La coordinadora de la redacción de la ley de Comunicaciones Convergentes detalló el debate que se está realizando con la nueva norma y aseguró que buscan una norma “que mire hacia el futuro”
Silvana Giudici, directora del ENaCom, y coordinadora de la redacción de lo que será la unificación de las leyes Argentina Digital y de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo en Parlamentario TV para detallar el trabajo que se está haciendo en la materia y explicó que cada uno de los que forman parte de esa comisión “aporta una mirada específica sobre lo que tiene que tener una ley de Comunicaciones Convergentes”.
“Llevamos dos meses de trabajo muy intensos y hemos convocado a distintas organizaciones que ya han hecho sus aportes, porque lo que queremos es redactar el proyecto de ley en un marco de participación ciudadana muy amplio”, explicó.
La funcionaria estimó que para fin de año recién tendrán los primeros esbozos de ese anteproyecto que luego será enviado al Congreso, donde “tendrá un tratamiento participativo, con audiencias públicas, y serán los bloques políticos los que decidirán finalmente la redacción de la norma”.
Como diputada nacional y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en los tiempos en que se sancionó la Ley Audiovisual, recordó que la misma fue impulsada por el kirchnerismo después de la batalla por la resolución 125, y el entonces oficialismo utilizó el tema como “una manera de presionar a los medios”, y todo ese debate se realizó fuera del Congreso, con foros “sin participación plural, donde la participación mayoritaria era de los grupos que sostenían la redacción del oficialismo”. En cambio ahora, dijo, “nosotros no creemos que la ley de medios sea para confrontar con nadie, todo lo contrario; la ley de Comunicaciones Convergentes lo que va a hacer es generar un marco innovador en nuestro país, para poder ponernos a la altura de otros países en materia de tecnología”.
“Queremos una ley que mire hacia el futuro, que incluya a todos, que genere diversidad de voces y también seguridad jurídica para atraer inversiones en materia de tecnología y telecomunicaciones, y queremos que el proceso sea participativo”, detalló Silvana Giudici. Fuente: Parlamentario
Por: Gabriel Michi*
Hace seis años Sergio Bartolomé Szpolski se presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados como "acusador" porque Cablevisión no subía a su grilla a CN23. Hoy, después de haber huído de ese y otros medios, dejando abandonados a casi 800 trabajadores, la situación es la inversa. Deberá concurrir a esa misma Comisión pero en calidad de "acusado". Y es que, una importante y justa iniciativa de la legisladora Karina Banfi (acompañada por otros de sus colegas) reclama que se lo cite para que dé explicaciones sobre la masacre laboral que lo tuvo como ideólogo y ejecutor. En este caso particular, frente al abandono contra los trabajadores de AM1190, Banfi exige que "Szpolski asista ante los legisladores y que dé explicaciones a propósito de la situación de Radio América, empresa de su propiedad, en tanto dueño del Grupo Veintitrés.
Es de público conocimiento el vaciamiento de la emisora por parte de Szpolski, los despidos y la falta de pago a 120 trabajadores desde el mes de diciembre del 2015".
El pedido es coincidente y recoge nuestra requeritoria -oral y por escrito- a los diputados de esa Comisión en la que "solicitamos que se obligue a los empresarios que estaban o están detrás de estos medios a comparecer para dar explicaciones ante este Congreso de la Nación ya que lo que han hecho en el vaciamiento de estas empresas puede haber afectado recursos del erario público".
Así como aquel jueves 1 de julio de 2010, Sergio Bartolomé Szpolski se presentó -esgrimiendo ser el Vicepresidente Ejecutivo del Grupo 23- ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para reclamar lo antes mencionado, esperamos que, seis años después, tenga la dignidad -si es que conoce esa palabra- de presentarse y explicar qué hizo con los 2.000 millones de pesos de publicidad oficial del gobierno kirchnerista (que jamás se vieron reflejados en inversiones o salarios y mucho menos en el pago de las obligaciones previsionales que nos robaba de nuestros salarios, estafándonos a nosotros y al Estado). En este caso es el Congreso Nacional, a través de sus legisladores, desde donde lo citan. Por lo que no podría faltar ya que sería una afrenta institucional y habría que estudiar también si no constituiría un delito. Porque Szpolski tiene que explicar no sólo qué hizo con el dinero de los trabajadores del Grupo 23 sino también qué hizo con el dinero del Estado, es decir, de todos los argentinos.
Es posible que Szpolski, como es su costumbre, diga que no es dueño del Grupo 23 y que el Grupo como tal no existe ni existió. Es sabido que siempre se jactaba de no tener nada a su nombre. Sin embargo ya hay fallos judiciales que lo contradicen -además de mucha documentación, comunicaciones y centenares de testimonios entre los que estamos nosotros, sus víctimas- y que han establecido que el Grupo 23 era un holding y que uno de sus dueños era Szpolski. Y ¿saben cuál fue una de las pruebas fundamentales que tuvo en cuenta la Justicia para condenarlo? Aquella presentación de Szpolski en 2010 en el Congreso cuando apareció para defender los intereses de su Grupo...
