miércoles, 25 de marzo de 2026

Medios públicos en jaque: 50 años después, la comunicación también está en disputa

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche difundieron una carta abierta en el Día del Trabajador de Prensa y a 50 años del golpe de 1976, en la que alertan sobre el vaciamiento de los medios públicos en Argentina, denuncian recortes y centralización de contenidos en RTA y otros organismos, y advierten sobre el impacto en el derecho a la información y la comunicación en las regiones.
A 50 años del golpe, la comunicación también está en disputa
Hoy, 25 de marzo, en el "Día del trabajador/a de prensa" y a cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesial y empresario en la Argentina, reafirmamos que no hay democracia posible sin derecho a la comunicación. La fecha nos devuelve a la memoria de Rodolfo Walsh, desaparecido por ejercer un periodismo comprometido, y remite también al Estatuto del Periodista de 1944, hoy amenazado por la Reforma Laboral y con posible pérdida de vigencia a partir de enero de 2027.

No se trata solo de acceder a noticias. Se trata de quiénes pueden contar lo que pasa, desde dónde y para quiénes. En un país extenso y profundamente desigual, la brecha informativa no es una abstracción. Se expresa todos los días en territorios donde las voces locales quedan relegadas frente a una lógica centralizada de producción de contenidos. En ese mapa, las 49 emisoras de Radio Nacional constituyen, o constituían, una política pública concreta para garantizar presencia, servicio y producción informativa en cada región.

Porque los medios públicos no son una estructura más. Son, o deberían ser, la casa común de un país. Un espacio donde la diversidad de historias, identidades y contextos encuentra lugar. Hoy, esa casa está siendo vaciada. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, con Javier Milei como presidente, lo que se profundiza es un proceso de desarticulación, recorte y control sobre el sistema de medios públicos que impacta directamente en el derecho a la información de las comunidades. No se trata solo de condiciones laborales, que también se deterioran, sino de algo más profundo. La pérdida de voces, de miradas y de presencia territorial.

El ajuste avanza. En Radio y Televisión Argentina (RTA), la intervención del Poder Ejecutivo a través del Decreto 117/24, prorrogado de manera sistemática, dejó sin funcionamiento al directorio con control bicameral, debilitando los mecanismos institucionales de supervisión. La eliminación de direcciones dentro del organigrama profundizó la centralización y dejó a las 49 emisoras de Radio Nacional sin conducción local efectiva.

A esto se suma una política de reducción de personal que combina retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Desde julio de 2024 hasta febrero de 2026, los programas impulsados apuntan a recortar entre 500 y 600 puestos de trabajo. En paralelo, la precarización salarial y la falta de paritarias erosionan las condiciones laborales, mientras se reducen coberturas y servicios.

En la TV Pública, el impacto es visible en la pantalla. Eliminación de noticieros de fin de semana, cancelación de transmisiones en vivo fuera del horario central y desprogramación de contenidos propios, ficción, cultura, entretenimiento, reemplazados por repeticiones o material enlatado. Incluso avanza un proceso de reconfiguración de identidad, con la intención de quitar la denominación "Pública" del nombre del canal.

En Radio Nacional, el escenario es aún más crítico. La no renovación de contratos afectó a periodistas, locutores, técnicos, productores y trabajadores de distintas áreas. La unificación de señales y la retransmisión de contenidos desde LRA1 Buenos Aires redujeron drásticamente la producción local. En muchos casos, una de las frecuencias AM o FM quedó con transmisión centralizada las 24 horas, generando un verdadero apagón informativo en los territorios.

Ese corrimiento impacta directamente en servicios esenciales. En la Patagonia, por ejemplo, los históricos "mensajes a pobladores rurales" dejaron de emitirse durante fines de semana y feriados.

A esto se suma el control centralizado de contenidos, la suspensión de redes sociales y páginas web de las emisoras desde mayo de 2024, en un proceso denominado de "reestructuración" y la cancelación de convenios de producción con instituciones como el INTA, que garantizaban contenidos de alto valor social.

En este contexto, también se registran hechos de censura explícita. El levantamiento total de la programación de LT12 Paso de los Libres y el corrimiento del aire de una trabajadora de LRA3 Santa Rosa, junto con restricciones para entrevistar a voces críticas del gobierno.

El desmantelamiento no se limita a RTA. La agencia TelAm fue prácticamente desactivada: en marzo de 2024 se suspendió el servicio informativo, se vallaron sus edificios y se avanzó en su transformación en Agencia de Publicidad del Estado (APE), reduciendo su función a la gestión de pauta oficial. La planta de trabajadores fue drásticamente recortada y la intervención se extiende hasta 2027.

En Contenidos Públicos S.E., las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV atraviesan un proceso similar: intervención, apagón digital, paralización de nuevas producciones y reducción de personal. La degradación de la Televisión Digital Abierta en la Patagonia agrava el escenario, afectando el acceso gratuito a contenidos educativos en zonas rurales.

El ENaCom, organismo clave en la regulación, también fue intervenido de manera unipersonal. El cierre de delegaciones provinciales centralizó la gestión en Buenos Aires y dejó sin cobertura operativa a gran parte del país. En enero de 2026, además, se eliminó el FoMeCA, herramienta fundamental para el sostenimiento de medios comunitarios y de pueblos originarios.

La Defensoría del Público, por su parte, enfrenta recortes presupuestarios y amenazas a su autonomía, debilitando su rol en la defensa de las audiencias.

Nada de esto es aislado. Todo forma parte de un mismo proceso. A cincuenta años del golpe, cuando el silencio fue impuesto por la fuerza y la censura fue política de Estado, resulta imposible no trazar paralelismos. Sin equiparar contextos históricos, sí advertimos una preocupación profunda; el debilitamiento de los medios públicos implica también, el debilitamiento de la democracia.

Por eso, como trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche, volvemos a decirlo con la voz en alto. Defender los medios públicos es defender el derecho de las comunidades a informarse, a expresarse y a existir en el mapa mediático del país.

Y en esa defensa, nos encontramos con una consigna que atraviesa generaciones y sigue vigente: Memoria, Verdad y Justicia. Dictadura, nunca más.

Foto: Marcelo Martínez, Diario Río Negro

82 años del Estatuto del Periodista: entre la defensa de derechos y el desafío de su actualización

El 25 de marzo se celebra en la Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. A 82 años de la sanción del Estatuto del Periodista Profesional, los sindicatos de todo el país se unen para reivindicar los derechos que garantiza y exigir al Congreso de la Nación el cumplimiento de su compromiso de renovar la ley 12.908, en el marco de la prórroga vigente hasta el 31 de diciembre:
El 25 de mayo de 1938 los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país reunidos en Córdoba aprobaron el proyecto de lo que años más tarde, el 25 de marzo de 1944 se sancionaría por decreto como el Estatuto del Periodista Profesional. Dos años después, el Congreso de la Nación sancionó la ley 12.908, que a lo largo de los años tuvo múltiples modificaciones.

