importancia que se otorga a la "pluralidad de prestadores y prestaciones" y a la obligación que tienen los licenciatarios de TV por cable de destinar 13 canales obligatorios a educación, cultura, universidad, legislatura, entre otras.
Por fin el chileno Jorge Navarrete, presidente del consejo nacional de Televisión se permitió dar un consejo a los legisladores argentinos: "Legislen como si siempre fueran a ser oposición".

Joaquín Morales Solá, otro trabajador del multimedio desde La Nación, un diario “socio”, escribe:
“El periodismo, una presencia maldita”
Seis años después del arribo de los Kirchner al poder sabemos exactamente, por fin, qué piensan y qué quieren del periodismo. Hubo agresivos discursos previos y algunas actitudes no menos belicosas, pero ninguno de ellos fue tan expresivo como el mensaje de ayer de Cristina Kirchner.
En síntesis, el periodismo es una presencia maldita para los gobernantes, salvo que difunda lo que el poder necesita que se difunda. Esa sería la mejor receta para lograr la defunción de la prensa, pero ¿no es eso, en última instancia, lo que están buscando?
La Presidenta echó mano de una retórica cargada de violencia e intolerancia. Miles de incondicionales partidarios aplaudían en la Plaza de Mayo mientras ella aporreaba verbalmente a los medios y a los periodistas. Hay que creer en los milagros, porque hubiera sido muy fácil un ataque físico contra la sede de cualquiera de los más importantes medios periodísticos de la Capital o contra los periodistas que cubrían las efusividades paraoficiales. Los que manejan el poder habían concedido la autorización implícita para la agresión mediante el sermón presidencial. A veces las palabras anticipan los hechos. La Argentina estuvo ayer demasiado cerca de parecerse a la Venezuela de Hugo Chávez.
Esa radicalización del matrimonio presidencial, que ya se había expresado en los últimos tiempos, es precisamente lo que hace inviable su proyecto de ley de radiodifusión. Una legislación tan sensible, porque regulará nada menos que la relación entre los medios audiovisuales y el Gobierno, sea éste cual fuere, debe cumplir el mínimo requisito de la neutralidad del poder que la estimula. El contexto esparce también la desconfianza; el periodismo en general viene de años en los que debió enfrentar el ninguneo, la persecución o la calumnia del kirchnerismo.
Un solo artículo del proyecto inicial muestra la verdadera intención del Gobierno: estipula que los canales de televisión y las radios deberán someter sus licencias a una revisión del Gobierno cada dos años. Si ese artículo se conservara y fuera aprobado por el Congreso, la consecuencia es muy previsible: será el fin de la libertad del periodismo televisivo y radial. Cualquier gobierno estaría siempre en condiciones de amenazar, presionar y condenar a los dueños de las licencias de canales y radios.
Cristina Kirchner parecía ayer una pasionaria pregonando la libertad de información. ¿Era sincera? La Presidenta suele decir que lee la prensa sólo para descubrir sus inventos. "No le creo nada", repite. Convertida en los últimos tiempos en un bloque de cemento intelectual, no admite ninguna otra verdad que no sea la suya. Es la conclusión que sacaron de sus reuniones con ella todos los líderes políticos que la visitaron en las últimas semanas. Si la prensa no coincide con su cosmovisión, como generalmente no coincide, entonces ella concluye que está leyendo una mentira.
Es notable también la creciente devaluación por parte del oficialismo del inmenso crimen de los desaparecidos en la década del 70. Cristina Kirchner se refugió ayer detrás de los 118 periodistas desaparecidos durante la dictadura militar para anunciar su ley de radiodifusión. ¿Qué tiene que ver aquella tragedia con sus personales y actuales camorras? Nada.
Vamos entonces a las cosas que se tocan. ¿Propaga francamente los beneficios de la información pública un gobierno que distorsiona desde hace tres años las estadísticas oficiales? No, seguramente. La propia presidenta trabó en el Congreso, en sus épocas de senadora, la aprobación de la ley de acceso a la información pública y ni ella ni su esposo hicieron nunca nada para despenalizar los eventuales delitos que pudieran existir en la información del periodismo. Hicieron algo peor: consintieron que funcionarios de su administración persiguieran a directivos periodísticos, con el evidente propósito de meterlos presos, por el supuesto delito de calumnias e injurias. No es la información libre e independiente lo que auspicia Cristina Kirchner; lo que busca es, por el contrario, la manipulación oficial de la información que le llega a la sociedad.
Sabe a extraño que el matrimonio presidencial se haya transformado de pronto en un cruzado de la supuesta sanidad de la información pública. Nunca, desde 1983, el periodismo tuvo tantos obstáculos como durante el reinado de los Kirchner para acceder a la información del Gobierno. Las noticias más relevantes se concentran siempre en tres o cuatro personas. El periodista que no penetra en esa intimidad carece de la información básica de la política que nos gobierna. La Argentina política llegó a la ridiculez de tolerar que un periodista tuviera la primicia de un aumento de tarifas de servicios públicos. Sucedió en los primeros años del gobierno de Kirchner. La mayoría de los consumidores se enteró de la novedad cuando le llegó la factura.
Néstor Kirchner, ideólogo y promotor del proyecto de ley anunciado ayer, es más patético aún que los desatinos de su esposa. Dijo que fue derrotado porque la sociedad quería una profundización de su modelo de perpetuas improvisaciones. Es decir: perdió porque no hizo más kirchnerismo del que ya hizo hasta la fatiga social. El denostado George W. Bush perdió también la elección legislativa de la mitad de su segundo mandato. En el acto, el entonces presidente norteamericano le dio la mano a la líder parlamentaria opositora, Nancy Pelosi, y la invitó a trabajar juntos. El sistema político de su país no le hubiera permitido caer en las extravagancias argentinas.
Aquí, la política vive una ficción. El Gobierno ejerce el poder como si no hubiera ocurrido la derrota del 28 de junio. Está haciendo uso y abuso de una mayoría parlamentaria artificial, que no expresa a la sociedad que ya se manifestó hace dos meses. "Todo lo que le hagamos ahora a la oposición, ella nos lo hará después del 10 de diciembre", decía poco después del fracaso electoral uno de los ministros más importantes del gabinete actual. Ese concepto le llegó a Kirchner, pero éste decidió esquivar, otra vez, el más básico sentido común.
La oposición reclamó ayer que se respetara la relación de fuerzas que surgió de la última elección y que el proyecto de ley de radiodifusión sea tratado por el Congreso después del 10 de diciembre. Es lo que debería suceder en cualquier democracia que se precie de tal. Esas palabras se deslizaban, sin embargo, en medio de un extraordinario e innecesario clima de tensión, en el que se mezclaban contra el periodismo las amenazas y las maldiciones de la cima con las vociferaciones de abajo, en la destemplada calle. Parecía la representación (¿sólo fugaz?) de un perfecto día chavista.