Lo que son las vueltas de la vida....
El mismo escenario, pero con otros protagonistas. Y con su actor principal en otro rol. De "acusador" a "acusado". *Periodista de Radio América, podes escucharlo en www.1190america.com
Publicó Radio Jai: "Para la comunidad Judía, Sergio Szpolski no es un desconocido. En su momento se graduó de Rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano, fue tesorero de Amia y condenado por un tribunal de ética de la institución por su accionar vinculado al manejo irregular de los fondos de la Mutual en el desaparecido Banco Patricios perteneciente a su familia". Foto: Emmanuel Fernández, Clarín Karina Banfi. Diputada UCR-Cambiemos, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Presentó un pedido para que el empresario Sergio Szpolski concurra al Congreso de la Nación por el vaciamiento del Grupo 23
El sábado por la tarde finalizó el 1º Encuentro Federal por una Comunicación Democrática, en la que confluyeron múltiples organizaciones de distintos sectores y expresiones, y que tuvo a la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa como sede. Al finalizar el evento se firmó la Declaración de La Pampa
La Coalición por una Comunicación Democrática realizó hoy el Primer Encuentro Federal en Santa Rosa en defensa de la Ley Audiovisual. Tras las deliberaciones, se resaltó la necesidad de intervenir en el debate que plantea el gobierno nacional sobre las comunicaciones con “un proyecto propio”, consensuado entre las organizaciones sociales, políticas, culturales, cooperativas y Pymes.
La actividad, denominada “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, se desarrolló en La Usina de la Cooperativa Popular de Electricidad y consistió en una serie de paneles de debate con diversos temas para comenzar a delinear una nueva propuesta.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Nocetti, quien destacó que la CPE fue la primera cooperativa en contar con el servicio de TV por cable, como beneficio de la Ley Audiovisual. Luego, el abogado Rodríguez Villafañe advirtió que el gobierno macrista contrató a consultoras internacionales para el asesoramiento en la nueva ley y pidió aportes de las distintas organizaciones para el borrador que llevará la Coalición al Congreso. También pidió por la pérdida de los puestos de trabajo en el sector y la afectación de la libertad de prensa.
Por otro lado, respaldó la continuidad de la Televisión Digital Abierta (TDA) como política pública de inclusión en la comunicación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de los proyectos del Fondo Concursable para medios de comunicación audiovisual.
A su turno, Néstor Piccone planteó la necesidad de avanzar en “un proyecto propio” de la Coalición para proponer en el Congreso de la Nación en el marco del nuevo debate que prometió dar el presidente Mauricio Macri tras derogar por decreto los puntos más considerables de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido votada por Diputados y Senadores.
Además advirtió que el cambio de gobierno modificó el escenario de los medios de comunicación. “Pensamos ahora en refundar la Coalición y para eso trabajamos diariamente, hay que estudiar las acciones de este gobierno. La comunicación es un derecho humano y hay que defenderla ante la ofensiva de Clarín y de las multinacionales”, sostuvo.
Crispación
El presidente de la CPE, en tanto, manifestó que en el país “hay una crispación social producto de la situación económica y de la corrupción” y remarcó que los medios hegemónicos como el Grupo Clarín “están fomentando los desencuentros”.
Nocetti agregó que “los grandes multimedios generan conciencia, perspectivas que hacen complicada la convivencia” y que recuperaron su poder político que les había quitado la Ley Audiovisual.
Paneles
En el encuentro se escuchó a panelistas que fueron agrupados en cinco mesas de debate plurales e interdisciplinarias. La primera incluye a las cooperativas de servicios y de comunicación en el nuevo escenario político, legal, económico y tecnológico (Alberto Calvo de Colsecor, Roberto Gómez del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Fabián Denda de la CPE y Lucas Olivo de Corpico).
La segunda, en defensa de las audiencias: accesibilidad, soportes y programación para la democratización de la comunicación. Educación crítica en escuelas y universidades (María Capurro, de Defensoría del Público; Mónica Bianchi, ACIS, Personas con Discapacidad; la diputada provincial de Misiones, Miriam Duarte; Julieta Laborde, de Avellaneda; y Miriam Bobadilla, Red de Comunicadores internacional con perspectiva de género).
La tercera, actores sociales, pueblos originarios, universidades, pymes y medios públicos: legalidad, sostenibilidad y políticas públicas para ejercer el derecho a la comunicación (Paulo Buticce, secretario de Comunicación de Chaco; Osvaldo Frances, ARBIA; Laura Méndez, CCAI pueblos originarios de Jujuy; Mabel Loisi, Argentores; y Diego Ibarra, ARUNA.
