Dijo que para quienes impulsaron la obra era una enorme alegría compartir ese momento en la casa que sienten propia: la Universidad Pública de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario. La definió como una institución que alberga todas las voces y que permite que quienes practican una ciencia crítica —una ciencia que pone en discusión los modelos hegemónicos— puedan hacerlo con libertad, incluso en un espacio tan simbólico como la sede de gobierno universitario. Allí, subrayó, presentar Ciencia In-Sumisa era también una declaración.
El libro, explicó, tiene un recorrido propio de lo que llamó "ciencia digna en estos tiempos". Fue concebido como una herramienta para las comunidades, para los pueblos que defienden sus territorios frente al avance de modelos agroindustriales "adictos a venenos" y a tecnologías que, sostuvo, ponen en riesgo la habitabilidad. No habló en abstracto: recordó que al día siguiente el Senado de la Nación pretendía discutir la Ley de Glaciares, una norma que consideró extraordinaria para el país. Que una universidad pública ofreciera ese espacio de debate, señaló, también era una forma de defender tanto la educación pública como un sistema jurídico que garantice el derecho a vivir dignamente.
Antes de ceder la palabra, hizo una pausa para agradecer una presencia que juzgó fundamental. Aunque —aclaró— él mismo había pedido que no se lo mencionara porque debía viajar de inmediato a Buenos Aires, Verzeñassi quiso reconocer al rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el profesor Pablo Franco Bartolacci, por haber demorado su partida para acompañar la presentación. Le agradeció no solo la presencia, sino haber permitido que la UNR, a través del Centro de Estudios Interdisciplinarios y su espacio editorial, publicara el libro. Extendió el reconocimiento al profesor Darío Maiorana, director del Centro, por impulsar la edición.
En ese contexto, la presentación adquiría otra dimensión. Verzeñassi vinculó la defensa de los glaciares con la pelea por el financiamiento universitario. Recordó que la ley de financiamiento aprobada por el Parlamento, fruto de la resistencia y la lucha social, volvía a estar en jaque por decisiones del gobierno actual. No era casualidad —advirtió— que los mismos actores que impulsan reformas regresivas en materia laboral intentaran también avanzar sobre normas que protegen los glaciares, fundamentales para garantizar el derecho al agua dulce, y sobre el presupuesto universitario. Ahogar financieramente a las universidades, señaló, es limitar la posibilidad de producir conocimiento científico al servicio de la sociedad y de generar espacios como el que esa tarde reunía a la comunidad académica y a organizaciones sociales.
La escena, entonces, no era solo académica: era política en el sentido de la defensa de derechos. Verzeñassi agradeció nuevamente al rector y al público, consciente de que la disputa por el sentido de la ciencia y por el rol de la universidad pública se libra también en actos como ese.
Luego llegó el turno de la periodista Anabel Pomar, licenciada en Comunicación Social, especializada en temáticas ambientales y autora del prólogo del libro. Desde el comienzo habló atravesada por la emoción. Confesó que el momento la conmovía profundamente, que se le mezclaban sensaciones y también tristezas, pero que la reconfortaba la existencia de espacios como ese y la presencia de quienes acompañan la lucha de los pueblos fumigados.
Se presentó no solo como periodista ambiental, formada en la universidad pública —"soy periodista gracias a eso", dijo— sino también como vecina fumigada. Celebró que la misma universidad que la formó decidiera publicar un libro sobre una problemática que la afecta en carne propia y sobre la que, además, informa. En ella, explicó, los roles de periodista y activista se entrelazan: los textos que integran el libro le permiten contar mejor lo que ocurre en los territorios y, al mismo tiempo, elaborar estrategias más sólidas para exigir lo que considera urgente e impostergable: que cesen las fumigaciones y el envenenamiento.
Recordó el momento en que le propusieron escribir el prólogo. La noticia la impactó, pero el contexto le dio aún más sentido: supo que se trataba de dos textos que otra universidad había censurado. Como periodista y activista, dijo, no dudó en aceptar. Para ella era un honor personal, pero también una oportunidad de acompañar a quienes no se callan y de confrontar aquello que intentó silenciarse.