Fernando González, Director Periodístico de El Cronista –El diario de Francisco de Narváez- relata: “La pluralidad es el resguardo para la prensa”
Hay una cuestión clave con el proyecto de ley de radiodifusión que ayer presentó en sociedad la Presidenta. Los Kirchner no son confiables como para dejar sólo en sus manos el debate y la ejecución de los cambios que los medios de comunicación necesitan para adecuar su funcionamiento a los tiempos que corren.
La historia enseña que el mecanismo preferido de Néstor Kirchner para controlar o influir sobre la prensa en Santa Cruz fue la presión. Y no mejoró cuando llegó a la Presidencia, sino que buscó trasladar aquel modelo provincial a la escala nacional.
Los Kirchner acuden hoy a la compra de medios a través de empresarios amigos y a la agresión directa como herramienta de discusión. Los ataques públicos al Grupo Clarín son apenas un ejemplo de la concepción que tienen del periodismo. La prensa es buena cuando no los critica y es mala cuando señala sus errores. No son los únicos dirigentes que piensan así, pero son los que gobiernan en estos días alterados.
Por eso, lo más adecuado sería que fueran las fuerzas políticas del Congreso votadas el 28 de junio por la sociedad argentina las que diseñen el planeta moderno de la comunicación. La pluralidad es siempre el mejor resguardo para un tesoro tan preciado como la libertad de expresión.

Mario Wainfeld desde PáginaI12 comenta: Buenas y malas ondas
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrado en el Congreso tiene 144 artículos, dotados de una profusa fundamentación, insólita para los usos parlamentarios actuales. Fue editado en un libro de casi 150 páginas, usado como disparador en foros realizados en todo el país. Esa dinámica previa le hace honor, su contenido también.
El texto no fue una invención del kirchnerismo. Sintetiza aportes oriundos de la sociedad civil y del mundo académico decantados en el último cuarto de siglo. Los sonados “21 puntos” cristalizaron parte de esa producción, también hubo proyectos de legisladores de varias bancadas, incluyendo a varios radicales, que fueron pioneros.
El cronista, que forma parte del pelotón que brega por esa norma desde que se inauguró la actual etapa democrática, considera que es un buen proyecto, de clara raigambre democrática e igualitaria. Un debate honesto podría mejorar zonas grises, errores o limitaciones. El cronista señala dos, a su criterio.
- El primero es la eventual amplitud de posibilidades abiertas a las telefónicas, que quizá no amerite borrarse de un plumazo, pero sí tener restricciones más ceñidas.
- El segundo alude a un objetivo encomiable, la protección a la producción nacional. Nada que objetar salvo que su definición es muy imprecisa.
Pasible de esas anotaciones o de otras, el proyecto avanza en aras de la libertad de información, de ampliar el espectro de emisores, de poner coto a los monopolios y oligopolios. No hay ninguna alusión, siquiera lateral, a la limitación de contenidos y sí varios artículos que defienden la libertad de expresión y la de los periodistas. Entre otras experiencias de otros países se recoge la de Defensoría del Público.
Desde luego, afecta poderes establecidos, que tienen razones y derecho de defender su patrimonio. Podrían hacerlo polemizando con calidad afín a la propuesta en cuestión. Eligen otro camino, el del poder desnudo.
El poder y los ultras: Asombra la baja calidad de los argumentos de los medios que enfrentan esta ley. Pocas notas firmadas, un síntoma de que no es fácil reclutar afinidades aun en sus propios elencos. Y un abandono casi absoluto del razonamiento o del análisis minucioso. Se ostenta la rabia editorial, se muestran aliados de aquende o allende las fronteras, así sean corporaciones de mala fama, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La renuncia al espacio discursivo no ha de ser casual, es una opción. En el ágora, la polémica franca puede dejar mal parados a los damnificados. Por eso se elige la lógica de la “batalla campal”, por usar la calificación con que designó el senador Carlos Reutemann al conflicto del “campo”.
Los defensores de la ley son estigmatizados. No brotaron ayer, de una unidad básica recién creada. La mayoría proviene de un amplísimo movimiento social que insta la reforma, con enorme base en organizaciones no gubernamentales, radios y medios alternativos, universidades públicas y hasta algunas privadas.
El sentido común mediático describe a los académicos como “intelectuales K”, en tanto que los movimientos sociales que se embanderan son “ultrakirchneristas”. Todo un detalle: la condición de ultra sólo califica a los oficialistas. Ningún opositor es “ultra” nada. Ni el patotero Alfredo De Angeli ni el golpista Hugo Biolcati son ultrarruralistas. Tampoco es ultragolpista (ni siquiera golpista) Mariano Grondona, instigador, justificador y encubridor de todos los golpes de Estado de los últimos 55 años. Marcos Aguinis exalta la evasión fiscal, tampoco es ultra...
Sin embargo, vaya si hay ultras en la coalición del rechazo a la norma. Un vistazo a los diarios de ayer puede ser ilustrativo. Vaya, pues, una digresión parcial.
La efigie de la SIP: Vale la pena leer de cabo a rabo la necrológica, anónima, de Diana Julio de Massot, publicada ayer en La Nación. Su título (“Defensora infatigable de la prensa libre”) da cuenta de la valoración que merece. Su condición de miembro de número de la SIP y de Adepa es un dato resaltado. Hay algunos lugares comunes con que La Nación condecora a los defensores de la clase dominante y sus ideas. Lo que sorprenden, en su despojada brutalidad, son los elogios a su alineamiento político con todos los gobiernos antidemocráticos que asolaron este suelo. Vaya un párrafo como muestra: “Durante los años de fuerte influencia militar en las decisiones políticas argentinas, La Nueva Provincia constituyó el periódico de lectura insoslayable para conocer el pensamiento dominante en la Armada y sobre todo en el ámbito naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca y su zona de influencia”. Aclaremos, por si hace falta. Se la lisonjea por haber conducido un house organ de todas las dictaduras y por reflejar en la última el pensamiento vivo del genocida Emilio Massera. Esa noble influencia inspiró sin duda el editorial del 24 de marzo de 1976, evocado ayer en PáginaI12 por el periodista Diego Martínez. “Al enemigo es menester destruirlo allí donde se encuentre sabiendo que sobre su sangre redentora debe alzarse la segunda república”, escribían entonces los corifeos de la Armada.
Pasadas dos décadas y media de rutinas republicanas, la SIP y Adepa (una de cuyas figuras viene de fallecer) son vanguardia de la oposición a una norma democrática, defendiendo “infatigables” lo que ellos entienden como “prensa libre”.
El porotómetro: Así parezca un ritornello, una ley de calidad amerita un debate legislativo acorde. Las primeras reacciones muestran a varias fuerzas opositoras enardecidas, con poco ánimo de discutir constructivamente. El oficialismo deberá sumar trabajosamente los votos necesarios, no le será sencillo.
La planilla de asistencia del acto presidencial de ayer puede ser una señal de alineamientos futuros. Los gobernadores de Neuquén (Jorge Sapag, del MPN) y de Río Negro (Miguel Saiz, radical K) pegaron el faltazo. Tampoco estuvieron los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey y Mario Das Neves. El salteño sigue cerca del oficialismo, el chubutense le muestra los dientes todo el tiempo. Sus diputados y senadores votaron a favor de las facultades delegadas, en defensa de la gobernabilidad y la sustentabilidad fiscal del gobierno central, que les conviene e interesa.
En materia de medios audiovisuales, su acompañamiento es menos seguro. El temor a la vendetta de los poderosos es un disuasivo. “No es un quilombo nuestro”, explican en confianza, aunque sin adelantar si enfrentarán al gobierno nacional, lo (justo es subrayar) que sería otro entuerto, de diferente naturaleza.
Con el aval de los partidos de centroizquierda en Diputados, quizá la clave del equilibrio parlamentario pase por el socialismo. El gobernador Hermes Binner ha apoyado desde el llano iniciativas afines a la que se tratará. El tono de la ley es progresista, consistente con el ethos del socialismo y hasta algún funcionario del gobierno santafesino participó en los foros ya mencionados, con actitud amigable. Binner sin duda estará tironeado por su prosapia progresista, por sus alineamientos previos versus la presión mediática y la de sus actuales aliados, que apoyan sin rubor a las corporaciones rurales y mediáticas.
Jugar a más: La información es una riqueza que, como todas, está mal distribuida. Es también un atributo de la ciudadanía social, que no se puede reducir a un derecho del consumidor. Toda ampliación del espectro de emisores lo es también de los derechos republicanos, máxime si ganan terreno organizaciones sin fines de lucro.
Es una mutilación circunscribir la ampliación de ciudadanía de “Rosa de Caballito” o “Carlos de Lugano” a dejar un mensaje de 50 segundos en su radio favorita.
Comunicarse implica informarse e informar, escuchar y hacerse oír. La ampliación del espectro mediático con nuevos protagonistas es un objetivo de alta calidad institucional. Con un añadido digno de mención, que también preocupa a gobernadores de variadas camisetas. La vivacidad de la sociedad argentina, la tradición de su periodismo de trinchera y la de las radios comunitarias augura un nuevo escenario que no será complaciente ni seguidista con ningún gobierno.
Cunde entre nosotros la llamada “ley de Godwin”. Mike Godwin, lo parafraseamos, explicó que “a medida que una discusión se alarga la posibilidad de que se mencione a Hitler o al nazismo propende al ciento por ciento”. Hablaba del ágora informática, la mediática funciona de modo similar. La tendencia a la simplificación, al panfleto es una vertiente naturalizada de la comunicación de masas. En estas pampas, Hitler suele ser sustituido por Hugo Chávez. La apelación al cuco releva de cualquier razonamiento estructurado, de cualquier lectura fina de las circunstancias o de una ley parida en muchos años.
Así están las cosas, cuando el proyecto entra al Parlamento, con una mora de casi tres décadas y con final abierto.
mwainfeld@pagina12.com.ar