La siguiente, a los trabajadores, entre la comunicación social y la transnacionalización de la economía y la tecnología (Daniel Alvaredo, de Asociación Argentina de Actores; Gustavo Belingieri, de SATSAID; Guillermo Deffays, del Sindicato de Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; Flavio Frangolini, de FATPren; y Mónica Molina, Red Par).
Coordinada por el periodista, integrante de la Coalición, Luis Lazzaro y un panel integrado por, Miguel Rodríguez Villafañe, Santiago Martínez, Damián Loretti, Guillermo Tello y Diego Rossi, la última mesa buscó sintetizar las propuestas de acción de la Coalición por una Comunicación Democrática frente al proyecto de Ley de Telecomunicaciones del ENaCom.
Hubo dirigentes de distintos puntos del país y un equipo de CPEtv siguió el desarrollo del encuentro y hubo un móvil de la Defensoría del Público.
Declaración de la Coalición por una Comunicación Democrática:
Aprobada por unanimidad en el Encuentro Federal “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”, en Santa Rosa, 25 de junio de 2016.
Desde la ciudad donde el federalismo comunicacional proclamó dos gritos históricos; contra la exclusión de la ley de la dictadura (2003) y por el derecho cooperativo a la implementación de la Ley 26.522 (2009), la Coalición por una Comunicación Democrática, lanza una nueva convocatoria por el pluralismo y la democratización de la comunicación como bien social y como derecho humano en tiempos en que el desarrollo de operadores convergentes puede constituir una amenaza al bien común si se privilegian los intereses corporativos sectoriales.
La Coalición, conformada por múltiples actores: sindicatos y centrales obreras, radios y televisoras populares, comunitarias y escolares, universidades nacionales y provinciales, periodistas, cooperativistas, pequeñas y medianas empresas de comunicación, productoras, comunicadores y comunicadoras, centros comunitarios, revistas y medios gráficos y digitales, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, reitera sus principios en defensa de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y la pluriculturalidad de expresiones. Entendemos que sin derecho a la comunicación no hay democracia plena. Esto requiere hoy también el acceso universal a internet en su múltiple sentido; geográfico, social, comunitario y humano.
Actualizamos de esta manera, un compromiso por valores y principios, y nos encaminamos a un programa de acción para la inclusión económica y social en materia audiovisual y de telecomunicaciones, tal como se aprobó en el Congreso Nacional del 3 de marzo de 2016, que lanzó los nuevos 21 Puntos por el Derecho a la Comunicación.
Este Encuentro Federal se realiza en coincidencia con el día 179 de vigencia del Decreto 267/15 que esta Coalición denunció por agravios a la libertad de expresión en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA el pasado 8 de abril.
De allí surgió un compromiso público de parte de las nuevas autoridades nacionales de convocar a diversos actores a participar en el proceso de redacción de un anteproyecto denominado como “Ley de las Convergencias” frente a lo cual la Coalición reafirma su histórica metodología abierta para la formulación de políticas. En este sentido, valoramos la presencia de organizaciones miembros de la Coalición en instancias de debate y reclamamos que estas consultas incluyan foros federales abiertos y participativos que permitan acordar conceptos que actualicen las políticas de comunicación con las voces de todos los sectores, al servicio de la creatividad, la producción, la distribución de contenidos y el trabajo nacional.
Denunciamos la ausencia deliberada de representación federal, popular y sectorial en el seguimiento y aplicación de las políticas, a partir de las modificaciones realizadas por el gobierno nacional y que contemplaban los Consejos Federales creados por las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.
Expresamos nuestra pública preocupación por la contratación altamente onerosa de consultoras internacionales para asesorar al gobierno en la elaboración del futuro marco regulatorio, lo cual se contrapone con los principios a favor de un debate público, abierto y de cara a la sociedad, en el que se puedan expresar los intereses de cada sector.
Al respecto exigimos plena claridad sobre el punto de partida gubernamental para un borrador de ley que respete la Constitución y los Tratados Internacionales, la transparencia en las gestiones que impliquen elaboración de proyectos y la apertura de audiencias públicas (como lo establece la Ley 26.522 vigente), de foros consultivos y de otras vías de participación, que, de todas maneras, la Coalición sigue implementando en forma permanente en todo el país. En este punto, sostenemos con firmeza el principio de no regresividad en los derechos ciudadanos, como también lo ha subrayado públicamente la CIDH en relación con el caso argentino.