Se preguntó qué era lo que generaba tanto temor en quienes buscaron censurar. Uno de los artículos cuestionados mencionaba a la empresa Syngenta como una corporación que se enriquece vendiendo venenos. Pomar fue tajante: no había allí ninguna falsedad. El texto, explicó, entrevistaba al entonces CEO de la compañía transnacional, Antonio Aracre, cuya actividad principal es la comercialización de agroquímicos, algunos de los cuales —señaló— están prohibidos en otros países por su peligrosidad, aunque se utilizan en Argentina.
La censura pretendía, en definitiva, que no se mencionara esa responsabilidad. Pomar aprovechó la tribuna para reiterarlo: Syngenta se enriquece vendiendo venenos que dañan los territorios, y Aracre, como CEO en ese momento, es responsable de esa política empresarial. Nombrar, insistió, es un acto de honestidad periodística.
Esa tarde, bajo el techo de la universidad pública, el libro dejó de ser solo un objeto impreso para convertirse en símbolo. En las palabras de Verzeñassi y Pomar, la ciencia crítica, el periodismo ambiental y la defensa de los territorios aparecieron entrelazados en una misma trama: la disputa por el derecho a la salud, al agua, a la información y a una universidad que no renuncie a incomodar al poder.
Paula Blois retomó la palabra con una pregunta que, más que académica, sonó existencial. Se preguntó por qué, si la intención era ofrecer una mirada crítica, no podían sostenerse nombres y apellidos que —según dijo— eran irreemplazables. Si se está hablando de daños concretos, de enfermedades, de muertes, ¿cómo aceptar que no se pueda nombrar a quienes ocupan lugares de responsabilidad? Incluso atendiendo a las reglas epistemológicas y metodológicas de las ciencias sociales, la prohibición le resultaba inquietante.
Confesó que la interpelaba especialmente por su propia formación. Sospechaba que para algunos colegas no era un asunto grave: el texto seguiría siendo crítico y denunciaría igual, aun sin nombres propios. Tal vez —arriesgó— muchos pensaron que se trataba de un capricho. Que podían quitarse los nombres y publicar sin mayores conflictos. Lamentó que el artículo tuviera que quedar afuera, aunque comprendía que otros autores hubieran decidido continuar con la publicación. De hecho, el libro colectivo finalmente vio la luz bajo el título Bienestar, Ambiente y Agronegocio.
Sin embargo, para Blois el punto era otro y más profundo: revisar para qué y por qué se investiga. Son preguntas que, dijo, suelen aparecer en las aulas, en el debate cotidiano, pero que al momento de llevar adelante un trabajo "en serio" parecen ceder frente a otras prioridades. Ganan las reglas que tranquilizan conciencias, que permiten cumplir con protocolos formales y evitar conflictos. Gana, quizás, la idea de que transformar la realidad no es parte de la labor académica. Esa noción —advirtió— también forma parte de la formación en ciencias sociales y debería ser revisada.
En ese sentido, Ciencia In-Sumisa representaba algo más que la publicación de dos artículos excluidos. Era el resultado de una censura, sí, pero también de una decisión consciente: no ser parte de ese mecanismo. Para Blois, aceptar ciertas condiciones implica volverse funcional, cómplice. Intentó definir esa sensación con una palabra que se le escapó por un momento y que, cuando finalmente apareció, condensó su crítica: "parasitaria". Le daba la impresión de que ciertos análisis académicos terminan siendo parasitarios de la realidad: viven de ella, la describen, pero no hacen nada por transformarla.
Con esa reflexión, cedió el micrófono a su compañero Guillermo Folguera.
Folguera comenzó agradeciendo. Dijo que era una alegría estar allí, aun cuando la censura hubiera sido el camino que los llevó a ese encuentro. Agradeció a la Universidad Nacional de Rosario, al Grupo de Salud Socioambiental, a quienes hicieron posible la actividad y hasta a quienes los acercaron en auto. El tono combinaba gratitud con una indignación que no intentó disimular.
Anunció que quería compartir dos anécdotas breves, atravesadas por el enojo pero también por la convicción de que lo ocurrido podía convertirse en semilla de otras cosas. Recordó que el libro Veneno abre con una escena que, meses después, cobraría un significado todavía más elocuente.
Cuando, junto a Blois, fueron a entrevistar a Antonio Aracre —entonces CEO de Syngenta, antes de desempeñarse como jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández y antes de convertirse en panelista en medios afines a Javier Milei—, el empresario sabía que uno de los temas centrales sería la atrazina. No se trataba de un detalle técnico: en ámbitos médicos, recordó Folguera, la sustancia está asociada al cáncer de mama. Todos, dijo, conocen a alguien que padeció o murió por esa enfermedad; el dolor y la rabia que provoca no son abstracciones.