Jorge Héctor Santos, ex empleado de Clarín se pregunta:
“Kirchner vs. Clarín, ¿De qué lado me pongo?”
Trabajé durante 14 años de mi vida para Clarín. Clarín es un multimedio enorme que Kirchner, ahora, cuando menos poder tiene quiere destruir de apuro antes que el Congreso no le responda. Frente a esta circunstancia y habiendo compartido muchos años de mi vida con Héctor Magnetto y su poderosa empresa me nace una pregunta que quiero tratar de contestar en esta nota ¿De qué lado me pongo? ¿Respaldo a Kirchner ó a Clarín?
Desde 1986 hasta 2000 fui empleado jerárquico del principal multimedio del país. Me desempeñé todo ese tiempo como gerente general de las radios del Grupo que, hoy, Kirchner quiere destruir.
Clarín me sirvió pero, yo le serví más a Clarín. Mi talento, el que tengo, lo puse a disposición del Grupo sin reconocimiento alguno por parte del mismo. La empresa es muy mezquina. Los éxitos son todos de los dueños, los fracasos de los funcionarios.
Me eduqué con valores arcaicos, entre ellos la decencia. Siempre defendí el bolsillo de la gran empresa sin poner ni un centavo del abundante dinero que en él habita, en el mío, en el propio. La decencia es una obligación no debe ser premiada. Sin embargo, muchos indecentes trabajan en Clarín, yo no.
Le brindé a las radios de Clarín (Mitre, La 100, Top 40-ya desaparecida) los años de mayor prosperidad económico-financiera y lugares de privilegio en la audiencia a todas ellas. El premio final fue la desvinculación al igual que hicieron con la mayoría de quienes habían dejado el alma para que el grupo creciera. La paga final fue la misma. El Grupo es así.
Me tocó lidiar con situaciones muy difíciles en circunstancias extremas para el país. Hiperinflación, levantamientos militares, etc. Estaba al frente de medios de comunicación de gran penetración, los desafíos fueron enormes.
Conocí a Magnetto, Aranda y Pagliaro muy de cerca. Los veía o hablaba, con muchos de ellos, a diario. Son duros, difíciles, exigentes. Saben que manejan un emporio poderoso y ellos son y se saben poderosos.
Magnetto es un hombre de una gran inteligencia. Trabajador incansable. Aranda es el más cordial de los popes pero, también, dueño de una velocidad de reflejos como pocos. Pagliaro es el más complicado de todos; es impredecible.
Entre los 3 existen códigos que respetan aunque unos no los entienda. A los 3, internamente, los llaman La Santísima Trinidad.
Magnetto -contando con un aliado valiosísimo como Aranda- hizo crecer a Clarín de una forma descomunal a costa de la habilidad propia y del manejo con los diferentes gobiernos de turno. ¿Qué tiene esto de malo si todos los empresarios multimillonarios han hecho lo mismo en este país?
Los gobiernos buscan como aliado a Clarín, como en otros países como el nuestro buscan de aliado a los medios más poderosos.
Los empresarios de medios que no pueden hacer lo que hizo Magnetto, lo envidian o quieren ser como Magneto. Daniel Hadad trata de emular a Magnetto. Otros, menos ostensiblemente, también, lo hacen. Magnetto es Magnetto. Sus pros y sus contras son únicos. Clarín incide en la vida de los argentinos y ayuda a levantar gobiernos o a bajarlos pero, esto no es exclusivo de Clarín, esto sucede con todos los medios poderosos en todo el mundo. El gobierno en cuestión lo debe ayudar tanto para una cosa como para la otra.
La tapa de Clarín o la simultaneidad de opiniones de parte o de todos sus medios inciden y muy fuertemente en la opinión pública.
La publicidad estatal manejada con libre albedrío como la usan los Kirchner tiene un poder no menor, sobre todo si se usa para mentir, como mienten los Kirchner.
Kirchner quiere reducir el poder de Clarín ahora que él está fusilado por su inoperancia, desprestigio, pérdida de credibilidad y poder.
Clarín tuvo un romance largo con los Kirchner como los Kirchner lo tuvieron con Clarín. Hoy, los Kirchner y Clarín están enfrentados. Esta historia no es propia de estos dos actores. Casi todos los presidentes y gobiernos vivieron las dos etapas.
¿La Casa Rosada está en Plaza de Mayo o en la calle Tacuarí? Se preguntaron muchos y durante muchos años.
Una persona famosa y amiga del desaparecido Bernardo Neustadt me dijo una vez, “Bernardo no cambia de opinión las que cambian de opinión son las empresas que lo apoyan con su publicidad”.
¿De qué lado me pongo? A favor de Kirchner o de Clarín.
¿Quién es más peligroso para los argentinos, entre los que me incluyo? Hoy, por hoy, Néstor Kirchner.
Con Clarín se puede vivir en democracia, con Kirchner, no.
Clarín posiblemente merezca ser reconsiderado en su dimensión pero, no lo puede reconsiderar un gobierno corrupto como este y, un parlamento títere como el actual.
La ley de Medios audiovisuales es una ley contra Clarín el resto es pura cháchara para que los amigos del poder accedan a los medios y se sumen a las mentiras de los Kirchner.
Los Kirchner quieren hacer de la Argentina, Santa Cruz; o peor aún, tal vez la Venezuela de Chávez.
Por eso, un ex Clarín como yo –no una viuda de Clarín, como alguna vez osó denominarme erróneamente Jorge Rial- no tiene dudas al respecto.
Hoy, la inmoralidad del gobierno en todos los ámbitos no solo ha destruido los valores sociales sino que antes de su final quiere destruir a los medios fuertes para perpetuarse en el poder, cosa que Kirchner le atrae como a Magnetto pero, existe una gran diferencia, un cargo es elegido por millones de argentinos y tiene en contra al menos el 70% de ellos, el otro no es por sufragio. Además, Magnetto es predecible; Néstor Kirchner No.
Sé que más allá de estas consideraciones muy personales hay muchos intereses económicos en juego pero, eso no es materia de esta nota.
En esta nota quise poner sobre la mesa lo que más me importa como ser humano: el futuro de los chicos que hoy no pueden ir a la escuela, tienen hambre y, con este gobierno no tienen en el futuro ni siquiera la posibilidad de soñar que se los saque de esta realidad cruel.
El dinero del Estado es para Kirchner más necesario para destruir a Clarín que para evitar que el 40% de la población pase las más elementales privaciones.

