Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Sociales
Jueves 10 de abril de 2008
La Facultad de Ciencias Sociales sólo cumplió con su obligación
El martes 1 de abril el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se pronunció (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/medios.doc) Y lo hizo con la misma responsabilidad, autoridad, conocimiento y pertinencia que lo ha hecho en cientos de oportunidades anteriores
Nuestro pronunciamiento provocó una desmedida, llamativa y por momentos insultante y hasta ofensiva respuesta de parte de algunos medios de prensa, a tal punto que se puso en cuestión y en duda no sólo la pertinencia de nuestra declaración, sino la seriedad académica de nuestra Facultad.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (órgano máximo y soberano de gobierno de una Facultad, ante el cual el Decano no puede sino hacer lo que dicho órgano le encomienda) emitió una resolución criticando lo que considera un manejo cuestionable de la información. Su pronunciamiento fue, por algunos, tildado de “obsecuente” con el oficialismo. Pero lo que no se tiene en cuenta, es que con este tipo de acusaciones a la Facultad se cae en un contrasentido, rayano en el absurdo: en nombre de la libertad de prensa de las empresas privadas, se cuestiona la libertad de opinión de una institución pública.
El desatino ideológico de los que levantan semejante acusación (estrechez ciertamente preocupante viniendo de quienes tienen mucho poder sobre la opinión pública) les impide siquiera creer que un Consejo Directivo académico tenga suficiente autonomía de criterio como para dar su parecer, coincida o no con la de alguna de las partes en conflicto. Para colmo de absurdo –o de, en efecto, manejo interesado de la información- se pasa por alto que se trata de la Facultad de Ciencias Sociales , una de cuyas carreras es precisamente la de Ciencias de la Comunicación. Es decir: la disciplina a la que, en principio, debe suponérsele la suficiente competencia teórica, científica y técnica como para que la suya no sea una mera “opinión” irreflexiva o caprichosa, sino el resultado de un análisis riguroso y fundado de los discursos mediáticos; y también, y sobre todo, una carrera de una universidad nacional que tiene el irrenunciable deber ético y cívico de cumplir con el mandato de la Reforma del 18: enseñar, investigar y hacer extensión. Todo ello, precisamente, porque una Facultad es un ente igualmente público, sostenido con los impuestos y el esfuerzo de toda la sociedad (y no, como se ha dicho por ahí, por un “gobierno”).
Cuestionar que la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se pronuncie sobre la temática es desconocer –como se dijo- que cobija a una de las carrera de Ciencias de la Comunicación más importantes de Latinoamérica; es ocultar que esta misma Facultad se ha pronunciado en cientos de oportunidades con el mismo nivel de independencia y libertad que lo ha hecho siempre; es no reconocer que todos estos otros pronunciamientos no vieron la luz pública porque no fueron considerados adecuados para ser publicados por los mismos medios de comunicación que hoy acusan a la Facultad de colaborar con el cercenamiento de la libertad de expresión; es no reconocer que cada día decenas de medios de prensa buscan en esta misma Facultad de Ciencias Sociales –cuyos dichos son hoy brutalmente cuestionados- citas de autoridad y de especialistas para analizar los más variados fenómenos de la realidad nacional.
Y, de paso, es esquivar el punto principal de lo que la Declaración planteaba: que se habían cometido actos de discriminación durante la cobertura del lockout agropecuario.
Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué sólo en esta oportunidad, en que la Facultad se pronuncia sobre el comportamiento de los medios de comunicación, se reacciona con semejante irritación?
Es imposible, entonces, evitar la sospecha de que en buena medida todo este debate forzado y artificioso pueda estar sirviendo de cortina de humo para evitar el verdadero debate que está en los fundamentos de la Resolución cuestionada: a saber, el de si es cierto o no que hubo un tratamiento parcial e interesado de la información, y el de si es cierto o no que dicho tratamiento incluyó un sustrato de discursos e imágenes rayano en formas explícitas e implícitas de clasismo, de racismo, de discriminación ideológica, etcétera. Esta es la discusión que debe hacerse de cara a esa sociedad de la cual –y supuestamente para la cual- viven tanto la Facultad de Ciencias Sociales como los medios masivos de comunicación. Si la Facultad está equivocada en sus análisis y sus evaluaciones, ello deberá ser demostrado independientemente de las opiniones partidarias y, por supuesto, de los agravios gratuitos.