Al entrar a la oficina, Aracre les ofreció café. Ante la negativa, lanzó una frase que pretendía ser un chiste: "Miren que no tiene atrazina". Folguera lo definió sin eufemismos como un chiste inadmisible. En esa ligereza —reflexionó— había algo más que torpeza: la manifestación de alguien que se permite banalizar lo que para otros es tragedia.
Meses más tarde, durante una gira de presentaciones que los llevó por unas cincuenta localidades —incluida Rosario—, la censura volvió a hacerse presente de otra forma. En Concepción del Uruguay, mientras difundían Veneno y cerraban los encuentros con la lectura de una carta que Meche había escrito a Antonella para dar voz a víctimas directas de los agrotóxicos, recibieron la noticia de que el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos prohibía la charla.
La actividad finalmente se realizó de manera clandestina, con más de cuatrocientas personas. Hubo que cambiar de escuela: la directora de la institución prevista inicialmente decidió no ceder el espacio. Otra directora, en cambio, sí lo hizo. Pero las presiones no terminaron allí. Cada docente que planeaba asistir recibió llamados del Consejo General de Educación advirtiendo que, de participar, sería sumariado.
Para Folguera, esas escenas —el chiste liviano en una oficina corporativa y la prohibición de una charla en una escuela pública— no eran episodios aislados. Eran expresiones de una misma trama donde el conocimiento, cuando incomoda, encuentra límites impuestos por el poder. Y, al mismo tiempo, demostraban que frente a cada intento de silenciamiento surge también una red de complicidades virtuosas: docentes que abren puertas, comunidades que se organizan, universidades que sostienen espacios insumisos.
Guillermo Folguera retomó el hilo con una imagen contundente: hasta Concepción del Uruguay llegaban —dijo— los tentáculos de Syngenta y del agronegocio. No era una metáfora exagerada. Lo demostraba, según él, lo que había ocurrido con el artículo que dio origen a Veneno.
El texto ya había atravesado todo el proceso de evaluación académica cuando, desde la Editorial Teseo —que había asumido la publicación del libro colectivo dirigido por integrantes de la Universidad Nacional de Quilmes— llegó el correo final. Folguera admitió que poco sabía sobre la editorial, más allá de tener algún ejemplar en su biblioteca. Pero fue esa editorial la que comunicó lo que Paula Blois ya había detallado: si no eliminaban los nombres de Syngenta y de Antonio Aracre, el artículo no podía formar parte del libro.
Frente a ese ultimátum, recordó, se miraron y se hicieron una pregunta elemental: si se borraban los nombres, ¿qué sentido tenía el artículo? Cambiar Syngenta por "Batata" y Aracre por "Lauchín" —ironizó— vaciaba de contenido político el trabajo. Y sin esa dimensión, perdía también su potencia transformadora. ¿Qué les estaban pidiendo realmente? ¿Qué idea de ciencia sostenían quienes avalaban esa decisión?
La pregunta se amplió. No solo interpelaba a la editorial, sino también a los coordinadores académicos y a los colegas —muchos de ellos amigos— que optaron por continuar con la publicación aun sin ese capítulo. ¿Qué imaginan que es la actividad científica?, se preguntó. ¿A quién le sirve una ciencia que debe callar nombres propios?
Folguera deslizó que no esperaba nada de Syngenta en ese episodio. Dudaba incluso de que hubiera mediado un llamado telefónico directo. Le parecía más probable un mecanismo de autocensura, de temor internalizado. "No necesitan llamar", sugirió: los tentáculos se anticipan. De Aracre, dijo, tal vez sí se enteró, pero lo describió como alguien que sigue su camino, ganando dinero y hablando para quien pague mejor. De Teseo, insistió, poco podía decir.
La interpelación más dura la dirigió hacia la universidad pública involucrada. ¿Qué hace una universidad nacional, con investigadores del Conicet de todo el país, que presenta un libro como herramienta clave de lucha contra el agronegocio, exigiendo borrar nombres propios y desactivar el contenido político básico de un artículo? La pregunta no buscaba un culpable individual, sino exponer una concepción de ciencia.
