Por: Francisco de Zárate
"Un grave ataque al interior del país". Con esas palabras reaccionó ayer Carlos Fontán Balestra, de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), ante el último anuncio de la presidenta Cristina
Kirchner sobre la Ley de Medios. En su último discurso, la mandataria hizo referencia al rol de las telefónicas en la nueva normativa, pero no mencionó los artículos referidos al régimen de licencias para teleradiodifusoras. En una conferencia de prensa conjunta con la Asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA), Fontán Balestra aseguró que el nuevo proyecto de ley perjudica a las emisoras de fuera de Buenos Aires al hacerlas, "más dependientes de Capital Federal".En ese contexto, Fontán Balestra apuntó que los artículos 149 y 152 del proyecto de ley de Radiodifusión "dañan enormemente a la televisión privada y a la radio".
El titular de ATA remarcó las dificultades que el nuevo proyecto añade en la gestión de los cuatro canales de televisión abiertos que compiten en la ciudad de Buenos Aires, "de los cuales dos tienen problemas económicos": "la ley obliga a malvender las licencias", Fontán Balestra aseguró que se requiere una inversión de "120 millones de dólares" para iniciar la digitalización del medio.
El presidente de ARPA, Carlos Molina, tampoco ocultó su malestar por una ley en cuyo debate asegura que no se incluyó a su asociación: "El proyecto es malo, afecta a la libertad de expresión, establece mecanismos de censura, marca un avance del Estado en la presencia espectral; desalienta inversiones y desprecia el valor social de las empresas al imponer períodos de liquidación".
Molina se quejó también de la ausencia de un "saneamiento del espectro, que ahora está muy cáotico", y de la regulación propuesta para el espacio publicitario: "Dejar limitado solamente el 30% de la programación diaria en cadena y fuera de los horarios centrales, y sin el contenido de publicidad torna totalmente inviable la continuidad de este modelo de radiodifusión". Imposiciones del nuevo régimen que según él, afectan a la radio privada y no a la oficial.
A principios de junio ATA había enviado al titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, un pedido para que se aplicara en este debate público el decreto 1172/03, dictado por el ex presidente Néstor Kirchner, que define el procedimiento de elaboración participativo de normas.
La Asociación nunca tuvo respuesta. "Un tratamiento apresurado y centralista no puede trazar el escenario para la sanción de esta ley, que tal como ha sido concebida fue elaborada sin consultar ni tener en cuenta la opinión y experiencia de la industria", señala una carta de ATA enviada ayer a la Cámara de Diputados.
Tampoco fue positiva la experiencia de ATA con Cristina Kirchner, con quien se reunieron el 25 de abril de 2008 y en marzo de 2009, con el anuncio del nuevo proyecto.
El director ejecutivo de ATA, Carlos Molinero, ya había mostrado su preocupación por lo que él consideraba un intento oficial de desincentivar las señales de televisión gratuitas privadas. Entrevistado por Clarín, denunció la "caprichosa pauta de la publicidad oficial"; unos aranceles excesivos para la importación de bienes necesarios para la actividad televisiva; y la competencia desleal de cadenas extranjeras que emitían sin tributar por su actividad publicitaria, un negocio que estimó en torno a los US$ 80 millones.
Sólo uno de los diez puntos que se cuestionan
La decisión anunciada ayer por la Presidenta de restarle protagonismo a las telefónicas atiende sólo a uno de los diez cuestionamientos centrales que vienen realizando los críticos del proyecto oficial.
El Gobierno se mantuvo en su postura original con relación a los restantes nueve ejes que generan polémica. Estos son: que no permite tener cable y TV abierta en la misma zona (algo que no existe en todo el mundo); que restringe la producción audiovisual, al permitir sólo una señal de producción propia a cada operador de cable; que permite a diarios y revistas acceder a licencias de TV sólo con autorización discrecional del Gobierno y que la ley es retroactiva, y por lo tanto inconstitucional.
También se cuestiona que les pone un límite a los cables del 35% de los abonados (pero resulta que las telefónicas no tienen límite alguno en su mercado); que el límite a la producción de señales de cable tampoco tiene antecedentes; la revisión bianual, la autoridad de aplicación y el riesgo al que se somete a la libertad de expresión: se encuentra afectada por varios artículos del proyecto oficial, que denotan un fuerte intervencionismo del Estado en contenidos.
Fuente: Diario Clarín y DyN
NdE: ni el día del triunfo de Del Potro Clarín se permitió bajar el tema "Ley para controlar a los medios como ellos la denominan", en épocas de romance con los Kirchner Del Potro hubiera sido tapa completa y suplemento especial!