Juan Manuel Gorno, periodista de El Diario de Villa María, participó de la marcha que se realizó al finalizar la presentación. Esta es su crónica: “Para escuchar todas las voces”
¡Basta de monopolios mediáticos! Que termine la mordaza. Abajo la ley de los militares… Las frases plasmadas en panfletos, banderas o grandes pancartas, marcaban el terreno de los miles de argentinos que ayer, bajo distintos colores y emblemas, se reunieron en Plaza de Mayo y marcharon hasta el Congreso con el mismo objetivo: defender el proyecto de servicios de comunicación audiovisual.
Cerca de las 11, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, trabajadores de prensa e integrantes de Organizaciones No Gubernamentales, entre otros, abrazaron un sol veraniego que pegó fuerte y dijeron presente a su manera, algunos escuchando el discurso de la presidenta que llegaba desde los parlantes frente a la Casa de Gobierno; otros entonando cánticos en contra del grupo Clarín y Macri; y estuvieron también los que sólo están siempre, por pertenecer a la Plaza de Mayo casi por historia reciente.
El caso es que muchos porteños que no enarbolaban banderas, también hicieron número en la gran manifestación, simplemente para hacer notar su adhesión a la nueva ley.
Cuando terminó el discurso de Cristina, el grueso de manifestantes enfiló por avenida de Mayo para recorrer las nueve cuadras que separan la Plaza del Congreso, donde sus habitantes de turno tendrán ahora la misión de tratar la ley “con el compromiso que esto se merece”, según indicó un interlocutor desde el pequeño escenario que se armó frente a la histórica edificación.
Encabezando la marcha desde la CTA, exultante, se lo vio al ex secretario General del Círculo Sindical de la Prensa, Juan Carlos Giuliani, quien se contentó por la presencia de El Diario, como así también de muchos medios independientes.
En ese contexto, lo más emotivo pasó por los ojos lagrimosos de trabajadores de prensa que luchan desde el anonimato y la discriminación. Un abrazo entre dos fotógrafos de medios chicos, con la frase “ahora sí”, fue otra imagen imborrable del mediodía, casi semejante a la enorme cantidad de gente que reunió el sindicato de la televisión, con muchos trabajadores que sufrieron en carne propia la dura realidad de ser desplazados por el monopolio mediático.
Muchos sintieron que la batalla ya está ganada, aunque uno de tantos panfletos aclaró bien: “La ley de medios abre un camino. Tenemos que recorrerlo hasta el final, para no ser derrotados”.

“Esta propuesta amplía la libertad de expresión de los ciudadanos”
Lo dice Mario Farias desde Comercio y Justicia de Córdoba.
El ingreso del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Congreso, anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández, fue un paso más dentro de un proceso que, de manera silenciosa y persistente, vienen impulsando desde hace varios años distintas organizaciones e instituciones sociales del país. Uno de esos actores es la Coalición por una Radiodifusión democrática, constituida por universidades, sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, movimiento cooperativo, radios comunitarias y asociaciones de radios de pequeñas y medianas empresas.
Como miembro del sector de las radios comunitarias, Mario Farías integró la Coalición y participó de la discusión del proyecto presentado ayer. En diálogo con Comercio y Justicia, el dirigente de FM Sur –ubicada en Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba– consideró que la iniciativa propone una “ampliación de las posibilidades de expresión de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país” y ataca “la concentración de los medios”. También destacó el proceso de debate social –a través de foros en las distintas provincias– que acompañó al anteproyecto, que finalmente logró modificar 50 de los 140 artículos que contenía la iniciativa original.

¿Por qué es importante este proyecto?
En líneas generales, nos parece que es un proyecto que avanza en el terreno de la democratización de las comunicaciones y en la ampliación de las posibilidades de expresión de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Avanza también en desatar los nudos en lo referente a la concentración de los medios.
En ese sentido, el hecho de que, por ejemplo, uno de sus artículos plantee la división del espectro radiofónico en tres sectores -el comercial o lucrativo, el público y el sector sin fines de lucro- y otorgue 33% del espectro a cada uno de ellos, nos parece muy interesante. Todas las críticas que hoy se están escuchando -y las que se van a escuchar-, respecto de que es un proyecto mordaza, que va a condicionar a los medios, que es autoritario, que va en contra de la posibilidad de la libertad de expresión, son mentiras. El proyecto apunta, justamente, a todo lo contrario: abre la posibilidad para que otras voces y otros actores se puedan expresar y, en ese camino, se abre una posibilidad mucho más concreta para que los argentinos tengamos un espectro de comunicación mucho más democrático, donde la gente tenga pluralidad de fuentes y de acceso a la información, tenga distintas miradas sobre la realidad y no un mensaje monocorde y homogéneo. Los grandes medios monopólicos se atribuyen para sí la palabra pública y lo que intenta el proyecto, justamente, es abrir la posibilidad de la palabra a otros sectores que la tienen negada.