Hacemos nuestras las expresiones de sectores diversos del campo audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación que vienen señalando la urgencia de políticas activas para la defensa y promoción del espacio audiovisual nacional, tal como se manifestó en el reciente Congreso Multisectorial por la Ficción y la Producción Nacional Audiovisual. Allí se abordó la necesidad de políticas claras de fomento y promoción fiscal a las industrias creativas y culturales, se denunció la injustificada parálisis gubernamental en la conformación de jurados, en la ejecución de fondos afectados, y la falta de pago de compromisos surgidos de la aplicación de políticas de Estado, como los Fondos Concursables para el Cine y la TV, o el FoMeCA. En esa línea también el reconocimiento y defensa de todos los derechos autorales reconocidos en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual en todas las plataformas en que se de a la difusión pública de obras musicales, argumentales y literarias, destacando la aplicación del principio de progresividad y no retroceso en los derechos adquiridos ante el anuncio de eventuales modificaciones.
Hacemos nuestra también la denuncia de los trabajadores de prensa de todas las centrales sindicales acerca de la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en el sector durante el primer semestre de 2016, acompañamos este reclamo y manifestamos el consecuente resentimiento que estos hechos implican sobre la libertad de expresión. Resulta central desde esta perspectiva la plena aplicación de los postulados de la ley 26.522 respecto de las cuotas de producción nacional, local, independiente y propia, con espacios informativos obligatorios, incluyendo a la televisión paga como actor fundamental de los servicios audiovisuales.
Respecto del acceso gratuito y el potencial democratizador de la televisión abierta, respaldamos la continuidad de la Televisión Digital Abierta como política pública de inclusión, tanto desde la infraestructura y la gestión de frecuencias, como en la transición digital y la disponibilidad de señales en todo el país y bajo las distintas formas de gestión previstas en la legislación de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La reserva del 33 por ciento del espectro establecida por la Ley 26.522 para las organizaciones sin fines de lucro debe traducirse en una concreta existencia de estas emisoras, para lo cual reclamamos que el Estado garantice las condiciones para su efectiva concreción. En el mismo sentido exigimos el cumplimiento de las previsiones respecto de las PyMEs del campo audiovisual y de las TICs.
Destacamos el rol del cooperativismo como un actor con peso y con capacidades para crecer en la prestación de servicios de comunicación, así como a las pequeñas y medianas empresas de arraigo local, las comunitarias, los pueblos originarios, las universidades, las escuelas técnicas, de frontera, los sindicatos, las organizaciones sociales. Por ello, deben ser restablecidas y reconocidas, las regulaciones asimétricas que protejan a estos actores de la competencia despiadada y desigual ante los oligopolios concentrados. En particular ratificamos la plena legitimidad y necesidad de que las cooperativas de servicio público sean actores centrales en la prestación de telefonía móvil y de servicios de banda ancha con sentido social y federal. La constitución de empresas de la economía social no debe permanecer centralizada en la Capital Federal, lo que atenta contra principios constitucionales y debe desconcentrarse como factor de promoción del federalismo económico y comunicacional.
La sostenibilidad del nuevo sistema de medios argentino debe contemplar los cambios de las formas de financiamiento y asignación de recursos en cada soporte y actividad. Esto implica, además de la ejecución de políticas de fomento y promoción audiovisuales, una regulación de la publicidad oficial en todas las jurisdicciones (nacional, provincial, municipal), y la regulación y tributación de las plataformas digitales de distribución audiovisual de pago de creciente consumo por parte de las audiencias de nuestro país.
Cualquier nueva regulación deberá considerar los derechos de las audiencias como ciudadanos y no como simples consumidores. En este sentido, debe estar garantizada la plena accesibilidad para las personas con discapacidad en todas las plataformas, la diversidad, la producción local de contenidos y la comunicación con perspectiva de género. Para ello resulta indispensable la continuidad de la tarea que viene desempeñando la Defensoría del Público de SCA, solicitando la apertura de delegaciones en todo el país con un sentido federal e inclusivo.
Si la libertad de expresión está en peligro, todas las libertades lo están.
Vaya entonces desde Santa Rosa, La Pampa, este tercer grito por una comunicación democrática, en todas las plataformas, al servicio del pueblo argentino. Coalición por una Comunicación Democrática
Fuentes: El Diario de La Pampa, InfoGEI, PlanB y La Arena
El relator especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, David Kaye, alertó hoy sobre los pasos negativos dados en ese ámbito por el gobierno de Brasil que encabeza el presidente interino Michel Temer
Kaye y su homólogo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, coincidieron en la apreciación al comentar la reciente intervención del Ejecutivo en la dirección de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), así como en la transformación de la Contraloría General de la Unión (CGU) en un ministerio.
Ambos "son pasos negativos para un país conocido por su sólido compromiso con la libertad de opinión y expresión", sostuvieron Kaye y Lanza, a juicio de los cuales Brasil está pasando por un periodo crítico y requiere preservar los avances que alcanzó en esa materia.
En una nota difundida aquí, el Centro de Información de las Naciones Unidas (UNIC, por sus siglas en inglés) para Brasil recordó que el pasado 17 de mayo Temer destituyó al director de la EBC, quien apenas comenzaba su mandato de cuatro años.