En su larga historia, el Estatuto del Periodista y el del Empleado Administrativo son el resultado del debate y la construcción colectiva y transversal de todos los sectores del periodismo y de la política: quien primero lo impulsó fue el periodista y diputado radical Víctor Guillot, lo promovieron los socialistas, lo sancionó Perón y lo promulgó como ley el Congreso de la Nación, aunque luego tuvo transformaciones, como la incorporación de la radio y la televisión o, durante el gobierno de Arturo Illia, cuando se introdujo la indemnización especial como una protección del empleo para garantizar la libertad de expresión.

En la llamada "ley de modernización laboral", el gobierno de Milei introdujo la derogación completa de la ley 12.908, lo que se contrapone de cuajo con cualquier propósito renovador. Pero un sector de legisladores y legisladoras propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para dar espacio a un debate serio sobre la norma.

Desde la Federación y los sindicatos de prensa de todo el país expresamos nuestro rechazo a esa derogación, así como también a una prórroga sobre la base de una derogación posterior, pero en todo momento sostuvimos nuestra plena voluntad a realizar propuestas tendientes a actualizar el Estatuto del Periodista, sobre la base de la plena vigencia de los derechos que establece, incorporando las nuevas prácticas y soportes de la comunicación.

Es por eso que estamos trabajando una propuesta integral que contenga aquellos derechos como piso y que incorpore otros nuevos -teletrabajo, inteligencia artificial, plataformas, entre otros-, con el mismo objetivo que el Estatuto tuvo siempre: garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de quienes ejercemos el periodismo, sobre la base de defender el empleo y las condiciones laborales.

Con esa propuesta nos comprometemos a promover un debate profundo con cada sector de la comunicación y con todos los bloques parlamentarios, para defender esa historia de consensos y no darle la espalda a los que son derechos humanos fundamentales en democracia, como la información y la comunicación. Esperamos que todos los legisladores y legisladoras, particularmente quienes propusieron esta prórroga para actualizar el Estatuto del Periodista, hagan honor a su palabra.
República Argentina, 25 de marzo de 2026

A 49 años del asesinato de Rodolfo Walsh, el periodismo recuerda su legado y reivindica a sus trabajadores desaparecidos

En el Día de las y los Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Rosario homenajea a Rodolfo Walsh y convoca a una conferencia para anunciar la recuperación de la identidad de tres trabajadores víctimas del terrorismo de Estado

Hoy se cumplen 49 años del secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, periodista y escritor de enorme compromiso con la información, a la que concebía como un instrumento de conocimiento y, además, como una herramienta capaz de organizar y articular lo social y lo político. Ese compromiso atravesó su apasionado trabajo en distintas redacciones y sus rigurosas investigaciones, que dieron sentido a la elección del 25 de marzo como el Día de las y los Trabajadores de Prensa.

Walsh era ya un periodista y escritor reconocido, pero también perseguido al momento del golpe del Golpe de Estado en Argentina de 1976. Un año después, su profunda reflexión política sobre el horror y el significado de la dictadura quedó plasmada en la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, una pieza en la que datos y narrativa se conjugan con maestría, logrando trascender el paso del tiempo pese a que ningún medio la publicó en su momento.

Su recorrido profesional comenzó como corrector de pruebas y se extendió por diversas publicaciones, como Leoplán, Verdad, Panorama y la emblemática revista Crisis. También dirigió el periódico de la CGT de los Argentinos, a pedido del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, y fue fundador y redactor del diario Noticias entre 1973 y 1974. Entre las investigaciones que más lo marcaron y que logró publicar se encuentran Operación Masacre (1957), considerada la primera novela de no ficción, ¿Quién mató a Rosendo? (1969) y El caso Satanowsky (1973).

Walsh participó además en la fundación y desarrollo de la Agencia Prensa Latina, en Cuba, y contaba con una vasta experiencia cuando impulsó proyectos de prensa clandestina durante la última dictadura. Entre ellos se destacan ANCLA, en la que colaboraban distintos periodistas, y la Cadena Informativa, que él mismo escribía, mimeografiaba y distribuía. En ese contexto, los ataques a medios y trabajadorxs de prensa fueron inmediatos e implacables por parte de militares y civiles golpistas, que necesitaban del silencio o la complicidad de la prensa para desplegar un plan sistemático de muerte y destrucción. Walsh, sin embargo, desafió ese silencio hasta las últimas consecuencias. Sólo Radio Colonia y el Buenos Aires Herald informaron sobre su secuestro.

Hoy, en su nombre y en su memoria, recordamos y homenajeamos a todxs lxs trabajadorxs de prensa, militantes sindicales y miembrxs de comisiones internas que fueron detenidxs, desaparecidxs y asesinadxs por la última dictadura cívico-militar.
Además, el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) organiza una conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo para anunciar la recuperación de la identidad como trabajadores de prensa de tres compañeros víctimas del terrorismo de Estado y de la última dictadura militar. El encuentro se realizará a las 18 en el Museo de la Memoria.

lunes, 23 de marzo de 2026

Una orden telefónica desde Buenos Aires dejó sin programación local a LT12 en Paso de los Libres

La mañana del miércoles 18 de marzo no fue una más para los trabajadores de LT12 Radio General Madariaga, en Paso de los Libres. Lo que debía ser el inicio de una jornada habitual terminó convirtiéndose en el comienzo de un conflicto que hoy mantiene en estado de alerta y movilización a toda la planta, en medio de incertidumbre, versiones cruzadas y una marcada ausencia de explicaciones oficiales.

Según reconstruyó la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), ese día los trabajadores de prensa se encontraron con una situación "totalmente anómala": la suspensión de toda la programación local de la emisora AM 840. La medida, aseguran, fue dispuesta de manera arbitraria y comunicada a través de un llamado telefónico desde Buenos Aires, sin ningún tipo de notificación formal, escrita o institucional.

La decisión implicó, de hecho, el cese inmediato de las funciones de periodistas, operadores y demás trabajadores vinculados a la producción local, generando un clima de zozobra dentro de una emisora que emplea a más de 25 personas en la localidad correntina.

Pero la magnitud del conflicto no puede entenderse sin el peso histórico que tiene LT12 en la región. Durante décadas, en un contexto de escasa infraestructura comunicacional, la emisora fue prácticamente el único puente informativo para vastas zonas rurales ubicadas hasta 100 kilómetros a la redonda de Paso de los Libres. Para muchas familias, la radio no solo era una fuente de noticias, sino también una herramienta cotidiana de contacto, integración y pertenencia.

Además, LT12 cumplió un rol clave en la construcción de identidad cultural en la frontera. En un territorio expuesto a la fuerte influencia de los grandes medios brasileños, la emisora se consolidó como una voz propia del sur correntino, sosteniendo contenidos locales y regionales durante más de 74 años de transmisión ininterrumpida en el aire provincial.

Esa historia también estuvo atravesada por dificultades. A lo largo de las décadas, los trabajadores de la radio debieron enfrentar los vaivenes políticos que impactaron en los medios públicos, defendiendo la continuidad de la emisora y sus funciones en distintos contextos.

