La ONU dijo en un comunicado difundido en La Paz que "valora la voluntad de la sociedad boliviana de avanzar en una legislación que prevenga todas las formas de discriminación y racismo".
Pero, al mismo tiempo expresa "su esperanza" en que el proceso de la reglamentación de la ley antirracista, que debe elaborarse en un plazo de noventa días, se haga con base en "un amplio proceso de concertación y participación social".El presidente Evo Morales promulgó la ley contra el racismo el pasado viernes en medio de la protestas de asociaciones de diarios y medios audiovisuales, sindicatos y colegios de periodistas que rechazan los artículos 16 y 23 de la norma al considerar que impiden la libertad de prensa y es un atentado a la democracia.
El artículo 16 de la norma establece sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el Gobierno considere "ideas racistas y discriminatorias" y el 23 fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.
La ONU también pide que se tomen en cuenta las sugerencias del Relator de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y las del Relator Especial de la OEA sobre la libertad de expresión, entre otras.
Las recomendaciones señalan que "toda medida de derecho civil, penal o administrativo que constituya una injerencia en la libertad de expresión debe refrendarse por ley", que "esas medidas deben ser claras y precisamente definidas" y "deben ser aplicadas por un organismo libre de influencias injustificadas".
Como parte de las protestas, el director ejecutivo del diario El Deber, Pedro Rivero Jordán, se sumó hoy a una huelga de hambre que realizan otros periodistas en defensa de la libertad de prensa, en la ciudad oriental de Santa Cruz, sede del matutino.
Morales ha afirmado estos días que esa libertad está garantizada, pero también declaró que su obligación es "erradicar a los racistas que son dueños de medios de comunicación" y se mostró a favor de que las frecuencias de los medios audiovisuales que sean cerrados pasen a manos de sus trabajadores.
Periodistas y ejecutivos de medios han dicho que no se oponen a toda la ley, porque también están contra el racismo, sino que les preocupa que quien decida sobre los artículos polémicos sea el Gobierno de Morales, que acusa de racistas a quienes se le oponen o le critican.
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Fuente: Agencia EFE