Dos semanas después este fue reinstalado en su cargo por decisión del Supremo Tribunal Federal; pero en ese lapso la nueva dirección suspendió los contratos de algunos periodistas en razón de un alegado "carácter político" contrario al gobierno interino, además de cancelar varios programas de televisión.
"Tomamos nota de las preocupaciones expresadas por el gobierno sobre la situación económica de la EBC. Entretanto, esas preocupaciones no justifican interferencias en la administración de una emisora pública nacional y, en particular, en su trabajo periodístico", suscribieron los relatores.
Lanza, por su parte, valoró que la iniciativa de desarrollar una emisora pública nacional alternativa con status independiente fue un esfuerzo positivo para la promoción del pluralismo en los medios brasileños, en especial considerando los problemas de concentración de la propiedad de los mismos existentes en el país.
Los relatores de la ONU y la OEA también llamaron la atención respecto a la incorporación de la CGU al recién creado Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Control.
En los últimos años, los principales avances alcanzados por Brasil en términos de promoción del derecho a la información se beneficiaron fuertemente de trabajo de la CGU, apuntó Lanza y recordó que la institución contribuyó a promover la Ley de Acceso a la Información de 2011.
El hecho de estar directamente vinculada a la Presidencia de la República hizo que la CGU pudiera facilitar el acercamiento a la información negada por ministerios y otras instituciones federales, una capacidad que es necesario preservar, enfatizó. Fuente: Prensa Latina
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, llegó a Misiones en donde se desarrolla el encuentro federal de televisiones públicas, ámbito en el que se discuten expectativas de inversión, contenido, proyección y realidad particular de cada provincia (es el primero del año y Misiones es anfitriona) y en ese contexto aseguró que la Nación garantiza que el fútbol seguirá siendo gratuito en todo el país.
“Fútbol para todos nació con tres premisas, todos los partidos, para todo el país y gratuito. Nosotros garantizamos que seguimos esa línea mientras tengamos el convenio con la AFA que es hasta el 2019, y por ejemplo se licitó este primer campeonato y se generaron 170 millones de pesos de ingresos que pueden ir a hospitales, a escuelas a rutas sacándole al erario toda esa carga”.
Consultado sobre las expectativas que genera el cambio de gobierno en los medios públicos en cuanto a continuidad de políticas o nueva impronta, subrayó que la intención es “trabajar sobre varios ejes, y como principal el eje federal. Consideramos que había una enorme centralización de esto, basta con ver las inversiones en Tecnópolis y en el Centro Cultural Kirchner, queremos descentralizar, restaurar el pluralismo. No puede haber periodismo si no se escuchan todas las voces”.
Afirmó que la Ley Audiovisual que fue reemplazada primero por un decreto del presidente Macri que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y luego validado ese decreto por el Congreso, “más allá de cuestiones políticas había quedado vieja porque las nuevas tecnologías y las tendencias obligan mirar hacia el futuro y eso hará que nunca falte la demanda de contenidos. Lo que nos dijo el presidente Macri es trabajemos en los medios públicos pero además trabajemos en los contenidos públicos porque ese es el futuro”.
Lombardi vino a Misiones a presidir el Encuentro Federal de Televisiones Públicas, que sesiona por primera vez en el año. Esta vez, la anfitriona fue Misiones, con el agregado de que Erika Schmocker, representante de Multimedios Sapem, fue elegida presidenta del Consejo Federal de la Televisión Pública, siendo además la única mujer entre todos los representantes provinciales.
Uno de los principales anuncios de Lombardi, quien además mantuvo reuniones con el gobernador Hugo Passalacqua fue que el año que viene podría llegar Tecnópolis Federal a Misiones. “Se mantienen charlas para avanzar en este sentido y repetir la primera experiencia en Salta (asistieron 700 mil personas en tres semanas), y tiene que ver no solo con la exposición, no es que viene Buenos Aires a mostrar sus logros, tiene que ver con la producción de nuevos contenidos producidos en conjunto entre todos”.
Asimismo, destacó la actualidad del sistema de medios provincial y la ley de Contenidos Audiovisuales sancionada por la Cámara de Diputados para proteger e impulsar producciones locales y sostuvo que la realidad de Misiones, inserta en la frontera con Paraguay y Brasil, merece una especial atención, aunque también preservar los cruces culturales e idiomáticos con el guaraní y el portugués.
Convenio para promoción de contenidos misioneros
El gobernador, Hugo Passalacqua, y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, suscribieron un acuerdo que busca la promoción de producciones audiovisuales originadas en Misiones.