En ese marco, la situación actual adquiere una dimensión aún más sensible. La sorpresa del miércoles 18 fue tan grande como la falta de respuestas. Ni los mecanismos formales de comunicación de la emisora —propiedad del Estado nacional— fueron utilizados, ni hubo autoridades que pudieran explicar con claridad qué motivó la interrupción del aire local. Incluso quien se desempeña como coordinadora en la radio no pudo brindar precisiones sobre el alcance ni los objetivos de la orden.

Con el correr de las horas, la incertidumbre se transformó en preocupación concreta: la posibilidad de que las fuentes laborales estuvieran en riesgo comenzó a instalarse entre los trabajadores, en un contexto donde el silencio oficial no hacía más que profundizar las dudas.

Las averiguaciones internas tampoco arrojaron resultados claros. De acuerdo con lo expresado por la APC, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales de la radio, lo que reforzó la percepción de que se trataba de una decisión intempestiva, sin sustento administrativo visible.

El viernes 20 de marzo, lejos de normalizarse la situación, el escenario se mantuvo sin cambios. La programación local continuó suspendida y, en paralelo, se sumó otro elemento que impacta en la dinámica laboral: la falta de pago de horas extras y de jornadas en días feriados. En ese marco, la actividad habitual de la emisora recién se retomaría —al menos en lo formal— el miércoles 26.

Ese mismo viernes, los trabajadores, nucleados en la Asociación de Periodistas de Corrientes, realizaron una asamblea para analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. Allí dejaron asentado que, pese a la suspensión de la programación, continuaron presentándose en sus puestos de trabajo en los horarios asignados.

Sin embargo, no se les permitió salir al aire. Según detallaron, los operadores no habilitaron la transmisión en cumplimiento de órdenes impartidas telefónicamente por la gerente de Emisoras, Gabriela Mambretti, quien habría dado la instrucción el miércoles 18, pasado el mediodía.

La ausencia de una comunicación oficial por los canales correspondientes fue uno de los puntos más cuestionados por los trabajadores. Consideran que una decisión de tal magnitud, que afecta tanto en lo individual como en lo colectivo, no puede sostenerse únicamente en directivas verbales o mensajes informales.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de la medida. Tras consultas realizadas por los propios trabajadores, se les habría indicado que la decisión de la Dirección de Emisoras respondería a supuestos "malos tratos hacia la coordinadora de programación".

La respuesta del personal fue inmediata y categórica. Rechazaron de plano esas acusaciones y defendieron su desempeño profesional, asegurando que siempre se desarrolló en un marco de responsabilidad, respeto institucional y cumplimiento de las normas laborales vigentes. También remarcaron que en ningún momento se utilizó el espacio radial para agraviar o perjudicar a persona alguna.

Para los trabajadores, la forma en que se adoptó la medida refuerza la idea de que se trata de una decisión "arbitraria, unilateral y carente de sustento formal". Subrayan que, hasta el momento, no existe ninguna notificación escrita, resolución administrativa ni disposición institucional que respalde la suspensión de la programación local.

En ese contexto, el conflicto trasciende lo inmediato. Dentro de la emisora comienza a tomar fuerza una preocupación de fondo: que esta situación sea el inicio de un proceso de vaciamiento de funciones. Un escenario que, advierten, podría derivar en traslados, retiros obligados o incluso despidos.

La combinación de incertidumbre laboral, falta de información oficial y medidas adoptadas sin respaldo documental configura, según la APC, un cuadro de vulnerabilidad para todo el personal de la radio.

Frente a este panorama, la asamblea de trabajadores resolvió avanzar en un reclamo formal ante la Dirección de Emisoras y las autoridades de Radio y Televisión Argentina S.A.U. El objetivo es claro: que se ratifique o rectifique la medida por escrito, detallando sus fundamentos, alcances y consecuencias.

Mientras tanto, la emisora continúa atravesando una situación atípica, con su programación local suspendida y su personal en funciones limitadas, a la espera de definiciones.

A la espera de respuestas por las vías institucionales y administrativas correspondientes, los trabajadores decidieron mantenerse en estado de asamblea permanente. No descartan, además, la posibilidad de impulsar acciones gremiales y legales para resguardar sus derechos laborales y garantizar la continuidad del funcionamiento de la radio.

Lo que comenzó con un llamado telefónico sin mayores explicaciones se convirtió, en pocos días, en un conflicto que no solo pone en discusión la continuidad de una programación histórica en el sur correntino, sino también el futuro de una emisora que, durante más de siete décadas, fue mucho más que un medio: un servicio esencial, una herramienta de integración y una voz propia en la frontera.

Denuncias por recortes, centralización y pérdida de voces federales
Desde la asunción del presidente Javier Milei, el sistema de medios públicos en Argentina atraviesa un proceso de cambios profundos que ha generado preocupación y rechazo en distintos sectores del periodismo. Gremios y trabajadores denuncian una política de recortes, centralización de contenidos y debilitamiento de las estructuras federales de comunicación.

Entre las primeras medidas adoptadas por el Gobierno nacional se encuentra la intervención de la TV Pública y de Radio Nacional Argentina, en el marco de un proceso definido oficialmente como de "reorganización". Según las denuncias, esta intervención implicó la limitación de operaciones, el apagado de redes sociales y sitios web de los medios públicos, y una progresiva concentración de la producción en la ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2024, el Ejecutivo dispuso formalmente la intervención de los medios públicos por el plazo de un año, con el objetivo de elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción. Poco después, el 1° de marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei anunció el cierre de la agencia estatal TelAm, una de las principales fuentes informativas del país. La decisión incluyó la interrupción del servicio informativo y la puesta en disponibilidad de la totalidad de su planta de trabajadores.

El impacto de las medidas también se hizo sentir con fuerza en Radio Nacional, una red compuesta por 49 emisoras distribuidas en todo el territorio argentino, que incluye estaciones AM, FM y de onda corta, muchas de ellas con programación y servicios informativos propios. En numerosas localidades —especialmente aquellas sin acceso pleno a internet— estas radios representan el único medio de comunicación capaz de conectar a las comunidades.

Sin embargo, según denuncian trabajadores y gremios, gran parte de la programación local de estas emisoras fue levantada y reemplazada por contenidos producidos en Buenos Aires, particularmente desde la señal de AM 870. Esta decisión, sostienen, profundiza la centralización del sistema, reduce la producción local y debilita el federalismo informativo.

Además, se dispuso la suspensión de horas extras, lo que impacta directamente en la cobertura de noticias, transmisiones deportivas y programas durante fines de semana y feriados. Para los trabajadores, estas medidas no solo implican un ajuste presupuestario, sino también un proceso de vaciamiento que afecta la capacidad de las emisoras para generar contenidos propios.

