Por: Silvana Giúdici*
En el proyecto de Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se está hablando de una división porcentual idéntica del 33% en los tres actores involucrados, que son el sector privado, el sector comunitario y, finalmente, el Estado. Si bien coincidimos en el escenario propuesto no consensuamos con la segmentación cuantitativa que propone el kirchnerismo. En otras palabras, estamos planteando que las radios comunitarias deberían obtener mayor porcentaje, mientras que el Estado debería asumir uno menor. Porque si ese tercio del espectro es para el ámbito gubernamental, se va a achicar la matriz privada de medios, dando por resultado que muchos en la Argentina van a dejar de expresarse, afectando de esta manera directamente a la libertad de expresión.
Este proyecto indudablemente debe tratarse en la Comisión de Libertad de Expresión porque es un proyecto inherente a ella. El principio Nº 13 del Pacto de San José de Costa Rica dice claramente que “no se puede restringir la libertad de expresión a través de los controles sobre las frecuencias radioeléctricas”.
Queremos definir quiénes van a ser los nuevos, queremos que los actores comunitarios se vean fortalecidos, y que los medios pequeños sean autosustentables e independientes. No queremos que haya un discurso unívoco impuesto a la fuerza a través de una matriz de medios mayoritariamente gubernamental. Abogamos por la pluralidad y la libertad, elementos esenciales de todo sistema democrático.
Desde el radicalismo siempre afirmamos que el periodismo es un factor de poder capaz de operar como contracara del poder instituido oficial, que puede actuar equilibrando a los poderes coexistentes en la República. Es por eso que nosotros defendemos al periodismo independiente y no queremos una matriz de medios chavista, que, como es de público conocimiento, hace poco tiempo en Venezuela censuró 34 radios que quedaron sin aire porque Chávez no comulgaba con su discurso crítico.
En síntesis, nuestro planteo es tan claro y transparente como no negociable. Se trata de elaborar una ley que supere y mejore a la actual, tomando como premisa que la libertad de expresión y pluralidad informativa se encuentren garantizadas, tanto para quienes generan y administran la información como para quienes la reciben. En definitiva, se trata de poder encontrar entre todos y democráticamente una ley a medida de todos y no solamente a favor de algunos. No se combaten monopolios generando otros aún mayores.
*Diputada nacional de la Unión Cívica Radical. Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
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