“Nosotros tenemos desde el Gobierno nacional la misión de todos los medios y contenidos públicos, es decir de Canal 7, Radio Nacional, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner, Canal Encuentro, Paka-Paka, DeportTV. El presidente Macri en una reunión de gabinete nos pidió que este Ministerio tomara todas estas áreas y para nosotros es muy esencial en un sentido federal. Nosotros pensamos que acordar y tener acuerdos estratégicos frescos y francos y con confianza con los gobiernos provinciales es esencial porque queremos un federalismo real y no un federalismo declamado. Y la verdad que la provincia de Misiones cuando uno mira desde lo institucional su desarrollo tecnológico tiene un enorme liderazgo en este sentido”, señaló Lombardi.
Añadió que “nuestro plan incluye desde subsidios hasta cuotas de pantalla. Nosotros pensamos que las cuotas de pantalla de la producción nacional tiene que tener más lugar en las cuotas de pantallas, es decir que tiene que haber más producción nacional. Porque tenemos grandes artistas, guionistas, directores, productores. El conjunto de eso hace que la televisión argentina, y más que eso los medios audiovisuales argentinos, nos ofrece una enorme posibilidad en el mundo. Como lo que hoy nos llama”.
“Queremos generar empleo en las industrias del conocimiento y lo audiovisual es parte esencial de las industrias de conocimiento, es decir en eso nos destacamos los argentinos y eso buscamos”, concluyó el secretario de Medios Públicos.
Del encuentro que se realizó esta mañana en Casa de Gobierno participaron además, el director del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, Axel Monsú; el presidente de Multimedios SAPEM, Raúl Castaño; el titular de la Asociación Red de Realizadores de Misiones y Director de Cine, Gastón Gularte, entre otros.
Por su parte el director del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, Axel Monsú manifestó que “este convenio es muy importante primero porque se posibilita que nosotros que somos una de las únicas provincias en el país que tiene una reglamentación o sea una ley de promoción audiovisual que admite interactuar con las asociaciones profesionales del sector para el desarrollo de la producción audiovisual. Entonces por ser Misiones la única provincia que tiene esta herramienta legal nos posibilita materializar la voluntad de federalizar los contenidos que se tienen desde el Sistema Federal de Medios”.
“Esto implica que el Instituto de Artes Audiovisuales como el de Misiones, IAVIM, como ente de aplicación de la ley, va a ser el organismo intermediario entre las acciones que el sistema federal de medios desarrolle en la provincia para la producción audiovisual, tanto para televisión en conjunto con Canal 12 como para medios digitales y nuevas tecnologías”, agregó.
“Misiones es una provincia que tiene muchos productores audiovisuales. Cuando terminamos el censo la semana pasada y se censaron 450 productores audiovisuales y personas vinculadas a la actividad, es decir son familias que están trabajando en eso. Así que Misiones tiene muchos proyectos y sobre todo no solamente hablamos de producir sino también de exhibir, de educar, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para lograr la implementación de la clase invertida, de como el aula también pedagógicamente se va reinventando y renovando y necesita contenidos audiovisuales para eso”, expresó Monsú. Fuente: Misiones OnLine
El programa “Mapuche wall pule zungun” (Qué circule la palabra mapuche) no tiene cabida en LRA30 Radio Nacional San Carlos de Bariloche. A ellos se suma El programa "Voces por la Tierra", de Radio Nacional Esquel, un programa de los vecinos por el No a la Mina que salía en Radio Nacional Esquel desde el año 2011. A ellos les informaron que la autorización debe llegar desde la dirección en Buenos Aires
Instalaron una radio abierta aunque su transmisión se tomó por varios minutos en uno de los programas de la mañana. A la iniciativa de “Mapuche wall pule zungun” se sumó el colectivo “Al Margen”, que tampoco puede transmitir “33 de mano”.
Con una radio abierta que se montó en el exterior de la emisora barilochense, el Equipo de Comunicación Pu Lafkenche cuestionó que las nuevas autoridades de Radio Nacional no resolvieran sobre la continuidad del programa “Mapuche wall pule zungun” (Que circule la palabra mapuche). La audición se emitió durante una década en LRA 30 y envió la papelería para renovar el convenio de emisión a fines de 2015, hasta el momento sin resultados. La acción se concretó porque la indefinición redundó en cuatro meses de silencio.
Los integrantes del colectivo mapuche ubicaron una pancarta en el acceso a la radio en la que podía leerse “Feymuta mülelaiñ kom – En Radio Nacional no estamos todos”, en directa alusión a la actual identificación de la otrora “radio pública”. Para instalar un amplificador, micrófonos, consola y computadora, contaron con una línea de electricidad que conectó personal de la emisora, que además se acercó a convidar mates.
A los tres comunicadores mapuches se sumaron otros integrantes de ese pueblo, que venían de practicar la ceremonia con que en la madrugada, habían recibido el “Wiñoy Tripantü”, momento que indica la renovación del ciclo de la naturaleza. Si bien encendieron una pequeña fogata para llamar la atención y combatir el intenso frío que se registraba a media mañana de la víspera, la protesta transcurrió en forma pacífica.