En este contexto, distintas organizaciones gremiales advirtieron sobre un "silencio informativo" que perjudica tanto a los trabajadores como a las audiencias, al limitar el acceso a una pluralidad de voces y miradas regionales.
Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en la provincia de La Pampa, donde la periodista Mariana Cornejo (foto) fue desplazada de la conducción del programa "Rebeldes sin cauce", que se emitía por Radio Nacional Santa Rosa. Tras seis años al frente del ciclo, la profesional fue reubicada en el área de producción bajo el argumento de una reestructuración.

La decisión fue rechazada por el Sindicato de Prensa, que la calificó como arbitraria y la enmarcó en un proceso más amplio. "Este hecho no es aislado. Se da en un preocupante contexto nacional donde se intenta disciplinar el pensamiento y acallar aquellas voces que no se sumen al coro oficialista", señalaron.

En el mismo sentido, advirtieron sobre el rol que deben cumplir los medios públicos en una sociedad democrática. "La radio pública debe ser, por definición, el espacio de la pluralidad, el disenso y la construcción democrática; transformarla en una herramienta de propaganda o censura es un retroceso institucional inaceptable", expresaron.

Asimismo, remarcaron que la invisibilización de trabajadores de prensa no solo vulnera derechos laborales, sino que también impacta de manera directa en el derecho a la información de la ciudadanía. "No hay libertad de expresión posible si el precio por informar con mirada crítica es el silenciamiento", concluyeron.

En este escenario, el proceso de reestructuración de los medios públicos continúa generando tensiones en todo el país, con un eje central en la disputa entre el objetivo oficial de reducir y reorganizar el sistema y las denuncias de trabajadores que advierten sobre un retroceso en el acceso a la información federal y plural.

A 50 años del golpe, Misiones impulsa una ley contra el negacionismo: memoria, verdad y límites

El proyecto presentado por el Partido Agrario y Social (PAyS) en la Legislatura provincial, con el respaldo de más de 30 organizaciones de derechos humanos, propone prevenir, erradicar y sancionar expresiones negacionistas vinculadas al terrorismo de Estado mediante regulaciones específicas para funcionarios, capacitación obligatoria y un régimen disciplinario. La iniciativa se enmarca en los 50 años del golpe de 1976 y en estándares del derecho internacional.

Domingo 22 de marzo de 2026. En el marco del 50 aniversario del último golpe cívico-militar-religioso en Argentina, un espacio político de Misiones ingresó a la Legislatura un proyecto de ley de memoria democrática orientado a prevenir, erradicar y sancionar el negacionismo en el ámbito de la función pública. La iniciativa no solo se inscribe en el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino que también busca establecer reglas claras sobre el comportamiento estatal frente a hechos que ya no pertenecen al terreno de la opinión, sino al de la verdad judicial y el derecho internacional.

El bloque del Partido Agrario y Social (PAyS), bajo el expediente D-69688-26, presentó el proyecto denominado "Ley de Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública", con las firmas de los diputados Cristian Castro, Héctor "Cacho" Bárbaro y Elvani Goring. La propuesta cuenta con el respaldo de más de treinta y cinco organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, y con el acompañamiento de la diputada nacional Fernanda Miño, quien subrayó la necesidad de consolidar políticas públicas que fortalezcan los consensos democráticos construidos desde 1983.

El eje central del proyecto es establecer un marco normativo específico dentro de la administración pública provincial para sancionar toda manifestación que niegue, justifique, minimice o banalice los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En términos operativos, la iniciativa define como negacionistas no solo las expresiones explícitas de negación, sino también formas más sutiles de relativización o equiparación entre víctimas y victimarios.

En ese sentido, la propuesta regula de manera precisa el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas. Prohíbe la difusión, reproducción o promoción de contenidos negacionistas mediante el uso de recursos, espacios o investiduras estatales. La restricción alcanza intervenciones en actos oficiales, ámbitos educativos, medios de comunicación, así como publicaciones en redes sociales o plataformas digitales cuando estén vinculadas al ejercicio de la función.

El proyecto incorpora además un capítulo de protección simbólica e institucional. Allí se establece la prohibición de exhibir símbolos, imágenes o realizar actos que impliquen reivindicación del terrorismo de Estado en edificios públicos, oficinas, vehículos oficiales o canales de comunicación estatal. En estos casos, se dispone el cese inmediato de la conducta y la remoción de los elementos considerados incompatibles con los principios democráticos.

Otro de los pilares de la iniciativa es la formación obligatoria, periódica y permanente en derechos humanos, memoria histórica y terrorismo de Estado para todo el personal de la administración pública provincial. El incumplimiento de estas instancias podrá ser considerado falta disciplinaria, dentro de un esquema de sanciones progresivas que va desde apercibimientos hasta cesantías o exoneraciones, según la gravedad de los hechos.

Desde los sectores impulsores remarcan que se trata de una construcción colectiva sostenida durante años por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones del campo social misionero. Entre las entidades que respaldan el proyecto se encuentran la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma Misiones, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y MuMaLA, junto a espacios académicos y cátedras universitarias.

La iniciativa no avanza sobre el plano penal —reservado al Congreso de la Nación—, sino que se inscribe en el ámbito administrativo, disciplinario e institucional, donde las provincias tienen competencia directa. En ese marco, busca fijar estándares de conducta acordes a los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado argentino.

La necesidad de legislar contra el negacionismo
En la línea de legislar contra el negacionismo y la promoción del terrorismo de Estado, emergen ejes como el derecho a la verdad, los límites democráticos y los estándares internacionales.

La discusión sobre el negacionismo no constituye una controversia ideológica más ni un debate historiográfico abierto. En Argentina, los crímenes del terrorismo de Estado fueron probados en sede judicial, calificados como delitos de lesa humanidad y juzgados conforme a estándares internacionales. Esto implica consecuencias jurídicas concretas: son imprescriptibles, no amnistiables y su persecución es obligatoria para el Estado.

Desde esta base, el negacionismo no es solo una opinión incómoda o provocadora, sino una forma de distorsión deliberada de hechos jurídicamente establecidos, que impacta directamente sobre derechos reconocidos. Entre ellos, el llamado "derecho a la verdad", desarrollado por el sistema interamericano de derechos humanos y reconocido en múltiples fallos de la Corte Interamericana. Este derecho no pertenece únicamente a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto, que tiene derecho a conocer lo ocurrido y a preservar la memoria colectiva como garantía de no repetición.

Organismos internacionales como las Naciones Unidas han establecido, a través de principios y relatorías específicas, que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la negación de violaciones graves a los derechos humanos. En particular, los "Principios para la lucha contra la impunidad" señalan que la preservación de la memoria y la difusión de la verdad son componentes esenciales de cualquier sistema democrático.

En Europa, diversos países avanzaron en legislación contra el negacionismo del Holocausto y otros genocidios. Estas normas no se interpretan como restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, sino como límites razonables cuando están en juego derechos fundamentales, la dignidad de las víctimas y la estabilidad del orden democrático. El principio jurídico es claro: ningún derecho es absoluto, y la libertad de expresión no protege discursos que lesionan derechos de terceros o socavan el sistema democrático.

