La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia advierte riesgos en la libre expresión

Cambios. Pide que se modifique el artículo 108 del proyecto de Constitución
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exhorta al Gobierno y a los representantes de los departamentos autonómicos (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), a eliminar el inciso II del Artículo 108 del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE), en el diálogo que mantienen para restaurar la paz en el país, por considerar que viola la libertad de expresión y prensa.
Según un documento firmado por el presidente de la ANP, Pedro Rivero Jordán, y por el director ejecutivo, Juan Javier Zeballos, ese inciso que establece que ‘la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad’, es contrario a la libertad consagrada en nuestra actual CPE y los convenios internacionales sobre derechos humanos suscriptos por el Estado boliviano.
Esa preocupación fue expresada anteriormente por la ANP a los representantes de la Asamblea Constituyente, al Vicepresidente de la República, a los prefectos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con los ejecutivos de la ANP, el artículo 108 del proyecto de CPE deja al arbitrio de cualquier funcionario calificar bajo su criterio subjetivo si las opiniones, que también son subjetivas, e informaciones, son veraces y responsables. La libertad de expresión es la base de la democracia y condicionarla de cualquier forma es eliminar ese sistema. “La ANP confía en que ese inciso será retirado del proyecto de CPE en nombre de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, dice el documento.

Cuestionan al Gobierno
La Human Rights Foundation-Bolivia demandó la intervención del Defensor del Pueblo en las manifestaciones de los sectores afines al Gobierno, por considerar que éstas son promovidas desde el Ejecutivo, a través del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y con la complicidad de la Policía, que no cumple sus funciones.
Sin embargo, la sindicación fue descalificada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, que afirmó, vía telefónica, que el Ejecutivo no alienta las marchas ni manifestaciones, por el contrario, trata de apaciguarlas. Dijo que el Defensor del Pueblo actúa de una manera imparcial y eso, según él, no es reconocido por las partes.

Fuente: El Deber