La solidaridad de los comunicadores de Radio Nacional Bariloche con la protesta terminó de confirmarse cuando la radio abierta salió al aire por AM y FM, en el espacio que co-conduce Sergio Cuartucci. En ese momento, los habituales conductores de la audición explicaron que “venimos a protestar porque hace más de seis meses que no podemos salir al aire. No hay funcionarios políticos que den respuestas por escrito”.
El staff de la acción se conformó con Sandro Rivas Pichikura y Vanesa Gallardo Llancaqueo en el micrófono, más Valeria Silva en la operación técnica. “Estamos contentos porque venimos de recibir al We Tripantü (nueva salida del Sol) para poner en evidencia a los funcionarios políticos de Radio Nacional. Usualmente retomamos el programa en marzo, estamos más allá de la mitad de junio y no tenemos ninguna respuesta. Por eso estamos acá, en una fecha tan importante para la tierra y para nosotros”, apuntó la conductora.
Montón de voces
Al referirse a la fogata que encendieron cerca de la mesa, Rivas Pichikura mencionó que “el fuego tiene una connotación muy positiva para nosotros, porque nos protege en las noches de las energías negativas. Pasamos la noche juntos, cantando, purrukeando (bailando) para recibir la nueva llegada del Sol a nuestras luchas cotidianas y nuestras luchas como pueblo. Somos un montón de voces que hoy no están en Radio Nacional”, cuestionó.
El editorial que compartieron los comunicadores mapuches hizo centro en la nueva identificación de Radio Nacional, “que dice que estamos todos. Nosotros no estamos, así que este es un hecho de discriminación, un atentado del Estado contra nuestro derecho a la comunicación”. Sumaron que “aquí no hay a quién hablarle, no hay director porque al parecer está con licencia médica”, especularon. Sin embargo, una trabajadora de LRA 30 le dijo a El Cordillerano que Carlos Echeverría, “fue desplazado” del cargo de director la semana pasada.
Para “Mapuche wall pule zungun” es central su permanencia en Radio Nacional Bariloche, porque a través de la amplitud modulada podía llegar a los parajes y comunidades mapuches del interior rionegrino, sur neuquino e inclusive, noroeste de Chubut. “El problema no puede ser presupuestario porque este es un programa militante que hoy sufre silencio de radio. Es una ironía que en la radio de todos, nosotros no estemos”, insistieron los conductores.
Idéntica suerte corre “33 de mano”, el espacio que ideó el colectivo de la revista “Al Margen”. Dos de sus integrantes se sumaron a la radio abierta y explicaron que tampoco obtuvieron respuesta alguna por parte de los funcionarios actuales. Mariela Martínez y Fabián Agosta dijeron que ante el silencio y las dilaciones, el programa se volcó hacia las radios comunitarias e internet. “Lo que más molesta es que no nos digan ni sí ni no, aunque es una forma de decirte no sin hacerlo”, razonó Agosta.
La semana pasada visitó LRA 30 Jorge Purciariello, gerente de Emisoras en la nueva estructura de la radio estatal. “No pudo no ver que había una pila de convenios para resolver”, dijeron desde la protesta. Martínez asoció a “este vacío con políticas ya conocidas: vaciar radios y empresas públicas. No se toman decisiones para después decir que lo público no sirve”, expresó. Sobre el final de la acción, “Mapuche wall pule zungun” exhortó nuevamente al diálogo “entre los funcionarios políticos, las organizaciones mapuches y los movimientos sociales”, aunque también convocó a la movilización de la audiencia.
Cayeron todos
No sólo el programa que motivó la protesta se quedó sin aire en Radio Nacional Bariloche durante los primeros seis meses del año. A raíz de la política que en los hechos adoptaron los nuevos conductores de la radio estatal, dejaron de emitirse todos los que funcionaban con la misma modalidad, es decir, convenios de emisión. Entre ellos, se puede nombrar el que sostenía el INTA, una audición veterana y muy escuchada en la zona rural adyacente a Bariloche.
Además de “Mapuche wall pule zungun” y de “33 de mano”, se quedaron en silencio los espacios que hasta diciembre de 2015 producían la delegación local de la Secretaría de Agricultura Familiar y el Parque Nacional Nahuel Huapi. En forma simultánea y al advertir que un cronista de El Cordillerano estaba presente durante la movilización, trabajadores de Radio Nacional que revisten como contratados se acercaron para confiar la situación de precariedad que al menos, afecta a cuatro del plantel. Fuente: El Cordillerano
Luego de los numerosos despidos ejecutados por el diario La Nueva Provincia, el Sindicato Gráfico Sureño no pudo concretar una reunión con las autoridades de la empresa. Sin embargo, sí lograron comunicarse telefónicamente con Domingo Marra, gerente de la empresa.