En el caso argentino, este debate adquiere una dimensión particular. Muchos de los delitos cometidos durante la dictadura continúan teniendo efectos en el presente: personas que aún no recuperaron su identidad, familias que siguen buscando a desaparecidos y procesos judiciales en curso. En ese contexto, el negacionismo interfiere activamente en procesos de verdad y justicia que siguen abiertos.

Desde una perspectiva constitucional, además, el proyecto encuentra sustento en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica que las provincias, en el ejercicio de sus competencias, deben adecuar su normativa a esos estándares, incluyendo la obligación de prevenir violaciones y garantizar la memoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sido clara al convalidar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del Estado de investigarlos y sancionarlos. En ese marco, cualquier discurso que tienda a negar o relativizar esos hechos entra en tensión con obligaciones jurídicas ya asumidas.

Por otra parte, la regulación específica en el ámbito de la función pública responde a un principio básico del derecho administrativo: quienes ejercen funciones estatales no lo hacen a título personal, sino como representantes del Estado. Por lo tanto, su conducta debe ajustarse a los principios de legalidad, ética pública y respeto a los derechos humanos. No se trata de limitar opiniones privadas, sino de establecer estándares cuando se actúa en nombre del Estado.

El negacionismo, en este contexto, no solo afecta la memoria histórica, sino que también erosiona los consensos mínimos que sostienen la convivencia democrática. Si se debilita la idea de que el Estado no puede ejercer violencia ilegal sobre sus ciudadanos, se debilita el núcleo mismo del pacto democrático.

Legislar en esta materia implica proteger hechos probados judicialmente y reconocidos internacionalmente, lejos de pretender imponer una versión oficial de la historia, y establecer límites claros frente a discursos que pueden habilitar nuevas formas de violencia simbólica o institucional.

En este contexto, la ley que Misiones comienza a debatir busca algo más profundo que sancionar conductas individuales: intenta reafirmar un principio estructural. Que la democracia, además de ser un sistema electoral, es un conjunto de valores, reglas y límites que deben defenderse activamente. Y que entre esos límites hay uno innegociable: el rechazo absoluto al uso ilegal de la violencia por parte del Estado.

Ese principio, como toda base de la vida democrática, se sostiene en la memoria, pero también en el respaldo de una ley.
Foto: Luis Robayo/AFP vía Getty Images
Fuente: Misiones Plural

sábado, 21 de marzo de 2026

Arderá la memoria: las voces de las Madres de Rosario en un documental imprescindible a 50 años del golpe

En Aire Libre Radio Comunitaria, dentro del programa Señales, la mañana transcurría con el pulso de una fecha cargada de sentido: a medio siglo del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico, la memoria volvía a ocupar el centro de la escena. Entre actividades en escuelas, bibliotecas, sindicatos y centros culturales, la circulación de materiales documentales se afirmaba como una forma activa de sostener la historia. En ese marco, emergía una obra que, con el paso del tiempo, se había vuelto indispensable: Arderá la memoria.

El periodista introdujo la conversación situando el documental como una pieza clave dentro de ese entramado de iniciativas conmemorativas. La película, centrada en las voces de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, tendría una nueva proyección el domingo 22 de marzo a las 18 en el El Cairo Cine Público, con entrada gratuita. Del otro lado de la comunicación, Marianela Scocco, productora e investigadora del film, reconstruía la historia de una obra que, dieciséis años después de su estreno en 2010, no había perdido vigencia.

Scocco evocaba aquel contexto inicial como un tiempo atravesado por el auge de las políticas de memoria y el comienzo de los juicios de lesa humanidad en Rosario. En ese clima, un grupo de jóvenes que acompañaba a las Madres en sus rondas de los jueves empezó a advertir algo urgente: esas voces estaban en riesgo de perderse. Muchas de ellas ya eran muy mayores; otras habían fallecido. La necesidad de registrar sus testimonios se volvió entonces una tarea impostergable. El documental nació de ese impulso: preservar la palabra viva, construir un archivo que capturara sus historias en primera persona.
La decisión estética acompañó esa búsqueda. No habría voz en off. La narración quedaría completamente en manos de las propias Madres, a través de entrevistas que, en aquel momento, aún podían realizarse con cinco o seis de ellas. A ese material se sumaron fragmentos de archivo —imágenes y registros de quienes ya no estaban—, componiendo un tejido donde la memoria se sostenía, literalmente, en las voces de sus protagonistas. Con el tiempo, esa intuición inicial se volvió certeza dolorosa: poco después del rodaje, todas las Madres fallecieron. El documental, decía Scocco, se convirtió así en un lugar donde volver a encontrarlas.

A lo largo de los años, la película construyó un recorrido amplio. Se proyectó en escuelas, clubes, centros culturales y salas de cine, tanto en el país como en el exterior. Su duración —45 minutos— resultó, según la productora, una clave para su llegada a públicos diversos, especialmente a jóvenes. Contra ciertos prejuicios sobre la atención de las nuevas generaciones, la experiencia repetida fue la de una escucha profunda, atenta, atravesada por preguntas. Cada proyección derivaba en conversaciones, muchas veces con estudiantes, que encontraban en el documental una puerta de entrada a la historia reciente.

Hubo un tiempo, recordaba Scocco, en que esas instancias de intercambio contaban con la presencia de las propias Madres. Ellas asistían a las escuelas y dialogaban con los estudiantes, generando momentos de una intensidad difícil de replicar. Sin embargo, el lenguaje audiovisual, con su capacidad de transmitir no solo información sino también sensibilidad, permite hoy que algo de esa experiencia persista. "No es lo mismo que las puedan ver y sentir", sugería, subrayando una dimensión que excede las palabras.
El film, disponible también en plataformas digitales, adquiere otra dimensión en la sala oscura. Verlo en el cine —insistía— potencia su impacto. Y no solo por la imagen: la música original, compuesta por Matías Díaz, constituye uno de sus elementos más conmovedores. Las piezas, creadas especialmente para la película, acompañan momentos clave, como la enumeración de los nombres de los desaparecidos, generando una carga emocional que muchos espectadores destacan. La canción final, también de su autoría, sintetiza ese trabajo atravesado por el compromiso.

La dirección de Eugenio Maglioca aportó una mirada que, según Scocco, se distingue especialmente en el tratamiento sonoro respecto de trabajos anteriores como No somos héroes. Pero más allá de los aspectos técnicos, la productora insistía en una idea: el documental está atravesado por el amor y por una ética militante. Ese espíritu se expresa también en las decisiones narrativas, como la inclusión de la militancia política de los hijos e hijas de las Madres. En un momento en que ese aspecto aún no era tan visibilizado, el equipo optó por incorporarlo como una forma de reivindicación integral: no solo de las Madres, sino también de los proyectos políticos de esa generación.

Esa elección abre, todavía hoy, discusiones en los espacios de proyección. Las preguntas de los jóvenes —sobre organizaciones como Montoneros o el ERP, sobre la lucha armada, sobre el contexto político de la época— habilitan debates que el documental no esquiva. Al contrario, los promueve como parte de una comprensión más amplia del período, incluyendo también a otros sectores perseguidos por la dictadura: trabajadores, estudiantes, militantes sociales.

