De esta manera, el Estado hará la presentación a través de sus representantes judiciales y con el respaldo del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, patrocinado por el procurador del Tesoro, Joaquín Pedro da Rocha.
La norma cuestionada –Art. 161- es la que impone la desinversión a quienes fueren titulares de una cantidad de licencias mayor que la permitida por ese régimen, a fin de evitar la monopolización de los servicios.
Da Rocha peticionará el levantamiento de la medida cautelar, a fin de que el Grupo Clarín de cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 161 de la Ley Nº 26.522, al igual que los restantes titulares de licencias de servicios regulados por la citada ley, dentro del plazo de un año computado conforme lo previsto por la Resolución Nº 297/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Según esta última, el plazo de hasta un año previsto por el Art. 161 comenzó a regir desde el 9 de septiembre de 2010, por lo que, en los hechos, desde la sanción de la ley –octubre del año 2009- habrán transcurrido aproximadamente dos años cuando expire el término antes indicado.
Dicho plazo resulta más que razonable a fin de que el Grupo Clarín –al igual que los restantes titulares de licencias- cumpla el régimen de desinversión que contempla la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, indica la Procuración del Tesoro mediante un comunicado.
El Estado también solicitará al juez que, en el supuesto de que rechace este pedido, fije el plazo razonable por el cual entiende que debería permanecer vigente la medida cautelar, tal como lo estableció oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la reciente resolución dictada en la causa, a fin de evitar que la medida cautelar se convierta en autosatisfactiva y termine constituyendo una virtual sentencia definitiva.
La presentación se realizará ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, a cargo de Edmundo Carbone.
La Procuración del Tesoro de la Nación es la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado y, como tal, tiene a su cargo la tarea de asesorar jurídicamente a la
Presidencia de la Nación y demás organismos de la Administración Pública Nacional, así como la de representar al Estado Nacional en los juicios iniciados por él y los promovidos en su contra.
Fuente: Sala de Prensa