Luis Sanchez, Tesorero de la organización gremial, dijo a FM De la Calle que al principio la empresa negó que los despidos afectaran al sector pero luego reconoció que “sería 4 los trabajadores despedidos”.
En rigor, “enviaron telegramas a tres compañeros. Después enviaron a otro compañero y luego le comunicaron que no estaba dentro de la lista. Se habían equivocado”.
Por otra parte, el personal que permanece en la planta, a partir de este paquete de medidas de la gerencia, se ve afectado “en un 40 % del sueldo” ya que no se pagarán algunos beneficios previamente adquiridos. Menos trabajo para repartir
Para el Sindicato de Canillitas, La Nueva “no se vende”, por lo que habría apenas “7 personas trabajando en la calle” vendiendo el periódico. Lo dijo Damián Torres, titular de la entidad, quien agregó que “se venía rumoreando hace un año y medio que el diario iba a salir tres veces por semanas” y lo atribuyó a “un avance en la tecnología”.
A su vez, según el dirigente hoy los canillitas estarían vendiendo entre 20 y 30 diarios con excepción de “los grandes” que venden 80. “Hoy ir a vender 20 o 30 diarios no sirve para comer, vivir o tener un proyecto de vida”. En el año 1991 el promedio de venta dominical era de “300 diarios” los días de semana unos 130 ejemplares.
“Desde 2014 cayó la venta un 40 % y siguió profundizándose hasta un 60 %” en la situación actual. “Hoy salgo de La Nueva Provincia en la vereda y miró para allá no hay nada, para el otro lado tampoco, no tenemos nada que hacer. No queda una alternativa de buscar otro trabajo que vos salís de La Nueva Provincia y decís, bueno vamos a buscar otra cosa. No tenés las changas de albañilería. Va a ser un problema para mucha gente que hace 35 años que está con esto. Los que tenemos los puestos vamos sobrevivir un tiempo más pero no sé hasta cuándo”. Otras voces sobre nuevos silencios
Desde el Sindicato de Prensa hicieron público su “malestar y dolor” por los despidos y repudiaron la decisión empresarial. Al mismo tiempo, a través de un comunicado informaron que la empresa ejecutó la medida para “evitar el cierre definitivo” y, sin definir medidas de fuerza, agregaron que “la postura de la empresa fue inflexible”.
Desde la CTA Bahía Blanca-Coronel Dorrego, manifestaron su “solidaridad con los trabajadores/as del Diario la Nueva Provincia” y repudiaron “el accionar de estas empresas que cargan el peso de la crisis sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, ubicándolos como variable de ajuste”.
A su vez, expresaron que “la unidad y la solidaridad activa entre compañeros/as, son el único camino para enfrentar estas situaciones” y recordaron “la memoria de los compañeros Heinrich y Loyola, próximo a cumplirse los cuarenta años de su asesinato”.
Por su parte, la CGT Regional Bahía Blanca también comunicó “su más profunda preocupación ante el despido masivo de compañeros trabajadores del diario local La Nueva, como consecuencia directa de la política del actual gobierno y su proyecto económico de ajuste y exclusión”.
Arguyeron que o se equivocaron “cuando en ocasión de la visita que hiciera la Gobernadora Vidal a la ciudad el pasado 11 de abril, en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de Bahía Blanca, esta CGT ganó las calles para pedirle que termine con los despidos masivos del sector del estatal y reactive las obras públicas paradas que aún están inactivas”.
“Tampoco nos equivocamos al expresar nuestra preocupación en una nueva marcha realizada el pasado mes de Mayo en protesta y disconformidad por el veto presidencial a la Ley antidespidos, sancionada en el Congreso de la Nación a pedido unánime de las cinco (5) Centrales Obreras”.
Porque no nos paga nuestros salarios en fecha. Los sueldos de abril y mayo fueron abonados en dos cuotas.
Porque, a pesar de acordar con la burocracia de la UTPBA la peor paritaria del país, Perfil viola la ley negándose a cumplir con el aumento salarial pactado.
Porque en medio de los tarifazos, la devaluación e inflación de un 45% anual, Perfil pretende emitir un pagaré ("pagadiós") a ser cancelado en 2017 por la deuda salarial contraída con sus trabajadores.
Porque, frente a la inminencia de la fecha de vencimiento del pago del medio aguinaldo, Perfil anuncia un nuevo incumplimiento salarial desdoblando su pago para julio.
Porque los trabajadores de Perfil no sólo aspiramos a cobrar en fecha los salarios establecidos, sino que reclamamos una recomposición salarial acorde a la inflación.
Por todo lo expuesto, la Asamblea de Trabajadores de Perfil resuelve retirar las firmas de las notas el domingo 26 de junio. Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil Comisión Gremial Interna - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