De allí pasó a un plano más amplio. ¿Qué ciencia tenemos y qué ciencia necesitamos, en tiempos de Javier Milei y más allá de Milei? Habló del desfinanciamiento y del achicamiento del Estado, pero también de algo más sutil: un proceso de domesticación. Según él, la derecha argentina —a veces explícita, a veces camuflada en versiones más moderadas o incluso en el progresismo— ha sabido operar en ese terreno.
Nombró entonces a Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología, y recordó declaraciones en las que sostenía que el compromiso ético de un científico era crear una empresa y poner su trabajo al servicio del mercado. También evocó la exaltación de Bioceres como emblema de la producción científica de las últimas décadas, una compañía vinculada a figuras como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, y asociada al desarrollo del trigo transgénico HB4.
Para Folguera, Bioceres hizo negocios durante años utilizando infraestructura y recursos humanos del Conicet y de universidades públicas —mencionó especialmente a la Universidad Nacional del Litoral— para luego capitalizar esos desarrollos en el mercado. Denunció el impacto ambiental de esa tecnología y el avance del desmonte en un país que describió como ya devastado. A su juicio, el balance de esa alianza entre ciencia pública y negocio privado merecería responsabilidades mucho más severas.
Pero su intervención no quedó solo en la denuncia. Señaló que, por suerte, no todo es eso. Frente a esa concepción de ciencia orientada al mercado, existe otra. Existe un Grupo de Salud Socioambiental que, al enterarse de las condiciones impuestas, dijo "no es con nosotros". Y existe una universidad pública que abre sus puertas para que esos debates se den sin tachaduras ni eufemismos.
En esa tensión —entre una ciencia domesticada y otra que se asume insumisa— Folguera situó el sentido profundo del libro presentado esa tarde. No era solo una compilación de artículos excluidos: era una toma de posición sobre qué conocimiento producir, para quién y con qué consecuencias.
Guillermo Folguera cerró su intervención ampliando el horizonte. Dijo que, frente a la trama de silenciamientos y presiones, también existen otras presencias: "hay Anabeles, hay Meches, hay Sabrinas, hay Paren de Fumigar, hay otras cosas". No todo es captura corporativa; hay resistencias, hay comunidades organizadas, remarcó.
Sostuvo que la ciencia se debe —hacia adentro y hacia afuera— una conversación seria y franca que trascienda la discusión meramente presupuestaria, la pregunta por de dónde salen los recursos. Recordó entonces una anécdota compartida el día anterior en otra charla, que para él sintetizaba el núcleo del debate.
En la Universidad Nacional de Catamarca, alguien le preguntó al investigador Horacio Machado Aráoz, referente en estudios críticos sobre extractivismo, cuándo iba a cambiar la ciencia. La respuesta fue directa: cambiará cuando cambien los científicos y las científicas; cuando la sociedad los tome del cogote y los obligue a hacerlo. Folguera retomó esa idea para proponer una ciencia de puertas abiertas, en diálogo real con la sociedad.
Celebró que el rector hubiera apoyado la actividad y que el debate se diera en una universidad pública. Pero insistió en que el desafío es más profundo: revisar no solo las fuentes de financiamiento, sino la propia lógica de autorreproducción académica. Aprender a escuchar a las víctimas, a quienes han sido despojados por lo que llamó un modelo de muerte. Mirar críticamente el pasado, revisar el presente y proyectar el futuro con una convicción clara: ninguna censura puede conducir a buen puerto.
Tras ese cierre, tomó la palabra Alejandro Vallini, médico pediatra e integrante de la Comisión de Salud Socioambiental de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, coautor —junto a Alessandro Farracini— del segundo capítulo de Ciencia In-Sumisa.
Vallini comenzó con una confesión que descomprimió el ambiente: le cuesta muchísimo hablar en público. Cada duda o pausa, pidió, debía leerse en esa clave. Tenía previsto presentar el contenido del capítulo de manera más ordenada, pero las intervenciones previas lo llevaron a otro punto de partida.
Cuando fueron convocados a escribir, explicó, la invitación llegó al Instituto de Salud Socioambiental por el recorrido realizado con los campamentos sanitarios y por su forma particular de analizar los problemas de salud. La primera reunión fue virtual. Desde el inicio, aclaró, nunca fue un objetivo del equipo producir una publicación científica en los términos clásicos de la ciencia formal. Para ellos, lo central era generar información a partir del conocimiento que ya tenían las poblaciones relevadas.
