Según reconstruyó la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), ese día los trabajadores de prensa se encontraron con una situación "totalmente anómala": la suspensión de toda la programación local de la emisora AM 840. La medida, aseguran, fue dispuesta de manera arbitraria y comunicada a través de un llamado telefónico desde Buenos Aires, sin ningún tipo de notificación formal, escrita o institucional.
La decisión implicó, de hecho, el cese inmediato de las funciones de periodistas, operadores y demás trabajadores vinculados a la producción local, generando un clima de zozobra dentro de una emisora que emplea a más de 25 personas en la localidad correntina.
Pero la magnitud del conflicto no puede entenderse sin el peso histórico que tiene LT12 en la región. Durante décadas, en un contexto de escasa infraestructura comunicacional, la emisora fue prácticamente el único puente informativo para vastas zonas rurales ubicadas hasta 100 kilómetros a la redonda de Paso de los Libres. Para muchas familias, la radio no solo era una fuente de noticias, sino también una herramienta cotidiana de contacto, integración y pertenencia.
Además, LT12 cumplió un rol clave en la construcción de identidad cultural en la frontera. En un territorio expuesto a la fuerte influencia de los grandes medios brasileños, la emisora se consolidó como una voz propia del sur correntino, sosteniendo contenidos locales y regionales durante más de 74 años de transmisión ininterrumpida en el aire provincial.
Esa historia también estuvo atravesada por dificultades. A lo largo de las décadas, los trabajadores de la radio debieron enfrentar los vaivenes políticos que impactaron en los medios públicos, defendiendo la continuidad de la emisora y sus funciones en distintos contextos.
En ese marco, la situación actual adquiere una dimensión aún más sensible. La sorpresa del miércoles 18 fue tan grande como la falta de respuestas. Ni los mecanismos formales de comunicación de la emisora —propiedad del Estado nacional— fueron utilizados, ni hubo autoridades que pudieran explicar con claridad qué motivó la interrupción del aire local. Incluso quien se desempeña como coordinadora en la radio no pudo brindar precisiones sobre el alcance ni los objetivos de la orden.
Con el correr de las horas, la incertidumbre se transformó en preocupación concreta: la posibilidad de que las fuentes laborales estuvieran en riesgo comenzó a instalarse entre los trabajadores, en un contexto donde el silencio oficial no hacía más que profundizar las dudas.
Las averiguaciones internas tampoco arrojaron resultados claros. De acuerdo con lo expresado por la APC, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales de la radio, lo que reforzó la percepción de que se trataba de una decisión intempestiva, sin sustento administrativo visible.
El viernes 20 de marzo, lejos de normalizarse la situación, el escenario se mantuvo sin cambios. La programación local continuó suspendida y, en paralelo, se sumó otro elemento que impacta en la dinámica laboral: la falta de pago de horas extras y de jornadas en días feriados. En ese marco, la actividad habitual de la emisora recién se retomaría —al menos en lo formal— el miércoles 26.
Ese mismo viernes, los trabajadores, nucleados en la Asociación de Periodistas de Corrientes, realizaron una asamblea para analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. Allí dejaron asentado que, pese a la suspensión de la programación, continuaron presentándose en sus puestos de trabajo en los horarios asignados.
Sin embargo, no se les permitió salir al aire. Según detallaron, los operadores no habilitaron la transmisión en cumplimiento de órdenes impartidas telefónicamente por la gerente de Emisoras, Gabriela Mambretti, quien habría dado la instrucción el miércoles 18, pasado el mediodía.
La ausencia de una comunicación oficial por los canales correspondientes fue uno de los puntos más cuestionados por los trabajadores. Consideran que una decisión de tal magnitud, que afecta tanto en lo individual como en lo colectivo, no puede sostenerse únicamente en directivas verbales o mensajes informales.
En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de la medida. Tras consultas realizadas por los propios trabajadores, se les habría indicado que la decisión de la Dirección de Emisoras respondería a supuestos "malos tratos hacia la coordinadora de programación".
La respuesta del personal fue inmediata y categórica. Rechazaron de plano esas acusaciones y defendieron su desempeño profesional, asegurando que siempre se desarrolló en un marco de responsabilidad, respeto institucional y cumplimiento de las normas laborales vigentes. También remarcaron que en ningún momento se utilizó el espacio radial para agraviar o perjudicar a persona alguna.
Para los trabajadores, la forma en que se adoptó la medida refuerza la idea de que se trata de una decisión "arbitraria, unilateral y carente de sustento formal". Subrayan que, hasta el momento, no existe ninguna notificación escrita, resolución administrativa ni disposición institucional que respalde la suspensión de la programación local.
En ese contexto, el conflicto trasciende lo inmediato. Dentro de la emisora comienza a tomar fuerza una preocupación de fondo: que esta situación sea el inicio de un proceso de vaciamiento de funciones. Un escenario que, advierten, podría derivar en traslados, retiros obligados o incluso despidos.