¿El proyecto incorporó las propuestas de los foros que se hicieron en todo el país?
No hemos visto aún la redacción definitiva, pero extraoficialmente sabemos que hay unos 50 artículos, de los 140 que contenía el proyecto, que han tenido modificaciones.
De todas maneras, creemos que el anteproyecto que presentó la Presidenta en marzo ya era bastante fiel al que propusimos desde la Coalición. Esos 21 puntos que presentamos representaron un consenso importante de organizaciones y actores de la sociedad civil, que se pusieron de acuerdo más allá de sus diferencias; un acuerdo plural bastante inédito en la vida política argentina. Esos puntos fueron la base que se tomó para la presentación del anteproyecto, que se enriqueció a su vez con estos foros que se realizaron, en los que se dio a otros actores sociales y políticos la posibilidad de que expresaran sus críticas y propuestas.
En ese sentido, también fue muy importante que hasta el relator de la ONU sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, el guatemalteco Frank La Rue, respaldara fuertemente el proyecto.

¿Cómo esperan los próximos meses?
En los próximos meses vamos a seguir trabajando para conversar con los distintos sectores políticos, porque queremos que el debate se realice y que esta normativa se sancione antes de fin de año. Creemos que aquéllos que dicen que hay debatirla después del 10 de diciembre, ponen los mismos argumentos que han sido usados con anterioridad, aquéllos que permitieron que pasaran los años y se fuera eludiendo el debate necesario y la sanción de una nueva norma.

Patricio Eleisegui, desde iProfesional.com, indaga:
¿Por qué el proyecto de ley complica a Pol-ka e Ideas del Sur?
El marco que la Presidenta envió el jueves al Congreso promete cambiar en profundidad la relación entre canales de TV y proveedores. Además, abre el escenario al Triple Play, la televisión por celulares, y auspicia el desembarco de nuevas telefónicas. ¿Qué es la tarifa social de cable?
El proyecto de nueva ley de radiodifusión que la presidenta Cristina Kirchner presentó el jueves todavía no llegó al Congreso y ya levantó polvareda.
Sucede que el marco, en su versión actual, no se anda con tibiezas y arremete sin titubear contra negocios solidificados, como es el caso del vínculo que algunos de los principales canales de TV mantienen con productoras de contenidos.
Y también prepara el terreno para la injerencia del Gobierno en cuestiones como el precio bajo el cual hoy se comercializa la televisión por cable.
En el primer caso, la intención de la normativa de incrementar la producción independiente de contenidos locales choca de frente con el modelo impuesto por señales como canal 13, que hoy basa buena parte de su programación en el material desarrollado por productoras como Ideas del Sur y Pol-ka.
En diálogo exclusivo con iProfesional.com, Gustavo López, actual subsecretario general de la Presidencia, ex interventor del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), y considerado uno de los más acérrimos defensores del proyecto, explicó que “en caso de aprobarse, se establecerá una cuota del 60% de contenido nacional (hoy esa marca es del 10%) que quedará en mano de producciones independientes”.
“Los aportes a los canales tendrán que ser hechos por productoras no ligadas a éstos. Por ejemplo, Canal 13 no podrá contar con contenidos de Pol-ka porque tiene participación en esa empresa. Tendrá que contratar material de otras productoras”, dijo.
En la actualidad, el Grupo Clarín -controlante de canal 13-, posee el 55% de la productora creada por Adrián Suar. El mismo impedimento, en términos de provisión de contenidos, alcanzaría a Ideas del Sur, cuyo 30% también se encuentra en manos del mismo multimedio.
López sostuvo que una de las premisas básicas del proyecto de ley comprende motorizar la creación de material televisivo en el interior del país. De esta forma, lo que se pretenderá es revertir el status de las repetidoras de señales porteñas que, en la actualidad, exhiben la mayoría de los canales provinciales.
“También se contempla una cuota de pantalla para el cine nacional, o lo que se conoce como derecho de antena. Esa pauta es una réplica de lo que se hace en Europa. Y consiste en que, de manera obligatoria, los canales de TV participen en la producción de una determinada cantidad de películas argentinas”, precisó.
Así, permitiría elevar los niveles de inversión para el desarrollo de contenidos audiovisuales. Y, al mismo tiempo, se estarían generando nuevos puestos de trabajo.
“Una vez aprobada, la nueva legislación le otorga a los canales hasta un año para adecuarse a todo esto”, comentó.
Los nuevos actores
Consultado respecto de quienes son los nuevos actores que podrían sumarse al negocio de la radiodifusión, de ser aprobado, el texto que ahora llegará al Congreso, López reafirmó la posibilidad de que las empresas de telefonía tomen participación en dicho mercado.
“El abanico es muy amplio, pero lo cierto es que tanto las telefónicas como las cooperativas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y los sindicatos podrán tomar parte de la producción de contenidos”, sostuvo.
Y añadió: “Eso siempre que cumplan con las exigencias. Hoy, por ejemplo, Telefónica por cuestiones vinculadas con la protección de bienes culturales no podría”.
iProfesional.com le consultó si una compañía como Edenor, o su par Edesur, podrían ofrecer televisión. López respondió: “Sí, pero siempre que cumplan con todas las exigencias de la ley”.

Televisión digital
El entrevistado también mencionó el ingreso de la Argentina en el ámbito de la televisión digital como un factor que, apuntalado por la potencial nueva ley, modificará por completo el escenario local de medios.
“El ingreso en la tecnología digital aumentará hasta cuatro la cantidad de frecuencias. Esto permitirá el desarrollo de nuevos canales de TV y se abrirá la transmisión a celulares”, dijo.
¿Se crearán canales específicos para teléfonos móviles? López aseguró que no. “Serán los mismos. Aunque, al aumentarse la cantidad, seguramente surgirán nuevos operadores”.
¿Qué sucede con el negocio de la provisión conjunta de Internet, televisión y telefonía (Triple Play)? “Hoy el Triple Play es legal para los que dan cable. Ahora las telefónicas podrían hacerlo, pero en las condiciones de fin de monopolio”, expresó.
Más allá de esta posibilidad, López dijo que las “telcos” podrán participar del Triple Play, siempre y cuando cedan parte de la red que hoy controlan a otras telefónicas.
Otro dictamen incluido en el proyecto de ley pendiente de aprobación consiste, entonces, en la apertura del mercado de telefonía fija a otros prestadores.