Eurnekián se quedaría con Telecom sin poner dinero
Después de forzar a Telecom Italia a vender sus acciones en Telecom Argentina, el Gobierno sigue presionando para la formación de un nuevo grupo comprador a su gusto. El binomio Eduardo Eurnekián y Ernesto Gutiérrez acaba sumar el apoyo del poderoso magnate mexicano Carlos Slim, el dueño de la gigante de telefonía América Móvil (dueña de Claro).
Telecom Italia es dueño de la mitad de Sofora. La otra mitad es del grupo Werthein (La Caja).
Sofora, a su vez, tiene 68% de Nortel. Y esta última controla el 55% de Telecom. En declaraciones a varios medios, Franco Bernabé -CEO de Telecom Italia- valuó en US$ 500 millones las tenencias de su compañía. Gutiérrez y Eurnekian no dispondrían de ese dinero.
Y allí entraría a jugar Inbursa, una división financiera del grupo Slim, encabezada por su hijo Marco Antonio. Los mexicanos le habrían propuesta a Credit Suisse -el banco designado por Telecom Italia- una compra apalancada con las acciones de Telecom Argentina como garantía de pago. De esta manera, los US$ 500 millones no se pagarían cash, sino que los aportaría el intermediario.
El esquema que está en estudio es el de una compra apalancada, junto con un "vendor loan" (préstamo a cargo del vendedor). Inbursa y Credit Suisse juntarían el dinero necesario y le entregarían la compañía al concesionario de Aeropuertos Argentina 2000. A cambio, retendrían una garantía sobre las acciones de Telecom.
La fórmula, que ya se usó cuando Repsol le financió la venta del 15% de YPF al grupo Petersen (Eskenazi), implica que los adquirientes vayan pagando con las mismas utilidades.
Fuente: Diario Los Andes
Rumbo a la sanción de la ley de medios audiovisuales
Por: Luis Virgilio Sánchez*
El 27 de agosto de 1920 Enrique Telémaco Susini y otros tres estudiantes: Miguel Mujica, César J. Guerrico y Luis Romero Carranza, denominados "Los locos de la azotea", con un público de apenas cincuenta radioaficionados, realizaron la primera transmisión en vivo, desde el Teatro Coliseo, de la ópera Parsifal de Richard Wagner. Ésta es considerada la primera transmisión radial del mundo. Nace allí el Día de la Radiodifusión, fecha que elige el gobierno para enviar su proyecto de ley de medios audiovisuales para su tratamiento al Congreso de la Nación. La radiodifusión nace y se desarrolla como una iniciativa privada. Mucho se ha hablado de la naturaleza jurídica de esta actividad, la cual a mi criterio dista de ser un servicio público. Algún sector de la doctrina, para distinguirla de los servicios esenciales que son potestad del Estado, como el gas, el transporte, electricidad, etcétera, la denomina servicio público impropio. Creo que los servicios de radiodifusión no son ni una cosa ni la otra, aunque sí podamos afirmar que poseen un "interés público" indubitable, tanto que se han granjeado el apodo de "cuarto poder". Sabemos que, en democracia, la independencia y libertad de poderes son la mejor garantía de su buen funcionamiento. Es por ello que, la función de "control" del Estado (en sentido amplio) es siempre discutible y debe ser de entendimiento restrictivo. El Estado debe ser un garante del libre ejercicio de esta actividad, como de cualquier actividad lícita, empero su función específica es de "contralor" y no de dominio.