Su propuesta inicial fue concreta: poner en una publicación académica el trabajo realizado en cuarenta localidades durante diez años, relevando perfiles de morbi-mortalidad referida. No por el prestigio de publicar, sino porque una universidad pública podía ofrecer la plataforma ideal para visibilizar las voces de quienes abrieron sus puertas y respondieron preguntas sobre sus padecimientos.
Allí enlazó con la discusión sobre lo "funcional" que puede volverse incluso una publicación crítica. La respuesta que recibieron fue clara: necesitaban "datos científicos duros". En términos prácticos, se les pedía identificar qué agrotóxico causaba qué daño específico en la salud.
Desde su perspectiva, ese encuadre resultaba insuficiente. La salud —explicó— es mucho más que el hecho fenoménico de la enfermedad. En esa misma reunión intentaron explicitar que su abordaje se inscribe en la salud comunitaria, en la epidemiología crítica, en una mirada socioambiental que entiende los problemas como complejos.
Si se reduce el análisis al binomio veneno-enfermedad, advirtió, se invisibiliza el entramado más amplio del impacto del agronegocio. ¿Cómo medir, por ejemplo, el costo en términos de salud del calentamiento global, que la Organización Mundial de la Salud proyecta como uno de los principales desafíos sanitarios hacia 2050? ¿Qué indicador captura el miedo de un niño que escucha el motor de un avión fumigador y se encierra, sin poder jugar en el patio de la escuela? ¿Cómo se cuantifica el deterioro del tejido social, el conflicto interpersonal, la violencia institucional o el sufrimiento compartido por quien padece y quien acompaña?
Esa complejidad —evocó, citando a Jaime Breilh— acerca a las comunidades al polo de la enfermedad y las aleja del polo de la salud. Pero no puede medirse si se limita la discusión a la relación lineal entre tóxico y patología. La reunión, sin embargo, terminó con una consigna reiterada: se necesitan datos duros.
Ante eso, decidieron escribir lo que consideraban necesario escribir. El artículo, explicó Vallini, avanza precisamente sobre esa tensión. Critica con dureza la cooptación de agencias reguladoras, de poderes estatales y de mecanismos formales de investigación por parte del poder económico y corporativo de las empresas que sostienen el agronegocio.
Así, el segundo capítulo no solo discute sustancias o estadísticas, sino el modo en que se produce conocimiento y quién define qué cuenta como evidencia válida. En esa disputa, como a lo largo de toda la jornada, volvió a aparecer la misma pregunta de fondo: ¿para quién y para qué se hace ciencia?
Alejandro Vallini profundizó entonces en el núcleo crítico de su capítulo. Explicó que, a través de ejemplos concretos, describen cómo las corporaciones desacreditan a investigadores que se animan a alzar la voz. No se trata solo de censuras explícitas —como la exclusión de un artículo o la exigencia de borrar nombres propios—, sino también de mecanismos más sutiles: la autocensura, la delimitación de líneas de financiamiento, la definición de qué temas reciben apoyo y cuáles quedan al margen.
Recordó que, dentro de los sistemas formales de investigación, nadie es completamente libre de investigar lo que desea. Sin financiamiento no hay proyectos, y las prioridades de financiamiento no son neutras. A lo largo del capítulo, señaló, intentaron poner en discusión cuál es la ciencia que hoy rige y sobre la que se apoyan los organismos reguladores para decidir qué sustancias se aprueban y cuáles no.
El texto recorre aspectos duros de la toxicología clásica y la contrapone con perspectivas críticas. Y, aunque el artículo es severo en su cuestionamiento, fue construido —subrayó— cumpliendo los estándares académicos exigidos. Decidieron demostrar, con evidencia publicada y validada por la ciencia hegemónica, la relación entre determinados grupos de enfermedades y la exposición a ciertos productos químicos.
No eligieron esas patologías al azar ni por ser las más citadas en la bibliografía. Las seleccionaron porque, a lo largo de cuarenta campamentos sanitarios, fueron las que las comunidades señalaban como más significativas en su experiencia cotidiana. Había, dijo, una necesidad ética de devolverles al menos un texto académico donde pudieran encontrar alguna explicación —según lo que la propia ciencia reconoce— de lo que estaban viviendo.
