Lo que está en juego es la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a contar con información libre, plural y veraz.
Ante los acelerados cambios tecnológicos y la inminente convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la regulación de los medios audiovisuales representa un enorme desafío pra la democracia contemporánea.
Argentina no es ajena a este debate. Por eso creo que es fundamental discutir -con amplitud, profundidad y serenidad-
el marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo.Estas son mis reflexiones expresadas durante el Seminario Internacional de Medios de Comunicación Audiovisual que se llevó a cabo la semana pasada en el Senado:
Como legisladora y periodista que fui (y sigo siendo en mi corazón) me preocupa que el periodismo independiente, pilar de la democracia, quede entrampado entre los condicionamientos políticos de los gobernantes y los crecientes intereses económicos de empresas que utilizan sus medios periodísticos para negociar, otras cosas, con el Estado. La falta de marcos regulatorios adecuados, a mi entender, representa una amenaza latente para la democracia y el periodismo.
Observemos lo que ocurrió con el modelo italiano de libre mercado, donde un empresario mediático (con mucha ayuda política previa, a decir verdad) se adueñó de la opinión pública y, finalmente, del Gobierno. En el otro extremo, vemos los peligros del modelo venezolano donde, en nombre del pueblo y del Estado, un gobernante autoritario se ha ido apropiando de los medios de comunicación para silenciar a la oposición y a la prensa.
Lamentablemente, Argentina tampoco está afuera de estas tensiones.
Cuando hablamos de una nueva Ley de Medios de Comunicación Audiovisual parecería que estamos hablando de algo muy técnico y arduo: de licencias de radiodifusión, de la convergencia entre telefonía, cable, televisión digital e Internet, de posiciones de mercado monopólicas pero, en realidad, estamos hablando de una cuestión básica para la democracia: ¿cómo garantizar, en pleno siglo XXI en medio de una asombrosa revolución de la tecnología y de las comunicaciones, dos derechos humanos esenciales: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información?
Me detengo en esta cuestión porque cuando hablamos del marco regulatorio de los medios de comunicación estamos hablando de derechos humanos.
El derecho a la libertad de expresión, consagrado en nuestra Constitución desde 1853, garantiza que ningún ciudadano pueda ser censurado o perseguido por sus creencias o ideas y es la base de la libertad de prensa, pilar de toda democracia. Por eso, los gobiernos autoritarios y antidemocráticos lo primero que hacen es restringir, censurar o cancelar la prensa libre.
No hay una democracia robusta y saludable, sin una prensa sólida, independiente y libre.
El derecho a la información: un derecho más reciente que, en Argentina, adoptamos en 1994 al incorporar a nuestra Constitución Nacional la Convención Americana Sobre Derechos Humanos la cual, en su artículo 13º, establece el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración ni fronteras.”
Lo anterior implica que todo ciudadano tiene el derecho a acceder, sin restricciones o censura previa, a una información libre, plural y veraz. El derecho a la información es una meta porque posibilita el acceso a otros derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema político de autogobierno, en el que los ciudadanos nos autogobernamos eligiendo a
nuestros gobernantes y representantes para que administren la cosa pública. Ahora bien, para hacer efectivos nuestros derechos cívicos y políticos, y poder elegir y controlar a los gobernantes, precisamos contar con información cierta, plural y de calidad: esta es la razón última del derecho a la información.En este sentido la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus informes anuales y diversos documentos, ha planteado la conveniencia de que los países de la región sancionen una Agenda Integral de Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
Este paquete de leyes incluye:
· Ley de acceso a la Información Pública, base de una democracia basada en derechos. Parte de una nueva concepción: la información en manos del Estado es pública, no confidencial o “secreto de Estado”, como era antes.
· Ley de Publicidad Oficial, que especifique criterios objetivos de otorgamiento de dicha pauta para evitar la censura indirecta, o sutil; el condicionamiento de la libertad de prensa.
· Ley de Radiodifusión o de Medios de Comunicación Audiovisual Comerciales que garantice los derechos de los que hablamos.