El precio del cable
Durante la charla con este medio, López adelantó cuál será el próximo paso de ser aprobado el proyecto de ley. En este caso, el gran protagonista será el cable y su escala de precios.
“Habrá una tarifa social. Se fijará a través de un decreto del Poder Ejecutivo previa audiencia pública. Se pondrá un abono básico, y las empresas fuera de ese parámetro podrán cobrar lo que crean conveniente. Pero habrá un precio fijo para una cantidad de canales. Un paquete básico para que todos puedan acceder”, detalló.
Según el funcionario, la posibilidad de incrementar la cantidad de canales de aire que ofrece la televisión digital garantizará la llegada de contenidos televisivos a más lugares de la Argentina, además del cable.
“El espectro se dividirá en 33% para los privados, 33% para el sector público y 33% para las organizaciones sociales. O sea, de cada 3 licencias nuevas, una irá destinada para cada sector. La idea es que a través de esa planificación se pueda llegar a sitios donde hoy apenas si funciona un canal de televisión”, concluyó.

Luciana Geuna, en Crítica de la Argentina analiza: Cómo afecta el proyecto a los grandes grupos. Un golpe al corazón del poder multimediático
La ley que impulsa el Gobierno obliga a compañías que concentran el mercado a desprenderse de la mayor parte de sus negocios.
Ayer, mientras el diario Clarín celebraba un nuevo aniversario de su fundación con un brindis en el cuarto piso de su edificio, el Gobierno mandaba al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales. De aprobarse, el texto modificará las reglas que rigen la distribución de las frecuencias de radiodifusión desde hace 30 años, y perjudicará, sin posible retorno, la concentración de medios del grupo mediático más grande del país.
Las razones del desencanto se podrían contar en pérdidas millonarias de negocios y, peor aún, en el ingreso de nuevos y poderosos jugadores al mercado de las telecomunicaciones al habilitar la participación de empresas de servicios públicos al negocio de la televisión por cable.
El proyecto de ley fue una promesa que Néstor Kirchner se encargó de mantener pendiente durante toda su gestión, a tono con las buenas relaciones que mantenía con Clarín. Declarada la enemistad, la llegada del proyecto al Parlamento será el escenario de la batalla más explícita entre los dos bandos.
Del lado de los medios no estará sólo Clarín. Los párrafos de la nueva norma –que, entre otros objetivos, busca democratizar la distribución del espectro radiofónico– dejarán también fuera de la ley a varios grupos empresarios como es el caso del holding Vila-Manzano. ¿Dónde están los cambios que afectan su actual situación? Hasta ahora, una sola persona podía tener hasta 24 licencias de televisión abierta y radio y no había ningún límite para la suma de licencias de servicios complementarios como el cable. Ese límite fue ampliado por Carlos Menem por pedido de los grandes grupos. Hasta entonces el límite máximo era de cuatro licencias por empresa. Con la nueva regulación que pretende el kirchnerismo, el tope será de diez licencias para televisión abierta y radio. Además, quien tenga televisión abierta no podrá tener cable y ningún prestador estará habilitado para tener más del 35% del mercado. Así, de prosperar la votación en el Congreso, las condiciones de funcionamiento del multimedio que encabeza Ernestina Herrera de Noble serán todas irregulares.
Por un lado, no podrían mantener el emporio Cablevisión- Multicanal que luego de la fusión copó el 80% de la torta de clientes del cable. La nueva ley prevé que sólo otorgará una licencia por propietario. O sea, que no sólo deberían desprenderse de una de las dos compañías sino que también les correspondería reducir radicalmente el porcentaje de sus abonados. La fusión también está en camino a ser objetada por el Gobierno por sendas administrativas.
Con el objetivo de ampliar la heterogeneidad en la producción de contenidos, el proyecto establece que los operadores de cable sólo pueden tener una señal propia. Es decir, acepta que el negocio de los servicios de suscripción pueda dividirse en tres operadores principales, pero no así los contenidos. En palabras claras, Clarín debería elegir si quiere quedarse con TN o con Volver o con algunas de todas las señales que tiene en el aire de la televisión privada. El problema se complejiza aún más si se toma en cuenta que de querer continuar con el negocio del cable, no podría hacerlo con el de la televisión abierta. Es decir. O canal 13 o Multicanal. Los dos juntos sería ilegal.
El nuevo panorama también suma nuevos jugadores. Los licenciatarios de servicios públicos pueden participar de los servicios de radiodifusión, un derecho que ahora está prohibido. De esta manera, las telefónicas podrán entrar al mercado del triple play, habilitando que una misma empresa ofrezca televisión, internet y telefonía. Este punto es uno de los más criticados por la oposición porque, a pesar de que el proyecto establece controles, nadie puede garantizar que los gobiernos de turno no se conviertan en ejecutores de presión sobre compañías que presten servicios públicos –por ende dependen de la relación con el Estado– y que además tengan un canal de televisión. La disputa acaba de empezar.

Diego Genoud, en Crítica, relata el próximo round: la TV por cable
El Gobierno ya tiene listos los argumentos legales para voltear la fusión Multicanal-Cablevisión.
El próximo objetivo del Gobierno es dar marcha atrás con la fusión entre Multicanal y Cablevisión, el gigante del mercado de cableoperadores que concentra el 80 por ciento de los abonados en la ciudad de Buenos Aires y el 48 por ciento en todo el país.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, del martes pasado, a favor de la fusión, abrió una nueva etapa. El máximo tribunal dejó firme la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión, que posibilitó la fusión, y ahora, la operadora debería comenzar a enviar la documentación que adeuda al ComFeR. Desde 1996, entre Cablevisión y Multicanal compraron alrededor de 300 licencias de cableoperadores del interior del país. Antes de decidir sobre la fusión, el organismo debería revisar quiénes son los licenciatarios que intervinieron en la operación y cuántas licencias tiene cada uno.
El gobierno nacional no necesita esperar a la sanción de la nueva ley de radiodifusión para impugnar la fusión. Los artículos 45 y 46, de la ley de la dictadura, lo autorizan a dar marcha atrás.
La megafusión fue aprobada por Néstor Kirchner en su última semana como presidente, cuando aún aspiraba a una convivencia armónica con el holding. La operación comercial fue autorizada en diciembre de 2007 por una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pese al dictamen en contra que firmó su titular, José Sabatella.
Pero el ComFeR nunca dio su conformidad para que la empresa comience a actuar como licenciataria de radiodifusión. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que el decreto Nº 1.005 de 1999 establece que las empresas que se fusionan pueden notificar la operación hasta 180 días después de su realización. Y recién entonces, con el hecho consumado, los funcionarios comienzan a evaluar los antecedentes de los actores. Por eso, una operación no está autorizada hasta que pase por la órbita del ComFeR.
Su titular, Gabriel Mariotto, tiene preparados los fundamentos jurídicos de la impugnación desde el invierno pasado. Y ahora que el enfrentamiento entre el matrimonio presidencial y el holding parece no tener retorno, aquel trabajo se encamina a cumplir con su destino. Si los Kirchner deciden avanzar en ese terreno, le habrán propinado al grupo un golpe muchísimo más duro que el de haberle arrebatado los derechos de transmisión del fútbol. Fuentes del sector estiman que la facturación del cable representa más del 50 por ciento de las ganancias anuales de Clarín.
Tres opiniones locales sobre la Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Agustín Rossi, diputado nacional; Rubén Giustiniani, senador nacional; y Daniel Mariatti, empresario de medios; dieron sus puntos de vista sobre el proyecto presentado por el Gobierno Nacional
Casi medio año después de la presentación del anteproyecto original, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió este jueves al Congreso Nacional el texto definitivo (que se puede descargar desde esta página) del proyecto oficial de la denominada Ley de Servicios de Comunicación, que pretende reemplazar a la Ley de Radiodifusión vigente desde la década del 70.
Impulso dialogó con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Agustín Rossi, con el senador nacional por el socialismo, Rubén Giustiniani, y el reconocido empresario de medios rosarino, Daniel Mariatti, para conocer sus puntos del vista del nuevo proyecto.

