En su informe semestral, la entidad periodística advirtió sobre el deterioro del respeto en el debate público, cuestionó la “dinámica acusatoria” del poder político y rechazó la creación de una oficina de respuesta oficial
A continuación, el comunicado completo:
La democracia y la libertad requieren del diálogoLa democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad expresen sus posiciones en un marco de respeto institucional. En ese proceso, la libertad de prensa constituye uno de los pilares que permiten que el debate público se desarrolle con amplitud, pluralismo y acceso a información relevante para la población.El periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático. Su tarea de investigar, verificar y contextualizar hechos contribuye a que la ciudadanía disponga de elementos para comprender la realidad y participar en los asuntos públicos con mayor información. Al mismo tiempo, el trabajo periodístico permite iluminar decisiones de interés colectivo y someterlas al escrutinio social.La calidad del debate público depende, en buena medida, de la posibilidad de que los distintos sectores y voces puedan expresarse sin presiones ni descalificaciones que busquen desalentar la circulación de información o desacreditar a quienes cumplen la función de informar. En ese contexto, el diálogo entre los distintos actores institucionales —autoridades públicas, dirigentes sociales, empresarios, medios de comunicación y periodistas— constituye una herramienta fundamental para fortalecer la convivencia democrática.Las discrepancias son inevitables y forman parte del dinamismo propio de una sociedad abierta. Pero la manera en que se procesan esas diferencias puede contribuir a consolidar o a deteriorar el clima de respeto que requiere el funcionamiento de las instituciones. Por eso, resulta importante promover un intercambio público basado en argumentos y no en la descalificación personal.La crítica al trabajo periodístico es legítima y forma parte de la dinámica democrática, pero debe desarrollarse sin recurrir a mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización que puedan afectar el ejercicio libre de la actividad informativa. El presidente de la Nación, las autoridades de todas las jurisdicciones y la dirigencia de distintos ámbitos deben dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y prescindir de las actitudes de menoscabo de la función del periodismo profesional. Un cuestionable comportamiento de los líderes puede habilitar un peligroso efecto contagio en la sociedad.En tiempos de aceleración comunicacional, fragmentación y agresividad política, y expansión de los entornos digitales, el compromiso con un debate público respetuoso adquiere una relevancia aún mayor. En ese escenario, la defensa de la libertad de prensa no solo protege el trabajo de periodistas y de medios, sino también el derecho de la sociedad a recibir información plural y a participar de una conversación pública abierta.Situaciones que afectaron el ejercicio del periodismoDurante el período analizado se registraron distintos episodios que merecen ser señalados por su impacto sobre el trabajo periodístico y sobre el derecho de la sociedad a acceder a información.En septiembre de 2025, AdEPA manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Formosa durante la cobertura realizada por un equipo del diario La Nación, cuyos integrantes fueron perseguidos, retenidos e intimidados por fuerzas policiales a raíz de una denuncia que posteriormente fue considerada falsa. Ese mismo mes, AdEPA condenó la agresión sufrida por el camarógrafo Gerardo Galarza, del canal Somos Uno, quien fue atacado por el diputado nacional Aldo Leiva mientras realizaba una cobertura periodística en la ciudad de General José de San Martín, provincia de Chaco.En noviembre de 2025, la entidad manifestó su repudio ante un caso de censura previa dispuesto por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de la difusión de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal de esa provincia y a sus funcionarios.En diciembre, AdEPA expresó su preocupación por presiones ejercidas por dirigentes del ámbito deportivo sobre periodistas, situación que vuelve a poner de relieve la importancia de preservar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la actividad informativa. También en diciembre se manifestó el rechazo a una ordenanza aprobada en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, que establecía restricciones al acceso a la información pública, por considerar que medidas de ese tipo afectan principios básicos de transparencia y control ciudadano.En febrero de 2026, AdEPA condenó las amenazas de muerte recibidas por el periodista Alejandro Alfie y expresó su solidaridad con él y su familia frente a la gravedad de esos hechos. Antes había sufrido episodios de hostigamiento vinculados con su labor profesional.A fines de febrero, AdEPA expresó su preocupación por la detención policial y la agresión sufrida por el camarógrafo Facundo Tedeschini, del canal A24, mientras cubría una protesta de la organización Greenpeace frente al Congreso de la Nación, en circunstancias previas al debate legislativo sobre la ley de glaciares.Este lunes, el ministro de Economía Luis Caputo descalificó al periodista Juan Manuel Barca, de Clarín, afirmando que trabaja mintiendo todos los días. La reciente citación a declarar a Natalia Volosin, por parte del fiscal Eduardo Taiano, a propósito de su investigación sobre el caso $Libra, generó preocupación ante un posible efecto intimidatorio y un eventual desconocimiento de su derecho a no revelar sus fuentes. El posterior desistimiento del llamado por parte del fiscal descomprimió esos temores.La creación de la Oficina de Respuesta Oficial fue uno de los hechos que más inquietud generó en el semestre. El nuevo organismo recordó a estructuras estatales del pasado que conllevaban el riesgo de desplegar mecanismos de vigilancia o de presión indirecta sobre el periodismo y las opiniones críticas. "En toda democracia señaló AdEPA-, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente". La preocupación radica en la dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle.En su más reciente intervención, en la cuenta de X, a través de la cual se expresa la Oficina de Respuesta Oficial, se afirmó que una columna de opinión del periodista Marcelo Bonelli referida a la "Argentina week" era "una operación política deliberada para intentar infundir miedo en el sector privado y deslegitimar mediáticamente el proceso económico".La mejor respuesta frente a la desinformación –sostuvo AdEPA en diversas oportunidades– no es la imposición de una "verdad oficial", sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y regidos por la ley y los estándares internacionales de libertad de expresión.Los medios, actores históricos de la vida democrática, desarrollan su tarea sobre la base de la confianza pública. En un entorno plural, son los ciudadanos quienes contrastan fuentes, forman su opinión y determinan la credibilidad de la información. En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo.
El comunicado de AdEPA vuelve a poner en el centro del debate la importancia de sostener condiciones institucionales que garanticen el ejercicio libre del periodismo, en un contexto marcado por tensiones políticas, transformaciones en el ecosistema informativo y desafíos crecientes en torno a la circulación de información.