La combinación de incertidumbre laboral, falta de información oficial y medidas adoptadas sin respaldo documental configura, según la APC, un cuadro de vulnerabilidad para todo el personal de la radio.
Frente a este panorama, la asamblea de trabajadores resolvió avanzar en un reclamo formal ante la Dirección de Emisoras y las autoridades de Radio y Televisión Argentina S.A.U. El objetivo es claro: que se ratifique o rectifique la medida por escrito, detallando sus fundamentos, alcances y consecuencias.
Mientras tanto, la emisora continúa atravesando una situación atípica, con su programación local suspendida y su personal en funciones limitadas, a la espera de definiciones.
A la espera de respuestas por las vías institucionales y administrativas correspondientes, los trabajadores decidieron mantenerse en estado de asamblea permanente. No descartan, además, la posibilidad de impulsar acciones gremiales y legales para resguardar sus derechos laborales y garantizar la continuidad del funcionamiento de la radio.
Lo que comenzó con un llamado telefónico sin mayores explicaciones se convirtió, en pocos días, en un conflicto que no solo pone en discusión la continuidad de una programación histórica en el sur correntino, sino también el futuro de una emisora que, durante más de siete décadas, fue mucho más que un medio: un servicio esencial, una herramienta de integración y una voz propia en la frontera.
Denuncias por recortes, centralización y pérdida de voces federales
Desde la asunción del presidente Javier Milei, el sistema de medios públicos en Argentina atraviesa un proceso de cambios profundos que ha generado preocupación y rechazo en distintos sectores del periodismo. Gremios y trabajadores denuncian una política de recortes, centralización de contenidos y debilitamiento de las estructuras federales de comunicación.
Entre las primeras medidas adoptadas por el Gobierno nacional se encuentra la intervención de la TV Pública y de Radio Nacional Argentina, en el marco de un proceso definido oficialmente como de "reorganización". Según las denuncias, esta intervención implicó la limitación de operaciones, el apagado de redes sociales y sitios web de los medios públicos, y una progresiva concentración de la producción en la ciudad de Buenos Aires.
En febrero de 2024, el Ejecutivo dispuso formalmente la intervención de los medios públicos por el plazo de un año, con el objetivo de elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción. Poco después, el 1° de marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei anunció el cierre de la agencia estatal TelAm, una de las principales fuentes informativas del país. La decisión incluyó la interrupción del servicio informativo y la puesta en disponibilidad de la totalidad de su planta de trabajadores.
El impacto de las medidas también se hizo sentir con fuerza en Radio Nacional, una red compuesta por 49 emisoras distribuidas en todo el territorio argentino, que incluye estaciones AM, FM y de onda corta, muchas de ellas con programación y servicios informativos propios. En numerosas localidades —especialmente aquellas sin acceso pleno a internet— estas radios representan el único medio de comunicación capaz de conectar a las comunidades.
Sin embargo, según denuncian trabajadores y gremios, gran parte de la programación local de estas emisoras fue levantada y reemplazada por contenidos producidos en Buenos Aires, particularmente desde la señal de AM 870. Esta decisión, sostienen, profundiza la centralización del sistema, reduce la producción local y debilita el federalismo informativo.
Además, se dispuso la suspensión de horas extras, lo que impacta directamente en la cobertura de noticias, transmisiones deportivas y programas durante fines de semana y feriados. Para los trabajadores, estas medidas no solo implican un ajuste presupuestario, sino también un proceso de vaciamiento que afecta la capacidad de las emisoras para generar contenidos propios.
En este contexto, distintas organizaciones gremiales advirtieron sobre un "silencio informativo" que perjudica tanto a los trabajadores como a las audiencias, al limitar el acceso a una pluralidad de voces y miradas regionales.
La decisión fue rechazada por el Sindicato de Prensa, que la calificó como arbitraria y la enmarcó en un proceso más amplio. "Este hecho no es aislado. Se da en un preocupante contexto nacional donde se intenta disciplinar el pensamiento y acallar aquellas voces que no se sumen al coro oficialista", señalaron.
En el mismo sentido, advirtieron sobre el rol que deben cumplir los medios públicos en una sociedad democrática. "La radio pública debe ser, por definición, el espacio de la pluralidad, el disenso y la construcción democrática; transformarla en una herramienta de propaganda o censura es un retroceso institucional inaceptable", expresaron.
Asimismo, remarcaron que la invisibilización de trabajadores de prensa no solo vulnera derechos laborales, sino que también impacta de manera directa en el derecho a la información de la ciudadanía. "No hay libertad de expresión posible si el precio por informar con mirada crítica es el silenciamiento", concluyeron.
En este escenario, el proceso de reestructuración de los medios públicos continúa generando tensiones en todo el país, con un eje central en la disputa entre el objetivo oficial de reducir y reorganizar el sistema y las denuncias de trabajadores que advierten sobre un retroceso en el acceso a la información federal y plural.
