Escribo como miembro de un grupo de estudiantes rosarinos autoconvocados por la libertad de expresión y la democracia. Sabemos que hay cuestiones técnicas que escapan a la experiencia de vida y los conocimientos que tenemos, pero también sabemos que, antes que estudiantes, somos ciudadanos,
y que como tales tenemos la obligación de preocuparnos y, en la medida de lo posible, movilizarnos por las cuestiones de bien común de nuestro país.Lamentablemente, una cuestión tan técnica como una ley de medios se ha politizado hasta el punto en que se habla de estar a favor o en contra de una nueva ley, y no sobre qué puntos uno mejoraría o cambiaría. Los kirchneristas, o quienes aún confían lo suficiente en los Kirchner como para creer que la ley que proponen sería mejor que lo que hay ahora, alegan que esta politización se produce por el rechazo de la oposición de un buen proyecto del kirchnerismo por la sola razón de que proviene del gobierno. La oposición, en cambio, denuncia que el kirchnerismo no escucha, no cede y utiliza una subrepresentación legislativa o composición desactualizada del Congreso como herramienta para reducir más de lo normal los niveles de consenso en un tema tan delicado, que debería ser una verdadera política de Estado.
Personalmente, entiendo que el reclamo por una nueva ley de radiodifusión es mucho más antiguo que el kirchnerismo y que, por el arduo trabajo y la difícil lucha, muchos ideólogos o promotores de una nueva ley de radiodifusión podrían verse tentados a aprobarla como sea o a creer que esta va a ser la única oportunidad de tener una ley de radiodifusión de la democracia. A esto me gustaría responder con tres argumentos.
Primero, decir que la actual ley es “de la dictadura” no es del todo correcto. La actual ley posee más de 200 modificaciones en democracia. Por lo tanto, no sólo goza de la legitimidad legal de no haber sido derogada en democracia y de haber sido implícitamente avalada, sino que, además, es fruto de una fuerte adecuación legislativa a los tiempos democráticos. A muchos podrá no gustarles desde el punto de vista ideológico y muchos podrán tener aportes para hacerle, pero no es una ley de la dictadura. Si fuese así, dada la triste historia golpista de nuestro país, no quedaría prácticamente ninguna ley en pie. Por otra parte, un debate serio requiere comparar la letra de la ley y no su fecha de sanción original. Lo primero es un debate práctico, lo segundo un debate puramente dogmático, cerrado, que no da lugar a consensos ni matices.
Segundo, creo que el tema está tan instalado, la oposición se ha comprometido tanto públicamente y se ha interiorizado de tal forma la opinión pública sobre el tema (teniendo siempre en cuenta que estamos frente a una cuestión muy técnica y difícil de difundir a nivel popular), que no me quedan dudas de que una nueva ley, o por lo menos una importante reforma a la ley actual, vendrá necesariamente cuando asuma el nuevo Congreso, si es que no es borrada de un plumazo por el veto presidencial. La oposición ha presentado incluso proyectos propios. No se trata de meras promesas de campaña, sino de compromisos reales tomados hacia el interior de sus respectivos partidos.
Tercero y último, y este es un argumento que para mí tendría un peso suficiente por sí sólo, al margen de los anteriores, la oposición no reclama un cambio ideológico en el proyecto. No reclaman el PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo y el justicialismo disidente que no se desmonopolice, que no se integre a las ONGs o que no haya reglas para evitar la competencia desde una posición dominante o abusiva. Lo que reclama la oposición son garantías.
Si va a haber una autoridad de aplicación con tantos poderes, exigen que sea independiente del gobierno de turno, lo que para mí podría lograrse, por ejemplo, si sus integrantes o la mayoría de ellos fuesen elegidos por el Poder Legislativo a propuesta de los periodistas, empresarios de medios, universidades, etc., durando además un determinado tiempo en su cargo. Si va a existir la posibilidad de que esa autoridad de aplicación haga caducar licencias por acumulación de faltas leves, exigen que se precise cuáles serían esas faltas y que se tipifique correctamente toda norma de naturaleza sancionatoria. Si va a haber control judicial, exigen que el efecto de la apelación sea suspensivo, y que no se clausuren o cierren los medios durante los largos tiempos de nuestra Justicia, generando un costo inmenso tanto en términos monetarios como de audiencia. Si se van a dar espacios a ONGs, exigen que lo haga una autoridad u órgano independiente y con ciertos criterios y controles, para que no lluevan espacios mediáticos sobre gente oportunista amiga del poder de turno, dejando abandonados en un fulminante desierto a los trabajadores de medios independientes y honestos.
No creo que esta postura sea necia, ni que se trate de una negativa basada en quién presenta el proyecto más que en el proyecto mismo. Se trata de una negativa basada en que se ha presentado un proyecto que no otorga garantías de que vaya a ser usado para cumplir verdaderamente los objetivos que proclama. No se trata sólo de que el kirchnerismo ha demostrado en reiteradas ocasiones una pasión perturbadora por la hegemonía, la discrecionalidad y la impunidad. Eso podría llevarnos a ser precavidos antes de aprobarles una ley, pero no sería excusa para rechazar una buena ley aunque fuese impulsada por el peor gobierno del mundo. Lo que ocurre es que el mismo patrón de comportamiento de siempre y el mismo orden de prioridades se repiten en este proyecto de ley de medios, desnaturalizándolo y borrando con el codo la buena letra que posee y que sería muy positiva enmarcada en un proyecto integral y sistemáticamente orientado hacia una mayor democracia.
En los últimos años se han cristalizado en nuestro país como nunca antes la mentira, la prepotencia y la pobreza. Y me parece, humildemente, que este proyecto de ley de radiodifusión contiene los gérmenes del retroceso del Estado de Derecho democrático que nos ha llevado a esta situación. El Estado de Derecho democrático no es poca cosa. Es el sistema que ha dado origen al desarrollo en todos los países desarrollados y el único sistema que nunca fue aplicado en forma completa sobre nuestro suelo y el de los demás países subdesarrollados.
La buena letra de este proyecto, hecha por el aporte de muchas personas pensantes y bienintencionadas, se encuentra flotando en el vacío desde que el gobierno le ha inyectado, en muy pocos artículos, una dosis tremenda y alarmante de discrecionalidad, de abuso de poder, de manipulación y de politización. Las instituciones democráticas se construyen durante muchos años, requieren de muchos esfuerzos y se sostienen en consensos amplios y estables. Pero pueden ser derrumbadas de un soplido por más tiempo que haya requerido su edificación y consolidación. La historia humana está plagada de ejemplos de esta naturaleza.
No somos una democracia completa ni representativa. Estamos lejos de serlo. Pero tenemos algo, algo hemos conseguido y conquistado en estos últimos años. Hay algo que perder y perder lo poco que tenemos puede ser fatal para el ánimo y las expectativas de un pueblo que recién está comenzando a aprender a vivir en democracia.
*El autor de la nota es uno de los convocantes de la marcha que se realizará el martes próximo. "Decidimos organizar un acto en rechazo a la ley de radiodifusión porque peligra la libertad de expresión", expresó Micheletti, quien junto a María Lourdes Moutin, se encargó de difundir la manifestación a los medios de prensa a convocatoria a un acto en Rosario, también a las 18.30 y en el Monumento a la Bandera. Hasta ahora está confirmado como orador el periodista y escritor Jack Benoliel que fue uno de los dueños de LT8 Radio Rosario.