Ese era el recorrido del artículo. Y, precisamente por ser tan crítico con los procesos de construcción de la "verdad única" aceptada científicamente, no podían permitir que formara parte de un libro que reproducía, en los hechos, aquello que denunciaba. Lo que estaba ocurriendo —fuera por autocensura editorial, por presión externa o por temor internalizado— era una demostración del poder corporativo operando sobre la producción de conocimiento. Éticamente, concluyó, no podían avalarlo con su participación.
Invitó a leer el texto. Intentaron escribirlo en un lenguaje accesible, replicable, para que quienes durante diez años les abrieron las puertas sintieran que alguien los escucha desde la universidad pública. Habló desde su identidad: docente universitario y médico de hospital público. Su investigación, afirmó, nace de lo que les sucede a esas personas y del intento de transformar una realidad que hoy las hace padecer.
Tras su intervención, Verzeñassi retomó la palabra para subrayar el proceso colectivo detrás del capítulo. Recordó que ninguno de los miembros del Instituto de Salud Socioambiental pertenece a la carrera de investigador del Conicet. En el mundo académico, dijo, eso implica no formar parte de la "primera clase" universitaria. Por eso, recibir la invitación de un equipo de investigadores del Conicet —con trayectoria reconocida— para integrar un libro colectivo fue una sorpresa y un honor. También un desafío: estar a la altura.
En las primeras reuniones, cuando les respondieron que lo que proponían era interesante pero que necesitaban "ciencia" en el sentido más clásico del término, se abrió otra pregunta: ¿cómo escribir en los códigos de la ciencia hegemónica sin renunciar a lo que querían decir? No estaban formados —ni habían elegido formarse— para producir artículos en el molde de la "ciencia normal". Sin embargo, asumieron el reto.
Destacó especialmente el trabajo riguroso de búsqueda de bibliografía científica validada, capaz de sostener con estándares formales las relaciones entre problemas de salud y sustancias químicas. Información que existe, que está publicada, pero que muchas veces queda confinada a escritorios y computadoras de equipos de investigación, sin traducirse en decisiones políticas.
Después de múltiples correcciones, recibieron la confirmación: ahora sí el texto tenía los "datos duros" requeridos. La expectativa de publicar en ese libro era grande. Por eso, cuando llegó el aviso de que se exigía eliminar nombres propios y alterar el contenido de otro capítulo que denunciaba mecanismos de cooptación y silenciamiento, no hubo dudas. No podían permitir que su propio trabajo apareciera en un libro que, en la práctica, se convertía en ejemplo de aquello que estaban criticando.
Así, la decisión de retirarse no fue impulsiva, sino coherente con el diagnóstico que el mismo capítulo formulaba: que la disputa por la verdad científica no es solo teórica, sino atravesada por relaciones de poder que condicionan qué puede decirse, cómo y hasta dónde.
El cierre avanzó sobre un punto sensible. Aclaró que está convencido de que ni Antonio Aracre ni Syngenta tenían siquiera conocimiento del libro para el que habían sido convocados. La decisión —según quedó explícito en un intercambio— fue de la propia editorial, que argumentó no poder arriesgarse a futuras demandas. "Funciona así", dijo. También funciona así: el temor a litigios como mecanismo disciplinador.
Lisandro Ferrazini, el tercer autor del capítulo, no pudo estar presente porque se encontraba cursando su residencia en cardiología. Pero, subrayó, entre los tres no hubo ninguna vacilación. No hicieron una reunión para deliberar qué convenía hacer. La conversación fue breve: ocurrió esto, y la respuesta fue unánime. No había nada que discutir. La única pregunta fue si ya se había avisado que el capítulo no se publicaría.
Quiso destacar públicamente esa convicción compartida. Para él, es un honor transitar la vida con compañeros y compañeras cuya coherencia está tan profundamente arraigada.
Después vino la pregunta práctica: ¿qué hacer? Mientras Guillermo y Paula evaluaban la posibilidad de enviar su artículo a alguna revista —porque, como investigadores, también necesitan publicar—, él propuso esperar un poco. Si podían ganar tiempo, tal vez podrían editar un libro propio, aunque fuera con solo dos capítulos. La ventaja de no pertenecer al circuito académico tradicional, bromeó, es poder darse el lujo de afirmar que dos capítulos alcanzan para hacer un libro. Le sumaron un prólogo y quedó completo.
Gabriel Keppl, otro integrante del instituto, asumió con enorme generosidad la edición y el diseño de la tapa. Luego surgió otra idea: ¿por qué no proponer la publicación a la universidad? Se contactaron con el director del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Darío Maiorana, y le explicaron el recorrido del proyecto. No tenían recursos para imprimirlo, pero preguntaron si era posible una edición digital.
