titución garante de la legalidad en el país) se convierte en ley, Venezuela acelerará su marcha atrás en materia de libertad de expresión.Por: Edgar López
Frank La Rue, relator especial para la libertad de expresión de la ONU, advierte que este tipo de normativas sólo tiene cabida en regímenes en los que priva el fundamentalismo político o religioso. "Este es el mayor retroceso en materia de libertad de expresión desde la restauración de la democracia en América Latina", afirma el representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Lauría.
Mirada al sur. Héctor Faúndez, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UCV, asegura que la propuesta de Ortega se parece a la legislación que impuso Augusto Pinochet contra la prensa en Chile o a algunas medidas violatorias de la libertad de expresión e información durante la España franquista: "No conozco una legislación parecida en países democráticos".
Carlos Lauría también equiparó el proyecto con algunas restricciones a la comunicación ejecutadas en Argentina, en tiempos del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de la doctrina de la seguridad nacional. Desde el Cono Sur se emprendieron las iniciativas más exitosas para recuperar la posibilidad de informar sin temor a represalias.
El asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Francisco Iturrazpe recordó la historia del periodista argentino Horacio Verbitsky, condenado a prisión por utilizar el adjetivo asqueroso para referirse a un magistrado de la Corte Suprema de Argentina.
El caso fue elevado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Se determinó que las leyes de desacato son incompatibles con el ejercicio del derecho a la libre expresión y a la información, por lo cual Argentina accedió a ajustar su legislación penal a los estándares internacionales.
Chile saldó cuentas con la aprobación de una nueva ley de prensa en 2001, la cual derogó una disposición que permitía a los jueces prohibir a los medios referirse a algunos casos policiales o políticos.
En julio, el Parlamento de Uruguay modificó la Ley de Prensa y el Código Penal sobre medios de comunicación, lo cual fue celebrado por varias organizaciones . Se despenalizó la divulgación de información y opinión sobre funcionarios públicos.
La forma y el fondo. Frank La Rue explicó que, por lo general, la penalización de la expresión o la información que existe en países con gobiernos autoritarios se lleva a cabo mediante la incorporación de normas a los respectivos códigos penales. La observación permite advertir la trascendencia de que la fiscal general de la República haya propuesto una ley especial, en vez de una reforma del Código Penal. No sería una formalidad intrascendente, pues pudiera resultar más complicado insistir en reformar el Código Penal, a apenas cuatro años de su última modificación. Además, la nueva ley se presentó como la panacea para detener los supuestos daños que puede causar aquel que utilice un medio de comunicación, según la evaluación discrecional de los hechos por parte de fiscales y jueces. Fiscales y jueces designados y removidos a dedo, que no tienen estabilidad en sus cargos y que están sometidos a todo tipo de presiones como la del Gobierno.
Para la organización Human Rights Watch la propuesta de ley es una "receta para la censura". "Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Enrique Santos, directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, no tiene dudas de que la discusión tendrá dimensión continental. "Es el más grave intento de amordazar a la prensa que ha habido en los últimos años en la región. Si esto no motiva una movilización hemisférica de medios, periodistas y ciudadanos, estaremos siendo espectadores pasivos de la muerte lenta de la libertad de expresión y de la democracia en Venezuela", expresó el editor.
Luisa Ortega estuvo en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional apenas seis días antes de presentar su proyecto de ley de delitos mediáticos.
El 24 de julio, cuando se realizó la sesión con motivo del natalicio del Libertador Simón Bolívar, Ortega estaba en primera fila, escuchando el discurso del presidente Hugo Chávez.
Como todos los presentes, la fiscal general aplaudió cuando el jefe del Estado exigió leyes revolucionarias, con la mayor brevedad posible.
El vocero del Instituto Prensa y Sociedad Ewald Scharfenberg afirmó que los riesgos que implica el proyecto de ley de delitos mediáticos ya causaron eco en otros países y se relacionan con otros intentos de restringir la libertad de expresión, a través de la administración del espacio radioeléctrico en Argentina, Ecuador y Bolivia. En particular, en los dirigidos por gobernantes aliados del presidente Chávez.
Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Chamorro, indicó que en Nicaragua no existe algo parecido a este proyecto, pero que promoverán el debate para impedir que el presidente Daniel Ortega trate de emular al jefe del Estado venezolano.
Fuente: Diario El Nacional
