Por: Janaína Figueredo*
A mediados de 2009, después de haber sufrido una dura derrota en las elecciones legislativas de junio de ese año, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora, la presidente Cristina Kirchner, decidieron intervenir los medios de comunicación que la Casa Rosada consideraba responsables del revés en las urnas. Así nació la Ley de Servicios Audiovisuales, llamada también la Ley de Medios, cuyo verdadero objetivo para muchos periodistas y líderes de la oposición era destruir al Grupo Clarín, propietario de las principales estaciones de radio, canales de televisión y periódicos que se atreven a cuestionar la gestión de Kirchner y que, en las últimas semanas, informó sobre acusaciones muy graves de corrupción que involucran a funcionarios y empresarios vinculados con la familia presidencial que son investigados por la justicia.Basta con mirar el mapa actual para desconfiar del discurso inaugural de pluralismo de los Kirchner: 80% de los medios de comunicación está alineado con la Casa Rosada. Desde la aprobación de la medida, el Gobierno concentró sus esfuerzos en la disputa legal contra Clarín, todavía sin resultados; multiplicó los recursos de la publicidad oficial para financiar a los medios de comunicación aliados e ignoró las demandas de la radio comunitaria, que, según la ley, debería haber quedado con 33% de las licencias de los medios de comunicación (de los cuales 33% sería para el Estado y el mismo porcentaje para las empresas privadas).
Para mostrar cómo afectan las restricciones de la libertad de expresión y la intervención del Gobierno argentino, O Globo comenzó el domingo una serie de artículos titulados “La libertad abozalado”. Los textos son compartidos con otros diez periódicos latinoamericanos que conjuntamente con el rotativo brasileño integran el Grupo Diarios América, GDA.
Denuncia de Clarín. Clarín informó de la supuesta inconstitucionalidad de la ley en los tribunales y desde 2009 enfrenta una verdadera guerra judicial. La decisión final, aunque sin fecha prevista, debe permanecer en manos de la Corte Suprema del país. Si el mayor de los respetos corte la última resolución de la Cámara Civil y Comercial, el grupo perderá dos estaciones de radio, mucho menos de lo previsto por el Ejecutivo.
Consciente de esa posibilidad, el Gobierno comenzó a examinar una eventual intervención de Clarín. La iniciativa se llevaría a cabo a través de la Ley de Mercado de Capitales, aprobada en 2012, que permite la intervención de las empresas en caso de daño a los accionistas minoritarios (el Estado controla 8% de las acciones del grupo). Los planes del Ejecutivo fueron revelados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en una reciente reunión de accionistas del grupo. Mientras tanto, en las últimas semanas Clarín recibió 13 citaciones de la Comisión Nacional de Valores, CNV, que es el órgano encargado de ordenar la intervención.
Las radios comunitarias. Si hace tres años Néstor y Cristina Kirchner defendían la necesidad de “hacer espacio para más voces”, la realidad es hoy muy diferente. Las radios comunitarias, que entusiasmaron con la ley de 2009, ahora reclaman, aún sin respuesta, una licencia oficial de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, Afcsa. Es el caso de La Caterva (97.3 FM Buenos Aires), del movimiento de izquierda La Dignidad. En los últimos cinco meses la pequeña estación, en la cual participan habitantes del tugurio 21-24, del sector porteño de Barracas, también sufre las interferencias de otra radio que opera sin licencia en la misma región.
“Nuestro caso es un claro ejemplo de que nunca se ha aplicado la Ley de Medios. La democratización era sólo un discurso”, dijo Julián Bokser, uno de los líderes del movimiento. La radio participó en un censo realizado por AFSCA, pero no se le ha concedido ni siquiera una nueva licencia de radio.
“Todo está muy desorganizado, estamos pidiendo que se aplique la ley para ayudar a los medios de comunicación comunitarios”, insistió Bokser. Las empresas privadas e independientes de la publicidad oficial que logran soportar las presiones oficiales son cada vez más raras. Ya los medios de prensa, radio y televisión que adoptaron un discurso de defensa único del proyecto Kirchner crecieron significativamente. En los últimos años empresarios amigos de los Kirchner, como Cristóbal López (también dueño de casinos y compañías del sector energético), compraron grandes empresas de comunicación (el canal de TV C5N y Radio 10), que comenzaron a engrosar la lista de medios K.
“Hoy tenemos una concentración de recursos en manos de empresarios amigos del Gobierno, que dependen de los recursos del Estado”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, AdEPA. Considera que, “lejos de promover el pluralismo, el Ejecutivo financia medios aliados y busca asfixiar a los críticos”.
Los números comprueban su denuncia: entre enero y marzo el Gobierno distribuyó 167 millones de pesos (32 millones de dólares) en publicidad oficial. El diario Tiempo Argentino (de baja tirada), del grupo ultrakirchnerista Veintitrés, obtuvo 23 millones de pesos (4,3 millones de dólares). El diario Página 12, otro aliado de la Casa Rosada, consiguió 16 millones de pesos (3 millones de dólares). Pero el Clarín (el más leído del país) recibió 77.000 pesos (14.600 dólares) y La Nación (el segundo más importante), 52.000 pesos (10.000 dólares).
“De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno gastó el año pasado casi 2 millardos de pesos (300 millones de dólares) en la financiación de los medios de comunicación, y este dinero se distribuye de manera discriminatoria, a pesar de la resolución vigente de la Corte Suprema de Justicia”, subrayó Jornet.
El ambiente entre los periodistas argentinos es de gran preocupación. Más de 200 trabajadores de los medios firmaron una petición en la que rechazan “la intensificación de los ataques” y la posible intervención de Clarín. “Las libertades están amenazadas en nuestro país, impera el miedo, la autocensura y una política de terror”, dijo Mariano Obarrio, periodista de La Nación en la Casa Rosada, la sede oficial del gobierno argentino. Afirmó que esta vez el Ejecutivo está “particularmente alarmado por la información sobre sospechas de corrupción, malversación y lavado de dinero”.
*Corresponsal en Argentina
Fuente: El Nacional
