La Rue afirmó que la condena "representa un mal precedente para los esfuerzos que se realizan para despenalizar este tipo de hechos, especialmente en casos como el presente en donde el hecho que originó la sanción se relaciona con informar sobre actuaciones de funcionarios públicos".
En este sentido, el relator especial de la ONU reiteró su posición sobre la importancia del derecho de los ciudadanos "a estar informados sobre las actividades de los funcionarios públicos".
La directora de información del canal de televisión local TVN, Sabrina Bacal y Justino González, ex periodista del canal, fueron condenados el pasado 27 de septiembre por un tribunal panameño por los delitos de calumnia e injuria.
El tribunal les impuso una condena a un año de prisión, conmutado por el pago de una multa de 3.650 dólares y a la inhabilitación para ejercer la profesión por un año.
Ambos fueron absueltos en primera instancia tras una demanda por delitos contra el honor presentada en 2005 por dos funcionarios de Migración por la difusión de una noticia sobre una red de tráfico ilegal de personas que involucraba a esa dependencia estatal.
Los dos periodistas fueron indultados ayer por el presidente panameño, Ricardo Martinelli.
El relator especial indicó que, no obstante, las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados "frecuentemente limitan o restringen la libertad de expresión arbitrariamente, incluso recurriendo a leyes penales o acciones civiles, a fin de silenciar el disenso o la crítica".
El experto recordó al Estado tomar en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio de este derecho y particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el comunicado.
