Por: Luis Carranza Torres* y Sergio Castelli**
Se habló mucho, y no siempre a la altura del tema, del envío por parte del Gobierno nacional al Parlamento de un proyecto para la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplace la actual. Pocos dudarían que la Ley de Radiodifusión vigente está desfasada tecnológicamente y no responde a una sociedad de la información. Pero el proyecto, pese a su denominación, se queda en radio y TV, en lugar de avanzar en Internet y contenidos vía celular, entre otros.
La cosa termina siendo entonces sólo radiodifusión en su concepto clásico, y deja fuera los contenidos audiovisuales aunque así se la titule.
Aun así, no es menor el impacto que esta ley tiene en nuestra vida, en particular en la posibilidad de informarse, entretenerse y disfrutar de los avances de la técnica. Es por ello que si la Constitución es la primera norma de nuestro derecho, y se dice que la ley de presupuesto es la segunda (porque determina qué se hace con los recursos del Estado), la ley de medios se lleva cómoda el tercer puesto.
El Gobierno quiere aprobarla rápido, haciendo uso de una mayoría con fecha de vencimiento en diciembre. Parte de la oposición reclama revisarla después que asuma en nuevo Congreso.
En lugar de generarse un espacio de debate, no pocos han salido con los tapones de punta. En el diario Clarín, portavoz del grupo mediático del mismo nombre, al cumplir su 64º aniversario, no se anduvieron con metáforas: “Hoy sufrimos nuevos embates por defender nuestra integridad periodística. Ataques disfrazados con argumentos falsos y contradictorios”, disparó su directora, Ernestina Herrera de Noble, dedicando ocho páginas al proyecto, en las que le dijeron de todo.
La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), por su parte, en un comunicado “advierte con preocupación” que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “constituye un avance sobre los medios de comunicación que no tiene antecedentes en la democracia argentina”. La posibilidad de tener que ir a renovar cada dos años las licencias respectivas ante el funcionario de turno en el área les puso los pelos de la nuca como los de un carpincho.
Pese a que la complejidad técnica del tema y la importancia de los diversos valores comprometidos en la cuestión hacen necesaria una discusión seria, los hechos de la realidad parecen ir en sentido contrario, amenazando llevar esta discusión a niveles de lenguaje vulgar y de nula profundidad conceptual, como si se tratara de expresiones rabiosas de cancha dominguera. Días pasados, el periodista Ernesto Tenembaum y el legislador oficialista Agustín Rossi en un programa radial se dieron al aire peor que Batman con el Guasón. Los ¡punch! ¡paf! y similares fueron el cruce de palabras tales como “versero”, “autoritario”, “mentiroso”, por decir sólo lo más light del mutuo pugilato verbal.
En definitiva, es un tema bastante complejo como para tratarlo a las apuradas y/o desde frases hechas. Supone una cuestión de fondo, referida tanto a las opciones de la tecnología como a la organización (o desorganización) democrática de la sociedad, por lo que no puede convertirse la cuestión en un cuadrilátero de campeonato boxístico barrial, donde salga a relucir lo peor de nuestra maldita forma de discutir: defenestrar personas en vez de debatir ideas.
*Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas, **Agente de la Propiedad Industrial.
Estudio Castelli & Asociados
Fuente: Comercio y Justicia
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