Realizada con recursos mínimos, casi de manera artesanal, la película es también testimonio de una práctica colectiva. El equipo, joven e inexperto en su mayoría, logró concretarla gracias a aportes solidarios y al acompañamiento de quienes compartían ese espacio con las Madres. Scocco lo resumía como un trabajo "a pulmón", donde la falta de medios se compensó con convicción.
La nueva proyección en El Cairo se inscribe en ese mismo horizonte. Al tratarse de una función gratuita —como es habitual en ese espacio los domingos—, se espera una sala llena, por lo que se recomienda asistir con anticipación para retirar entradas. La actividad no se agota en la exhibición: tras la película, se abrirá un espacio de intercambio con sus realizadores, prolongando ese gesto que ha acompañado al documental desde sus inicios.

A cincuenta años del golpe, Scocco situaba el sentido profundo de la convocatoria: recordar a las Madres no solo como figuras del pasado, sino como protagonistas de una lucha que sigue interpelando el presente. En su mirada, reivindicarlas implica también recuperar los proyectos por los que pelearon sus hijos e hijas, y pensar en las deudas aún abiertas: las desigualdades, los derechos vulnerados, las condiciones de vida de amplios sectores. La memoria, en ese sentido, no es un ejercicio estático, sino una práctica viva.

Así, Arderá la memoria vuelve a proyectarse no como una pieza cerrada, sino como un dispositivo en movimiento. Un puente entre generaciones, una herramienta pedagógica y, sobre todo, un espacio donde las voces que ya no están siguen diciendo.

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El Vilela en tensión: el corazón de la salud pública rosarina frente a una crisis silenciosa

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela no es solo un lugar donde se atiende la salud: es el corazón del sistema público que cuida a niños y niñas de Rosario y de gran parte del sur de la provincia. Sin este hospital, la atención pediátrica en la región sería muy distinta. Allí, pacientes, familias, médicos y trabajadores reconocen en el Vilela un pilar fundamental, capaz de sostener desde consultas cotidianas hasta cuadros de alta complejidad que requieren equipos especializados y tecnología específica. En un sistema donde no todos cuentan con cobertura privada, el hospital funciona como una garantía concreta de acceso a la salud infantil, especialmente para los sectores más vulnerables.

Pero su importancia no se agota en lo asistencial. El hospital también es un espacio de formación de profesionales, un punto de referencia para derivaciones regionales y un lugar profundamente arraigado en la vida de la ciudad. Generaciones de familias rosarinas lo reconocen como escenario de momentos críticos, pero también de recuperación y cuidado. En ese punto donde se juntan la medicina, la comunidad y el Estado, el Vilela se vuelve una institución clave. No solo por todo lo que logra cada día, sino también por lo que significa para la ciudad.

Cuando las tensiones empiezan a hacerse visibles
Pero esa misma estructura, que es motivo de orgullo en Rosario, ahora está bajo presión. Las tensiones empiezan a notarse, y cada vez son más difíciles de ignorar. No se trata de un conflicto aislado ni reciente, sino del resultado de un desgaste acumulado que, puertas adentro, las trabajadoras y los trabajadores vienen señalando desde hace tiempo. En ese contexto, las voces de quienes lo habitan todos los días comenzaron a organizarse y a salir del ámbito hospitalario.

Fue así como, en el estudio de estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, el conflicto encontró una forma de narrarse en primera persona. En las Señales, profesionales del hospital pusieron en palabras lo que hasta hace poco circulaba en pasillos, guardias y reuniones informales: el diagnóstico de una crisis que ya no puede postergarse y la decisión colectiva de hacerla visible.
Las voces que comienzan a organizarse
Las voces de María José Benetti y Josefina Rodríguez, profesionales del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, llegaban con la claridad de quienes ya no podían postergar lo que tenían para decir. No hablaban solo por ellas, sino como parte de un colectivo que, casi sin proponérselo, había empezado a organizarse.

Todo había comenzado, según relataban, de una manera espontánea. Más que una convocatoria formal, fue una reunión que surgió de la necesidad compartida. En realidad, explicaban, la crisis en el sistema de salud no era nueva. Desde hacía años, distintos sectores del hospital —profesionales, camilleros, mucamas— venían realizando reclamos aislados, pedidos de reconocimiento que no encontraban respuesta ni espacios de escucha. En el caso de ellas, pediatras, el año anterior había estado marcado por intentos reiterados de diálogo que nunca llegaron a concretarse.

El punto de quiebre fue el cierre reciente de la paritaria. Allí, decían, todo lo acumulado terminó por desbordar. Las conversaciones informales, los momentos de queja compartida entre pasillos y guardias, el desgaste sostenido, derivaron finalmente en una decisión: reunirse. Convocaron también a los delegados sindicales, que estuvieron presentes en ese primer encuentro. De esa instancia surgió una definición clave: declararse en asamblea permanente como trabajadores del hospital, con el objetivo de discutir y organizar medidas que permitieran recomponer los salarios.

Desde entonces, la escena se repite cada lunes al mediodía en la puerta del hospital. Sin cortar el tránsito ni interrumpir la dinámica de la ciudad, se hacen visibles con carteles y ruido, intentando que su situación deje de ser invisible. En paralelo, acordaron junto al sindicato una movilización prevista para el 30 de marzo, cuya modalidad —con o sin paro— aún estaba por definirse.
Salarios, sobrecarga y un sistema exigido al límite
El reclamo, insistían, es tan básico como urgente. Como pediatras, perciben salarios que no alcanzan los dos millones de pesos, una cifra que queda por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica familiar. Citaban estudios que ubican ese umbral entre los dos millones y medio y más de tres millones de pesos para una familia tipo. La brecha no es menor: "no llegamos, y no llegamos por mucho", dejaban en claro.

Esa insuficiencia salarial tiene consecuencias directas. Obliga a multiplicar las horas de trabajo, a sostener más de un empleo o a extender jornadas dentro del propio hospital. En su campo, eso significa turnos de 12 o 24 horas, con el desgaste físico y mental que implica. Todo esto ocurre en un contexto donde la demanda no deja de crecer. Cada vez más personas recurren al sistema público, no solo quienes perdieron su trabajo y cobertura, sino también quienes, aun teniendo obra social, optan por atenderse allí. Según señalaban, cerca del 50% de quienes cuentan con cobertura privada están utilizando el sistema público.