Agustín Rossi (Diputado Frente para la Victoria) El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual es muy bueno y persigue la idea del bien común. De aprobarse tendremos una sociedad más democrática y plural porque terminará con la concentración de los medios de comunicación. Además no es un proyecto caprichoso y cerrado, antes de presentarlo generamos el debate correspondiente en los foros públicos provinciales e incorporamos puntos básicos y representativos a todos los sectores. Ya resultaba insostenible continuar con una ley de la dictadura.

Rubén Giustiniani (Senador Frente Progresista Cívico y Social) Estoy de acuerdo con elaborar una ley nueva que reemplace a la de la Dictadura. Pero no podemos aprobarla en dos semanas como se pretende, queremos debatirla y buscar un consenso, sin presiones. Nuestra idea es debatir y resaltar que fue el mismo gobierno que otorgó concesiones hasta el 2015 mediante un decreto de necesidad y urgencia a los mismos grupos monopólicos que hoy fustiga.
Además no tenemos claro si seguirá siendo el poder ejecutivo el que otorgue las nuevas licencias. De ser así, no lo creemos correcto.
Lo que deseamos es un espacio de transparencia para buscar la mejor ley para todos. El punto que pretendemos es la incorporación de licencias para las empresas PYMES de la provincia, ya que de este modo se democratiza la información y los multimedios de Capital Federal no te mercan agenda.

Daniel Mariatti (titular de la emisora radial Red TL) Estoy totalmente de acuerdo con el nuevo proyecto de ley. Debería haber muchos medios de comunicación más en manos del Estado. Hubo varios intentos por conformar una ley luego de la dictadura, pero creo que este ha sido lejos el más serio.
Creo que para el bien de Rosario, Córdoba y San Juan, se ampliará el espectro y dejarán de existir los monopolios.
El proyecto lo entiendo como un gran paso, de todos modos es sólo un pequeño gran paso, ahora hay que aprobarla, reglamentarla y brindar el marco necesario para que el gobierno ordene la situación y otorgue licencias definitivas y no precarias como las de ahora.

Nueva ley regulará negocios por 10 mil millones de pesos
La iniciativa fue ampliamente debatida y acompañada por las organizaciones sociales. Cooperativas podrán ofrecer TV y radio.
La presidenta Cristina Fernández envió ayer al Congreso el proyecto de ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, que pretende reemplazar la normativa vigente, heredada de la última dictadura militar.
“Con esta ley venimos a garantizar la pluralidad informativa, a defender que todas las voces sean escuchadas”, dijo la jefa de Estado al hacer referencia a que la propuesta legislativa contempla el ingreso al mercado de radiodifusión de entidades sin fines de lucro: universidades, ONGs, cooperativas y sindicatos, entre otras.
De esta manera, el proyecto de ley pretende establecer un nuevo marco regulatorio para la actividad cultural, que en el país genera más de $10.500 millones, lo que supone casi tres puntos del PIB.

Fuente: Justicia y Comercio

Morandini pide debatir el proyecto en la Comisión de Libertad de Expresión
La diputada nacional por Córdoba explicó que la nueva ley de Contenidos Audiovisuales sólo será tratada en las comisiones de Presupuesto y de Comunicación, que tienen mayoría kirchnerista. Aunque comparte el espíritu de la norma, la senadora nacional electa aclaró que “esta es una ley debería salir por consenso”.
La periodista y diputada nacional por la provincia de Córdoba, Norma Morandini, manifestó su apoyo al proyecto de ley de Contenidos Audiovisuales, aunque expresó algunas críticas por la forma en la que sería tratada en el Congreso de la Nación.
En diálogo con le programa “El día menos pensado” (LT10), la legisladora nacional por el partido de Luis Juez dijo que “desde el inicio se hizo una enorme confrontación. Esto tiene que se debatido en el Parlamento, con el tiempo necesario, con audiencias públicas y hoy -porque lo que se dice- entraría a la Comisión de Presupuesto y de Comunicación, donde el oficialismo tiene mayoría, y no iría a la Comisión de Libertad de Expresión, que es donde se debería debatir esta ley”.
“Me interesa que se garantice el derecho a decir y el derecho social de las democracias modernas de que las sociedades a ser informadas. La calidad de la información está vinculada a la calidad de la democracia” agregó la senadora electa, que dejará la Cámara Baja el 11 de diciembre para ocupar una banca en la Cámara Alta.
En tanto, Morandini señaló que “comparto que se tiene que democratizar el tema de las licencias. Los monopolios son antagónicos, pero en todos los países se controla a los monopolios con leyes empresariales. Voy a presentar un proyecto que es la cláusula que defiende a los periodistas de los cambios ideológicos y de dueños de los medios donde trabaja”.
Por otra parte, y a diferencia de los otros sectores opositores al Gobierno nacional, la periodista aclaró que “hablar de esto no es estar en contra de nadie. Si todos nos ponemos por encima de los intereses grupales y nos ponemos al servicio del bien público. No menospreciemos la calidad de entendimiento de la ciudadanía”.
Por último, Norma Morandini aseguró que “esta es una ley, que por respeto a la ciudadanía, debería salir por consenso para que no le quede a la opinión pública que se lo hace en detrimento de un grupo a otro grupo. Que no nos quede la sospecha que se ataca a un monopolio para poner a otro monopolio”.
Fuente: LT10
“La ley de Medios es contra todos los que no piensan a favor del Gobierno”
La diputada Silvana Giudici sostiene que el kirchnerismo tiene “una visión totalitaria respecto a la opinión distinta” y advierte que se está produciendo un proceso de transferencia de medios a manos de los amigos del poder.
La reforma de la ley de Radiodifusión parece que será la última batalla que dará el kirchnerismo con la actual composición del Congreso. Frente a esta situación, la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, la radical Silvana Giudici, reclama por lo pronto dos requisitos que difícilmente el oficialismo conceda: que el proyecto pase por la comisión que ella dirige y la realización de audiencias públicas.
La premura del Gobierno por convertir en ley el proyecto oficial antes del 10 de diciembre difícilmente deje lugar a esas alternativas. Igual, la diputada se muestra dispuesta a debatir una reforma a esta ley que viene desde la dictadura, pero en diálogo con Parlamentario formuló serias advertencias.