· Ley de Medios Públicos, para que sean órganos de Estado y no de gobierno, y que manifiesten la mayor pluralidad de voces e independencia informativa y resguardo de la libertad de prensa, sin condicionamientos.
· La Despenalización de los delitos de Calumnias e Injurias, para que los periodistas no sean encarcelados por sus ideas o expresiones.
¿Cuáles son las experiencias en la región?
Uruguay y Chile sancionaron, recientemente, Leyes de Acceso a la Información Pública y están discutiendo Leyes de Publicidad Oficial.
. Uruguay despenalizó “Calumnias e Injurias”.
. El Congreso chileno discute, desde hace varios meses, una nueva ley para la televisión privada y otra para la televisión pública.
. Brasil está muy avanzado en cuanto a la Televisión Digital.
Cuando analizamos la regulación de los medios audiovisuales, entendimos que lo que tenemos que estudiar con mucha
atención es, sin duda, la conformación, funciones y atribuciones de la Autoridad de Aplicación, porque éste es el corazón de toda la legislación.Porque la mejor ley puede ser letra muerta con una Autoridad de Aplicación viciada de parcialidad política, poco profesional, o poco transparente.
Una Autoridad de Aplicación profesional, independiente y diversificada, no coartada ni por el gobierno ni las empresas, es la garantía de que el ciudadano acceda a información libre y segura y que la prensa libre, en la compleja sociedad de hoy, no quede entrampada ni entre las progresivas presiones políticas de los gobernantes, ni en los crecientes intereses económicos de empresarios que, a través de sus medios periodísticos, negocian otras cosas con el propio gobierno.
Por eso, elegimos focalizar nuestra atención en la Autoridad de Aplicación, porque la gran pregunta en la Sociedad de la Información y de las Comunicaciones es: ¿quién controla a los medios de comunicación, tanto públicos como privados? ¿Y cómo?
Y la otra gran pregunta es ¿quien controla al poder político, al controlador?Para evaluar la calidad y el propósito de una ley de medios audiovisuales es fundamental analizar cómo está constituido y de quién depende el órgano de aplicación.
En mi opinión una óptima Autoridad de Aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser un organismo de Estado y no de gobierno, para que no dependa del poder político en sus decisiones.
- Ser un organismo independiente y profesional. Sus miembros deben ser elegidos por su idoneidad y conocimiento del sector, y no por su color político. Pueden ser designados conjuntamente por el Congreso y el Ejecutivo y deben ser personas con trayectoria indiscutida en el área de la comunicación, que mantengan, dado su prestigio, la mayor independencia y ecuanimidad tanto de presiones políticas como empresariales.
- Que sus mandatos no coincidan con el mandato presidencial, con el objeto de que no sean funcionarios de un gobierno sino del Estado.
- Que tenga representación federal con voz y voto.
- Que incluya representación de los distintos actores de la comunicación, con voz y voto.
- Que sean seleccionados mediante audiencias públicas. Eso implica la publicación de la nómina de candidatos, y sus antecedentes, por medio de la prensa e Internet; con un período abierto a las observaciones por parte de la sociedad civil, antes de su confirmación.
El proceso de discusión y sanción de estas leyes debe ser el resultado de un diálogo abierto, plural, limpio y democrático en el Parlamento.Este diálogo debe incluir todos los proyectos con estado parlamentario (actualmente hay 10) y a todos los actores políticos, empresariales, profesionales y sociales. Sólo así la legislación que surja de este debate será una legislación de consenso, una Política de Estado sustentable y legítima, que brinde previsibilidad y garantías a todos:
- Al ciudadano, porque de lo que se trata es de garantizar su derecho a contar con información libre, plural y veraz, y a expresarse libremente.
- A los periodistas (no menciono a los periodistas independientes o la prensa independiente, porque se trata de una tautología, ya que los periodistas y la prensa por definición deben ser independientes). El marco regulatorio tiene que darles las mayores garantías de que los gobiernos no van a censurarlos u obligarlos a la autocensura, y su jefes tampoco. La prensa es un pilar de la democracia.
- A las empresas, a los licenciatarios, para que puedan cumplir con el rol social, por derecho propio.
Fuente: Senadora María Eugenia Estenssoro