El fenómeno no es exclusivo de un área, pero en pediatría adquiere un peso particular. No consideran casual que el proceso de organización haya surgido en un hospital pediátrico. Allí, decían, el compromiso emocional es profundo: trabajar con niños y niñas implica una carga afectiva que intensifica cada situación. En tiempos de crisis, los hospitales —y especialmente los pediátricos— se convierten en el primer lugar donde se hacen visibles las desigualdades más duras.
Una demanda que no deja de crecer
Cuando la demanda no para de crecer, las y los trabajadores, que viven la misma crisis que los pacientes, tratan de responder, el sistema se acerca a un límite. Ya lo advertían. Y la preocupación ya no es solo salarial, sino estructural: qué sistema de salud encontrará la población si quienes lo sostienen llegan al colapso. Porque, como subrayaban, cualquier persona que acude a una consulta espera ser atendida por alguien lúcido, descansado, en condiciones. Y eso, hoy, no está garantizado.

Por eso, el sentido del reclamo excede el ingreso mensual. Lo que está en juego, sostenían, es la defensa de la salud pública tal como se la conoce y se la valora en la ciudad. No se trata únicamente de cuestionar el último aumento —un 16% escalonado en seis meses que describen como "una cachetada"— sino de un deterioro acumulado a lo largo de años.

La estrategia, remarcan, es colectiva y articulada con los representantes sindicales. También tiene un alcance amplio: no se trata de un sector aislado. El reclamo incluye a todos los trabajadores y las trabajadoras del hospital. La experiencia les había demostrado que las demandas fragmentadas no daban resultados. Por eso, el planteo es conjunto e involucra a todo el personal: desde mantenimiento y cocina hasta enfermería, administración, profesionales médicos y el resto de quienes habitan el Vilela.

En esa unidad encuentran también el sentido de su lucha. Porque, como concluyen, el hospital —y la salud pública en general— no es obra de un solo grupo, sino el resultado del trabajo cotidiano de todos sus integrantes. Y el malestar que hoy expresan no es individual ni sectorial: es el reflejo de un sistema que, poco a poco, empezó a tensarse al límite.

La conversación avanzaba y, a medida que se profundizaba el relato, la dimensión del conflicto empezaba a tomar forma concreta. Dentro del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, explicaban, no resultaba sencillo precisar una cifra exacta de trabajadores, pero sí podían dar una referencia clara: solo en esa primera instancia de organización habían logrado reunir a unas 800. Ese número, sugerían, servía también para dimensionar algo más amplio: el peso de la salud pública en Rosario.

Porque, como señalaban, muchas veces la magnitud del sistema pasa inadvertida. La ciudad sostiene una red extensa, con múltiples hospitales y más de medio centenar de centros de salud, una estructura que la convierte en un caso singular dentro del país. La salud pública, insistían, no es solo un servicio: es un emblema construido históricamente por sus trabajadores y trabajadoras. Y es justamente por eso que duele, decían, la falta de reconocimiento.

El contraste con lo ocurrido durante la pandemia era inevitable. Recordaban cómo, en aquel momento, el sistema sanitario de la ciudad había sido ampliamente valorado, con un reconocimiento generalizado al trabajo de todos los efectores. Sin embargo, esa visibilidad parecía haberse diluido con el tiempo. Hoy, en cambio, perciben una suerte de indiferencia frente a las mismas condiciones que, incluso, se han vuelto más complejas.

Desde su lugar en pediatría, una de ellas sumaba un dato que encendía alarmas: cada vez hay menos especialistas en esa área, y recientemente se habían conocido informes que mostraban un aumento de la mortalidad infantil en el país. En ese contexto, sostenía, cuidar la salud pública debería ser una prioridad urgente. Más aún en un escenario nacional que describía como de retirada del Estado, con faltantes de insumos, medicamentos y el debilitamiento de programas sanitarios.

Aun así, el hospital como institución logra sostenerse. No sin dificultades, pero con una inercia que combina esfuerzo cotidiano y algunos avances puntuales. Mencionaban obras en marcha, como la construcción de un nuevo hospital de día y mejoras en el área de oncología. También señalaban el crecimiento de ciertos servicios, como la cirugía cardiovascular. Son, decían, pasos pequeños dentro de un contexto adverso, pero que reflejan una intención de sostener y mejorar la atención.
Lo que está en juego: una construcción colectiva
Ese esfuerzo cobra mayor dimensión cuando se comprende el rol del hospital dentro del sistema. El Vilela no es un efector más: es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel, que funciona como centro de referencia para gran parte del sur de la provincia. Allí se realizan trasplantes de médula ósea, cirugías cardiovasculares y sus posteriores recuperaciones, y se concentran áreas clave como la neurocirugía pediátrica. Es, en muchos casos, el lugar al que llegan las situaciones más complejas.

Sin embargo, esa capacidad técnica convive con una tensión creciente. La calidad del servicio, advertían, no es ajena al desgaste de quienes lo sostienen. Las jornadas extendidas, las horas extras acumuladas y el cansancio empiezan a plantear un interrogante inevitable: cuánto tiempo puede sostenerse ese ritmo. Y más aún, qué ocurrirá si ese límite se cruza. La posibilidad de que profesionales migren hacia otros espacios con mejores condiciones ya no parece lejana.

En ese marco, la asamblea permanente que habían decidido constituir adquiere un sentido concreto. No se trata solo de una definición simbólica, sino de una dinámica de organización continua. Mantienen reuniones semanales —habitualmente los lunes al mediodía, aunque adaptadas por feriados— en la puerta del hospital, y sostienen un contacto permanente entre los trabajadores. La movilización prevista busca ampliar esa base: no solo convocar a los efectores de salud, sino también al conjunto de los trabajadores municipales y a la comunidad.

Un punto que subrayan con énfasis es que estas acciones no afectan la atención. Las actividades se realizan fuera del horario laboral, y el funcionamiento del hospital continúa con normalidad: turnos, guardias e internaciones se sostienen sin interrupciones. La intención, remarcan, es visibilizar sin perjudicar a quienes dependen del sistema.
La articulación con otros espacios también empieza a consolidarse. Relatan que trabajadores de otros hospitales y centros de salud se han ido acercando, interesados en sumarse o replicar la experiencia. Mencionan vínculos con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el Hospital Carrasco, entre otros, donde también se desarrollan procesos similares. En muchos casos, las asambleas surgieron de manera espontánea; en otros, fueron impulsadas por el propio gremio. Pero el diagnóstico es común y el malestar, compartido.

Esa convergencia empieza a dar forma a una unidad incipiente dentro del sistema de salud pública. Los reclamos ya no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un mismo proceso. Y, según describen, basta con que alguien dé el primer paso para que otros se sumen: preguntas, contactos, participación en reuniones. Una red que se va tejiendo desde abajo.

Hacia el final, el mensaje se dirige directamente a la comunidad. No hay reclamos abstractos ni demandas lejanas. Lo que piden es, ante todo, apoyo. Apelan a la experiencia de quienes alguna vez encontraron respuestas en el hospital, a quienes fueron atendidos en momentos difíciles. Recuerdan que, en cada consulta, el compromiso no se limita a lo médico: también abarca lo social, lo humano, la escucha.