Los medios, seguramente, cuentan con asesores muy idóneos en la materia: que salgan al ruedo y fundamenten, al igual que lo ha hecho la Facultad, su crítica a nuestros argumentos. Y si no lo hacemos todos así, que sea la propia sociedad la que nos pida cuentas, y no los monopolizados pools informacionales con sus diatribas infundadas o quienes defiendan sus intereses.
Con nuestro pronunciamiento, no hicimos más que cumplir con la función de la universidad pública: poner todo su conocimiento crítico al servicio de la sociedad que la sostiene y aportar a la reflexión todos sus elementos teóricos, técnicos y profesionales.
En el mismo sentido y con el mismo espíritu es que nuestra Facultad se pronunció:
- en contra de la forma en que se llevaron adelante las modificaciones en el INDEC (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/INDEC.pdf)
- en contra de la extensión de las concesiones de las licencias de radiodifusión (http://www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/decreto.pdf)
- con una carta pública para que el gobierno nacional acelerara los mecanismos para que nuestra Facultad pudiera finalizar las obras de su edificio definitivo (http://www.fsoc. uba.ar/archivos/ institucional/ carta.pdf y http://www.fsoc. uba.ar/archivos/institucional/edilicio.pdf), entre otras decenas de declaraciones
La Facultad quiere volver a colocar el debate que propuso en la senda original.
El 1 de abril hicimos pública una declaración en la cual repudiábamos cualquier tipo de expresión discriminatoria, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.
Exhortábamos al Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) para que en el ámbito de sus facultades: pusiera en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias; realizara actividades a través del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, hiciera las investigaciones correspondientes a fin de dirimir si se habían dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.
Dábamos cuenta de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión. Invitábamos a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realizaran un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de faltas éticas graves.
Cuando hablábamos de actitudes discriminatorias nos referíamos a lo que la Facultad observó durante la cobertura y esto fue:
Se diferenció ente “gente” y “piqueteros”
A quienes manifestaban durante el cacerolazo se los llamó “vecinos autoconvocados” y a quienes manifestaban a favor del gobierno “piqueteros pagados por el gobierno”.
Se dio por supuesto que la vestimenta y el color de la piel de las personas determinaban si éstos eran o no violentos.
Se estableció una falsa dicotomía a través de la cual se planteó que quienes manifestaban en contra del gobierno eran “vecinos autoconvocados” o “ciudadanos que se manifiestan espontáneamente” y quienes lo hacían a favor, eran “piqueteros violentos” o “personas arriadas”.
Cuando hicimos mención al Observatorio de la discriminación –un organismo que, dicho sea de paso, no prevé sanción alguna para quienes pudieran incurrir en actos de discriminación, sino la invitación a retractarse o a corregir- no hicimos otra cosa que remitirnos al organismo nacional correspondiente y propusimos que esta entidad –creada en 2006 y no ahora como se dijo por estos días, y que no había recibido objeciones anteriores ni en su creación ni en su accionar- tomara cartas en el asunto. Es decir, pedimos que se cumplieran las funciones para las cuales ambos organismos habían sido creados. Para decirlo de otro modo, exhortamos al Estado nacional (y no al gobierno) –garante de todos los derechos humanos, incluido el de la ciudadanía a informarse correctamente y a que no se cometan actos de discriminación- a que actuara como tal.
Cuando dijimos que la Argentina necesita una nueva ley de radiodifusión, lo que estábamos indicando es que nuestro país merece salir de la oscuridad de una reglamentación de la dictadura que sujeta los servicios a la seguridad nacional (inspirada en la “Doctrina de seguridad nacional”).
Cuando proponemos que un organismo como el Observatorio actúe -como saben todos quienes tienen algún tipo de relación con los medios de comunicación, incluidos quienes más fuertemente nos cuestionaron- no estamos haciendo otra cosa que poner en evidencia que los medios de radiodifusión utilizan un recurso escaso administrado por el Estado Nacional y concesionado, dentro de ciertas reglamentaciones, para su explotación privada y comercial.
Cuando invitamos a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a debatir lo hicimos con la intención de que éstas entidades aceptaran nuestra propuesta para ser discutida los ámbitos que creyeran convenientes y con las reglas de cada una de estas entidades. Sin embargo entre la tarde del martes 1 de abril y el mediodía del viernes 4, cuando tuvo lugar la reunión la Presidenta de la Nación, no sólo ninguna de estas entidades tomó contacto con nosotros, sino que ninguno de los medios que hoy cuestionan nuestra actitud se acercó para hacernos mención al tema.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en definitiva y por todo lo que aquí se explica, no hizo más que cumplir con su obligación.
Dirección de Comunicación Institucional