¿Qué va a pasar con la ley de Radiodifusión?
La ley debería empezar a tratarse, pero una vez que la iniciativa entre al Congreso lo que corresponde son audiencias públicas con todos los actores que quieran participar. Esto es, audiencias públicas como corresponden al reglamento, convocando a las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos políticos, a todos los que quieran opinar, y un tratamiento en la Comisión de Comunicaciones y de Libertad de Expresión. Es importante abordar la ley de Radiodifusión desde la perspectiva de la libertad de expresión.

¿Por qué hasta ahora no tiene noticias de que el proyecto pase por la comisión que usted preside?
Hasta ahora, todos los proyectos que están presentados tienen giro a Comunicaciones. Y aunque de la Comisión de Libertad de Expresión les pedimos giro, hasta ahora la Cámara rechaza enviarnos los expedientes para su tratamiento. Los cuatro proyectos que están presentados en estado parlamentario, del diputado Cortina, el mío, el de la diputada Vázquez y el del diputado Alcuaz, tienen giro sólo a Comunicaciones.

Ustedes reclaman que haya audiencias públicas, pero desde el Ejecutivo les van a decir que ya vienen realizando foros desde hace tiempo por todo el país.
Sí, ya lo dicen, e incluso recuerden que invitaron al relator de Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, a validar su proyecto de participación. Y eso también fue grave, porque cuando el relator vino y estuvo aquí en el Congreso, no sabía que había otros cuatro proyectos de la oposición, no sabía que había una agenda ampliada en Libertad de Expresión que incluye proyectos como regulación de la publicidad oficial, acceso a la información, calumnias e injurias; no puede realmente un representante técnico de las Naciones Unidas desconocer lo que está pasando en la Argentina. Aun así, el mensaje fue claro: desde el Gobierno toman esos foros como participación suficiente y vamos a ver si, como prometieron en alguna oportunidad, cuando entre al Congreso aceptan estas audiencias públicas. Para nosotros, para el radicalismo, las audiencias públicas y la participación de todos son una condición insoslayable. La ley de Radiodifusión debe surgir en democracia del consenso, no de la imposición. Y mucho menos de una ley en contra de alguien y a favor de otro. Tiene que ser una ley igualitaria, que contenga a todos y que mejore la política de medios, no que la empeore.

¿Para ustedes es una ley contra Clarín?
Es una ley, digamos… contra todos los que no piensan a favor del Gobierno. Es una ley que además abre puertas a la generación de nuevos monopolios, entonces tiene una intencionalidad política que no se puede desconocer.

El caballito de batalla del oficialismo es que la actual es una ley de la dictadura militar…
Todos decimos eso, todos. La ley de 1980 tiene que ser cambiada y todos tenemos proyectos para eso. Pero lo que olvida decir el kirchnerismo es que la Ley 22.285 fue reformada por el gobierno justicialista de Carlos Menem, que es quien le abre la puerta a estos niveles de concentración. Y que luego (Néstor) Kirchner cristaliza, porque cuando firma el decreto 527 de prórroga automática de todas las licencias, cristaliza ese modelo de concentración. Ahora, evidentemente, por motivos que están demostrados, el endurecimiento del discurso del Gobierno en relación a los medios, los fusilamientos mediáticos, todos los días es una demostración de la visión totalitaria del Gobierno en relación a la opinión distinta. No les gusta, no toleran la crítica, y entonces todos los días hay una andanada distinta hacia los medios de comunicación. Ojalá, y eso es lo que nosotros tratamos siempre de proteger es que la ley sirva para los pequeños radiodifusores, para los medios pequeños del interior, que hoy en día están en crisis y no pueden sobrevivir si no es a costa del Estado. Las radios del interior que están sufriendo atentados, bombas, roturas de las antenas, allí es donde está amenazada la libertad de expresión en el país y por eso es necesario que abordemos toda la agenda conjunta. No podemos obviar el tratamiento de publicidad oficial, está siendo investigado el secretario de Medios, hay asociaciones que hacen un monitoreo permanente de cómo se usa la publicidad oficial de forma discrecional y esto pone en riesgo a los pequeños medios. Entonces nosotros queremos que la ley contemple a todos, sea una ley de consenso, pero que además no utilice la propia debilidad de los medios, en este caso los pequeños radiodifusores, para dominarlos a través de la publicidad oficial o a través del otorgamiento de licencias.

¿Qué piensan ustedes con relación a la concentración de medios?
Nosotros tenemos un proyecto presentado, que viene repitiéndose desde el año 83 en el radicalismo, muchos diputados trabajamos en el mismo sentido, para fomentar la pluralidad informativa. Creemos que la ley de Radiodifusión no puede tener, con la incorporación menemista, un permiso para tener 24 licencias en manos de un solo prestador, eso no puede pasar. Debemos ir a un esquema de reducción de licencias.

¿Y los qué ya las tienen?
Bueno, esta es la diferencia central entre nuestro proyecto y el del Ejecutivo, que nosotros reconocemos los plazos de las licencias otorgadas y a medida que esas licencias se venzan, es cuando entra a regir el nuevo régimen. En cambio, el Ejecutivo está estableciendo un año para desprenderse, en el caso que se supere la cantidad de licencias, y esto va a generar inseguridad jurídica, y además va a generar un mercado de remate de los medios de comunicación. Me parece grave porque en la Argentina, hay que señalarlo, desde hace algunos años venimos asistiendo a un proceso de transferencia de medios a manos de los amigos del Gobierno. A través de la asignación de pauta oficial, muchos medios amigos del Gobierno, con líneas editoriales favorables al Gobierno, incrementan su patrimonio, pueden comprar nuevos medios y otros medios directamente están comprados por los amigos de este Gobierno, como Rudy Ulloa, que de chofer pasó a ser el (Rupert) Murdoch de la Argentina con un conjunto de medios. Entonces, esto también hay que decirlo: la ley de Radiodifusión no tiene que servir para profundizar esa transferencia. Si hay un nuevo esquema, bueno: concursos públicos, mucha transparencia y un mapa de medios para saber quienes son los dueños de los medios de comunicación y una autoridad de aplicación realmente autónoma y con pluralidad política.

¿Qué opina de lo que ha sucedido con la televisación del fútbol?
Yo creo que es una locura, lo dijimos desde el primer momento. Si la AFA tenía un contrato gravoso, perjudicial con la empresa que tenía los derechos televisivos, perfectamente podía rescindirlo dentro del derecho privado, resolver esta cuestión entre privados, y lo que debería haber hecho la AFA es convocar a un concurso público donde se pueda generar pluralidad para que no sea un monopolio los derechos de transmisión de fútbol. Ahora, de allí a que el Estado intervenga y ponga recursos que son de todos los argentinos para solucionar una situación, me parece realmente de locos. El fútbol en el mundo es un negocio redituable, es un negocio millonario… Sólo en la Argentina el Gobierno va a ser socio de las pérdidas.

Fuente: Parlamentario.com