La respuesta fue afirmativa. Y hubo un gesto que consideró necesario reconocer: ante la sugerencia de que quizá quisiera leer el texto antes de decidir, la respuesta fue que no hacía falta; que enviaran el original y se publicaría. En un contexto donde abundan presiones y cautelas, ese respaldo institucional resultó significativo. Más aún cuando, al informarle al rector que el libro saldría con esas características, la decisión fue acompañada sin condiciones.
No quiso extenderse sobre el contenido del libro, sino subrayar lo que esa cadena de decisiones permitió: construir colectivamente una ciencia digna, al servicio de las comunidades, que no se arrodille ante las corporaciones y que esté dispuesta a dar la discusión crítica desde el interior mismo del sistema tecnocientífico.
Así nació Ciencia In-Sumisa. El título, contó, surgió casi como un juego de palabras que condensaba varias ideas. Pero el propósito fue claro desde el inicio: que el trabajo de ambos equipos no quedara archivado como un "paper" más para engrosar currículums y evaluaciones, sino que se transformara en herramienta.
Una herramienta para comunidades que muchas veces luchan en soledad. Para aquellas que, en algunos casos, logran el acompañamiento de abogados y abogadas comprometidos en procesos judiciales. Una herramienta que les permita acceder a información científica, sostener argumentos y reclamar que quienes padecen problemas de salud en territorios afectados por fumigaciones y agronegocios sean reconocidos como víctimas de un modelo que —concluyó— los ha puesto a todos dentro de una lógica profundamente dañina.
El cierre retomó el sentido político y ético del proyecto. Ciencia In-Sumisa, dijo, es en realidad una oferta que hacen desde la universidad pública a quienes consideran su verdadera razón de ser. Recordó que, cuando eran estudiantes, con cierta soberbia juvenil afirmaban que la universidad existía para los estudiantes. Hoy, con otra perspectiva, piden disculpas por aquella afirmación: la razón de ser de la universidad pública es el pueblo, la comunidad, los pueblos que resisten en soledad en territorios que están perdiendo habitabilidad.
Agradeció a cada persona presente, y especialmente a Anabel por el prólogo —ese texto sobre los "tentáculos" que los conmovió hasta las lágrimas—, a Guillermo y a Paula por la confianza, la espera y el acompañamiento en todo el proceso. Extendió el reconocimiento a todo el equipo de Salud Socioambiental, y realizó una mención especial a Mercedes "Meche" Méndez, enfermera del Hospital Garrahan y referente de la lucha y la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud, destacando el rol clave que cumple esa institución y su comunidad laboral en el cuidado de quienes han perdido la salud.
También agradeció la presencia de Carlos González Quintana, uno de los abogados que impulsa el juicio por las fumigaciones en Pergamino, un proceso que no apunta solo contra aplicadores directos sino contra toda la cadena de responsabilidades que permitió la exposición y el daño a vecinos y vecinas. El libro —subrayó— fue pensado como una herramienta que ojalá fortalezca ese tipo de luchas, ofreciendo respaldo científico a quienes buscan justicia.
Hubo otro reconocimiento significativo: el vínculo reciente con la Federación Argentina Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud. En veintiún años de trayectoria del espacio de Salud Socioambiental, es la primera vez que esa federación —que nuclea a estudiantes de ciencias de la salud interesados en investigación en todo el país— se acerca para formarse también en estos temas. Celebró esa iniciativa, no surgida desde el propio instituto sino desde los y las estudiantes, y agradeció la presencia de su presidente.
La presentación del libro, explicó, forma parte de un conjunto de actividades destinadas a acompañar el desarrollo del juicio en curso. Y, antes de abrir el intercambio de preguntas, remarcó un punto central: como todo lo que han producido, el libro es de acceso gratuito. Puede descargarse desde el repositorio académico de la Universidad Nacional de Rosario. El deseo es que, así como el póster "Cuerpo-Territorio" circuló mucho más allá de lo imaginado, Ciencia In-Sumisa también viaje, se comparta y acompañe a quienes históricamente no solo no han sido escuchados, sino que han sido silenciados y perseguidos.
Con ese llamado a la circulación, al debate y a la construcción colectiva, cerró agradeciendo a todas y todos los presentes.
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