La actual ley de Radiodifusión (22.285) fue sancionada en 1980 y denominada "ley de la Dictadura". No fue éste precisamente el marco legal que permitió en aquel entonces el control de los medios. Veamos, el gobierno de facto no recurrió precisamente a un marco legal para dar un golpe de Estado, mucho menos para intervenir los medios. Recordemos que en 1974 Perón había estatizado la totalidad de los canales de aire de aquel entonces (Canal 9, 11 y 13), los que pasaron a pertenecer a la Armada tras el golpe del 76. Seamos claros en entender que las leyes son sólo herramientas y que no son ellas sino los gobiernos, a través de sus actos y omisiones, los responsables de su aplicación. El texto original ha permanecido vigente a lo largo de todos los períodos democráticos que la sucedieron, sufriendo más reformas que han alterando su espíritu, tornando a la ley en un compendio obsoleto que, sin embargo, les permitió a los gobiernos de turno ejercer su función de control con un importante grado de discrecionalidad, herramientas que el Estado jamás utilizó para llamar a concursos públicos y normalizar el espectro radioeléctrico. Recordemos que el Plan Nacional de Radiodifusión había sido suspendido en 1984, mediante el dictado del decreto 1.151/84, y esta situación se prolongó ante la mirada esquiva del Estado hasta el 1 de diciembre de 1989, cuando se dictó el decreto 1.357 que aprobaba un régimen de regularización de los servicios de radiodifusión por modulación de frecuencia (FM), el que a su vez quedó inconcluso porque nunca se aprobó el plan técnico nacional previsto por la misma norma. Paradójicamente, la industria del cable, que no es un servicio de radiodifusión propiamente dicho sino un servicio "auxiliar", fue la que más creció. Claro que para la prestación de servicios por cable no se requiere un plan, ya que el vínculo es físico y por lo tanto ilimitado, lo que no ocurre con las frecuencias que deben otorgarse dentro de los límites del espectro radioeléctrico. Frente a la ausencia concreta y actual de un plan nacional de radiodifusión y la posibilidad de ingreso que brinda el actual proyecto a las empresas telefónicas, éstas serán sin dudas las primeras beneficiarias de los procesos licitatorios.
En 1989 la ley 23.696 de Reforma del Estado modificó la ley de Radiodifusión, limitando los sujetos de radiodifusión a personas físicas o jurídicas comerciales legalmente constituidas (artículo 45), eliminando de esta forma a las instituciones sin fines de lucro, que estaban contempladas en el texto original. Esta ley además le otorgó amplias facultades al Poder Ejecutivo para regular la materia e, incluso, para modificar ciertos aspectos que se exaltan en el proyecto de reforma actual. Dichas herramientas, como ya señalé, nunca terminaron de ser utilizadas ni por el gobierno que las produjo ni por los sucesivos gobiernos, pues ninguno logró desarrollar, llevar adelante y concluir un plan de radiodifusión para la asignación de frecuencias. Los pocos procesos licitatorios que se han dado fueron suspendidos por la falta de voluntad política y la propia ineficiencia del Estado, que diseñaba planes de radiodifusión que se tornaban obsoletos antes de su implementación. Resulta irónico que en el país en donde se realizó la primera transmisión radial del mundo la actividad aún no se encuentre debidamente regulada, si tenemos en cuenta que actualmente es mayor el número de prestadores irregulares. Justo resulta aclarar que esta circunstancia no puede ser atribuida a los radiodifusores clandestinos ni a la carencia de normas sino a una verdadera tradición de inactividad o ineficiencia del Estado. El gobierno no requiere de la sanción una nueva ley para ponerse a trabajar: nada le impide elaborar un plan nacional de radiodifusión, llamar a concursos de licencias, controlar las prácticas monopólicas e incluso considerar y resolver favorablemente las solicitudes de licencia ingresadas por algunas instituciones sin fines de lucro, ya que la Corte Suprema de Justicia hace tiempo ha declarado inconstitucional el artículo 45 de la ley de Radiodifusión, que veda la posibilidad de ser licenciatarias a este tipo de instituciones. Nada le impide actualmente al Estado tener su debida participación en los medios y de hecho la tiene a través del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR).
La situación de los medios de comunicación en la Argentina no se ha modificado desde los 90, como muchas otras cuestiones que no son puntual objeto de desarrollo en esta nota, pero la inactividad del Estado en este punto no es precisamente la carencia de una ley sino la ausencia de voluntad política. Sin dudas necesitamos una nueva ley de radiodifusión, aunque una mirada crítica no debe ocuparse sólo de lo que un proyecto de ley nos muestra sino también de lo que nos oculta. Hay ciertos aspectos en este debate que no tienen que ver con el proyecto en sí sino con una forma de hacer política que la mayoría de la ciudadanía no comparte, y lo ha expresado en las urnas el 28 de junio pasado. Esto no es una circunstancia menor y ajena al propio proyecto. La situación de público y explícito conflicto entre el gobierno y los más importantes medios de comunicación del país vician de evidente parcialidad su actual tratamiento y por ello considero que debe ser tratada, debatida y aprobada por la nueva composición del Congreso, luego del 10 de diciembre, lo que abonaría de mayor legitimidad el proyecto y, a la vez, daría oportunidad al gobierno de redimirse de las suspicacias que inspira, en este contexto, su actitud de público enfrentamiento con el Grupo Clarín.
*Abogado, ex asesor del ComFeR y la Comisión de Medios de Comunicaciones y Libertad de Expresión del Senado de la Nación
Fuente: Diario Río Negro