Ahora, dicen, es el momento inverso. Así como ellos sostienen cotidianamente ese entramado de cuidados, necesitan que la sociedad acompañe su reclamo. No con más que eso: con presencia, con respaldo, con la conciencia de que lo que está en juego excede a un sector. Al final, mantener este sistema es parte de la historia de Rosario. Lo construyeron entre todos, lleva décadas funcionando y está muy ligado a la ciudad democrática que la gente reconoce como propia.

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viernes, 20 de marzo de 2026

La prensa bajo presión: AdEPA alertó por hostigamiento y discursos estigmatizantes que afectan la libertad de prensa

En su informe semestral, la entidad periodística advirtió sobre el deterioro del respeto en el debate público, cuestionó la “dinámica acusatoria” del poder político y rechazó la creación de una oficina de respuesta oficial
En un comunicado difundido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA), la entidad analizó el rol de la democracia, la importancia del diálogo institucional y los desafíos actuales para el ejercicio del periodismo en la Argentina. El documento subraya el valor del intercambio de ideas, la libertad de prensa y el respeto por el trabajo periodístico como pilares fundamentales del sistema democrático, al tiempo que repasa distintos episodios recientes que, según la entidad, generaron preocupación por su impacto en el derecho a la información.

A continuación, el comunicado completo:
La democracia y la libertad requieren del diálogo
La democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad expresen sus posiciones en un marco de respeto institucional. En ese proceso, la libertad de prensa constituye uno de los pilares que permiten que el debate público se desarrolle con amplitud, pluralismo y acceso a información relevante para la población.

El periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático. Su tarea de investigar, verificar y contextualizar hechos contribuye a que la ciudadanía disponga de elementos para comprender la realidad y participar en los asuntos públicos con mayor información. Al mismo tiempo, el trabajo periodístico permite iluminar decisiones de interés colectivo y someterlas al escrutinio social.

La calidad del debate público depende, en buena medida, de la posibilidad de que los distintos sectores y voces puedan expresarse sin presiones ni descalificaciones que busquen desalentar la circulación de información o desacreditar a quienes cumplen la función de informar. En ese contexto, el diálogo entre los distintos actores institucionales —autoridades públicas, dirigentes sociales, empresarios, medios de comunicación y periodistas— constituye una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia democrática.

Las discrepancias son inevitables y forman parte del dinamismo propio de una sociedad abierta. Pero la manera en que se procesan esas diferencias puede contribuir a consolidar o a deteriorar el clima de respeto que requiere el funcionamiento de las instituciones. Por eso, resulta importante promover un intercambio público basado en argumentos y no en la descalificación personal.

La crítica al trabajo periodístico es legítima y forma parte de la dinámica democrática, pero debe desarrollarse sin recurrir a mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización que puedan afectar el ejercicio libre de la actividad informativa. El presidente de la Nación, las autoridades de todas las jurisdicciones y la dirigencia de distintos ámbitos deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y prescindir de las actitudes de menoscabo de la función del periodismo profesional. Un cuestionable comportamiento de los líderes puede habilitar un peligroso efecto contagio en la sociedad.

En tiempos de aceleración comunicacional, fragmentación y agresividad política, y expansión de los entornos digitales, el compromiso con un debate público respetuoso adquiere una relevancia aún mayor. En ese escenario, la defensa de la libertad de prensa no solo protege el trabajo de periodistas y de medios, sino también el derecho de la sociedad a recibir información plural y a participar de una conversación pública abierta.

Situaciones que afectaron el ejercicio del periodismo
Durante el período analizado se registraron distintos episodios que merecen ser señalados por su impacto sobre el trabajo periodístico y sobre el derecho de la sociedad a acceder a información.

En septiembre de 2025, AdEPA manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Formosa durante la cobertura realizada por un equipo del diario La Nación, cuyos integrantes fueron perseguidos, retenidos e intimidados por fuerzas policiales a raíz de una denuncia que posteriormente fue considerada falsa. Ese mismo mes, AdEPA condenó la agresión sufrida por el camarógrafo Gerardo Galarza, del canal Somos Uno, quien fue atacado por el diputado nacional Aldo Leiva mientras realizaba una cobertura periodística en la ciudad de General José de San Martín, provincia de Chaco.

En noviembre de 2025, la entidad manifestó su repudio ante un caso de censura previa dispuesto por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de la difusión de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal de esa provincia y a sus funcionarios.

En diciembre, AdEPA expresó su preocupación por presiones ejercidas por dirigentes del ámbito deportivo sobre periodistas, situación que vuelve a poner de relieve la importancia de preservar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la actividad informativa. También en diciembre se manifestó el rechazo a una ordenanza aprobada en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, que establecía restricciones al acceso a la información pública, por considerar que medidas de ese tipo afectan principios básicos de transparencia y control ciudadano.

En febrero de 2026, AdEPA condenó las amenazas de muerte recibidas por el periodista Alejandro Alfie y expresó su solidaridad con él y su familia frente a la gravedad de esos hechos. Antes había sufrido episodios de hostigamiento vinculados con su labor profesional.

A fines de febrero, AdEPA expresó su preocupación por la detención policial y la agresión sufrida por el camarógrafo Facundo Tedeschini, del canal A24, mientras cubría una protesta de la organización Greenpeace frente al Congreso de la Nación, en circunstancias previas al debate legislativo sobre la ley de glaciares.

Este lunes, el ministro de Economía Luis Caputo descalificó al periodista Juan Manuel Barca, de Clarín, afirmando que trabaja mintiendo todos los días. La reciente citación a declarar a Natalia Volosin, por parte del fiscal Eduardo Taiano, a propósito de su investigación sobre el caso $Libra, generó preocupación ante un posible efecto intimidatorio y un eventual desconocimiento de su derecho a no revelar sus fuentes. El posterior desistimiento del llamado por parte del fiscal descomprimió esos temores.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial fue uno de los hechos que más inquietud generó en el semestre. El nuevo organismo recordó a estructuras estatales del pasado que conllevaban el riesgo de desplegar mecanismos de vigilancia o de presión indirecta sobre el periodismo y las opiniones críticas. "En toda democracia señaló AdEPA-, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente". La preocupación radica en la dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle.

En su más reciente intervención, en la cuenta de X, a través de la cual se expresa la Oficina de Respuesta Oficial, se afirmó que una columna de opinión del periodista Marcelo Bonelli referida a la "Argentina week" era "una operación política deliberada para intentar infundir miedo en el sector privado y deslegitimar mediáticamente el proceso económico".

La mejor respuesta frente a la desinformación –sostuvo AdEPA en diversas oportunidades– no es la imposición de una "verdad oficial", sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y regidos por la ley y los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los medios, actores históricos de la vida democrática, desarrollan su tarea sobre la base de la confianza pública. En un entorno plural, son los ciudadanos quienes contrastan fuentes, forman su opinión y determinan la credibilidad de la información. En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo.
El comunicado de AdEPA vuelve a poner en el centro del debate la importancia de sostener condiciones institucionales que garanticen el ejercicio libre del periodismo, en un contexto marcado por tensiones políticas, transformaciones en el ecosistema informativo y desafíos crecientes en torno a la circulación de información.

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